Franco Romero Matías
Expediente 1024/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/03/2021
Partes del expediente
- Franco Romero Matías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del CJF. Por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en tres ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En relación con la citada causa de improcedencia debe decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, aquélla no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaería. En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que ante la existencia del acto reclamado éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular al haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista, por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso. Así, la causa de improcedencia objeto de estudio tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. En el caso concreto, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó la determinación que emitió la juez natural el catorce de septiembre de dos mil veinte en el juicio de origen, en el sentido de decretar la separación del domicilio familiar del quejoso y prevenirlo para que se abstuviera de molestar a la tercera interesada y a sus hijos, evitara cometer conductas constitutivas de violencia familiar y además se le prohibió acercarse al domicilio familiar. Ahora bien, para acreditar la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio es necesario relatar los siguientes antecedentes más relevantes que derivan del juicio natural: La parte tercera interesada promovió juicio de divorcio incausado en contra del quejoso, el cual se radicó el diecisiete de junio de dos mil veinte bajo el expediente 527/2020 del Juzgado Primero de lo Familiar de la Ciudad de Puebla; Por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, la parte tercera solicitó que se decretara como medida urgente la separación del domicilio familiar, pues alegó haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte del quejoso; El catorce de septiembre de dos mil veinte, la juez de origen decretó la separación del domicilio familiar del quejoso y lo previno para que se abstuviera de molestar a la tercera interesada y a sus hijos, evitara cometer conductas constitutivas de violencia familiar y además se le prohibió acercarse al domicilio familiar; La medida decretada se ejecutó formalmente el dieciséis de octubre de dos mil veinte. En esa diligencia la autoridad judicial precisó que la medida solo perviviría durante la tramitación del juicio, tal como enseguida se advierte: (.) haciéndole saber que por determinación judicial y como medida cautelar previa a juicio se ha autorizado a la C. Montserrath Huerta Carrera la suspensión de la obligación de vivir en el mismo domicilio y, como consecuencia de ello, la extracción del señor Franco Romero Matías para que señale el domicilio en el que habitará durante la tramitación del juicio señalando el domicilio ubicado en (.) asimismo, se le previene al señor Franco Romero Matías que deberá abstenerse de molestar a la señora Montserrath Huerta Carrera durante el tiempo que dure este procedimiento y hasta en tanto en cuanto sea fallado en definitiva (.)" El veinticinco de noviembre de dos mil veinte se desahogó la junta de avenencia. En ella, las partes redactaron un nuevo convenio en el que convinieron, entre otras cuestiones, que se comprometían a respetarse mutuamente, a no intervenir en la vida futura del otro durante el procedimiento y después de ejecutoriada la sentencia; Mediante resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte se aprobó la solicitud de divorcio y el convenio exhibido, por lo que se declaró disuelto el vínculo matrimonial. En esa misma fecha se hizo constar que las partes renunciaron a su derecho a recurrir la sentencia que decretó la disolución del vínculo matrimonial y, por lo tanto, se declaró que causó ejecutoria. Bajo ese panorama, este juzgado federal encuentra que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues si bien subsiste el acto que se reclama, lo cierto es que existe un hecho que impide que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos. En efecto, en el caso concreto, la parte quejosa reclamó la determinación que emitió la juez natural el catorce de septiembre de dos mil veinte en el juicio de origen, en el sentido de decretar la separación del domicilio familiar del quejoso y prevenirlo para que se abstuviera de molestar a la tercera interesada y a sus hijos, evitara cometer conductas constitutivas de violencia familiar y además se le prohibió acercarse al domicilio familiar. Sin embargo, en fecha posterior a la promoción del juicio de amparo se declaró disuelto el vínculo matrimonial y dicha resolución causó ejecutoria. Esta situación provoca que aun cuando el acto reclamado subsiste, lo cierto es que no puede surtir efecto legal o material alguno al haber dejado de existir su objeto o materia, pues actualmente ya se decretó la disolución del vínculo matrimonial y dicha resolución causó ejecutoria; por lo tanto, ese hecho impide que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos. Esta postura se corrobora ya que si bien el artículo 450 del Código Civil del Estado faculta a los jueces para que en un juicio de divorcio incausado se dicten medidas provisionales para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, lo cierto es que esa propia porción normativa prevé que ese tipo de medidas solo tendrán vigencia mientras dure el juicio, tal como enseguida se advierte: "Artículo 450. Desde que se presenta la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; asimismo, en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes: A. De oficio: I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas. Conclusión: En ese orden de ideas, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia objeto de estudio se sobresee en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las trece horas con cincuenta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes y, por oficio, al represente del menor.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de enero de dos mil veintiuno. Asesor jurídico. Agréguese a los autos el escrito de ..., representante de los menores de edad de iniciales ... y ... mediante el cual solicita se continúe el presente juicio de manera electrónica -modalidad en línea-; señala correo electrónico y usuario para acceso al expediente electrónico. En ese sentido, dígasele que se esté a lo proveído el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, donde se acordaron de conformidad sus peticiones. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. (Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/1/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/1/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Exhorto para mejorar comunicación. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se solicita a las partes que a la brevedad proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se establecerá un canal de comunicación directa -no procesal-. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese; por lista a la partes; y por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s) local(es) y al Agente del Ministerio Público de la Federación: Autoridad(es) foránea(s) ....
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