Franco Monroy Geovanny

Expediente 137/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 8 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
137/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
08/02/2019

Partes del expediente

  • Franco Monroy Geovanny

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV Vista la demanda de amparo promovida por Franco Monroy Giovanny y/o Montoya Franco Ignacio Ariel, por propio derecho, contra actos del Comité Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 103 y 107 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 137/2019-V-A. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sentado lo anterior, de la demanda que se provee se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados entre otros, la negativa del ingreso de su hijo menor al centro de reclusión. En ese sentido, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que la solicitud irrogada por la parte quejosa puede ser impugnable mediante procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento. En efecto, el artículo 9, fracción XX de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]". Ahora bien, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. En el caso, el quejoso previamente de haber acudido al juicio constitucional debió agotar el procedimiento administrativo que tenían a su alcance, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal que rige el acto reclamado, establece la posibilidad de promover un procedimiento administrativo y recursos con control judicial, por virtud de los cuales esos actos pueden ser revocados, modificados o nulificados. Lo anterior, pues si bien el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, cierto es que, deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 Constitucional. En efecto, los artículos los artículos 108 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen el procedimiento administrativo de peticiones mediante el cual las personas privadas de las libertad en términos del artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como el lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, visitas, alimentación, entrega de vestimenta, reportes médicos, cuestiones de salud, entre otros, ante el director del centro de reclusión, si la resolución que emita el director es contraria a los intereses del interno, podrá ser impugnada ante el Juez de Ejecución en términos del artículo 114 del referido ordenamiento, incluso si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente y demandar tal omisión. Además, tratándose de casos urgentes, como por ejemplo aquellas que de no entenderse de inmediato, dejaran sin materia la petición, o aquellas en que se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En ese sentido, el quejoso, previo a promover el juicio de amparo indirecto, debió agotar el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución, en observancia al principio de definitividad. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia PC.III.P. J/18P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1701, del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017822, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, en términos del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el centro de reclusión donde se encuentra interno, esto es, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a la Secretaria firmar los oficios de este juicio de amparo y del incidente de suspensión.

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