Franco Miguel Hernández Guevara
Expediente 841/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Franco Miguel Hernández Guevara
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Archivo. Con fundamento en artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido...
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Montes de Oca Cruz, contra actos de Óscar Luis Lozada Hernández en su carácter de Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito de Xalapa, Veracruz; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 841/2022/I-B. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo1, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En este sentido, a fin de robustecer el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto a la letra establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad."2 Acto reclamado. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de ocho de julio de dos mil veintidós emitido en el proceso penal 47/2021-J por Óscar Luis Lozada Hernández en su carácter de Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito de Xalapa, Veracruz, en el cual, determinó no continuar con la audiencia de juicio al recibir la aclaración de hechos del diverso Juez Adrián Reyes Acosta, quién le informó que un diverso homólogo conoció de la etapa de control. Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UN CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo3 lo que se deba desechar de plano. De la causa de improcedencia señalada, establece el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente dicho principio rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal citado, se desprenden las siguientes hipótesis que para que se actualice tal causal de improcedencia: a) Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Contemplándose como casos de excepción, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; cuando el acto reclamado consista en resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, cuando se trate de persona extraña al procedimiento, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; mismos que en el caso particular no acontecen. Ahora, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales4 se desprende que la figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Como puede observase, del primer párrafo del dispositivo en cita se desprenden al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y un segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación. Respecto al primer supuesto normativo, se advierte que está actualizado, al tomar en consideración que el acto reclamado derivó de un procedimiento penal que se instruye en contra del aquí quejoso, como se advierte de las manifestaciones vertidas en la demanda, por lo cual se tiene por colmado el primer supuesto normativo previsto en la norma analizada. Previo a analizar el segundo supuesto normativo, es necesario tener presente que en el auto reclamado de ocho de julio de dos mil veintidós emitido en el proceso penal 47/2021-J por Óscar Luis Lozada Hernández en su carácter de Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito de Xalapa, Veracruz, en el cual, determinó no continuar con la audiencia de juicio al recibir la aclaración de hechos del diverso Juez Adrián Reyes Acosta, quién le informó que un diverso homólogo conoció de la etapa de control. Acuerdo que conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 153/2019, debe considerarse como un auto de mero trámite, dado que en términos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos, y si la sentencia es aquella resolución en que decide en definitiva y pone término al procedimiento, y autos todo lo demás, es dable concluir que el acto reclamado en este asunto es un auto de mero trámite. En el caso, se observa la diversa Jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), Décima Época, por las razones que en ella se contienen, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283, de rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO." En este orden de ideas, si en contra del auto emitido por el juez responsable, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la procedencia del recurso de revocación, a través del cual el a quo podría de nueva cuenta volver a examinar la determinación impugnada en esta vía, es dable concluir que previo a la presentación del juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debió agotar dicho medio de impugnación, y al no haberlo hecho dejó de cumplir con el principio de definitividad. En consecuencia, al advertirse la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Montes de Oca Cruz en su carácter de defensor particular de Franco Miguel Hernández Guevara, por ser notoria e indudable su improcedencia. Además, a mayor abundamiento, es necesario precisar que en términos de los artículos 107, fracción V5, de la Constitución Federal, 616, fracción XXIII y de la Ley de Amparo, interpretados contrario sensu, establecen que al tratarse de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la interpretación realizada por el más Alto Tribunal del país en torno a la Constitución y la legislación secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Carta Magna como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad; porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones al concluir el procedimiento jurisdiccional. Así, los actos de ejecución reparable no cuentan con tales características, toda vez que existe la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del promovente; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Bajo tales premisas, es evidente que el acuerdo reclamado, constituye una actuación de carácter procesal dentro del juicio penal, es decir, se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia que en su momento resuelva el juicio, resulta favorable a sus intereses, ello toda vez que el juicio de origen aún no se encuentra concluido. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna al ser parte en el proceso de origen del que deriva el acto combatido, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. Cabe destacar además, que en caso de que el acto aquí combatido, entrañe violaciones que trasciendan al sentido de la sentencia, podrá hacerlo valer como concepto de violación y reclamarse a través del amparo directo que en su caso, promueva la parte solicitante del amparo contra la resolución que en su momento llegare a dictarse y que ponga fin a la controversia. . Medios electrónicos. En términos de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como cualquier medio electrónico que le facilite la consulta de constancias; siempre y cuando este juzgado no restringa el acceso a la información cuando el caso lo amerite. . Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Radicación. ... Desechamiento. ... .... Acto reclamado. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de ocho de julio de dos mil veintidós emitido en el proceso penal 47/2021-J por Óscar Luis Lozada Hernández en su carácter de Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito de Xalapa, Veracruz, en el cual, determinó no continuar con la audiencia de juicio al recibir la aclaración de hechos del diverso Juez Adrián Reyes Acosta, quién le informó que un diverso homólogo conoció de la etapa de control. Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. ... Por lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo lo que se deba desechar de plano. De la causa de improcedencia señalada, establece el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente dicho principio rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal citado, se desprenden las siguientes hipótesis que para que se actualice tal causal de improcedencia: a) Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Contemplándose como casos de excepción, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; cuando el acto reclamado consista en resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, cuando se trate de persona extraña al procedimiento, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; mismos que en el caso particular no acontecen. Ahora, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprende que la figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Como puede observase, del primer párrafo del dispositivo en cita se desprenden al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y un segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación. Respecto al primer supuesto normativo, se advierte que está actualizado, al tomar en consideración que el acto reclamado derivó de un procedimiento penal que se instruye en contra del aquí quejoso, como se advierte de las manifestaciones vertidas en la demanda, por lo cual se tiene por colmado el primer supuesto normativo previsto en la norma analizada. Previo a analizar el segundo supuesto normativo, es necesario tener presente que en el auto reclamado de ocho de julio de dos mil veintidós emitido en el proceso penal 47/2021-J por Óscar Luis Lozada Hernández en su carácter de Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito de Xalapa, Veracruz, en el cual, determinó no continuar con la audiencia de juicio al recibir la aclaración de hechos del diverso Juez Adrián Reyes Acosta, quién le informó que un diverso homólogo conoció de la etapa de control. Acuerdo que conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 153/2019, debe considerarse como un auto de mero trámite, dado que en términos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos, y si la sentencia es aquella resolución en que decide en definitiva y pone término al procedimiento, y autos todo lo demás, es dable concluir que el acto reclamado en este asunto es un auto de mero trámite. .... En este orden de ideas, si en contra del auto emitido por el juez responsable, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la procedencia del recurso de revocación, a través del cual el a quo podría de nueva cuenta volver a examinar la determinación impugnada en esta vía, es dable concluir que previo a la presentación del juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debió agotar dicho medio de impugnación, y al no haberlo hecho dejó de cumplir con el principio de definitividad. En consecuencia, al advertirse la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Montes de Oca Cruz en su carácter de defensor particular de Franco Miguel Hernández Guevara, por ser notoria e indudable su improcedencia. Además, a mayor abundamiento, es necesario precisar que en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII y de la Ley de Amparo, interpretados contrario sensu, establecen que al tratarse de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la interpretación realizada por el más Alto Tribunal del país en torno a la Constitución y la legislación secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Carta Magna como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad; porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones al concluir el procedimiento jurisdiccional. Así, los actos de ejecución reparable no cuentan con tales características, toda vez que existe la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del promovente; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Bajo tales premisas, es evidente que el acuerdo reclamado, constituye una actuación de carácter procesal dentro del juicio penal, es decir, se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia que en su momento resuelva el juicio, resulta favorable a sus intereses, ello toda vez que el juicio de origen aún no se encuentra concluido. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna al ser parte en el proceso de origen del que deriva el acto combatido, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. Cabe destacar además, que en caso de que el acto aquí combatido, entrañe violaciones que trasciendan al sentido de la sentencia, podrá hacerlo valer como concepto de violación y reclamarse a través del amparo directo que en su caso, promueva la parte solicitante del amparo contra la resolución que en su momento llegare a dictarse y que ponga fin a la controversia. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Carlos Alberto Montes de Oca Cruz, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuenta con cédula profesional. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Medios electrónicos. En términos de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como cualquier medio electrónico que le facilite la consulta de constancias; siempre y cuando este juzgado no restringa el acceso a la información cuando el caso lo amerite. Objeción a la publicación de datos personales en las listas de notificaciones (física y electrónica). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ....
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes
- Francisco Utrera López548/2022
- Francisco Vallejo Ochoa1373/2017
- Francisco Villar Vela733/2017
- Francisco Zorrilla Hernández899/2022
- Franciso Héctor García Cárdenas1026/2015
- Franco González Gómez1655/2014
- Franco Miguel Marín Vázquez331/2022
- Franco Ochoa Damian699/2018
- Franklin Aaron Campos Juárez1132/2019
- Fred Tejeda Pajonares874/2019
- Freddy Alan Rodríguez Hernández541/2016
- Freddy Armando Pardiña Mojíca814/2023