Franco Daniel Sánchez Mendoza

Expediente 910/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
910/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Franco Daniel Sánchez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    VI. Visto el oficio signado por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Metepec, mediante el cual comunica el auto de veintidós de noviembre pasado, emitido en el juicio de controversia familiar ***, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés y turnó los autos a efecto que se emita nueva sentencia. Se requiere al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Metepec, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes al en que emita la resolución que dé cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo remita copia certificada de ésta.

  2. Principal

    VI. Vista la certificación de cuenta y estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo para interponer recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que alguna de las partes legitimadas lo haya hecho valer; con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Solicítese al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite el cumplimiento al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que lo demuestren. Devuélvase al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, copia certificada del juicio de pensión alimenticia ***; asimismo, se le requiere para que en el plazo de tres días, a que se refiere la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído acuse recibo de tal constancia. En el entendido que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, se dará trámite al procedimiento establecido en los párrafos segundo y tercero del citado numeral 192; es decir, se le impondrá multa, equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del diverso 258 de la ley de la materia; con el apercibimiento que de no dar cabal cumplimiento sin causa justificada se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según proceda, para seguir el trámite de inejecución, que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    VI. Se recibe el escrito de cuenta, signado por ***, autorizado del quejoso en términos amplios, mediante el cual solicita cause ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto, por los motivos que expone; con apoyo en el numeral 3 de la Ley de Amparo intégrese al expediente físico y electrónico e indíquese al promovente que deberá estar a lo acordado el once de octubre de este año, en el que este Juzgado de Distrito se pronunció respecto de su solicitud.

  4. Principal

    VI. En cumplimiento al auto de veintisiete de los cursantes se notifica de manera electrónica al quejoso *** la sentencia dictada el veinte de septiembre del año en curso, en autos del juicio en que se actúa: Vistos los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto ***, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el doce de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el propio día, ***, por derecho propio y en representación de sus menores hijos de iniciales ***, cuyos nombres se omiten en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovió demanda de amparo indirecto contra el acto y autoridad que se señalan a continuación: "AUTORIDAD RESPONSABLE. A. LA QUE ORDENA Y/O EMITE EL ACTO RECLAMADO. Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México con residencia en Metepec ACTO RECLAMADO. Resolución o Sentencia del Recurso de Revocación que se dictó en la Audiencia Inicial en la etapa de Revisión de Medidas Provisionales de fecha 23 de mayo de 2023 en el expediente número 11/2023 relativo al JUICIO DE CONTROVERSIA FAMILIAR." SEGUNDO. Recepción de la demanda y prevención. Por auto de trece de junio de este año, se tuvo por recibida la demanda, a la que se asignó la cifra *** y se previno al promovente para que aclarara el acto reclamado. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Previo desahogo de prevención, por auto de veintisiete de junio referido se admitió la demanda; se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde; se requirió a la responsable su informe justificado, se tuvo como tercera interesada a *** y se ordenó su emplazamiento al juicio; se solicitó al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Estado de México, designara a un asesor jurídico que actuara como representante especial de los menores en el juicio; asimismo, se señaló hora y día para la audiencia constitucional, que previo diferimiento, se efectuó en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su última reforma identificada en el diverso Acuerdo 3/2021, publicado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, ya que en el caso se impugna un acto de autoridad jurisdiccional del orden familiar, emitido dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano judicial. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional mediante el señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Del análisis de la demanda se advierte que ***, por derecho propio y en representación de sus menores hijos de iniciales ***, cuyos nombres se omiten, reclama: - La resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, recaída al recurso de revocación interpuesto por el quejoso en la etapa de revisión de medidas provisionales derivada del juicio de controversia familiar ***, por la que el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en la que: - Confirmó la medida provisional de guarda y custodia decretada el dieciséis de enero del año que cursa (en la que atendiendo al interés superior de los menores, decretó en favor de *** la guarda y custodia provisional de los infantes de iniciales ***, en el domicilio en que actualmente se encuentran viviendo). - Fijó como pensión alimenticia provisional que, ***, debería dar a los referidos menores un día y medio de salario mínimo diario, cantidad que se debe multiplicar por el número de días de cada mes, y, la cantidad que resulte, depositarla en el local de ese Juzgado, los cinco primeros días de cada mes. - Decretó un régimen de visitas y convivencias de manera supervisada, mismo que se llevaría a cabo en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, el segundo y cuarto domingo de cada mes, en un horario de catorce a dieciséis horas, por lo que giró oficio a dicho centro para que brindara las facilidades necesarias y se llevaran a cabo las convivencias de los menores con su progenitor. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, en razón que así lo manifestó el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia de la resolución combatida se corrobora con las constancias que acompañó a su informe de ley, consistentes en copias certificadas del juicio ***. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. Por ende, se tiene por acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las propongan o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo establecido en el párrafo último del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no haber formulado las partes causa de improcedencia ni otra que deba ser analizada de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Es necesario hacer una relatoría de los antecedentes de la litis, los cuales se advierten de los autos del juicio ***: 1. Mediante escrito recibido el diez de enero de dos mil veintitrés, ***, demandó del quejoso diversas prestaciones (fojas 1 a 10 de las copias certificadas del juicio ***). 2. En auto de diez de enero de este año, el Juez Tercero Familiar de Toluca con residencia en Metepec, Estado de México, radicó la demanda con la cifra *** y previno a *** para que aclarara la prestación identificada con el inciso b) (foja 15 del anexo). 3. Previo desahogo de prevención, por auto de dieciséis de enero de este año, se admitió la demanda, se ordenó emplazar al quejoso para que produjera su contestación y como medidas provisionales se decretó la guarda y custodia provisional de los menores en favor de su progenitora; en lo que atañe a la pensión alimenticia, una vez que se tuviera conocimiento de la fuente laboral del demandado, se fijaría ésta, para lo cual se previno al quejoso proporcionara dicha información; asimismo, se señalaron las trece horas del diecisiete de febrero de este año para que las partes acudieran al Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, a fin de llevar a cabo una Junta Informativa (fojas 18 y 19 del anexo). 4. En auto de siete de febrero de este año, se tuvo por contestada la demanda y admitida la reconvención del quejoso, por lo cual se ordenó correr traslado a *** a fin que produjera su contestación (foja 106 del anexo). 5. En auto de ocho de marzo de este año, se tuvo por contestada la demanda reconvencional (foja 172). 6. El diecinueve de mayo de este año, se llevó a cabo la audiencia para escucha de menor (fojas 242 y 243 del anexo). 7. El veintitrés de mayo de este año, se llevó a cabo la audiencia inicial y concluida la etapa de revisión de medidas provisionales, el juez emitió una determinación en relación con el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del quejoso, en la que: - Confirmó la medida provisional de guarda y custodia decretada el dieciséis de enero del año que cursa (en la que atendiendo al interés superior de los menores, decretó en favor de *** la guarda y custodia provisional de los infantes de iniciales ***, en el domicilio en que actualmente se encuentran viviendo). - Fijó como pensión alimenticia provisional que, ***, debería dar a los referidos menores un día y medio de salario mínimo diario, cantidad que se debe multiplicar por el número de días de cada mes, y, la cantidad que resulte, depositarla en el local de ese Juzgado, los cinco primeros días de cada mes. - Decretó un régimen de visitas y convivencias de manera supervisada, mismo que se llevaría a cabo en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, el segundo y cuarto domingo de cada mes, en un horario de catorce a dieciséis horas, por lo que giró oficio a dicho centro para que brindara las facilidades necesarias y se llevaran a cabo las convivencias de los menores con su progenitor. (fojas 244 a 250 del anexo) La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio y resolución del asunto. El quejoso aduce que la responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que: a) En lo que atañe a la medida de la pensión provisional, la autoridad no realizó una correcta interpretación de los artículos 4.130 y 4.136 del Código Civil, en relación con los diversos 5.16 y 5.43 del Código Procesal Civil para el Estado de México, porque si bien dicha medida se fijó con base en los elementos que obran en actuaciones, cierto es que al contestar la demanda el quejoso sostuvo que cubría la obligación alimentaria, al pagar colegiatura en escuela privada, enseres consumibles y ropa de sus menores hijos, de lo que exhibió recibos de pago y tickets (del año dos mil dieciséis a dos mil veintidós), pero en la audiencia inicial manifestó que ganaba la cantidad de $*** a $*** mensuales, lo que se debió a que era solvente económicamente antes y durante la pandemia del virus Covid-19, pero después de ésta y ante la falta de trabajo en el ramo (instalador de carpas); su sueldo disminuyó considerablemente por la baja demanda de sus servicios, de lo que se advierte un incorrecto análisis de su agravio, porque no es empresario dado que tiene un taller para instalar carpas (como prestador de servicios independiente) y tiene dificultades para vender sus servicios, que por motivos de la emergencia sanitaria referida ha dejado de instalar carpas por la baja demanda; que si bien se le impuso la obligación de un salario y medio a sus menores hijos que asciende a $***(*** pesos, **/100, moneda nacional) dicha cantidad rebasa sus ingresos actuales que van de los $*** a $** mensuales, que por ello la autoridad debe aplicar el 40%, que oscila entre los $** y los $*** mensuales, que es proporcional a sus posibilidades, de lo que se obtiene que ambos padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y aún más si ambos trabajan y no atento al mínimo vital de éstos. b) Respecto de la guarda y custodia la responsable realizó un análisis deficiente porque el quejoso adujo situaciones de violencia, riesgo y vulnerabilidad de los menores, porque ofreció como pruebas para modificar dicha medida: 1. La escucha de menor de diecinueve de mayo de este año, de la que se advierte que el domicilio donde habitan los menores con su mamá y la pareja de ésta, es un hogar generador de violencia, actuación que es idónea, pertinente y suficiente para acreditarla. 2. Acuse de recibo de treinta y uno de enero de este año, emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 3. Ocho videos contenidos en un dispositivo electrónico USB. 4. El link de la empresa *** y capturas de pantalla de dicha página web de Facebook, de la que se acredita que la tercera interesada trabaja en un establecimiento donde se venden sustancias prohibidas, drogas, entre ellos hongos alucinógenos, peyote y otras. De lo que se obtiene la duda razonable que la tercera interesada junto con su pareja le imponen castigos a sus hijos con lo que se violenta su integridad emocional; de ahí que resulte incorrecta la aseveración de la responsable que Juicio de amparo indirecto 910/2023-VI el quejoso les impone castigos, porque tiene un año aproximadamente de no verlos. Aunado a que la responsable no está privilegiando que los menores se desarrollen en un ambiente libre de violencia con independencia que se haya decretado la intervención de la Procuraduría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Metepec, Estado de México, a fin de verificar por conducto de un trabajador social por visitas no programadas verificar las circunstancias en que se desenvuelven los menores, como al quejoso y la tercera, junto con las menores, recibir terapias psicológicas y acudir taller de crianza positiva, de lo que se obtiene que no está garantizando los derechos y el interés superior de los menores, lo que apoya en la tesis de rubro: "CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL". c) Que se transgreden los artículos 1.267, 1.268, 1.293, 1.352, 1.362, 5.75, fracción IV, 2.355 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, 4.138 del Código Civil del Estado de México, en relación con los diversos 3.1, 9.1, 19.1 y 19.2 de la Convención sobre los derechos del niño en relación con el 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos porque la responsable dejó de valorar las pruebas que citó en su único agravio del recurso planteado, a saber, la confesión expresa de la tercera en el sentido que labora en la empresa *** donde gana $*** (¨*** pesos a la semana), de la que se acredita que su contraria tiene empleo y sueldo; el acuse de recibo de treinta y uno de enero de este año emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el que se acredita la violencia familiar que sufren sus menores hijos; el dispositivo USB con el que se acredita la violencia familiar que sufren sus menores hijos; el link de la empresa *** y capturas de pantalla de dicha página, con la que se acredita que la tercera interesada trabaja en un establecimiento donde se venden sustancias prohibidas, drogas entre ellas hongos alucinógenos, peyote y otras. Previo a la calificación de los agravios esgrimidos, conviene precisar las consideraciones bajo las cuales la autoridad determinó declarar infundado el recurso de revocación interpuesto por el defensor del quejoso contra la resolución por la que se confirmaron las medidas provisionales en la etapa de revisión de dichas medidas, la audiencia inicial de veintitrés de mayo pasado. CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO Que los agravios eran inoperantes ya que para la medida del rubro de alimentos se tomó como base las constancias de autos y la obligación que surge de los artículos 4.16, 4.127, 4.130 y 4.136 del Código Civil para el Estado de México, así como el interés superior de los menores, en términos de los artículos 5.16 y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en el rubro a ser alimentados y su derecho de subsistencia, tomando para ello como referente el mínimo vital considerado por la CONAVAL para que una persona pueda subsistir y cubrir sus gastos de alimentación y habitación entre otros, aunado a que el recurrente al contestar la demanda manifestó que cubría su obligación alimentaria, al aducir que pagaba colegiaturas en escuela privada, como enseres relativos a consumibles y ropa de los menores, de lo que exhibió recibos de pago y tickets de tiendas departamentales como de autoservicio, que evidenciaban aun en mayor cuantía la pensión provisional decretada. Juicio de amparo indirecto 910/2023-VI Que en todo momento el recurrente adujo que su fuente laboral ha sido la instalación de carpas y prestación de servicios independientes, que se tomó como parámetro para decretar dicha pensión, sin que pasara desapercibido que la tercera atiende una doble función ya que realiza una actividad remunerada al trabajar y que además atiende las necesidades de sus hijos. Respecto de la guarda y custodia, se determinó tomando en consideración los hechos y manifestaciones vertidos en la demanda, contestación de demanda, reconvención y escucha de menores de diecinueve de mayo de este año, ya que si bien el quejoso adujo situaciones de violencia, riesgo y vulnerabilidad de sus hijos, existe la presunción razonable que ambos padres por medio de castigos impuestos a los menores han violentado su integridad emocional, por lo que en atención a ello y la temporalidad que tiene el progenitor sin verlos, la circunstancia de que pasaría si los menores fueran incorporados a vivir con él y que la madre ha tenido cambios favorables en la forma de educar a los menores, es que en aras de privilegiar su derecho a desarrollarse en un ambiente libre de violencia se decretó la intervención de la Procuraduría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Metepec, Estado de México, a fin de verificar por conducto de un trabajador social por visitas no programadas las circunstancias en que se desenvuelven los menores, como el quejoso y la tercera, en tanto que se ordenó que las partes reciban terapias psicológicas y los padres acudan al taller de crianza positiva; de ahí que se encuentren garantizados los derechos e interés superior de los menores a desarrollarse en un ambiente sano y libre de violencia. CALIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación esgrimidos son esencialmente fundados y suficientes, aunque suplidos en su deficiencia, para otorgar la protección constitucional solicitada, debido a que el acto reclamado vulnera el principio de congruencia y exhaustividad, y por ende, el derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio cabe destacar que los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate. Así, tenemos que a efecto de tener por cumplidas las exigencias constitucionales de exhaustividad y congruencia que deben regir en todo acto de autoridad, resulta menester que la autoridad responsable, dada su naturaleza y contenido, atienda todos y cada uno de los argumentos planteados, sin embargo, dicha actividad no implica que se debiera resolver en sentido alguno. Sin embargo, tal y como lo asevera la parte quejosa, la resolución reclamada es lesiva de derechos fundamentales, lo anterior, porque el agravio del quejoso planteado en el recurso, en lo medular consistió en que no se le podía imponer un día y medio de salario como pensión alimenticia provisional, debido a que en la contestación de la demanda y en la reconvención, en específico, en la excepción contenida en el artículo 4.138 primero y último párrafos del Código Civil del Estado de México, resulta aplicable y no se aplicó al asunto; que su contraparte labora en la empresa denominada ***, con un sueldo de quinientos pesos a la semana como se advierte de la confesión expresa de su contraria en la promoción con que cumplió la prevención formulada en auto de diez de enero de este año, que constituye prueba idónea, suficiente y pertinente para acreditar que tiene empleo y un sueldo, de lo que se obtiene que ambos contendientes deben apoyar de forma equitativa y por género a la manutención del cincuenta por ciento de los gastos que generan sus menores hijos. Que en relación con la guarda y custodia de sus menores hijos, se dejaron de aplicar los artículos 3.1, 9.1, 19.1 y 19.2 de la Convención sobre los derechos del Niño, en relación con el 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los diversos 2.355 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en razón que por auto de dieciséis de enero de este año, se otorgó a su contraria la guarda y custodia de sus menores hijos, pero que debía ser modificada a su favor porque como se advierte de la audiencia de escucha de menor de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el hogar donde habitan éstos junto con su progenitora y la pareja de ésta es un hogar generador de violencia y hay riesgo inminente para ellos, de lo cual se advierte que dicha actuación es idónea, suficiente y pertinente para acreditar dicha violencia, que incluso existen otras documentales para acreditar la violencia familiar que sufren los menores, como el acuse de recibo de treinta y uno de enero de este año emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; el dispositivo USB que contiene ocho videos; el link de la empresa *** y capturas de pantalla de dicha página, con la que se acredita además que la tercera interesada trabaja en un establecimiento donde se venden sustancias prohibidas, drogas entre ellas hongos alucinógenos, peyote y otras, pruebas que se encuentran desglosadas en la contestación de la demanda y la reconvención. En relación con lo anterior, la responsable determinó confirmar la medida provisional de pensión alimenticia impuesta al quejoso consistente en un día y medio de salario mínimo, ya que refirió que ello obedecía a que se tomó como base las constancias de autos y la obligación que surge de los artículos 4.16, 4.127, 4.130 y 4.136 del Código Civil para el Estado de México, así como el interés superior de los menores, en términos de los artículos 5.16 y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en el rubro a ser alimentados y su derecho de subsistencia, tomando para ello como referente el mínimo vital considerado por la CONAVAL para que una persona pueda subsistir y cubrir sus gastos de alimentación y habitación entre otros. Que el recurrente al contestar la demanda manifestó que cubría su obligación alimentaria, al aducir que pagaba colegiaturas en escuela privada, como enseres relativos a consumibles y ropa de los menores, de lo que exhibió recibos de pago y tickets de tiendas departamentales como de autoservicio, que evidenciaban aun en mayor cuantía la pensión provisional decretada. Juicio de amparo indirecto 910/2023-VI Que en todo momento el recurrente adujo que su fuente laboral ha sido la instalación de carpas y prestación de servicios independientes, lo que se tomó como parámetro para decretar dicha pensión, sin que pasara desapercibido que la tercera atiende una doble función ya que realiza una actividad remunerada al trabajar y que además atiende las necesidades de sus hijos. Sin embargo, como lo refiere el quejoso, si bien la responsable tomó como base lo actuado en autos, cierto es que no atendió en su totalidad lo aducido en su agravio en lo que atañe al monto de la pensión alimenticia, pues nada dijo respecto de su manifestación que realizó en la contestación de la demanda y la reconvención (en el sentido que ya no tenía la mismas posibilidades de cumplir en su totalidad con la medida provisional de pensión alimenticia inicialmente decretada, en virtud de la disminución de sus ingresos por la falta de trabajo debido a su actividad -instalación de carpas-), limitándose a sostener de forma genérica los argumentos mencionados, aunado a que nada dijo respecto a si resultaba aplicable o no la excepción contenida en el artículo 4.138 primero y último párrafos del Código Civil del Estado de México como adujo el quejoso se actualizaba en relación con dicha medida. Por otro lado, respecto de la guarda y custodia, la responsable dijo que existe la presunción razonable que ambos padres por medio de castigos impuestos a los menores han violentado su integridad emocional, por lo que en atención a ello y la temporalidad que tiene el progenitor sin verlos, la circunstancia de que pasaría si los menores fueran incorporados a vivir con él y que la madre ha tenido cambios favorables en la forma de educar a los menores, es que en aras de privilegiar su derecho a desarrollarse en un ambiente libre de violencia se decretó la intervención de la Procuraduría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Metepec, Estado de México, a fin de verificar por conducto de un trabajador social por visitas no programadas las circunstancias en que se desenvuelven los menores, como el quejoso y la tercera, en tanto que se ordenó que las partes reciban terapias psicológicas y los padres acudan al taller de crianza positiva; de ahí que se encuentren garantizados los derechos e interés superior de los menores a desarrollarse en un ambiente sano y libre de violencia. No obstante lo asentado, asiste razón al quejoso cuando afirma que la responsable realizó un análisis deficiente para confirmar dicha medida, porque el recurrente adujo situaciones de violencia, riesgo y vulnerabilidad de los menores, para lo cual ofreció como pruebas para modificarla las siguientes: 1. La escucha de menor de diecinueve de mayo de este año. 2. Acuse de recibo de treinta y uno de enero de este año, emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 3. Ocho videos contenidos en un dispositivo electrónico USB. 4. El link de la empresa ***y capturas de pantalla de dicha página web de Facebook, de la que se acredita que la tercera interesada trabaja en un establecimiento donde se venden diversos productos. En efecto, como parte del agravio formulado, no se advierte que la responsable haya realizado pronunciamiento en el sentido de si las pruebas ofrecidas por el quejoso para modificar dicha medida, en su caso, resultaban pertinentes para ese fin o bien, las razones por las cuales debían desestimarse. Ciertamente, la responsable se limitó a mencionar que se confirmó la guarda y custodia de los menores en favor de su progenitora y que se decretó la intervención de la Procuraduría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Metepec, Estado de México, a fin de verificar por conducto de un trabajador social por visitas no programadas las circunstancias en que se desenvuelven los menores, como el quejoso y la tercera, en tanto que se ordenó que las partes reciban terapias psicológicas y que los padres acudan al taller de crianza positiva. Pero, con independencia de ello, no se advierte razonamiento específico de la autoridad que conteste o desvirtué cada una de las manifestaciones del quejoso en relación con la alegada violencia que refiere sufren sus hijos, pues como se dijo, resulta necesario que se pronuncie y, en su caso, demerite valor a las pruebas ofrecidas por el quejoso a fin de sostener válidamente, que la progenitora debe continuar con la guarda y custodia y que la intervención de la procuraduría que citó es la única medida que en efecto tiende a garantizar el derecho e interés superior de los menores a convivir en un ambiente sano y libre de violencia. En efecto, a fin de producir certeza jurídica en su resolución, resultaba necesario que la responsable contestara en su totalidad los tópicos vertidos como agravios por el quejoso, mediante razonamientos lógico-jurídicos, a fin de modificar o confirmar, en su caso, las medidas provisionales en comento. En este contexto, se puede concluir que la determinación reclamada transgredió el derecho humano de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en perjuicio de la parte quejosa. Sin que resulte dable que en esta instancia se subsanen las irregularidades señaladas, pues hacerlo implicaría tratar de perfeccionar el acto reclamado, sustituyéndose en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable (que es la competente para hacer el pronunciamiento respectivo), en tanto que a los órganos de control constitucional sólo les compete determinar si el acto reclamado es constitucional o no y, en modo alguno, subsanarlo, corregirlo o mejorarlo, ya que ello corresponde a la autoridad de instancia en ejercicio pleno de su jurisdicción. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyo rubro y texto son: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El juez de Distrito y, en general, la autoridad de amparo, no puede subsanar las deficiencias de motivación y fundamento legales de que adolezca el acto emitido por una autoridad, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea la autoridad competente quien funde y motive debidamente su resolución; por tanto, para considerar que es constitucional el acto reclamado, no basta que existan las circunstancias específicas y las razones particulares o causas inmediatas que se puedan tener en consideración para la emisión de dicho acto de autoridad y que estén vigentes las disposiciones legales aplicables a ellas ya que, para ese efecto, es necesario, además, que tales datos se mencionen con toda precisión en el documento mismo que contiene el acto de autoridad y no en otro diverso, mucho menos, en la resolución dictada en el juicio de amparo cuyo análisis debe referirse, específicamente, a la satisfacción de esos requisitos. Consecuentemente, no es correcto que al resolver el juicio de garantías, la autoridad de amparo, motu proprio, exprese las consideraciones de motivación y fundamento que no se contienen en el acto reclamado, para concluir, con base en ellas, que dicho acto de autoridad está apegado a las normas que lo rigen, pues, con ese proceder, aparte de agravar la situación jurídica del quejoso, suple la deficiencia legal de ese acto, el cual, lejos de ser corregido por la potestad de amparo, debe ser anulado por ésta mediante sentencia que conceda la protección constitucional." De ahí que se estime que el acto reclamado vulnera los derechos fundamentales de la parte peticionaria del amparo. SENTIDO DEL FALLO En atención a los razonamientos señalados, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *** por derecho propio y en representación de sus menores hijos de iniciales ***, cuyos nombres se omiten, para que el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la parte de la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en la etapa de revisión de medidas cautelares. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita una nueva -respetando el derecho humano de legalidad- en la que con base en las constancias de autos, conteste los agravios formulados en el recurso en cuestión. SÉPTIMO. Consideraciones relacionadas con la Transparencia y Acceso a la Información. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los identifican o hacen identificables, y si fuera su deseo que sean divulgados es necesario su expreso consentimiento, por lo que al no contarse en autos con éste, en caso de que se publique esta determinación los mismos deberán suprimirse. En ese sentido se ordena que se elabore versión pública de esta determinación, en términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -en la que únicamente deberán suprimirse los datos sensibles y personales de las partes- que deberá ingresarse de inmediato al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estar a disposición de cualquier persona en la página de internet de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitados por *** por derecho propio y en representación de sus menores hijos de iniciales *** cuyos nombres se omiten, respecto del acto y autoridad señalados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando sexto. SEGUNDO. Dése cumplimiento al considerando séptimo del presente fallo.

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