Franco Avilés Díaz

Expediente 974/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
974/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Hernández Colorado
  • Franco Avilés Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la cuenta secretarial, se acuerda: Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Así, de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Franco Avilés Díaz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente civil 602/2011, de su índice, la que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la cuenta secretarial, se acuerda: Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Así, de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Franco Avilés Díaz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente civil 602/2011, de su índice, la que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 974/2022-5, promovido por **********, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común el dieciséis siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete posterior, Franco Avilés Díaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS Los proveídos emitidos por el juzgado responsable el dieciocho de mayo y dos de junio del dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 974/2022-5, se admitió a trámite aquella, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Al respecto, el cuatro de julio de dos mil veintidós la actuaria adscrita a este juzgado realizó el emplazamiento del tercero interesado Luis Hernández Colorado, en términos de la constancia que obra glosada en autos. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, la audiencia constitucional tuvo verificativo el uno de agosto de dos mil veintidós en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, la suscrita está facultada para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El proveído emitido por el juzgado responsable el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. El proveído emitido por el juzgado responsable el dos de junio de dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, por haberlo reconocido el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y la Juez Primero Civil de Primera instancia de Centro, Tabasco, al rendir sus respectivos informes justificados; afirmación que se corrobora con las constancias que respectivamente adjuntaron a sus referidos informes consistentes, el primero, quien anexó el 1) Toca Civil 153/2022-II, 2) copias certificadas del testimonio de apelación derivado del expediente 120/2002, constante de un tomo, y 3) Cuadernillo de excusa X/2022, todos constantes de un tomo cada uno; el segundo, quien anexó 1) Original del cuadernillo de incidente de honorarios profesionales del expediente 120/2003; 2) Cuadernillo de amparo CCLXXXIV, (Antes 1480/2008-II-R); 3) Cuadernillo de amparo 068/2004; 4) Cuadernillo de amparo L/2007; 5) Cuadernillo de amparo 922/2003-V; 6) Cuadernillo de amparo 680/2009-II-E; 7) Cuadernillo de amparo 739/2012-II-A; 8) Cuadernillo de amparo CCXCIII/2003; 9) Cuadernillo de amparo 1094/2008-II-C; 10) Cuadernillo de amparo CCLXXXIV/2008; 11) Cuadernillo de amparo 1480/2008-II-R; 12) Cuadernillo de amparo CCLXXIV/2009, todos de su índice y constantes de un tomo cada uno, los cuáles obran por cuerda separada. Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fueron contradicho su contenido. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." El ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentando por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: En el juicio 602/2011, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, obran las siguientes constancias: 1. Mediante escrito de dos de septiembre de dos mil once, Luis Hernández Colorado a través de sus endosatarios en procuración José Hernández de la Cruz y Pedro García Falcón promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Mario Alberto Avilés (suscriptor) y Franco Avilés Díaz (aval), respecto a diversas prestaciones de materia mercantil. 2. En auto de ocho de septiembre de dos mil once, el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, admitió a trámite la referida demanda mercantil, por lo que ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la notificación del citado acuerdo contestaran la demanda interpuesta en su contra. 3. El diecisiete de octubre de dos mil once, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado responsable realizó la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento de los demandados. 4. En proveído de siete de febrero de dos mil doce, el Juzgado responsable tuvo a las partes exhibiendo convenio judicial suscrito por las partes el veintisiete de enero de ese mismo año, el cual elevó a categoría de cosa juzgada ejecutoriada. 5. En proveído de ocho de mayo de dos mil doce, la juez responsable a petición de la parte actora abrió la sección de ejecución de convenio judicial. 6. Seguida la secuela procesal en auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó sacar a subasta pública en primera amoneda y al mejor postor, el bien inmueble propiedad del demandado y ejecutado, fijando como fecha y hora para su celebración las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 7. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en primera almoneda, sin que haya comparecido algún postor. 8. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó sacar a subasta pública en primera amoneda y al mejor postor, el bien inmueble propiedad del demandado y ejecutado, fijando como fecha y hora para su celebración las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 9. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en primera almoneda en la cual el juzgado responsable sin que haya comparecido algún postor. 10. En proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en segunda almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz. 11. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en segundo almoneda en la cual el juzgado responsable sin que haya comparecido algún postor. 12. En proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en tercera almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz. 13. El diez de julio de dos mil diecinueve, la juez responsable celebró la diligencia de remate en tercera almoneda en la cual se adjudicó a favor del actor el inmueble sujeto a ejecución consistente en el predio rústico, fracción "A", denominado "El Trapiche" ubicado en la carretera principal hoy calle 5 de Mayo de la Ranchería Pueblo Nuevo de las Raíces, municipio de Centro, Tabasco, (a cincuenta metros del entronque de la carretera estatal Villahermosa- Jalapa) constante de una superficie de 34,858.16 metros cuadrados. 14. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la juez responsable emitió el auto no aprobatorio de remate en tercera almoneda celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por lo que a petición de la parte ejecutante ordenó nuevamente sacar a subasta pública los bienes inmuebles embargados. 15. En proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la juez responsable tuvo al perito tercero en discordia exhibiendo avalúo actualizado, con el cual ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniere. 16. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en tercera almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz, al cual le fue notificado el referido auto el dos de febrero de dos mil veintidós. 17. Mediante escrito presentado ante la responsable el ocho de febrero de dos mil veintidós el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de apelación en contra de los puntos primero al quinto del auto aprobatorio de remate dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 18. En proveído de once de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable desechó por notoriamente improcedente el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso. 19. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable celebró la diligencia de remate en tercera almoneda. 20. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la juez responsable emitió el auto no aprobatorio de remate en tercera almoneda celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dejando a salvo los derechos del ejecutante, para que continuara con el procedimiento de ejecución, el cual le fue notificado al demandado ahora quejoso el ocho de abril de la presente anualidad. 21. Mediante escrito signado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, sin que obre en el mismo sello de recepción por parte del juzgado la responsable. 22. En proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, la juez responsable desechó el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "COMPUTO SECRETARIAL En tres de mayo de dos mil veintidós, la licenciada Vanesa colín Pérez, Secretaria Judicial de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, CERTIFICA: que el término de SEIS DÍAS HÁBILES, concedido a las partes en el presente juicio, para que interpusieran recurso en contra del auto no aprobatorio de remate, corrió para los acreedores reembargantes, del ocho al veintidós de mayo de dos mil veintidós y para la parte actora y demandada corrió del día diecinueve al veintiséis de abril de dos mil veintidós. Conste. CUENTA SECRETARIAL. En tres de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria Judicial da cuenta al Ciudadano Juez con los escritos suscritos por el licenciado José Hernández de la Cruz y el ciudadano Franco Avilés Díaz y anexos respectivos, recibidos en la oficialía de parte de este juzgado los días veintiocho y veintinueve de mayo del presente año. Conste. JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO CON SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, MÉXICO; A TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO; lo de cuenta, se acuerda. PRIMERO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el licenciado José Hernández de la Cruz, endosatario en procuración de Luis Hernández Colorado, mediante el cual exhibe certificado de libertad de gravamen, actualizado de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós. SEGUNDO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito por Franco Avilés Díaz y anexo consistente en un traslado, mediante el cual pretenden interponer recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; agréguense a los autos para que obre como en derecho corresponda. Ahora, tomando en consideración que dicho recurso fue interpuesto fuera del plazo concedido, de acuerdo al cómputo secretarial que antecede, se desecha el mismo, toda vez que fue presentado extemporáneamente como se advierte en sello de recepción, lo anterior, de conformidad con los artículos 1079 fracción II y 1345 bis 1 del Código de Comercio en vigor. TERCERO. Túrnese los autos a la actuaria judicial adscrita, para que proceda a realizar la notificación ordenada en auto de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLESE." 23. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de revocación en contra del punto segundo del auto dictado el tres de mayo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 24. En proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso en contra del punto segundo del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "TERCERO. Por último, se tiene por recibido el diverso libelo de cuenta, suscrito por el licenciado CARLOS BRAMBILLA AGUILAR, autorizado legal de la parte demandada, mediante el cual pretende promover recurso de revocación en contra del punto segundo del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, por lo que al efecto es de decirle al ocursante que de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, dicha petición se desecha por notoriamente improcedente, en virtud de que el arábigo 389 del Código de Procedimientos civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil, establece que las resoluciones encaminadas directa e inmediatamente a la ejecución material de la sentencia no serán recurribles." La anterior, determinación le fue notificada al ahora quejoso el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. 25. Mediante escrito signado el treinta de mayo de dos mil veintidós, por el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de revocación en contra del punto tercero del auto dictado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 26. En proveído de dos de junio de dos mil veintidós, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del demandado ahora quejoso en contra del punto tercero del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "Segundo. Se tiene al licenciado Carlos Brambilla Aguilar, autorizado con facultades amplias de la parte demandada, con su escrito de cuenta, mediante el cual viene a interponer recurso de revocación, en contra del punto tercero del auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Al respecto y toda vez que el suscrito juzgador está facultado para desechar de plano cualquier excepción, incidente, prueba recurso o promoción que sea manifiestamente improcedente conforme a ley, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil. En ese orden de ideas, dígasele al ocursante que no ha lugar a darle trámite al medio de impugnación que promueve, toda vez que el presente juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, y de acuerdo a lo previsto por el número 398 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, en su parte infine dispone, que en contra del auto que tiene por objeto ejecutar la sentencia definitiva, no procede ningún recurso, lo que acontece en la causa, ya que la resolución que impugna a través del citado medio de impugnación, tiene como pretensión ejecutar la sentencia definitiva, pues van encaminados directamente a la ejecución de la misma. De ahí que deseche el recurso de revocación, formulado por la parte demandada, por ser improcedente conforme a la ley, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil." [.] La anterior determinación el presente juicio de amparo. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa respecto al acto reclamado en el inciso a), precisado en el considerando que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando se emite una determinación posterior que la sustituye procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la impugnada, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el juicio de amparo no puede coexistir con la nueva resolución que modifica los alcances de la primera; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, es ilustrativa la tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Registro: 165870, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, consultable en la página 1491, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De las constancias remitidas por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, se advierte que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de tres de mayo del presente año, en el cual desechó el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demandado ahora quejoso en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Inconforme con el auto de dieciocho de mayo de la presente anualidad el autorizado del ahora quejoso interpuso recurso de revocación el cual en auto de dos de junio de dos mil veintidós, fue desechado por improcedente. De lo expuesto, se aprecia que el auto reclamado de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó el recurso de revocación en contra del diverso auto desechamiento del diverso recurso de apelación interpuesto por el citado demandado en contra del auto no aprobatorio de remate emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. De ahí que, al haberse emitido el acuerdo de dos de junio del año en curso, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del ahora quejoso en contra del auto de dieciocho de mayo del año en curso, es evidente que el acto reclamado, consistente en el acuerdo antes mencionado, fue sustituido procesalmente en el juicio de origen, por lo que no es posible analizar la legalidad del auto reclamado, sin afectar las determinaciones posteriores a éste. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, debe sobreseerse el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. En ese orden de ideas, es imposible abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso, tal como lo establece la jurisprudencia con número de registro 239006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del título: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, la suscrita juzgadora respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo que antecede, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." De la lectura de los citados preceptos legales, se advierte que el amparo ante el juez de distrito será procedente contra: a) Actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. b) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. c) Tratándose de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De los anteriores supuestos, el que interesa para efectos del presente asunto es el destacado en el inciso c), donde la procedencia del amparo se posterga hasta que en forma definitiva el instructor del juicio ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. La última de las disposiciones transcritas exige como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de remate, que se reclame la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas en ese período que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Entendiéndose por última resolución, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados -como más adelante se puntualizará-. Esto, en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expedites que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno, Tomo: XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate ventilado en la etapa de ejecución de sentencia; de ahí que resulta improcedente el presente juicio. Efectivamente, el acto reclamado al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, consiste en el acuerdo dictado el de dos de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 602/2011, de su índice, en el cual desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del punto tercero del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós en el cual a su vez se desechó el diverso recurso de revocación interpuesto por el propio quejoso en contra del auto de tres de mayo de dos mil veintidós en el cual se desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del auto no aprobatorio de remate de treinta y uno de marzo de la presente anualidad; pronunciado en la etapa de ejecución del citado juicio natural. En el acuerdo reclamado, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del ahora quejoso en contra del acuerdo de dieciocho de mayo del presente año, al considerar que el juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil contra el auto que tiene por objeto ejecutar la sentencia definitiva no procede ningún recurso de ahí que conforme a lo establecido en el numeral 57 del mismo ordenamiento legal desechaba el recurso de revocación planteado. Esto es, la resolución que constituye el acto reclamado (recurso de revocación) únicamente tiene por efecto confirmar la legalidad de un acuerdo (de dieciocho de mayo de dos mil veintidós), dictado en la etapa de ejecución de sentencia, en el que, medularmente, desecha un recurso de revocación interpuesto por el autorizado de la demandada, en contra de un diverso auto en el cual se desechó el recurso de revocación en contra del diverso auto de tres de mayo de ese mismo año en el que se desechó el diverso recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate de treinta y uno de marzo del año que trascurre. Bajo ese contexto, es posible establecer que la resolución reclamada no constituye la última resolución pronunciada dentro de dicho procedimiento, puesto que, inclusive, su efecto directo e inmediato no incide, ordena, ni impide u obstaculiza la ejecución de la sentencia. Esto, habida cuenta que con el acto que se reclama no se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, o la entrega del bien rematado, momento en el que la parte quejosa podrá hacer valer las violaciones que se hayan cometido en la etapa respectiva. Ello es así, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo estableció que el juicio de amparo es procedente en el procedimiento de remate, en contra de cualquiera de las dos determinaciones que se dicten en el mismo, y tengan por objeto ordenar el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, o la que ordena la entrega de los bienes rematados. Sin embargo, en el caso, como previamente se destacó, el acto reclamado no constituye ninguno de esos dos mandamientos, y que por ende, justifique la procedencia de la acción constitucional en la vía indirecta. Las anteriores consideraciones encuentra sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2011474. Materias(s): Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por consiguiente, la acción constitucional intentada es improcedente, ya que estimarlo de otro modo pugnaría no sólo con el texto de la norma, sino con su espíritu, que no es otro que el de permitir la reparación constitucional únicamente cuando se trate de la última resolución en procedimiento de remate con el propósito de impedir el abuso del juicio de amparo y así evitar que se entorpezca dicho procedimiento, siendo que la última resolución es la que ordena entregar la posesión del bien, después de haberse otorgado la escritura de adjudicación. Lo anterior sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que si bien el acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós en el que se desechó el recurso de revocación que constituye el acto reclamado en esta instancia, tiene como consecuencia inmediata, medularmente, la preparación y desahogo de la diligencia de remate en tercera almoneda del inmueble embargado al aquí justiciable. Por tanto -se insiste-, aun cuando al acuerdo reclamado se pronunció en la etapa de remate; sin embargo, no se trata de una determinación que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, ni la entrega de los bienes rematados, ni que niegue el remate del inmueble, o paralice esta etapa, por lo que resulta improcedente el presente juicio. Todo ello, a fin de evitar que se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicada a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar el fondo de la cuestión planteada. Apoya lo anterior el criterio del entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página noventa y tres del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 86, Sexta Parte, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional". OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Franco Avilés Díaz, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común el dieciséis siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete posterior, Franco Avilés Díaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS Los proveídos emitidos por el juzgado responsable el dieciocho de mayo y dos de junio del dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 974/2022-5, se admitió a trámite aquella, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Al respecto, el cuatro de julio de dos mil veintidós la actuaria adscrita a este juzgado realizó el emplazamiento del tercero interesado Luis Hernández Colorado, en términos de la constancia que obra glosada en autos. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, la audiencia constitucional tuvo verificativo el uno de agosto de dos mil veintidós en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, la suscrita está facultada para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El proveído emitido por el juzgado responsable el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. El proveído emitido por el juzgado responsable el dos de junio de dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, por haberlo reconocido el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y la Juez Primero Civil de Primera instancia de Centro, Tabasco, al rendir sus respectivos informes justificados; afirmación que se corrobora con las constancias que respectivamente adjuntaron a sus referidos informes consistentes, el primero, quien anexó el 1) Toca Civil 153/2022-II, 2) copias certificadas del testimonio de apelación derivado del expediente 120/2002, constante de un tomo, y 3) Cuadernillo de excusa X/2022, todos constantes de un tomo cada uno; el segundo, quien anexó 1) Original del cuadernillo de incidente de honorarios profesionales del expediente 120/2003; 2) Cuadernillo de amparo CCLXXXIV, (Antes 1480/2008-II-R); 3) Cuadernillo de amparo 068/2004; 4) Cuadernillo de amparo L/2007; 5) Cuadernillo de amparo 922/2003-V; 6) Cuadernillo de amparo 680/2009-II-E; 7) Cuadernillo de amparo 739/2012-II-A; 8) Cuadernillo de amparo CCXCIII/2003; 9) Cuadernillo de amparo 1094/2008-II-C; 10) Cuadernillo de amparo CCLXXXIV/2008; 11) Cuadernillo de amparo 1480/2008-II-R; 12) Cuadernillo de amparo CCLXXIV/2009, todos de su índice y constantes de un tomo cada uno, los cuáles obran por cuerda separada. Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fueron contradicho su contenido. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." El ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentando por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: En el juicio 602/2011, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, obran las siguientes constancias: 1. Mediante escrito de dos de septiembre de dos mil once, Luis Hernández Colorado a través de sus endosatarios en procuración José Hernández de la Cruz y Pedro García Falcón promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Mario Alberto Avilés (suscriptor) y Franco Avilés Díaz (aval), respecto a diversas prestaciones de materia mercantil. 2. En auto de ocho de septiembre de dos mil once, el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, admitió a trámite la referida demanda mercantil, por lo que ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la notificación del citado acuerdo contestaran la demanda interpuesta en su contra. 3. El diecisiete de octubre de dos mil once, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado responsable realizó la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento de los demandados. 4. En proveído de siete de febrero de dos mil doce, el Juzgado responsable tuvo a las partes exhibiendo convenio judicial suscrito por las partes el veintisiete de enero de ese mismo año, el cual elevó a categoría de cosa juzgada ejecutoriada. 5. En proveído de ocho de mayo de dos mil doce, la juez responsable a petición de la parte actora abrió la sección de ejecución de convenio judicial. 6. Seguida la secuela procesal en auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó sacar a subasta pública en primera amoneda y al mejor postor, el bien inmueble propiedad del demandado y ejecutado, fijando como fecha y hora para su celebración las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 7. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en primera almoneda, sin que haya comparecido algún postor. 8. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó sacar a subasta pública en primera amoneda y al mejor postor, el bien inmueble propiedad del demandado y ejecutado, fijando como fecha y hora para su celebración las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 9. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en primera almoneda en la cual el juzgado responsable sin que haya comparecido algún postor. 10. En proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en segunda almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz. 11. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en segundo almoneda en la cual el juzgado responsable sin que haya comparecido algún postor. 12. En proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en tercera almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz. 13. El diez de julio de dos mil diecinueve, la juez responsable celebró la diligencia de remate en tercera almoneda en la cual se adjudicó a favor del actor el inmueble sujeto a ejecución consistente en el predio rústico, fracción "A", denominado "El Trapiche" ubicado en la carretera principal hoy calle 5 de Mayo de la Ranchería Pueblo Nuevo de las Raíces, municipio de Centro, Tabasco, (a cincuenta metros del entronque de la carretera estatal Villahermosa- Jalapa) constante de una superficie de 34,858.16 metros cuadrados. 14. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la juez responsable emitió el auto no aprobatorio de remate en tercera almoneda celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por lo que a petición de la parte ejecutante ordenó nuevamente sacar a subasta pública los bienes inmuebles embargados. 15. En proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la juez responsable tuvo al perito tercero en discordia exhibiendo avalúo actualizado, con el cual ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniere. 16. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en tercera almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz, al cual le fue notificado el referido auto el dos de febrero de dos mil veintidós. 17. Mediante escrito presentado ante la responsable el ocho de febrero de dos mil veintidós el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de apelación en contra de los puntos primero al quinto del auto aprobatorio de remate dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 18. En proveído de once de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable desechó por notoriamente improcedente el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso. 19. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable celebró la diligencia de remate en tercera almoneda. 20. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la juez responsable emitió el auto no aprobatorio de remate en tercera almoneda celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dejando a salvo los derechos del ejecutante, para que continuara con el procedimiento de ejecución, el cual le fue notificado al demandado ahora quejoso el ocho de abril de la presente anualidad. 21. Mediante escrito signado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, sin que obre en el mismo sello de recepción por parte del juzgado la responsable. 22. En proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, la juez responsable desechó el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "COMPUTO SECRETARIAL En tres de mayo de dos mil veintidós, la licenciada Vanesa colín Pérez, Secretaria Judicial de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, CERTIFICA: que el término de SEIS DÍAS HÁBILES, concedido a las partes en el presente juicio, para que interpusieran recurso en contra del auto no aprobatorio de remate, corrió para los acreedores reembargantes, del ocho al veintidós de mayo de dos mil veintidós y para la parte actora y demandada corrió del día diecinueve al veintiséis de abril de dos mil veintidós. Conste. CUENTA SECRETARIAL. En tres de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria Judicial da cuenta al Ciudadano Juez con los escritos suscritos por el licenciado José Hernández de la Cruz y el ciudadano Franco Avilés Díaz y anexos respectivos, recibidos en la oficialía de parte de este juzgado los días veintiocho y veintinueve de mayo del presente año. Conste. JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO CON SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, MÉXICO; A TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO; lo de cuenta, se acuerda. PRIMERO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el licenciado José Hernández de la Cruz, endosatario en procuración de Luis Hernández Colorado, mediante el cual exhibe certificado de libertad de gravamen, actualizado de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós. SEGUNDO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito por Franco Avilés Díaz y anexo consistente en un traslado, mediante el cual pretenden interponer recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; agréguense a los autos para que obre como en derecho corresponda. Ahora, tomando en consideración que dicho recurso fue interpuesto fuera del plazo concedido, de acuerdo al cómputo secretarial que antecede, se desecha el mismo, toda vez que fue presentado extemporáneamente como se advierte en sello de recepción, lo anterior, de conformidad con los artículos 1079 fracción II y 1345 bis 1 del Código de Comercio en vigor. TERCERO. Túrnese los autos a la actuaria judicial adscrita, para que proceda a realizar la notificación ordenada en auto de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLESE." 23. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de revocación en contra del punto segundo del auto dictado el tres de mayo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 24. En proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso en contra del punto segundo del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "TERCERO. Por último, se tiene por recibido el diverso libelo de cuenta, suscrito por el licenciado CARLOS BRAMBILLA AGUILAR, autorizado legal de la parte demandada, mediante el cual pretende promover recurso de revocación en contra del punto segundo del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, por lo que al efecto es de decirle al ocursante que de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, dicha petición se desecha por notoriamente improcedente, en virtud de que el arábigo 389 del Código de Procedimientos civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil, establece que las resoluciones encaminadas directa e inmediatamente a la ejecución material de la sentencia no serán recurribles." La anterior, determinación le fue notificada al ahora quejoso el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. 25. Mediante escrito signado el treinta de mayo de dos mil veintidós, por el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de revocación en contra del punto tercero del auto dictado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 26. En proveído de dos de junio de dos mil veintidós, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del demandado ahora quejoso en contra del punto tercero del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "Segundo. Se tiene al licenciado Carlos Brambilla Aguilar, autorizado con facultades amplias de la parte demandada, con su escrito de cuenta, mediante el cual viene a interponer recurso de revocación, en contra del punto tercero del auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Al respecto y toda vez que el suscrito juzgador está facultado para desechar de plano cualquier excepción, incidente, prueba recurso o promoción que sea manifiestamente improcedente conforme a ley, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil. En ese orden de ideas, dígasele al ocursante que no ha lugar a darle trámite al medio de impugnación que promueve, toda vez que el presente juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, y de acuerdo a lo previsto por el número 398 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, en su parte infine dispone, que en contra del auto que tiene por objeto ejecutar la sentencia definitiva, no procede ningún recurso, lo que acontece en la causa, ya que la resolución que impugna a través del citado medio de impugnación, tiene como pretensión ejecutar la sentencia definitiva, pues van encaminados directamente a la ejecución de la misma. De ahí que deseche el recurso de revocación, formulado por la parte demandada, por ser improcedente conforme a la ley, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil." [.] La anterior determinación el presente juicio de amparo. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa respecto al acto reclamado en el inciso a), precisado en el considerando que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando se emite una determinación posterior que la sustituye procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la impugnada, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el juicio de amparo no puede coexistir con la nueva resolución que modifica los alcances de la primera; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, es ilustrativa la tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Registro: 165870, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, consultable en la página 1491, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De las constancias remitidas por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, se advierte que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de tres de mayo del presente año, en el cual desechó el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demandado ahora quejoso en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Inconforme con el auto de dieciocho de mayo de la presente anualidad el autorizado del ahora quejoso interpuso recurso de revocación el cual en auto de dos de junio de dos mil veintidós, fue desechado por improcedente. De lo expuesto, se aprecia que el auto reclamado de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó el recurso de revocación en contra del diverso auto desechamiento del diverso recurso de apelación interpuesto por el citado demandado en contra del auto no aprobatorio de remate emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. De ahí que, al haberse emitido el acuerdo de dos de junio del año en curso, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del ahora quejoso en contra del auto de dieciocho de mayo del año en curso, es evidente que el acto reclamado, consistente en el acuerdo antes mencionado, fue sustituido procesalmente en el juicio de origen, por lo que no es posible analizar la legalidad del auto reclamado, sin afectar las determinaciones posteriores a éste. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, debe sobreseerse el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. En ese orden de ideas, es imposible abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso, tal como lo establece la jurisprudencia con número de registro 239006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del título: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, la suscrita juzgadora respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo que antecede, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." De la lectura de los citados preceptos legales, se advierte que el amparo ante el juez de distrito será procedente contra: a) Actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. b) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. c) Tratándose de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De los anteriores supuestos, el que interesa para efectos del presente asunto es el destacado en el inciso c), donde la procedencia del amparo se posterga hasta que en forma definitiva el instructor del juicio ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. La última de las disposiciones transcritas exige como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de remate, que se reclame la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas en ese período que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Entendiéndose por última resolución, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados -como más adelante se puntualizará-. Esto, en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expedites que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno, Tomo: XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate ventilado en la etapa de ejecución de sentencia; de ahí que resulta improcedente el presente juicio. Efectivamente, el acto reclamado al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, consiste en el acuerdo dictado el de dos de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 602/2011, de su índice, en el cual desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del punto tercero del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós en el cual a su vez se desechó el diverso recurso de revocación interpuesto por el propio quejoso en contra del auto de tres de mayo de dos mil veintidós en el cual se desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del auto no aprobatorio de remate de treinta y uno de marzo de la presente anualidad; pronunciado en la etapa de ejecución del citado juicio natural. En el acuerdo reclamado, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del ahora quejoso en contra del acuerdo de dieciocho de mayo del presente año, al considerar que el juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil contra el auto que tiene por objeto ejecutar la sentencia definitiva no procede ningún recurso de ahí que conforme a lo establecido en el numeral 57 del mismo ordenamiento legal desechaba el recurso de revocación planteado. Esto es, la resolución que constituye el acto reclamado (recurso de revocación) únicamente tiene por efecto confirmar la legalidad de un acuerdo (de dieciocho de mayo de dos mil veintidós), dictado en la etapa de ejecución de sentencia, en el que, medularmente, desecha un recurso de revocación interpuesto por el autorizado de la demandada, en contra de un diverso auto en el cual se desechó el recurso de revocación en contra del diverso auto de tres de mayo de ese mismo año en el que se desechó el diverso recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate de treinta y uno de marzo del año que trascurre. Bajo ese contexto, es posible establecer que la resolución reclamada no constituye la última resolución pronunciada dentro de dicho procedimiento, puesto que, inclusive, su efecto directo e inmediato no incide, ordena, ni impide u obstaculiza la ejecución de la sentencia. Esto, habida cuenta que con el acto que se reclama no se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, o la entrega del bien rematado, momento en el que la parte quejosa podrá hacer valer las violaciones que se hayan cometido en la etapa respectiva. Ello es así, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo estableció que el juicio de amparo es procedente en el procedimiento de remate, en contra de cualquiera de las dos determinaciones que se dicten en el mismo, y tengan por objeto ordenar el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, o la que ordena la entrega de los bienes rematados. Sin embargo, en el caso, como previamente se destacó, el acto reclamado no constituye ninguno de esos dos mandamientos, y que por ende, justifique la procedencia de la acción constitucional en la vía indirecta. Las anteriores consideraciones encuentra sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2011474. Materias(s): Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por consiguiente, la acción constitucional intentada es improcedente, ya que estimarlo de otro modo pugnaría no sólo con el texto de la norma, sino con su espíritu, que no es otro que el de permitir la reparación constitucional únicamente cuando se trate de la última resolución en procedimiento de remate con el propósito de impedir el abuso del juicio de amparo y así evitar que se entorpezca dicho procedimiento, siendo que la última resolución es la que ordena entregar la posesión del bien, después de haberse otorgado la escritura de adjudicación. Lo anterior sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que si bien el acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós en el que se desechó el recurso de revocación que constituye el acto reclamado en esta instancia, tiene como consecuencia inmediata, medularmente, la preparación y desahogo de la diligencia de remate en tercera almoneda del inmueble embargado al aquí justiciable. Por tanto -se insiste-, aun cuando al acuerdo reclamado se pronunció en la etapa de remate; sin embargo, no se trata de una determinación que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, ni la entrega de los bienes rematados, ni que niegue el remate del inmueble, o paralice esta etapa, por lo que resulta improcedente el presente juicio. Todo ello, a fin de evitar que se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicada a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar el fondo de la cuestión planteada. Apoya lo anterior el criterio del entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página noventa y tres del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 86, Sexta Parte, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional". OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTICUATRO OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE DIECINUEVE SW OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.------------------------------------------------------- VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 974/2022-5, promovido por **********, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común el dieciséis siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete posterior, Franco Avilés Díaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS Los proveídos emitidos por el juzgado responsable el dieciocho de mayo y dos de junio del dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 974/2022-5, se admitió a trámite aquella, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Al respecto, el cuatro de julio de dos mil veintidós la actuaria adscrita a este juzgado realizó el emplazamiento del tercero interesado Luis Hernández Colorado, en términos de la constancia que obra glosada en autos. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, la audiencia constitucional tuvo verificativo el uno de agosto de dos mil veintidós en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, la suscrita está facultada para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El proveído emitido por el juzgado responsable el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. El proveído emitido por el juzgado responsable el dos de junio de dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, por haberlo reconocido el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y la Juez Primero Civil de Primera instancia de Centro, Tabasco, al rendir sus respectivos informes justificados; afirmación que se corrobora con las constancias que respectivamente adjuntaron a sus referidos informes consistentes, el primero, quien anexó el 1) Toca Civil 153/2022-II, 2) copias certificadas del testimonio de apelación derivado del expediente 120/2002, constante de un tomo, y 3) Cuadernillo de excusa X/2022, todos constantes de un tomo cada uno; el segundo, quien anexó 1) Original del cuadernillo de incidente de honorarios profesionales del expediente 120/2003; 2) Cuadernillo de amparo CCLXXXIV, (Antes 1480/2008-II-R); 3) Cuadernillo de amparo 068/2004; 4) Cuadernillo de amparo L/2007; 5) Cuadernillo de amparo 922/2003-V; 6) Cuadernillo de amparo 680/2009-II-E; 7) Cuadernillo de amparo 739/2012-II-A; 8) Cuadernillo de amparo CCXCIII/2003; 9) Cuadernillo de amparo 1094/2008-II-C; 10) Cuadernillo de amparo CCLXXXIV/2008; 11) Cuadernillo de amparo 1480/2008-II-R; 12) Cuadernillo de amparo CCLXXIV/2009, todos de su índice y constantes de un tomo cada uno, los cuáles obran por cuerda separada. Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fueron contradicho su contenido. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." El ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentando por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: En el juicio 602/2011, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, obran las siguientes constancias: 1. Mediante escrito de dos de septiembre de dos mil once, Luis Hernández Colorado a través de sus endosatarios en procuración José Hernández de la Cruz y Pedro García Falcón promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Mario Alberto Avilés (suscriptor) y Franco Avilés Díaz (aval), respecto a diversas prestaciones de materia mercantil. 2. En auto de ocho de septiembre de dos mil once, el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, admitió a trámite la referida demanda mercantil, por lo que ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la notificación del citado acuerdo contestaran la demanda interpuesta en su contra. 3. El diecisiete de octubre de dos mil once, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado responsable realizó la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento de los demandados. 4. En proveído de siete de febrero de dos mil doce, el Juzgado responsable tuvo a las partes exhibiendo convenio judicial suscrito por las partes el veintisiete de enero de ese mismo año, el cual elevó a categoría de cosa juzgada ejecutoriada. 5. En proveído de ocho de mayo de dos mil doce, la juez responsable a petición de la parte actora abrió la sección de ejecución de convenio judicial. 6. Seguida la secuela procesal en auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó sacar a subasta pública en primera amoneda y al mejor postor, el bien inmueble propiedad del demandado y ejecutado, fijando como fecha y hora para su celebración las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 7. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en primera almoneda, sin que haya comparecido algún postor. 8. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó sacar a subasta pública en primera amoneda y al mejor postor, el bien inmueble propiedad del demandado y ejecutado, fijando como fecha y hora para su celebración las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 9. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en primera almoneda en la cual el juzgado responsable sin que haya comparecido algún postor. 10. En proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en segunda almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz. 11. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en segundo almoneda en la cual el juzgado responsable sin que haya comparecido algún postor. 12. En proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en tercera almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz. 13. El diez de julio de dos mil diecinueve, la juez responsable celebró la diligencia de remate en tercera almoneda en la cual se adjudicó a favor del actor el inmueble sujeto a ejecución consistente en el predio rústico, fracción "A", denominado "El Trapiche" ubicado en la carretera principal hoy calle 5 de Mayo de la Ranchería Pueblo Nuevo de las Raíces, municipio de Centro, Tabasco, (a cincuenta metros del entronque de la carretera estatal Villahermosa- Jalapa) constante de una superficie de 34,858.16 metros cuadrados. 14. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la juez responsable emitió el auto no aprobatorio de remate en tercera almoneda celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por lo que a petición de la parte ejecutante ordenó nuevamente sacar a subasta pública los bienes inmuebles embargados. 15. En proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la juez responsable tuvo al perito tercero en discordia exhibiendo avalúo actualizado, con el cual ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniere. 16. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en tercera almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz, al cual le fue notificado el referido auto el dos de febrero de dos mil veintidós. 17. Mediante escrito presentado ante la responsable el ocho de febrero de dos mil veintidós el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de apelación en contra de los puntos primero al quinto del auto aprobatorio de remate dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 18. En proveído de once de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable desechó por notoriamente improcedente el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso. 19. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable celebró la diligencia de remate en tercera almoneda. 20. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la juez responsable emitió el auto no aprobatorio de remate en tercera almoneda celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dejando a salvo los derechos del ejecutante, para que continuara con el procedimiento de ejecución, el cual le fue notificado al demandado ahora quejoso el ocho de abril de la presente anualidad. 21. Mediante escrito signado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, sin que obre en el mismo sello de recepción por parte del juzgado la responsable. 22. En proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, la juez responsable desechó el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "COMPUTO SECRETARIAL En tres de mayo de dos mil veintidós, la licenciada Vanesa colín Pérez, Secretaria Judicial de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, CERTIFICA: que el término de SEIS DÍAS HÁBILES, concedido a las partes en el presente juicio, para que interpusieran recurso en contra del auto no aprobatorio de remate, corrió para los acreedores reembargantes, del ocho al veintidós de mayo de dos mil veintidós y para la parte actora y demandada corrió del día diecinueve al veintiséis de abril de dos mil veintidós. Conste. CUENTA SECRETARIAL. En tres de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria Judicial da cuenta al Ciudadano Juez con los escritos suscritos por el licenciado José Hernández de la Cruz y el ciudadano Franco Avilés Díaz y anexos respectivos, recibidos en la oficialía de parte de este juzgado los días veintiocho y veintinueve de mayo del presente año. Conste. JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO CON SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, MÉXICO; A TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO; lo de cuenta, se acuerda. PRIMERO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el licenciado José Hernández de la Cruz, endosatario en procuración de Luis Hernández Colorado, mediante el cual exhibe certificado de libertad de gravamen, actualizado de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós. SEGUNDO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito por Franco Avilés Díaz y anexo consistente en un traslado, mediante el cual pretenden interponer recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; agréguense a los autos para que obre como en derecho corresponda. Ahora, tomando en consideración que dicho recurso fue interpuesto fuera del plazo concedido, de acuerdo al cómputo secretarial que antecede, se desecha el mismo, toda vez que fue presentado extemporáneamente como se advierte en sello de recepción, lo anterior, de conformidad con los artículos 1079 fracción II y 1345 bis 1 del Código de Comercio en vigor. TERCERO. Túrnese los autos a la actuaria judicial adscrita, para que proceda a realizar la notificación ordenada en auto de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLESE." 23. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de revocación en contra del punto segundo del auto dictado el tres de mayo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 24. En proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso en contra del punto segundo del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "TERCERO. Por último, se tiene por recibido el diverso libelo de cuenta, suscrito por el licenciado CARLOS BRAMBILLA AGUILAR, autorizado legal de la parte demandada, mediante el cual pretende promover recurso de revocación en contra del punto segundo del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, por lo que al efecto es de decirle al ocursante que de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, dicha petición se desecha por notoriamente improcedente, en virtud de que el arábigo 389 del Código de Procedimientos civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil, establece que las resoluciones encaminadas directa e inmediatamente a la ejecución material de la sentencia no serán recurribles." La anterior, determinación le fue notificada al ahora quejoso el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. 25. Mediante escrito signado el treinta de mayo de dos mil veintidós, por el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de revocación en contra del punto tercero del auto dictado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 26. En proveído de dos de junio de dos mil veintidós, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del demandado ahora quejoso en contra del punto tercero del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "Segundo. Se tiene al licenciado Carlos Brambilla Aguilar, autorizado con facultades amplias de la parte demandada, con su escrito de cuenta, mediante el cual viene a interponer recurso de revocación, en contra del punto tercero del auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Al respecto y toda vez que el suscrito juzgador está facultado para desechar de plano cualquier excepción, incidente, prueba recurso o promoción que sea manifiestamente improcedente conforme a ley, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil. En ese orden de ideas, dígasele al ocursante que no ha lugar a darle trámite al medio de impugnación que promueve, toda vez que el presente juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, y de acuerdo a lo previsto por el número 398 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, en su parte infine dispone, que en contra del auto que tiene por objeto ejecutar la sentencia definitiva, no procede ningún recurso, lo que acontece en la causa, ya que la resolución que impugna a través del citado medio de impugnación, tiene como pretensión ejecutar la sentencia definitiva, pues van encaminados directamente a la ejecución de la misma. De ahí que deseche el recurso de revocación, formulado por la parte demandada, por ser improcedente conforme a la ley, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil." [.] La anterior determinación el presente juicio de amparo. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa respecto al acto reclamado en el inciso a), precisado en el considerando que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando se emite una determinación posterior que la sustituye procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la impugnada, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el juicio de amparo no puede coexistir con la nueva resolución que modifica los alcances de la primera; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, es ilustrativa la tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Registro: 165870, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, consultable en la página 1491, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De las constancias remitidas por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, se advierte que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de tres de mayo del presente año, en el cual desechó el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demandado ahora quejoso en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Inconforme con el auto de dieciocho de mayo de la presente anualidad el autorizado del ahora quejoso interpuso recurso de revocación el cual en auto de dos de junio de dos mil veintidós, fue desechado por improcedente. De lo expuesto, se aprecia que el auto reclamado de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó el recurso de revocación en contra del diverso auto desechamiento del diverso recurso de apelación interpuesto por el citado demandado en contra del auto no aprobatorio de remate emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. De ahí que, al haberse emitido el acuerdo de dos de junio del año en curso, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del ahora quejoso en contra del auto de dieciocho de mayo del año en curso, es evidente que el acto reclamado, consistente en el acuerdo antes mencionado, fue sustituido procesalmente en el juicio de origen, por lo que no es posible analizar la legalidad del auto reclamado, sin afectar las determinaciones posteriores a éste. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, debe sobreseerse el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. En ese orden de ideas, es imposible abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso, tal como lo establece la jurisprudencia con número de registro 239006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del título: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, la suscrita juzgadora respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo que antecede, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." De la lectura de los citados preceptos legales, se advierte que el amparo ante el juez de distrito será procedente contra: a) Actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. b) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. c) Tratándose de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De los anteriores supuestos, el que interesa para efectos del presente asunto es el destacado en el inciso c), donde la procedencia del amparo se posterga hasta que en forma definitiva el instructor del juicio ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. La última de las disposiciones transcritas exige como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de remate, que se reclame la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas en ese período que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Entendiéndose por última resolución, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados -como más adelante se puntualizará-. Esto, en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expedites que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno, Tomo: XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate ventilado en la etapa de ejecución de sentencia; de ahí que resulta improcedente el presente juicio. Efectivamente, el acto reclamado al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, consiste en el acuerdo dictado el de dos de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 602/2011, de su índice, en el cual desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del punto tercero del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós en el cual a su vez se desechó el diverso recurso de revocación interpuesto por el propio quejoso en contra del auto de tres de mayo de dos mil veintidós en el cual se desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del auto no aprobatorio de remate de treinta y uno de marzo de la presente anualidad; pronunciado en la etapa de ejecución del citado juicio natural. En el acuerdo reclamado, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del ahora quejoso en contra del acuerdo de dieciocho de mayo del presente año, al considerar que el juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil contra el auto que tiene por objeto ejecutar la sentencia definitiva no procede ningún recurso de ahí que conforme a lo establecido en el numeral 57 del mismo ordenamiento legal desechaba el recurso de revocación planteado. Esto es, la resolución que constituye el acto reclamado (recurso de revocación) únicamente tiene por efecto confirmar la legalidad de un acuerdo (de dieciocho de mayo de dos mil veintidós), dictado en la etapa de ejecución de sentencia, en el que, medularmente, desecha un recurso de revocación interpuesto por el autorizado de la demandada, en contra de un diverso auto en el cual se desechó el recurso de revocación en contra del diverso auto de tres de mayo de ese mismo año en el que se desechó el diverso recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate de treinta y uno de marzo del año que trascurre. Bajo ese contexto, es posible establecer que la resolución reclamada no constituye la última resolución pronunciada dentro de dicho procedimiento, puesto que, inclusive, su efecto directo e inmediato no incide, ordena, ni impide u obstaculiza la ejecución de la sentencia. Esto, habida cuenta que con el acto que se reclama no se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, o la entrega del bien rematado, momento en el que la parte quejosa podrá hacer valer las violaciones que se hayan cometido en la etapa respectiva. Ello es así, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo estableció que el juicio de amparo es procedente en el procedimiento de remate, en contra de cualquiera de las dos determinaciones que se dicten en el mismo, y tengan por objeto ordenar el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, o la que ordena la entrega de los bienes rematados. Sin embargo, en el caso, como previamente se destacó, el acto reclamado no constituye ninguno de esos dos mandamientos, y que por ende, justifique la procedencia de la acción constitucional en la vía indirecta. Las anteriores consideraciones encuentra sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2011474. Materias(s): Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por consiguiente, la acción constitucional intentada es improcedente, ya que estimarlo de otro modo pugnaría no sólo con el texto de la norma, sino con su espíritu, que no es otro que el de permitir la reparación constitucional únicamente cuando se trate de la última resolución en procedimiento de remate con el propósito de impedir el abuso del juicio de amparo y así evitar que se entorpezca dicho procedimiento, siendo que la última resolución es la que ordena entregar la posesión del bien, después de haberse otorgado la escritura de adjudicación. Lo anterior sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que si bien el acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós en el que se desechó el recurso de revocación que constituye el acto reclamado en esta instancia, tiene como consecuencia inmediata, medularmente, la preparación y desahogo de la diligencia de remate en tercera almoneda del inmueble embargado al aquí justiciable. Por tanto -se insiste-, aun cuando al acuerdo reclamado se pronunció en la etapa de remate; sin embargo, no se trata de una determinación que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, ni la entrega de los bienes rematados, ni que niegue el remate del inmueble, o paralice esta etapa, por lo que resulta improcedente el presente juicio. Todo ello, a fin de evitar que se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicada a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar el fondo de la cuestión planteada. Apoya lo anterior el criterio del entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página noventa y tres del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 86, Sexta Parte, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional". OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Franco Avilés Díaz, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común el dieciséis siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete posterior, Franco Avilés Díaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS Los proveídos emitidos por el juzgado responsable el dieciocho de mayo y dos de junio del dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 974/2022-5, se admitió a trámite aquella, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Al respecto, el cuatro de julio de dos mil veintidós la actuaria adscrita a este juzgado realizó el emplazamiento del tercero interesado Luis Hernández Colorado, en términos de la constancia que obra glosada en autos. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, la audiencia constitucional tuvo verificativo el uno de agosto de dos mil veintidós en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, la suscrita está facultada para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El proveído emitido por el juzgado responsable el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. El proveído emitido por el juzgado responsable el dos de junio de dos mil veintidós dentro del expediente 602/2011, de su índice, el cual se encuentra en etapa de ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, por haberlo reconocido el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y la Juez Primero Civil de Primera instancia de Centro, Tabasco, al rendir sus respectivos informes justificados; afirmación que se corrobora con las constancias que respectivamente adjuntaron a sus referidos informes consistentes, el primero, quien anexó el 1) Toca Civil 153/2022-II, 2) copias certificadas del testimonio de apelación derivado del expediente 120/2002, constante de un tomo, y 3) Cuadernillo de excusa X/2022, todos constantes de un tomo cada uno; el segundo, quien anexó 1) Original del cuadernillo de incidente de honorarios profesionales del expediente 120/2003; 2) Cuadernillo de amparo CCLXXXIV, (Antes 1480/2008-II-R); 3) Cuadernillo de amparo 068/2004; 4) Cuadernillo de amparo L/2007; 5) Cuadernillo de amparo 922/2003-V; 6) Cuadernillo de amparo 680/2009-II-E; 7) Cuadernillo de amparo 739/2012-II-A; 8) Cuadernillo de amparo CCXCIII/2003; 9) Cuadernillo de amparo 1094/2008-II-C; 10) Cuadernillo de amparo CCLXXXIV/2008; 11) Cuadernillo de amparo 1480/2008-II-R; 12) Cuadernillo de amparo CCLXXIV/2009, todos de su índice y constantes de un tomo cada uno, los cuáles obran por cuerda separada. Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fueron contradicho su contenido. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." El ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentando por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: En el juicio 602/2011, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, obran las siguientes constancias: 1. Mediante escrito de dos de septiembre de dos mil once, Luis Hernández Colorado a través de sus endosatarios en procuración José Hernández de la Cruz y Pedro García Falcón promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Mario Alberto Avilés (suscriptor) y Franco Avilés Díaz (aval), respecto a diversas prestaciones de materia mercantil. 2. En auto de ocho de septiembre de dos mil once, el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, admitió a trámite la referida demanda mercantil, por lo que ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la notificación del citado acuerdo contestaran la demanda interpuesta en su contra. 3. El diecisiete de octubre de dos mil once, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado responsable realizó la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento de los demandados. 4. En proveído de siete de febrero de dos mil doce, el Juzgado responsable tuvo a las partes exhibiendo convenio judicial suscrito por las partes el veintisiete de enero de ese mismo año, el cual elevó a categoría de cosa juzgada ejecutoriada. 5. En proveído de ocho de mayo de dos mil doce, la juez responsable a petición de la parte actora abrió la sección de ejecución de convenio judicial. 6. Seguida la secuela procesal en auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó sacar a subasta pública en primera amoneda y al mejor postor, el bien inmueble propiedad del demandado y ejecutado, fijando como fecha y hora para su celebración las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 7. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en primera almoneda, sin que haya comparecido algún postor. 8. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó sacar a subasta pública en primera amoneda y al mejor postor, el bien inmueble propiedad del demandado y ejecutado, fijando como fecha y hora para su celebración las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 9. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en primera almoneda en la cual el juzgado responsable sin que haya comparecido algún postor. 10. En proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en segunda almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz. 11. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en segundo almoneda en la cual el juzgado responsable sin que haya comparecido algún postor. 12. En proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en tercera almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz. 13. El diez de julio de dos mil diecinueve, la juez responsable celebró la diligencia de remate en tercera almoneda en la cual se adjudicó a favor del actor el inmueble sujeto a ejecución consistente en el predio rústico, fracción "A", denominado "El Trapiche" ubicado en la carretera principal hoy calle 5 de Mayo de la Ranchería Pueblo Nuevo de las Raíces, municipio de Centro, Tabasco, (a cincuenta metros del entronque de la carretera estatal Villahermosa- Jalapa) constante de una superficie de 34,858.16 metros cuadrados. 14. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la juez responsable emitió el auto no aprobatorio de remate en tercera almoneda celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, por lo que a petición de la parte ejecutante ordenó nuevamente sacar a subasta pública los bienes inmuebles embargados. 15. En proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la juez responsable tuvo al perito tercero en discordia exhibiendo avalúo actualizado, con el cual ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniere. 16. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la juez responsable a petición de la parte ejecutante ordenó sacar a subasta pública en tercera almoneda y al mejor postor el inmueble propiedad del demandado y ejecutado Franco Avilés Díaz, al cual le fue notificado el referido auto el dos de febrero de dos mil veintidós. 17. Mediante escrito presentado ante la responsable el ocho de febrero de dos mil veintidós el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de apelación en contra de los puntos primero al quinto del auto aprobatorio de remate dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 18. En proveído de once de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable desechó por notoriamente improcedente el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso. 19. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable celebró la diligencia de remate en tercera almoneda. 20. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la juez responsable emitió el auto no aprobatorio de remate en tercera almoneda celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dejando a salvo los derechos del ejecutante, para que continuara con el procedimiento de ejecución, el cual le fue notificado al demandado ahora quejoso el ocho de abril de la presente anualidad. 21. Mediante escrito signado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, sin que obre en el mismo sello de recepción por parte del juzgado la responsable. 22. En proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, la juez responsable desechó el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "COMPUTO SECRETARIAL En tres de mayo de dos mil veintidós, la licenciada Vanesa colín Pérez, Secretaria Judicial de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, CERTIFICA: que el término de SEIS DÍAS HÁBILES, concedido a las partes en el presente juicio, para que interpusieran recurso en contra del auto no aprobatorio de remate, corrió para los acreedores reembargantes, del ocho al veintidós de mayo de dos mil veintidós y para la parte actora y demandada corrió del día diecinueve al veintiséis de abril de dos mil veintidós. Conste. CUENTA SECRETARIAL. En tres de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria Judicial da cuenta al Ciudadano Juez con los escritos suscritos por el licenciado José Hernández de la Cruz y el ciudadano Franco Avilés Díaz y anexos respectivos, recibidos en la oficialía de parte de este juzgado los días veintiocho y veintinueve de mayo del presente año. Conste. JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO CON SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, MÉXICO; A TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO; lo de cuenta, se acuerda. PRIMERO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el licenciado José Hernández de la Cruz, endosatario en procuración de Luis Hernández Colorado, mediante el cual exhibe certificado de libertad de gravamen, actualizado de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós. SEGUNDO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito por Franco Avilés Díaz y anexo consistente en un traslado, mediante el cual pretenden interponer recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; agréguense a los autos para que obre como en derecho corresponda. Ahora, tomando en consideración que dicho recurso fue interpuesto fuera del plazo concedido, de acuerdo al cómputo secretarial que antecede, se desecha el mismo, toda vez que fue presentado extemporáneamente como se advierte en sello de recepción, lo anterior, de conformidad con los artículos 1079 fracción II y 1345 bis 1 del Código de Comercio en vigor. TERCERO. Túrnese los autos a la actuaria judicial adscrita, para que proceda a realizar la notificación ordenada en auto de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLESE." 23. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de revocación en contra del punto segundo del auto dictado el tres de mayo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 24. En proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del demando ahora quejoso en contra del punto segundo del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "TERCERO. Por último, se tiene por recibido el diverso libelo de cuenta, suscrito por el licenciado CARLOS BRAMBILLA AGUILAR, autorizado legal de la parte demandada, mediante el cual pretende promover recurso de revocación en contra del punto segundo del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, por lo que al efecto es de decirle al ocursante que de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, dicha petición se desecha por notoriamente improcedente, en virtud de que el arábigo 389 del Código de Procedimientos civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil, establece que las resoluciones encaminadas directa e inmediatamente a la ejecución material de la sentencia no serán recurribles." La anterior, determinación le fue notificada al ahora quejoso el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. 25. Mediante escrito signado el treinta de mayo de dos mil veintidós, por el autorizado de la parte demandada ahora quejoso interpuso el recurso de revocación en contra del punto tercero del auto dictado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dentro del juicio natural de donde deriva el acto reclamado. 26. En proveído de dos de junio de dos mil veintidós, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del demandado ahora quejoso en contra del punto tercero del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "Segundo. Se tiene al licenciado Carlos Brambilla Aguilar, autorizado con facultades amplias de la parte demandada, con su escrito de cuenta, mediante el cual viene a interponer recurso de revocación, en contra del punto tercero del auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Al respecto y toda vez que el suscrito juzgador está facultado para desechar de plano cualquier excepción, incidente, prueba recurso o promoción que sea manifiestamente improcedente conforme a ley, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil. En ese orden de ideas, dígasele al ocursante que no ha lugar a darle trámite al medio de impugnación que promueve, toda vez que el presente juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, y de acuerdo a lo previsto por el número 398 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, en su parte infine dispone, que en contra del auto que tiene por objeto ejecutar la sentencia definitiva, no procede ningún recurso, lo que acontece en la causa, ya que la resolución que impugna a través del citado medio de impugnación, tiene como pretensión ejecutar la sentencia definitiva, pues van encaminados directamente a la ejecución de la misma. De ahí que deseche el recurso de revocación, formulado por la parte demandada, por ser improcedente conforme a la ley, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil." [.] La anterior determinación el presente juicio de amparo. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa respecto al acto reclamado en el inciso a), precisado en el considerando que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando se emite una determinación posterior que la sustituye procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la impugnada, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el juicio de amparo no puede coexistir con la nueva resolución que modifica los alcances de la primera; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, es ilustrativa la tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Registro: 165870, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, consultable en la página 1491, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De las constancias remitidas por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, se advierte que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de tres de mayo del presente año, en el cual desechó el recurso de apelación interpuesto por el autorizado del demandado ahora quejoso en contra del auto no aprobatorio de remate dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Inconforme con el auto de dieciocho de mayo de la presente anualidad el autorizado del ahora quejoso interpuso recurso de revocación el cual en auto de dos de junio de dos mil veintidós, fue desechado por improcedente. De lo expuesto, se aprecia que el auto reclamado de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó el recurso de revocación en contra del diverso auto desechamiento del diverso recurso de apelación interpuesto por el citado demandado en contra del auto no aprobatorio de remate emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. De ahí que, al haberse emitido el acuerdo de dos de junio del año en curso, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del ahora quejoso en contra del auto de dieciocho de mayo del año en curso, es evidente que el acto reclamado, consistente en el acuerdo antes mencionado, fue sustituido procesalmente en el juicio de origen, por lo que no es posible analizar la legalidad del auto reclamado, sin afectar las determinaciones posteriores a éste. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, debe sobreseerse el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. En ese orden de ideas, es imposible abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso, tal como lo establece la jurisprudencia con número de registro 239006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del título: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, la suscrita juzgadora respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo que antecede, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." De la lectura de los citados preceptos legales, se advierte que el amparo ante el juez de distrito será procedente contra: a) Actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. b) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. c) Tratándose de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De los anteriores supuestos, el que interesa para efectos del presente asunto es el destacado en el inciso c), donde la procedencia del amparo se posterga hasta que en forma definitiva el instructor del juicio ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. La última de las disposiciones transcritas exige como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de remate, que se reclame la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas en ese período que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Entendiéndose por última resolución, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados -como más adelante se puntualizará-. Esto, en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expedites que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno, Tomo: XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate ventilado en la etapa de ejecución de sentencia; de ahí que resulta improcedente el presente juicio. Efectivamente, el acto reclamado al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, consiste en el acuerdo dictado el de dos de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 602/2011, de su índice, en el cual desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del punto tercero del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós en el cual a su vez se desechó el diverso recurso de revocación interpuesto por el propio quejoso en contra del auto de tres de mayo de dos mil veintidós en el cual se desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del auto no aprobatorio de remate de treinta y uno de marzo de la presente anualidad; pronunciado en la etapa de ejecución del citado juicio natural. En el acuerdo reclamado, el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del ahora quejoso en contra del acuerdo de dieciocho de mayo del presente año, al considerar que el juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil contra el auto que tiene por objeto ejecutar la sentencia definitiva no procede ningún recurso de ahí que conforme a lo establecido en el numeral 57 del mismo ordenamiento legal desechaba el recurso de revocación planteado. Esto es, la resolución que constituye el acto reclamado (recurso de revocación) únicamente tiene por efecto confirmar la legalidad de un acuerdo (de dieciocho de mayo de dos mil veintidós), dictado en la etapa de ejecución de sentencia, en el que, medularmente, desecha un recurso de revocación interpuesto por el autorizado de la demandada, en contra de un diverso auto en el cual se desechó el recurso de revocación en contra del diverso auto de tres de mayo de ese mismo año en el que se desechó el diverso recurso de apelación en contra del auto no aprobatorio de remate de treinta y uno de marzo del año que trascurre. Bajo ese contexto, es posible establecer que la resolución reclamada no constituye la última resolución pronunciada dentro de dicho procedimiento, puesto que, inclusive, su efecto directo e inmediato no incide, ordena, ni impide u obstaculiza la ejecución de la sentencia. Esto, habida cuenta que con el acto que se reclama no se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, o la entrega del bien rematado, momento en el que la parte quejosa podrá hacer valer las violaciones que se hayan cometido en la etapa respectiva. Ello es así, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo estableció que el juicio de amparo es procedente en el procedimiento de remate, en contra de cualquiera de las dos determinaciones que se dicten en el mismo, y tengan por objeto ordenar el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, o la que ordena la entrega de los bienes rematados. Sin embargo, en el caso, como previamente se destacó, el acto reclamado no constituye ninguno de esos dos mandamientos, y que por ende, justifique la procedencia de la acción constitucional en la vía indirecta. Las anteriores consideraciones encuentra sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2011474. Materias(s): Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por consiguiente, la acción constitucional intentada es improcedente, ya que estimarlo de otro modo pugnaría no sólo con el texto de la norma, sino con su espíritu, que no es otro que el de permitir la reparación constitucional únicamente cuando se trate de la última resolución en procedimiento de remate con el propósito de impedir el abuso del juicio de amparo y así evitar que se entorpezca dicho procedimiento, siendo que la última resolución es la que ordena entregar la posesión del bien, después de haberse otorgado la escritura de adjudicación. Lo anterior sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que si bien el acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós en el que se desechó el recurso de revocación que constituye el acto reclamado en esta instancia, tiene como consecuencia inmediata, medularmente, la preparación y desahogo de la diligencia de remate en tercera almoneda del inmueble embargado al aquí justiciable. Por tanto -se insiste-, aun cuando al acuerdo reclamado se pronunció en la etapa de remate; sin embargo, no se trata de una determinación que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, ni la entrega de los bienes rematados, ni que niegue el remate del inmueble, o paralice esta etapa, por lo que resulta improcedente el presente juicio. Todo ello, a fin de evitar que se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicada a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar el fondo de la cuestión planteada. Apoya lo anterior el criterio del entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página noventa y tres del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 86, Sexta Parte, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional". OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

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