Franciso Javier Escudero Villa
Expediente 1644/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1644/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Franciso Javier Escudero Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito mediante el cual acusa recibo del diverso R-489. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar se determina archivar el presente como asunto concluido, así mismo el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de seis meses.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de enero de dos mil quince que en lo conducente dice: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Juez Séptimo del Ramo Civil en esta ciudad y anexo que acompaña, en atención al contenido del mismo y toda vez que de la demanda de amparo que forma este expediente se advierte que FRANCISCO JAVIER ESCUDERO VILLA, reclama del citado Juez: "La sentencia pronunciada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 268/2013, de fecha miércoles 03 de diciembre de 2014 y que me fue notificado por medio de instructivo de fecha 5 de diciembre del mismo año." De los antecedentes del acto reclamado que la parte quejosa narra bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte: 1.- Con fecha 19 de febrero de 2013, el quejoso demandó en la vía ejecutiva mercantil al Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí por diversas prestaciones. 2.- El catorce de mayo del año próximo pasado fue emplazada a juicio la parte demandada quien dio contestación en tiempo y forma. 3.- Pasado que fue por sus diferentes etapas procesales, el tres de diciembre de dos mil catorce, el Juez responsable emitió sentencia definitiva en el juicio de origen, en cuyo resolutivo cuarto absolvió a la parte demandada de las prestaciones exigidas y en el sexto, condenó a la parte actora, aquí quejoso al pago delas costas originadas con motivo de la tramitación de dicho contradictorio. Este es el acto que se combate en el presente juicio constitucional. Por lo anterior, se considera que este tribunal carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías; y a fin de demostrar esta premisa, se deben transcribir los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.] Por tanto, en este asunto se actualiza la hipótesis jurídica prevista en los preceptos trascritos, ya que en el caso se combate la sentencia definitiva dictada por el Juez Séptimo del Ramo Civil en esta ciudad, toda vez que se trata de una resolución que debe considerarse como definitiva, pues no existe ningún acto procedimental que deba realizarse con posterioridad, a fin de que el fondo sea resuelto, dado que ya existió (en la resolución reclamada) tal pronunciamiento. De tal forma, se concluye que de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en contra de este tipo de resoluciones, es procedente el juicio de amparo directo, pues a través de éste pueden combatirse sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no procede recurso ordinario alguno, por la cual puedan ser modificadas o revocadas. Por lo anterior, se estima que quien debe conocer y resolver en definitiva este asunto, es el Tribunal Colegiado en turno de este Circuito. En consecuencia, este Juzgado de Distrito declara su legal incompetencia para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo se estima que quien debe conocer de la demanda es el Tribunal Colegiado en Turno del Noveno Circuito. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del nueve de febrero del presente año. Con copia certificada de la demanda de garantías y sus anexos, fórmese cuaderno de antecedentes, en la inteligencia de que se decretará aperturado el citado cuaderno con el presente proveído. Por tanto, remítanse los autos de este juicio de garantías 1644/2014-VI, y anexo que acompañó la autoridad a su oficio de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, para que los remita al Tribunal Colegiado en Turno, para el efecto de que en caso que exista concordancia con las consideraciones expuestas en la presente resolución provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, comunicando la determinación que en su caso tenga a bien tomar.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Juez Séptimo del Ramo Civil en esta ciudad y anexo que acompaña, en atención al contenido del mismo y toda vez que de la demanda de amparo que forma este expediente se advierte que FRANCISCO JAVIER ESCUDERO VILLA, reclama del citado Juez: "La sentencia pronunciada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 268/2013, de fecha miércoles 03 de diciembre de 2014 y que me fue notificado por medio de instructivo de fecha 5 de diciembre del mismo año." De los antecedentes del acto reclamado que la parte quejosa narra bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte: 1.- Con fecha 19 de febrero de 2013, el quejoso demandó en la vía ejecutiva mercantil al Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí por diversas prestaciones. 2.- El catorce de mayo del año próximo pasado fue emplazada a juicio la parte demandada quien dio contestación en tiempo y forma. 3.- Pasado que fue por sus diferentes etapas procesales, el tres de diciembre de dos mil catorce, el Juez responsable emitió sentencia definitiva en el juicio de origen, en cuyo resolutivo cuarto absolvió a la parte demandada de las prestaciones exigidas y en el sexto, condenó a la parte actora, aquí quejoso al pago delas costas originadas con motivo de la tramitación de dicho contradictorio. Este es el acto que se combate en el presente juicio constitucional. Por lo anterior, se considera que este tribunal carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías; y a fin de demostrar esta premisa, se deben transcribir los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.] Por tanto, en este asunto se actualiza la hipótesis jurídica prevista en los preceptos trascritos, ya que en el caso se combate la sentencia definitiva dictada por el Juez Séptimo del Ramo Civil en esta ciudad, toda vez que se trata de una resolución que debe considerarse como definitiva, pues no existe ningún acto procedimental que deba realizarse con posterioridad, a fin de que el fondo sea resuelto, dado que ya existió (en la resolución reclamada) tal pronunciamiento. De tal forma, se concluye que de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en contra de este tipo de resoluciones, es procedente el juicio de amparo directo, pues a través de éste pueden combatirse sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no procede recurso ordinario alguno, por la cual puedan ser modificadas o revocadas. Por lo anterior, se estima que quien debe conocer y resolver en definitiva este asunto, es el Tribunal Colegiado en turno de este Circuito. En consecuencia, este Juzgado de Distrito declara su legal incompetencia para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo se estima que quien debe conocer de la demanda es el Tribunal Colegiado en Turno del Noveno Circuito. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del nueve de febrero del presente año. Con copia certificada de la demanda de garantías y sus anexos, fórmese cuaderno de antecedentes, en la inteligencia de que se decretará aperturado el citado cuaderno con el presente proveído. Por tanto, remítanse los autos de este juicio de garantías 1644/2014-VI, y anexo que acompañó la autoridad a su oficio de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, para que los remita al Tribunal Colegiado en Turno, para el efecto de que en caso que exista concordancia con las consideraciones expuestas en la presente resolución provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, comunicando la determinación que en su caso tenga a bien tomar. N.P.*
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Juez Séptimo del Ramo Civil en esta ciudad y anexo que acompaña, en atención al contenido del mismo y toda vez que de la demanda de amparo que forma este expediente se advierte que FRANCISCO JAVIER ESCUDERO VILLA, reclama del citado Juez: "La sentencia pronunciada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 268/2013, de fecha miércoles 03 de diciembre de 2014 y que me fue notificado por medio de instructivo de fecha 5 de diciembre del mismo año." De los antecedentes del acto reclamado que la parte quejosa narra bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte: 1.- Con fecha 19 de febrero de 2013, el quejoso demandó en la vía ejecutiva mercantil al Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí por diversas prestaciones. 2.- El catorce de mayo del año próximo pasado fue emplazada a juicio la parte demandada quien dio contestación en tiempo y forma. 3.- Pasado que fue por sus diferentes etapas procesales, el tres de diciembre de dos mil catorce, el Juez responsable emitió sentencia definitiva en el juicio de origen, en cuyo resolutivo cuarto absolvió a la parte demandada de las prestaciones exigidas y en el sexto, condenó a la parte actora, aquí quejoso al pago delas costas originadas con motivo de la tramitación de dicho contradictorio. Este es el acto que se combate en el presente juicio constitucional. Por lo anterior, se considera que este tribunal carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías; y a fin de demostrar esta premisa, se deben transcribir los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.] Por tanto, en este asunto se actualiza la hipótesis jurídica prevista en los preceptos trascritos, ya que en el caso se combate la sentencia definitiva dictada por el Juez Séptimo del Ramo Civil en esta ciudad, toda vez que se trata de una resolución que debe considerarse como definitiva, pues no existe ningún acto procedimental que deba realizarse con posterioridad, a fin de que el fondo sea resuelto, dado que ya existió (en la resolución reclamada) tal pronunciamiento. De tal forma, se concluye que de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en contra de este tipo de resoluciones, es procedente el juicio de amparo directo, pues a través de éste pueden combatirse sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no procede recurso ordinario alguno, por la cual puedan ser modificadas o revocadas. Por lo anterior, se estima que quien debe conocer y resolver en definitiva este asunto, es el Tribunal Colegiado en turno de este Circuito. En consecuencia, este Juzgado de Distrito declara su legal incompetencia para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo se estima que quien debe conocer de la demanda es el Tribunal Colegiado en Turno del Noveno Circuito. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del nueve de febrero del presente año. Con copia certificada de la demanda de garantías y sus anexos, fórmese cuaderno de antecedentes, en la inteligencia de que se decretará aperturado el citado cuaderno con el presente proveído. Por tanto, remítanse los autos de este juicio de garantías 1644/2014-VI, y anexo que acompañó la autoridad a su oficio de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, para que los remita al Tribunal Colegiado en Turno, para el efecto de que en caso que exista concordancia con las consideraciones expuestas en la presente resolución provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, comunicando la determinación que en su caso tenga a bien tomar. N.P.*
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