Franciso Adrian Cruz Martínez

Expediente 690/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
690/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Franciso Adrian Cruz Martínez
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO.ARCHIVO

  2. Principal

    de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso ***, el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós, por lista de acuerdos que se fija en los tableros del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, así como en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (www.cjf.gob.mx), toda vez que la parte interesada no se presentó al Juzgado de mérito, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se dejó el aviso relativo a notificarse del acuerdo aludido

  3. Principal

    Tampico, Tamaulipas, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Se reciben constancias. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 1780/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad General de Investigación Tres, en Ciudad Madero, Tamaulipas, a través del cual, en atención al requerimiento realizado por auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, remite diversas constancias relacionadas con al acto reclamado. Al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, el disco versátil digital DVD. Se estima aplicable lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". En el caso, se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, contenida en el ordinal 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que en lo conducente dispone: ".El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal pronunciamiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". Por su parte el artículo 63 del mismo ordenamiento legal en cita reza: ".El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (.)" Esto es así, ya que en esta fecha, se recibieron constancias, de las que se advierte, el uno de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso Francisco Adrián Cruz Martínez, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito contra la salud previsto por el artículo 477, en relación con el 473, fracciones V y VI de la Ley General de Salud; cohecho, previsto y sancionado por los artículos 216, fracción II, y 217 fracción I; amenazas previsto y sancionado por los artículos 305, fracción II, y 306; así como, delitos cometidos contra servidores públicos, previsto y sancionado por el numeral 188, todos del Código Penal del Estado de Tamaulipas. Probanzas a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Entonces, con base en dichas constancias, se aprecia un cambio en la situación jurídica que imperaba cuando fue detenido, y el cual resulta su reclamo en esta vía constitucional -detención-, pues sus efectos se sustituyeron jurídica y procesalmente con el dictado del auto de vinculación a proceso en comento, por lo que hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la detención y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la resolución de uno de junio de dos mil veintidós, en el que dictó auto de vinculación a proceso contra el ahora promovente del amparo, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de dicha detención, se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa. En lo conducente, apoya el argumento esgrimido, por la idea jurídica que contiene, la jurisprudencia 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió el treinta de enero de dos mil ocho, la contradicción de tesis 119/2007, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página doscientos setenta del tomo XXVII, junio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación, con la voz y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso,aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto, dado el sobreseimiento decretado; asimismo, por las razones expuestas, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación que expresó, tal como lo establece la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 del rubro: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la fecha señalada para la celebración de la audiencia en el presente asunto; por lo que, déjese sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las doce horas con cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea el caso dar vista a la quejosa con dichas constancias en términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de Amparo, toda vez que no causa perjuicio al derecho de audiencia de la parte quejosa, pues resulta obvio que al resolver la situación jurídica del aquí quejoso, la autoridad responsable respetó el derecho involucrado y cumplió lo que éste exige. De igual forma, se estima aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, novena época, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia número 2011905, visible en la página dos mil setecientos nueve, del tomo IV, junio de dos mil dieciséis, decima época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VISTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA NO PRODUCE PERJUICIO AL QUEJOSO QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DE SU DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.", la vista establecida en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, en los casos en que, de oficio, el órgano jurisdiccional de amparo advierta alguna causa de improcedencia respecto de la cual el quejoso no ha tenido oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica. Por lo tanto, es innecesario otorgarla al quejoso en términos del artículo invocado, cuando la causa de improcedencia que se actualiza no le produce perjuicio alguno que justifique el ejercicio de dicho derecho humano, como ocurre en los casos en que el inconforme materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo, ya sea porque se le restituyó en el pleno goce del derecho que estimó violado y se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes del acto reclamado, o bien, porque la autoridad responsable respetó el derecho involucrado y cumplió lo que éste exige". Asimismo, la tesis XI.P.1 K (10a.), visible en la página dos mil doscientos cincuenta y ocho, del tomo III, julio de dos mil dieciséis, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE OMITIRSE, SI ÚNICAMENTE TENDRÍA UN EFECTO DILATORIO EN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA AL QUEJOSO O EN LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO. Cuando se examina por primera vez una causa de improcedencia, cuyo efecto es inocuo para la esfera jurídica del quejoso o recurrente, es innecesario proceder en términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, y de las jurisprudencias P./J. 51/2014 (10a.) y P./J. 5/2015 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, y Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 8, de títulos y subtítulos: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO." e "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.", respectivamente. Así, casos en los que conjuntamente con el sobreseimiento se otorgue la protección constitucional respecto del acto de autoridad que generó el reclamo del quejoso, o bien, en que la improcedencia tiene su origen en una actuación favorable a éste dentro del proceso de origen, el cual concluye a su favor, es indudable que el trámite de la vista al quejoso con la novedosa causal de improcedencia, únicamente tendría un efecto dilatorio en la protección constitucional otorgada o en la conclusión del procedimiento del cual derivó el acto reclamado, con el consecuente retardo en la actualización de los beneficios que de la concesión del amparo o la eventual conclusión del procedimiento de origen deriven para el promovente; por lo que en aras de una más efectiva tutela del deber constitucional a proporcionar una justicia pronta, completa e imparcial, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe omitirse dar vista al quejoso con la causa novedosa de sobreseimiento". Notifíquese personalmente; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y cúmplase.

  4. Principal

    Tampico, Tamaulipas, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal actual que guardan los presentes autos, y una vez analizadas las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte, el uno de junio del presente año, se celebró la continuación de la audiencia inicial con detenido en la carpeta procesal 120/2022, en la que se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso ************, sin que al efecto remitiera el auto de vinculación relativo. Por tanto, a efecto de integrar debidamente el presente juicio de amparo y contar con las actuaciones necesarias para resolver el fondo, en específico, conocer si fue desahogada la audiencia de ley; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable ******************, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres, en Ciudad Madero, Tamaulipas, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, envíe copia certificada y/o archivo digital de la continuación de la audiencia inicial con detenido de uno de junio del presente año, celebrada en la carpeta procesal 120/2022, y en la que se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso ***************. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J.17/97, publicada en la página ciento ocho, tomo V, correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se autoriza a la autoridad responsable, para que remita las documentales requeridas, vía correo electrónico 9jdo19cto@correo.cjf.gob.mx. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, aunado a que, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la ley de la materia. Diferimiento constitucional. En tales consideraciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las doce horas con cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. La fijación de esta fecha y hora, es decir, fuera del término a que se refiere el artículo 115 de la ley de la materia, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal. Se precisa que con el objeto de enfrentar la carga de trabajo sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional, se ha señalado diariamente el número máximo de audiencias posibles. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis1 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE". Notificación por lista a las autoridades responsables. Dado que el contenido del presente auto no actualiza alguno de los supuestos de las fracciones I y II, del artículo 26, de la Ley de Amparo, una vez que sea publicado en lista de acuerdos electrónica del Portal del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción III, del numeral en cita, quedan todas las partes enteradas de su contenido, motivo por el cual, no se generan oficios derivados de este acuerdo. Resulta aplicable en ese sentido, la tesis XX. 304 K del entonces denominado Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito2 , la cual es dable invocar en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, y se lee: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTE OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACION PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA. Es inexacto que el juez de Distrito al acordar el diferimiento de la audiencia constitucional tenga la obligación de ordenar la notificación personal a las partes, en razón de que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que le imponga esta obligación, por tanto, la notificación por medio de lista es ajustada a derecho". Notifíquese.

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