Francish Evelyn Roque Segura

Expediente 861/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
861/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Francish Evelyn Roque Segura
  • Francish Evelyn Roque Segura y Otros.
  • Juez Quinto de Distrito del Decimoquinto Circuito en Mexicali, Baja California
  • Jorge Omar Vallenas Quispe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida a favor de F*****, queda firme para los efectos legales a que haya lugar. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo y en la carátula de este expediente y en su oportunidad remítase el presente expediente al archivo definitivo de este juzgado, como asunto totalmente concluido

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado electrónicamente por Juan Carlos Briones Acosta, quien presentó la demanda de amparo en representación de los quejosos Francish Evelyn Roque Segura y Jorge Omar Vallenas Quispe, quien manifiesta que es de su interés, desistirse del presente juicio de amparo; dígasele que deberá de estarse a lo acordado en proveído de diecinueve de los presentes, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Samuel Soza Mata, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 861/2022-8. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se agregó oficio que remitió el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en el que informó que otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a los quejosos Francish Evelyn Roque Segura y Jorge Omar Vallenas Quispe, lo anterior, hasta en tanto regularizaran su situación migratoria, para acreditar lo anterior, remite copia certificada de dichos documentos. -Desechamiento - De conformidad con el artículo 113 de la Ley Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto obliga al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Asimismo, en la Jurisprudencia VI.2o. J/290 que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo". En el caso, esta resolutora federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que, desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa hace consistir sustancialmente el acto reclamado en: ".a. El aseguramiento, alojamiento y detención administrativa, del quejoso, FRANCISH EVELYN ROQUE SEGURA Y JORGE OMAR VALLENAS QUISPE ambos De nacionalidad PERUANOS en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración domicilio conocido por más de 36 horas, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades responsables de la estación migratoria. b. La violación que consagran en los Derechos Humanos, así como los tratados internacionales de los que México forma parte, en razón a los artículos 1, 11, 14, 16, 18, 22, 21 p. tercero, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c. La aplicación incorrecta del Artículo 15 de la ley de migración. d. La violación al Derecho de pedir refugio como lo establece el Artículo 8 de Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, Artículo 5 y 11 de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, ya que se le debe permitir a la persona extranjera al acceso y la integración al país para que obtenga la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural. Así como el Derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de Refugiado. e. La omisión de las Autoridades responsables en: La aplicación de lo dispuesto en el Artículo 52 Fracción V de la Ley de Migración. f. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la estación migratoria del instituto nacional de migración la incomunicación de la quejosa con su abogado defensor Y amenaza de deportación y traslado a otra ciudad sin juicio previo ni oportunidad de tener una defensa adecuada." Sin embargo, se advierte que en auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se agregó oficio que remitió el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en el que informó que otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a los quejosos Francish Evelyn Roque Segura y Jorge Omar Vallenas Quispe, lo anterior, hasta en tanto regularizaran su situación migratoria, para acreditar lo anterior, remite copia certificada de dichos documentos. Documentales que participan de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. Aunado a ello, en el oficio que remitió el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en el que informó que acata en todos sus términos la suspensión de plano decretada por este juzgado y argumentó que, dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria Mexicali, se hizo del conocimiento a los quejosos, todos sus derechos dentro del procedimiento administrativo migratorio, entre ellos, se encuentra su derecho a solicitar asilo. Por lo que, si a la parte quejosa se le otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas y abandonaron las instalaciones en la que se encontraban alojados, cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además, desaparecieron sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su omisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si los actos reclamados nunca se hubiesen desarrollado, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. No se opone a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa haya señalado un acto privativo de libertad, dado que en auto de quince de junio del presente año, se le previno para que aclarara su demanda en relación a dichos actos reclamados y autoridades, pues el promovente del presente juicio de amparo fue notificado electrónicamente el diecinueve del citado mes y año, aunado a ello, en proveídos de veinte de junio, dos y veintitrés de agosto, se requirió al promovente para que informara si tenía conocimiento del lugar donde se encuentran los directos quejosos Francish Evelyn Roque Segura y Jorge Omar Vallenas Quispe, a fin de que éstos ratifiquen la demanda de amparo presentada a su favor, o manifestara si es su deseo desistirse del presente juicio de amparo; sin que haya dado cumplimiento a los citados autos, de ahí de demuestra el promovente del presente juicio de amparo su desinterés de continuar con la presente instancia. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos del acto reclamado en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo; por lo que se impone a desechar la demanda de amparo que se estudia. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Manuel Alejandro Valero Ortiz, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 861/2022-8. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido al promovente Juan Carlos Briones Acosta, en proveído de dos de agosto del presente año, sin que a la fecha desahogara la prevención contenida en el mismo, siendo la segunda ocasión. Por tal motivo, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN al promovente Juan Carlos Briones Acosta, para que dentro del término de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir de la notificación del presente proveído, informe si tiene conocimiento del lugar donde se encuentran los directos quejosos Francish Evelyn Roque Segura y Jorge Omar Vallenas Quispe, a fin de que éstos ratifiquen la demanda de amparo presentada a su favor, o manifieste si es su deseo desistirse del presente juicio de amparo. Dado que en auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se le tuvo al Sub Representante Local en Los Algodones, Baja California, en suplencia por ausencia del Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, exhibiendo copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas de quince de junio del presente año, a nombre de los quejosos Francish Evelyn Roque Segura y Jorge Omar Vallenas Quispe. Apercibido que, en caso de ser omiso a lo anterior, se le hará efectiva UNA MULTA CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26 apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que el numeral 64 de la Ley de Amparo, establece que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra una causa de sobreseimiento, las partes deberán comunicarlo de inmediato y en caso de o hacerlo se harán acreedores a una multa hasta de TRESCIENTOS veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, como lo cita el numeral 251 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al promovente Juan Carlos Briones Acosta.

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