Francisco Zavaleta García

Expediente 1185/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1185/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Zavaleta García

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento de prevención Intégrese a los autos el escrito del quejoso Francisco Z********************, mediante el cual, desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de veintiuno de noviembre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De tales artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En la especie, de las manifestaciones que vierte la parte quejosa en su escrito de demanda y del escrito aclaratorio correspondiente, las cuales deben considerarse como una confesión expresa de su parte, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 199 y 200 del código procesal en mención, se advierte que la parte quejosa, reclama la resolución emitida el veintitrés de octubre del año en curso, en el cuaderno de antecedentes 176/2023, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, declaró improcedente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto en contra de la determinación del Agente del Ministerio Público de decretar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 730/FEMCCO/2022. En ese sentido, contra dicho acto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (..) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De este último numeral, se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, se permite al gobernado controvertir a través de la vía indirecta únicamente aquellos actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, de modo tal que se impida su ejercicio, dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal. Lo anterior se afirma, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de la promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materias(s): Común, Registro digital: 2006589, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En el caso, el quejoso Francisco Z******************** (imputado en la causa penal 176/2023 formada con motivo de la carpeta de investigación 730/FEMCCO/2022) pretende combatir la resolución de veintitrés de octubre del año en curso, donde el Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, declaró improcedente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto en contra de la determinación del Agente del Ministerio Público de decretar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 730/FEMCCO/2022; sin embargo, esa determinación solamente incide en un derechos procesal pero no es un derecho sustantivo el que materialmente resulta afectado de modo directo e inmediato. Máxime que la resolución reclamada, tiene su origen en la determinación del Agente del Ministerio Público de decretar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 730/FEMCCO/2022, la cual no constituye una determinación definitiva, por lo que, con posterioridad, la resolución que emita la institución ministerial que decida respecto de la carpeta de investigación, puede ser favorable a sus intereses y, aun cuando ello no fuera así, puede reclamarla a través del medio ordinario que tenga a su alcance. Por lo anterior, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Francisco Z********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Asimismo, en cuanto a los requisitos de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo, cabe traer a esta resolución, el criterio contenido en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil seis (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), dictada en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expuso en la parte de interés: "(.) 123. Asimismo, este Tribunal ha considerado que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 (de la Convención( y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. 124. Además de cuestionar los fundamentos de la decisión del Tribunal Constitucional que declaró la improcedencia del amparo, la Comisión alegó, basándose en sus precedentes, que las presuntas víctimas tenían el derecho de que las autoridades judiciales entraran a resolver sobre el fondo del asunto. Por su parte, el Estado citó otros informes de fondo dictados por la Comisión Interamericana y alegó que aunque en esos otros casos los tribunales de justicia no llegaron a pronunciarse sobre el fondo del asunto por razones de procedimiento, aquélla no consideró que el Estado hubiese vulnerado el derecho a un recurso efectivo. 125. En ese sentido, la Corte ha entendido que para que exista un recurso efectivo no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No obstante, el hecho de que determinado recurso sea resuelto en contra de quien lo intenta, no conlleva necesariamente una violación del derecho a la protección judicial. 126. La Corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. (.)". [Énfasis añadido] Como puede advertirse de esta transcripción, la Corte Interamericana estableció que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Asimismo, señaló que por razones de seguridad jurídica, para la CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados PUEDEN Y DEBEN ESTABLECER PRESUPUESTOS Y CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERNOS, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. Este criterio sobre la correcta y funcional administración de justicia, cobra especial relevancia en el juicio de amparo, en cuanto a las causales que lo hacen improcedente, pues los motivos de improcedencia buscan optimizar los recursos humanos y materiales de los que dispone el sistema de justicia, para eficientar su fuerza de trabajo en aquellos asuntos que ameritan el inmediato control constitucional, ya sea por la gravedad de las violaciones a derechos humanos del caso o porque no existe un remedio en los causes legales ordinarios. Lo anterior no significa negar el derecho de acceso a la justicia a las personas, sino que tiene por objeto eficientar la administración de justicia, esto es, evitar el colapso del sistema de justicia con la admisión de todos y cualquier tipo de asuntos. Es por ello que cada sistema de justicia (federal, estatal o municipal), tiene su respectivo ámbito competencial establecido en la Constitución Federal, con la consiguiente asignación presupuestaria establecida por las autoridades competentes, diseñada y calculada para la consecución de sus fines. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de *****, por el que pretende cumplir con el requerimiento que se le formuló en proveído de veintiuno de noviembre, se provee: Al respecto, dígasele que no ha lugar a tenerle cumpliendo con la prevención formulada por las siguientes consideraciones: Mediante proveído de veintiuno del actual, se previno a la parte quejosa para que manifestara, con las copias necesarias y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ".a) Precise cuál es el sentido de la resolución emitida por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, el veintitrés de octubre del año en curso, en la causa penal 176/2023, con motivo del recurso interpuesto contra la negativa de la institución ministerial de determinar el no ejercicio de la acción penal. Es decir, tendrá que decir si el juez responsable declaró improcedente o infundado el medio de impugnación interpuesto; b) Precise si ha promovido diverso juicio de amparo en contra de los actos derivado en la carpeta de investigación 730/FEMCCO/2022; y, f) De ser el caso deberá proporcionar el número de juicio y Juzgado de Distrito que conoce del mismo." Ahora, en su escrito de cuenta, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones respecto del acto reclamado; sin embargo, dichas manifestaciones no fueron pronunciadas bajo protesta de decir verdad, tal como se le requirió. En esas condiciones, no se tiene por cumplida la prevención, pues el escrito de cuenta, no se hace bajo protesta de decir verdad, como le fue solicitado en proveído de veintiuno de noviembre en curso. No obsta lo anterior, el hecho de que en el escrito de cuenta, la parte quejosa haya "PROTESTO LO NECESARIO", toda vez que, dicha frase no puede ser utilizada como suplencia al requerimiento formulado, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 127/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 32 del tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". En tales condiciones, dígase a la parte quejosa que subsiste la prevención y el apercibimiento decretados en acuerdo de veintiuno de noviembre en curso. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada de manera física a este órgano jurisdiccional el diecisiete de noviembre del año en curso, que promovió *****, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet; fórmese expediente físico y electrónico; anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1185/2023, y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales2 , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y prevención Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que existen irregularidades; por tanto, a fin de proveer lo procedente en relación a la admisión de la demanda y evitar alguna violación al procedimiento, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias que formarán parte integrante de la demanda, con las cuales debe correrse traslado a las partes, realice lo siguiente: a) Precise cuál es el sentido de la resolución emitida por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, el veintitrés de octubre del año en curso, en la causa penal 176/2023, con motivo del recurso interpuesto contra la negativa de la institución ministerial de determinar el no ejercicio de la acción penal. Es decir, tendrá que decir si el juez responsable declaró improcedente o infundado el medio de impugnación interpuesto; b) Precise si ha promovido diverso juicio de amparo en contra de los actos derivado en la carpeta de investigación 730/FEMCCO/2022; y, f) De ser el caso deberá proporcionar el número de juicio y Juzgado de Distrito que conoce del mismo. Lo anterior, a fin de contar con mayores datos y estar en aptitud de entablar correctamente la litis, de admitirse la demanda, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, con el objeto de que la autoridad responsable defienda la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para precisar tal circunstancia. Sobre esta prevención, es aplicable, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393 del tomo CVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 368564, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXV, página 3192, con registro 329080 que establece: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Apercibimiento Se apercibe al quejoso que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Asimismo, se le apercibe para que se conduzca en este juicio de amparo con total veracidad, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I 3 , de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Autorizados, notificación vía electrónica y consulta de expediente Téngase por autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y por haberlo autorizado la parte quejosa, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que refiere por no encontrarse registrada su cédula en el referido sistema. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico que indica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "****", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionado, del que se hace saber a la parte quejosa, que sólo será necesario para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Instrucción y envío de oficios Se ordena a la actuaria llevadora de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza a la actuaria firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento del secretario encargado de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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