Francisco Villegas Sanchez
Expediente 1031/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Villegas Sanchez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo signada por ********************, quien se ostenta como asesor jurídico de ********************, contra actos del juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz y otra autoridad, por violación a derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1031/2023-VII-A; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Ahora bien, de la lectura íntegra del ocurso de demanda, se advierte que e promovente reclama en esta instancia constitucional: La resolución emitida por el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, en fecha nueve de noviembre del año dos mil veintitrés, dentro del recurso innominado 11/2023, de su índice, así como sus consecuencias jurídicas, que se tradujeron en la negativa por parte de la autoridad ministerial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz de entregar el vehículo tipo tractocamión, marca ********************, del cual es presunto propietario. En razón de lo expuesto, es procedente analizar la cuestión relativa a la competencia del órgano jurisdiccional que, en su caso, debe conocer de la demanda de amparo, para lo cual es pertinente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: [A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del artículo de referencia se desprenden los supuestos para determinar la competencia de los juzgados de distrito, a saber: a) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Excepcionalmente, cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; así, la competencia la determina el lugar de presentación de la demanda y; c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda respectiva. Con respecto de los supuestos de competencia señalados en el inciso a), cabe hacer la aclaración siguiente: a) En relación con aquellos del lugar donde el acto deba tener ejecución, debe considerarse como tales los que no han sido ejecutados y en virtud de sus circunstancias particulares se llegue a la conclusión de que tales actos reclamados habrán de tener efectos y llevarse a cabo en lugar de su ejecución. b) Que los actos que traten de ejecutarse en determinado lugar son aquellos donde dicha ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud de que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad; pero estos tendrán ejecución en la jurisdicción de otro juzgado de Distrito. c) El lugar en donde se haya ejecutado es aquel en donde tal ejecución ya fue consumada y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada la competencia al juzgador dentro de la jurisdicción en la que se llevó a cabo el acto reclamado; empero, el supuesto en comento puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos. 1) Actos de tracto sucesivo: son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados se consuman en una sola ocasión y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. Con base en lo anterior, es inconcuso que el acto que se reclama en este juicio de amparo encuadra en el primer supuesto antes señalado, ya que comenzó a ejecutarse y continuará en la residencia de la autoridad señalada como responsable, esto es, Cosamaloapan, Veracruz. En efecto, la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pudiera acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distintos distritos, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquéllos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia, intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito donde se presente la demanda. Conforme a lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que para fijar la competencia de los jueces de distrito, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, bajo el rubro y texto siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Entonces, el acto que reclama el ahora promovente comenzó a ejecutarse y continuará ejecutándose fuera de la jurisdicción de este juzgado, y con lo cual, es evidente que será legalmente competente para conocer de este asunto, el juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Boca del Río, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece: (.) VII. SÉPTIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: [.] Cosamaloapan de Carpio[.]. [Énfasis añadido]. Ello es así, ya que se observa del ocurso de demanda que el acto reclamado lo constituye la determinación de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz en los autos del incidente innominado 11/2023 de su índice, en la que resolvió dicho medio de impugnación contra la negativa por parte de la autoridad ministerial agente del Ministerio Público 5 de Cosamaloapan, Veracruz, de ordenar la devolución del vehículo tipo tractocamión, marca ********************, al aquí quejoso, quien aduce ser propietario. Bajo ese contexto, se considera que la ejecución de tal acto comenzó en aquel sitio y continuará ejecutándose ahí [en el sitio donde se lleva a cabo el proceso de origen], esto es, Cosamaloapan, Veracruz, el cual no pertenece a la jurisdicción que ejerce este órgano de control constitucional, ello se afirma, pues la resolución combatida tiene como consecuencia la negativa por parte de la autoridad ministerial, con sede en esa ciudad [Cosamaloapan, Veracruz] de hacer devolución al presunto propietario del vehículo señalado en el párrafo precedente. Además, no existe elemento objetivo que permita suponer que el acto ahora reclamado tendrá ejecución en este distrito judicial, pues al efecto, el promovente no señaló autoridad responsable en el lugar en que este órgano de amparo ejerce jurisdicción, por lo que, es inconcuso que la devolución que en su caso se realice del tractocamión afecto tendrá ejecución como bien se estableció en Cosamaloapan, Veracruz, que es el lugar donde se localizó y se ordenó su resguardo, a más que la autoridad que efectuará dicho trámite tiene residencia en aquélla ciudad. Se acota, que si bien el acto reclamado se trata de la negativa por parte de la autoridad responsable de devolver el vehículo en comento, dicho acto tildado de inconstitucional, trae consigo un acto de naturaleza positiva, ya que la autoridad se rehúsa a obrar en favor de la pretensión de la parte quejosa, lo cual se traduce en la decisión o ejecución de un hacer por parte de la responsable, por tanto, se insiste, esta devolución tendrá sus consecuencias en el lugar en que las autoridades responsables ejercen jurisdicción. De modo que, este juzgado carece de competencia legal por razón del territorio para conocer de la demanda de amparo planteada por la parte promovente, ya que el acto reclamado comenzó a ejecutarse en diversa jurisdicción, a saber, en Cosamaloapan, Veracruz, ya que en dicho sitio tienen su residencia las autoridades responsables, de ahí que la regla general de competencia invocada anteriormente, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Esa finalidad ha quedado plasmada en la tesis sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, tomo 217-228 Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, del contenido siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. De tal manera, en la especie se surte la hipótesis contenida en el párrafo primero del ordinal 37, de la ley reglamentaria en consulta, en cuanto a que en los casos de competencia de los jueces de distrito, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, se insiste, atendiendo a dicha regla, este juzgado de distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ya que no ejerce jurisdicción en la circunscripción territorial donde ejercen las autoridades responsables, donde comenzó la ejecución de los actos que en esta vía constitucional se combaten y, por virtud de ello, los efectos del acto tildado de inconstitucional trascenderán en aquel lugar, por lo que se estima que el trámite y resolución del juicio de amparo corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Boca del Río. Por ilustrativa se cita la 1.15°.A41, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXXIII, marzo de 2011, materia común, página 2288, que a la letra dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, deberá remitirse el juicio de amparo formado con la demanda original y copias al juez de Distrito en el Estado, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese cuaderno de antecedentes, significándole al juez competente que una vez obre lo anterior en su poder, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la legal competencia a él declinada. En el entendido que no se provee respecto a la suspensión provisional solicitada, dado que en el caso en particular no se está en el supuesto que establece el numeral 48 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, ya que los actos reclamados no se encuentran dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 de la citada legislación. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Intervención de autorizados. Por otra parte, se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] ******************** (********************), ******************** (********************),******************** (********************),******************** (********************),******************** (********************), e ******************** (********************), en virtud de contar con cédula inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y en términos del párrafo segundo de dicho artículo a las diversas personas que señala. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el [los] usuario[s] que indica, así como la realización de las notificaciones derivadas de la substanciación del presente juicio por esa misma vía. Correo electrónico y número telefónico. Téngase a la parte promovente proporcionado número telefónico y correo electrónico para entablar comunicación no procesal. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaría encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaría encargada del trámite quien legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y como lo solicita el promovente, se tienen por hechas sus manifestaciones en el sentido de la oposición a la publicación de datos personales, por tanto, los datos personales que deriven del presente sumario deberán clasificarse como reservados, debiendo suprimir datos identificativos.
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