Francisco Villegas Bueno
Expediente 201/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, Cuernavaca, Morelos
- Francisco Villegas Bueno
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que Francisco Villegas Bueno, en cumplimiento al auto de catorce de marzo del presente año, ratificó el escrito presentado el once de dicho mes y año, registrado bajo el folio 4383; agréguese a los autos y téngase por realizada la ratificación de mérito. En consecuencia, se provee lo siguiente: Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, debe señalarse que si bien es cierto que la parte quejosa refirió señalar como acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables el no ordenar al Registro Agrario Nacional la inscripción de la resolución definitiva que emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 152 Fracción I de la Ley Agraria, empero, no menos cierto es, que dicha negativa deriva del acuerdo de once de enero de dos mil veintidós que recayó a la solicitud realizada por la parte quejosa mediante promoción registrada bajo el folio 163 del índice de la autoridad responsable. Pronunciamiento del cual el -aquí quejoso- manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento el trece de enero pasado, a través de la consulta del boletín judicial realizada vía internet. Por ende, dicha manifestación como confesión hace prueba plena de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo. Entonces, el cómputo de la oportunidad en la impugnación de los actos reclamados debe realizarse a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado; por lo que, el plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del catorce de enero al tres de febrero de dos mil veintidós. Lo anterior, sin contar en ese lapso los días inhábiles que mediaron entre dichas datas; en esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintidós de febrero de dos mil veintidós, se advierte que fue presentada fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y como consecuencia se ha consentido tácitamente el acto que se reclama. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se reclama se estima consentido tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para el término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV en relación con el 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, promovida por Francisco Villegas Bueno, por su propio derecho contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, Cuernavaca, Morelos y otras autoridades. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito a nombre de ********************, mediante el cual pretende subsanar la prevención realizada por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda sin proveer respecto a su contenido, toda vez que la firma que calza el escrito de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece en el escrito inicial de demanda de garantías, tal y como se advierte a continuación: Firma del escrito de demanda. Firma del escrito registrado con el folio 4383. En consecuencia, requiérase a ********************, para que dentro del término de tres días, que le será contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado Federal en hora hábil debidamente identificado, con la finalidad de que ante la presencia judicial manifieste sí reconoce o no la firma que calza en el escrito de cuenta, y en su caso, si ratifica el contenido del mismo; en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta; se advierte a la parte promovente de los delitos en que incurre quien declara con falsedad ante la autoridad judicial. En el entendido de que dicha ratificación se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, la cual deberá agendar directamente el interesado, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales"; además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Además, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, se faculta al fedatario de la adscripción para el caso de que la notificación del presente proveído la entienda de manera directa con el promovente de amparo pueda realizar la ratificación del escrito de cuenta. Asimismo, se autoriza la utilización de medios electrónicos y tecnológicos, a través de plataformas que permitan la realización de video llamada, a fin de llevar a cabo el desahogo de la ratificación señalada en líneas que anteceden, lo anterior en términos de lo establecido en el Acuerdos General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual podrá comunicarse al número telefónico 777 388 7240, con la finalidad de coordinar el día y hora hábil para llevar a cabo la diligencia correspondiente. Orienta el criterio anterior la tesis doscientos cincuenta y ocho, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y cuatro, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, cuyo rubro es "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA "QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE "RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y "DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE "CORRESPONDA.". Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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