Francisco Villafaña Contreras

Expediente 1066/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1066/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Francisco Villafaña Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin exceso ni defecto Se ordena el archivo

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. INFORMA GESTIONES DE CUMPLIMIENTO Vista la cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido en representación del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, asimismo, solicita una prórroga de diez días para dar cabal cumplimiento a lo ordenado. Respecto de las gestiones que informa se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. SE CONCEDE PRÓRROGA Finalmente, en atención a lo solicitado por la oficiante y tomando en consideración los argumentos vertidos, dada la naturaleza del juicio en que se actúa y los bienes jurídicos tutelados en los mismos, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como, los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, por única ocasión se concede una prórroga de cinco días, a fin de que la responsable dé cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto; en la inteligencia que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en autos. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; por tanto, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Por lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: "De inmediato emita una respuesta fundada y motivada, respecto de la solicitud de pensión presentada por el quejoso ******************** el ********************. Notifique oportunamente dicha respuesta, ********************" APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con los artículos 192 y 258 de la ley de amparo. En el entendido, que en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe. La Jueza de Distrito La Secretaria

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Toluca, Estado de México; diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1066/2023-II-B; estando en audiencia pública Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de la Secretaria Paola Lizzette Acosta Campos, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Enseguida, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos, sin que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas, en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". Acto continuo la secretaria hace relación de las siguientes constancias: AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICACIÓN INFORME SENTIDO Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios. Foja 19 Fojas 22-28 Acepta Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios. Foja 20 Fojas 22-28 Acepta La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias. PRUEBAS Acto continuo con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el período de pruebas, y la Secretaria da cuenta con la ofrecida por la parte quejosa, consistente en la solicitud de pensión con número de folio 471,462,016-43100 de cuatro de enero de dos mil veintitrés. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza; al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. ALEGATOS Se abre la fase de alegatos en el que se hace constar que las partes fueron omisas en realizar manifestaciones a modo de alegatos. La Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para presentar alegatos en el presente juicio. No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia correspondiente: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1066/2023-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito depositado el siete de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, recibido en este Juzgado el mismo día, por razón de turno, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda de amparo y seguido el trámite correspondiente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama una omisión, por lo cual carecen de ejecución material, y la demanda se presentó en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción en todas las materias de amparo. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridad responsable. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa: AUTORIDADES RESPONSABLES Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. ACTO RECLAMADO La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión con folio 471,462,016-43100, de fecha cuatro de enero de dos mi veintitrés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado, por lo cual se tiene acreditada la certeza de éste. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o que de oficio se aprecien, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El representante de la autoridad responsable, invoca como causa de improcedencia la prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; en el sentido que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, consistente en la promoción del juicio contencioso administrativo. No le asiste la razón a la responsable, por las siguientes razones: Considerando la naturaleza de este acto reclamado, para resolver sobre la procedencia del juicio de amparo, es necesario acudir al artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverá toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Articulo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; (.)." Como se observa, de la norma a que se hace referencia, el supuesto de procedencia del juicio de amparo en contra de actos omisivos únicamente está acotado a que provenga de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, que no deriven de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio, sino que se trate de actos u omisiones puramente administrativos. Así se considera aceptable que las autoridades no solo puedan afectar derechos fundamentales a partir de la realización de actos positivos, sino que se posible que dicha afectación provenga de autos u omisiones. Con lo aquí expuesto es posible considerar que el juicio de amparo procede en contra de omisiones administrativas, reclamadas a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como en el caso sucede, al haberse atribuido la omisión al Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y al Comité mismo, de darle respuesta a su solicitud de pensión. Actuación respecto de la cual, no se aprecia la procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el cual establece: Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 10 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." En ese entendido, se aprecia que el juicio contencioso administrativo constituye un medio ordinario de defensa idóneo para combatir, entre otros supuestos, los siguientes actos: a) Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimientos administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones. b) Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. c) Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta de estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos del este Código. d) Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento. e) Las omisiones de las autoridades de Poder Ejecutivo de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación. f) Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal de expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal. De donde se desprende que en ninguna de las hipótesis descritas se prevé el supuesto de procedencia de juicio contencioso administrativo en contra de la omisión de dar respuesta a su escrito. Así, si bien el precepto legal en mención establece la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las actuaciones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación, en el caso, no se actualiza la hipótesis de procedencia del anotado medio de defensa pues el acto reclamado lo constituye la omisión de las autoridades responsables de darle respuesta a su solicitud de pensión presentada el cuatro de enero de dos mil veintitrés, con número 471, 462, 016-43100. Robustece lo anterior, lo resuelto por el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso de queja 73/2023, en el cual, dicho Órgano Colegiado determinó que, la parte quejosa al reclamar la omisión de dar respuesta a su escrito de petición reconocido en el artículo 8º constitucional, sí procede el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis del concepto de violación. La parte quejosa, aduce la violación a sus garantías contenida en el artículo 8º, de la Constitución General de la República, ya que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su petición formulada el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en donde solicitó la pensión respectiva. El motivo de disenso que hace valer la parte quejosa, resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, siendo necesario suplir la deficiencia de la queja en razón de que la quejosa tiene el carácter de trabajador, tal como lo establece el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, apoya la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 165908, tesis 2a./J. 173/2009, visible en el Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 437 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN AMPARO LABORAL. PROCEDE CUANDO EL QUEJOSO Y EL TERCERO PERJUDICADO SON TRABAJADORES. En congruencia con la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja deficiente, se concluye que el beneficio procesal basado en el principio de justicia distributiva se instituyó en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, exclusivamente en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías como parte quejosa o como tercero perjudicada, de manera que cuando sean trabajadores quienes acudan con el carácter de quejoso y tercero perjudicado, y aun cuando ninguna de las partes se coloca en una situación de desigualdad jurídica que requiera equilibrarse, subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer la obligación de suplir la deficiencia de los planteamientos que la parte obrera realice dentro del juicio de garantías, dando lugar a que en estos casos opere respecto de ambas partes, con el fin de tutelar sus derechos laborales, lo que se traduce en que el juzgador federal resuelva la litis constitucional que incide en el ámbito laboral atendiendo a los fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan derechos laborales.". Dicho concepto de violación, es fundado, puesto que, como lo aduce la quejosa, la autoridad responsable transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, que la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del artículo antes transcrito, derivan ciertos elementos del derecho de petición, siendo los siguientes: 1. Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa. 2. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. 3. Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta de la autoridad. 4. La contestación de la autoridad deberá hacerlo en breve término a quien lo solicitó. Entonces, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia Común, Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126, que dispone: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". De lo anterior, se deduce que el artículo 8° Constitucional, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: Dar contestación por escrito; y b) Que se realice en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Por otra parte, el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio, en lo que interesa, establece: "ARTICULO 73.- El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Del precepto legal transcrito se aprecia, para lo que interesa, que el Instituto responsable cuenta con un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto al otorgamiento de una pensión. En el presente asunto, el quejoso presento el acuse de solicitud de pensión de cuatro de enero del año en curso, con número de folio ********************ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); es una documental a la cual se le otorga valor probatorio concatenada con las manifestaciones vertidas por el representante legal de las responsables al rendir su informe justificado, al reconocer que no se ha dado respuesta a la solicitud de pensión de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se advierte que realizó una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en donde solicitó una pensión; del cual se evidencia que a la fecha de presentación de la demanda han transcurrido más de siete meses; sin embargo, no se aprecia que se haya emitido una respuesta por parte de la autoridad responsable. Por tanto, si las responsables, cuentan con un plazo de treinta días a partir de que recibe la solicitud de pensión y han sido omisas en dar contestación a la petición realizada por la parte quejosa; es evidente que con dicha omisión se transgrede lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso 73, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Por su aplicación, se cita la tesis aislada I.2o.A.5 K, registro: 223375, consultable en el Tomo VII, Marzo de 1991, Página: 137 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DERECHO DE PETICION, VIOLACION AL. La violación al derecho de petición puede ser invocada siempre que un funcionario público no dé respuesta a una solicitud formulada en los términos exigidos por el artículo octavo constitucional, aun cuando lo que se pide se encuentre expresamente previsto en algún precepto ordinario" En consecuencia, a fin que la autoridad responsable cumpla con el derecho de petición consagrado en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, a favor de ********************, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto de la autoridad que corresponda, realice lo siguiente: 1. De inmediato emita una respuesta fundada y motivada, respecto de la solicitud de pensión presentada por el quejoso ******************** el ******************** 2. Notifique oportunamente dicha respuesta, como legalmente corresponda a la parte quejosa. Sin que ello implique que con motivo de la presente concesión, la autoridad responsable esté vinculada a responder favorablemente a los intereses de la solicitante, pues únicamente están constreñidas a dar respuesta en forma congruente con lo planteado y hacerlo del conocimiento al peticionario, en los términos apuntados. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.1o.A. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que establece: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión y las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, para los efectos señalados en el último apartado de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda.

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