Francisco Villa Olmos
Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Francisco Villa Olmos
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA...
- Principal
Visto el oficio..................por el cual se reconoció el conocimiento previo planteado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en relación a los actos reclamados en el juicio de amparo .............. de su índice, dado que los mismas derivan del expediente....................... en relación al cual previamente este órgano jurisdiccional conoció y resolvió en el diverso juicio de amparo ................. de la estadística de este juzgado; atento a lo anterior, hágase del conocimiento del homólogo federal que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Téngase por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda. En otro orden de ideas, quien esto provee advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo que disponen: ................................................................................................................................................................Lo anterior, dado que de autos se advierte que el ............................................ reclama de las autoridades responsables los siguientes actos: ..........................................................................................En esa tesitura y a efecto evidenciar la actualización de la hipótesis prevista en los preceptos legales invocados, conviene puntualizar que del análisis integral de la demanda, se advierte que el ahora quejoso promovió el presente juicio de amparo aduciendo no haber sido notificado del oficio por medio del cual se ordenó se le inhabilitara en el empleo público en el Estado de México por el lapso de cinco años, así como la violación a su garantía de audiencia, en tanto que sostiene bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de tales actos el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por lo que resulta pertinente hacer notar que los juicios de amparo .................. ........ del índice de este juzgado federal, fueron promovidos por el mismo quejoso, y en contra de actos igualmente derivados del procedimiento administrativo ........................... Sin que en el caso se ordene certificar y agregar al presente expediente las constancias que integran los citados juicios de amparo ..............................pues basta que al momento de dictar la presente determinación se tengan a la vista. Ahora bien, de las constancias allegadas por el Inspector General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, como complemento del informe justificado rendido en el juicio de amparo.............. se advirtieron los siguientes antecedentes:............................................................................................................................... Lo anterior resulta suficiente, para acreditar que, contrario a lo que señala el quejoso, tuvo pleno conocimiento del procedimiento administrativo de separación instaurado en su contra, que se tramitó ante la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México bajo el número .................................. el cual fue resuelto el trece de octubre de dos mil dieciséis, por lo que se determinó su destitución del empleo, cargo o comisión que desempeñaba y su inhabilitación por un periodo de cinco años, por lo que los actos reclamados en el presente asunto fueron emitidos con motivo de la ejecución de la referida resolución, tal como lo manifestó la Subdirectora de Recursos Humanos Adscrita a la Dirección General de Administración del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México; lo cual reiteró esta última en el oficio ..................... a través del cual desahogó el requerimiento formulado por el homólogo federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México en esta misma sede. Ahora bien, atento a lo anterior, resulta evidente que los actos reclamados en la presente vía constitucional, fueron dictados en ejecución de sentencia, y que no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que declare cumplida la sentencia o convenio que tenga la calidad de cosa juzgada, como culminación de un procedimiento con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establezca la imposibilidad para cumplirla, siendo que en la especie, los actos que ahora reclama el promovente de amparo, son determinaciones tendentes a obtener el cumplimiento de la condena decretada en el procedimiento administrativo de origen. En consecuencia, es inconcuso que el amparo intentado es improcedente, porque dicho acto reclamado no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, toda vez que ese auto no es una actuación en la que se haya tenido por cumplida la sentencia dictada en el juicio precisado, o bien, que determine la imposibilidad para su cumplimiento, lo que en su caso, sí constituiría la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Esto es así, porque como ya quedó precisado en líneas precedentes, el acto reclamado en cuestión es un acto dictado en ejecución de una resolución, que es impugnable en vía de amparo, cuando se reclame la última resolución dictada en ese procedimiento, máxime que el quejoso no es tercero extraño a juicio, como se precisó en párrafos precedentes. Así, en las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia,lo que procede ES SOBRESEER ANTES DE AUDIENCIA.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DEL AVISO DE DIECISÉIS DE LOS CORRIENTES, AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil dieciocho. Visto el oficio 4999, emitido en el cuaderno de varios, por el cual se reconoció el conocimiento previo planteado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en relación a los actos reclamados en el juicio de amparo 138/2018-VI, de su índice, dado que los mismas derivan del expediente IGISPEM/DR/SAPA/104/2016, en relación al cual previamente este órgano jurisdiccional conoció y resolvió en el diverso juicio de amparo 1484/2016, de la estadística de este juzgado; atento a lo anterior, hágase del conocimiento del homólogo federal que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Téngase por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con el artículo 5, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda. En otro orden de ideas, quien esto provee advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. ." Lo anterior, dado que de autos se advierte que el quejoso Francisco Villa Olmos, reclama de las autoridades responsables los siguientes actos: "De la Directora de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, se reclama: A. El oficio por medio del cual instruyó, ordenó o dispuso que se me inhabilitara en el empleo público en el Estado de México por el lapso de cinco años. B. La omisión de notificarme formalmente dicho oficio girado a las autoridades aquí ejecutoras. De las autoridades Ejecutoras se reclama: A. El cumplimiento que pretende dar a las inconstitucionales ordenes de la Directora de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México. B. Los efectos jurídicos que nazcan del cumplimiento dado a los actos reclamados, como el que se inscriba una sanción en los registros de estilo de estas responsables ejecutoras." En esa tesitura y a efecto evidenciar la actualización de la hipótesis prevista en los preceptos legales invocados, conviene puntualizar que del análisis integral de la demanda, se advierte que el ahora quejoso promovió el presente juicio de amparo aduciendo no haber sido notificado del oficio por medio del cual se ordenó se le inhabilitara en el empleo público en el Estado de México por el lapso de cinco años, así como la violación a su garantía de audiencia, en tanto que sostiene bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de tales actos el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por lo que resulta pertinente hacer notar que los juicios de amparo 1484/2016-ND, 1755/2016-ND y 486/2017-ND, del índice de este juzgado federal, fueron promovidos por el mismo quejoso, y en contra de actos igualmente derivados del procedimiento administrativo IGISPEM/DR/SAPA/104/2016. Lo anterior, atento al principio de que es un hecho notorio para el juzgador, los diversos asuntos que ante él se tramitan, de acuerdo a la jurisprudencia 12, con número de registro 199531, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, página 295,que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Sin que en el caso se ordene certificar y agregar al presente expediente las constancias que integran los citados juicios de amparo 1484/2016-ND, 1755/2016-ND y 486/2017-ND, pues basta que al momento de dictar la presente determinación se tengan a la vista. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, con número de registro 172215, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y contenido: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Ahora bien, de las constancias allegadas por el Inspector General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, como complemento del informe justificado rendido en el juicio de amparo 1484/2016-ND, se advirtieron los siguientes antecedentes: 1. El veintiséis de agosto de dos mil quince fue elaborada el acta circunstanciada 210D11/SUP/495/2015 firmada por Israel Estrada Gutiérrez, servidor público adscrito a la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México y cuatro testigos, con motivo de los hechos que refiere ocurrieron el mismo día durante la realización de las funciones de inspección que refiere le corresponden con motivo de su encargo, en los que indicó que intervinieron diversos elementos de vialidad del Municipio de Naucalpan, quienes presuntamente retuvieron el vehículo en el que se transportaba y trasladaba al elemento Juan Roberto Torres Chavero, a quienes señaló como aquellos quienes llevaron a cabo diversas acciones a fin de intimidar a los tripulantes del vehículo (fojas 22 a 29 del tomo uno de pruebas). 2. Con motivo de lo anterior, el veintisiete de agosto de dos mil quince, el Encargado de la Unidad de Quejas y Denuncias de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México ordenó formar el expediente IGISPEM/OF/IP/0566/2015 y la realización de las diligencias necesarias para llevar a cabo la investigación correspondiente (foja 101 del tomo uno de pruebas). 3. El dieciséis de diciembre de dos mil quince se dictó el acuerdo de remisión de las actuaciones a la Dirección de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública para que determinara si resultaba procedente instaurar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, en contra del quejoso, entre otros elementos (fojas 453 a 510 del tomo uno de pruebas). 4. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis la Directora de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México dictó el acuerdo de recepción y ordenó el estudio de las constancias a fin de determinar la necesidad o no de instaurar procedimiento administrativo disciplinario (foja 511 del tomo uno de pruebas). 5. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis se dio por terminado el periodo de información previa y se ordenó la remisión de las actuaciones al Departamento de Procedimientos de la Dirección de Responsabilidades de la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de México, a fin de que se diera inicio al procedimiento administrativo disciplinario en contra de diversos servidores públicos, entre ellos el ahora quejoso (fojas 516 a 810 del tomo uno de pruebas). 6. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Directora de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México dictó el acuerdo de radicación, determinó el inicio del procedimiento administrativo disciplinario de los elementos involucrados y ordenó la citación del quejoso, entre otros, a fin de que se desahogara la diligencia correspondiente a su garantía de audiencia (fojas 812 a 813 del tomo dos de pruebas). 7. El mismo veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis fue emitido el citatorio correspondiente a fin de hacer de su conocimiento la fecha y hora en que tendría verificativo la diligencia con motivo de su garantía de audiencia (fojas 996 a 1054 del tomo dos de pruebas). 8. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis fue entregado a Francisco Villa Olmos el citatorio correspondiente (fojas 1314 a 1370 del tomo dos de pruebas). 9. El catorce de junio de dos mil dieciséis tuvo verificativo la diligencia con motivo de la garantía de audiencia de Francisco Villa Olmos (fojas 2408 a 2410 del tomo tres de pruebas). 10. El trece de octubre de dos mil dieciséis se resolvió que existía responsabilidad administrativa disciplinaria atribuible a Francisco Villa Olmos (fojas 5180 a 5295 del tomo seis de pruebas). 11. La resolución indicada en el numeral precedente fue notificada al hoy quejoso mediante citatorio el ocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 5297 del tomo seis de pruebas). Lo anterior resulta suficiente, para acreditar que, contrario a lo que señala el quejoso, tuvo pleno conocimiento del procedimiento administrativo de separación instaurado en su contra, que se tramitó ante la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México bajo el número IGISPEM/DR/SAPA/104/2016 el cual fue resuelto el trece de octubre de dos mil dieciséis, por lo que se determinó su destitución del empleo, cargo o comisión que desempeñaba y su inhabilitación por un periodo de cinco años (foja 5295 del tomo seis de pruebas), por lo que los actos reclamados en el presente asunto fueron emitidos con motivo de la ejecución de la referida resolución, tal como lo manifestó la Subdirectora de Recursos Humanos Adscrita a la Dirección General de Administración del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México; lo cual reiteró esta última en el oficio 210D2000/397/2018, a través del cual desahogó el requerimiento formulado por el homólogo federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México en esta misma sede. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 39/2001, con número de registro 189916, que resulta aplicable en la especie, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, página 93, del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Ahora bien, atento a lo anterior, resulta evidente que los actos reclamados en la presente vía constitucional, fueron dictados en ejecución de sentencia, y que no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que declare cumplida la sentencia o convenio que tenga la calidad de cosa juzgada, como culminación de un procedimiento con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establezca la imposibilidad para cumplirla, siendo que en la especie, los actos que ahora reclama el promovente de amparo, son determinaciones tendentes a obtener el cumplimiento de la condena decretada en el procedimiento administrativo de origen. En consecuencia, es inconcuso que el amparo intentado es improcedente, porque dicho acto reclamado no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, toda vez que ese auto no es una actuación en la que se haya tenido por cumplida la sentencia dictada en el juicio precisado, o bien, que determine la imposibilidad para su cumplimiento, lo que en su caso, sí constituiría la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Esto es así, porque como ya quedó precisado en líneas precedentes, el acto reclamado en cuestión es un acto dictado en ejecución de una resolución, que es impugnable en vía de amparo, cuando se reclame la última resolución dictada en ese procedimiento, máxime que el quejoso no es tercero extraño a juicio, como se precisó en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 32/2002, alcanzada por contradicción, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, página 32, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia número 235, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, materia común, 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Así, en las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 en sus fracción XXIII, ésta última en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo lo que procede es sobreseer antes de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la misma ley. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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