Francisco Vera Velazquez

Expediente 444/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
444/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
05/12/2016

Partes del expediente

  • Francisco Vera Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, como se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, y que no se abrió el incidente de suspensión por no haberlo solicitado, se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ SU ARCHIVO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, signado por el licenciado David Roberto Morales Juárez, en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, en representación de la Dirección de Administración del Agua, y del Director General, ambos de la Cuenca Península de Baja California, así como del propio organismo antes citado, con residencia en la ciudad de Mexicali, por medio del cual rinde el respectivo informe justificado, asimismo, anexa copia certificada de la determinación relativa al expediente BCA-0-0357-26-04-16, denominada "Autorización para la Transmisión de Títulos y su Registro, Modalidad C) En Caso de cambio de Titular sin que se modifiquen las características del Titulo" iniciado a petición del quejoso Francisco Vera Velázquez el veintiséis de abril del presente año; documentales, que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, Director General del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, y Comisión Nacional del Agua Organismo de Cuenca Península Baja California, lo siguiente: "Se señala como acto reclamado de las autoridades responsables la violación al derecho fundamental de petición previsto por el artículo 8 Constitucional en virtud de que estas se han abstenido de dar contestación a la solicitud de autorización para la transmisión de título y su registro realzada o formulada por el suscrito de formula escrita, de manera pacifica y respetuosa la cual que fue presentadas ante las autoridades responsables el día 26 de abril del año 2016 tal y como se aprecia del acuse de recibo que en vía de prueba se exhibe adjunto a la presente demanda de amparo." Ahora bien, debe destacarse que en el juicio de amparo indirecto puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, cuando durante el trámite se acredita la existencia de una causal de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, según lo dispone la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, de la novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, de marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, que se refiere a que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que ocurre cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página treinta y ocho, que se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias que remite la autoridad responsable, se desprende que el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, presentó ante la Dirección de Administración del Agua Ventanilla Única, en esta ciudad, la solicitud de cesión de derechos del título de concesión para extraer recursos hídricos número 01BCA103662/APOC08, para lo cual le expidieron el acuse correspondiente, sin que a la fecha de la presentación de la demanda, el veintiséis de septiembre del presente año, le dieran contestación a la solicitud formulada. En consecuencia, se tiene a la autoridad señalada como responsable Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Dirección de Administración del Agua, dando cumplimiento al acto reclamado, pues el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se notificó al quejoso de la determinación dictada en el expediente BCA-0-0357-26-04-16, dictada el catorce de octubre de dos mil dieciséis. En las relatadas circunstancias debe arribarse a la conclusión de que, nos encontramos ante una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de suerte que con ningún elemento de prueba se podría desvirtuar esa situación, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento del juicio de garantías sin necesidad de esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la citada causal de improcedencia. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI y 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, al actualizarse en el caso una causal de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable, es que SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO QUE NOS OCUPA, ello con el propósito de cumplir con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el escrito de cuenta, signado por el licenciado Francisco Javier Ayala Castañeda, autorizado del quejoso Francisco Vera Velázquez, por medio del cual exhibe, en copia simple, la resolución 0671/2016, que contiene la determinación de "autorización para la transmisión de titulo y su registro" solicitado por el quejoso de mérito el veintiséis de abril del presente año; agréguese para que obren como corresponda, mismas que se considerarán en el momento de resolver el presente asunto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso b) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa el proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis que en lo conducente dice: "... Ensenada, Baja California, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que en el presente expediente se señalaron las once horas del dos de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional, y atendiendo que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, acordó declarar como días no laborables para las áreas administrativas del propio Consejo, para los órganos auxiliares, así como para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, incluidos los Centros Auxiliares y los de Justicia Penal Federal, el lunes treinta y uno de octubre, martes uno y miércoles dos de noviembre del presente año; por tanto, no puede quedar celebrada por constituir una irregularidad que produce estado de indefensión a las partes privárseles de la oportunidad de aportar pruebas y alegar lo concerniente a sus intereses; por lo que deberá señalarse un día hábil para celebrarse la audiencia constitucional en este juicio.En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO..."

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