Francisco Velazquez Ramirez
Expediente 765/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Velazquez Ramirez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por---, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
Constancia en cumplimiento al proveído de veintisiete del mes y año en curso, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de esa misma fecha, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ---, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Silao, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 765/2016-IV; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional, advierte que cobra aplicación la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fraccióones III, IV y V (aplicado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de liquidación de costas procesales derivado del juicio ordinario civil ---, del índice de la responsable, en la que determinó confirmar los autos de veintiocho y treinta de junio y catorce de julio, todos del presente año, en los que se ha otorgado diversas prorrogas a los peritos --- y ---, a efecto de que rindan sus respectivos dictámenes periciales. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, establecen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Ello es así, ya que la determinación que se combate (acto reclamado) se trata de una violación procesal que fue emitida en la etapa de ejecución de sentencia, pero después de concluido el juicio de origen, por lo que deberá reclamarse en la última resolución que se dicte dentro del incidente de liquidación o regulación de gastos y costas, promovido dentro del procedimiento natural, habida cuenta que la determinación del juez de origen de conceder diversas prorrogas a los peritos --- y ---, a efecto de que rindan sus respectivos dictámenes periciales, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos del quejoso una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicha determinación no incide en derechos sustantivos del quejoso sino sólo, y a lo más, en sus posibilidades de defensa en juicio. De lo anterior, se advierte que resulta improcedente el presente juicio de amparo que se intenta en contra de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, por el Juez Primero Civil de Partido de Silao, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil --, en el que confirmó los autos de veintiocho y treinta de junio y catorce de julio, todos del presente año, pues que no es la última resolución dictada dentro del incidente citado. De ahí que, si durante el trámite de una incidencia como de la que se trata, que culmina con una interlocutoria susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, el afectado puede reclamar esta infracción junto con la interlocutoria correspondiente, aplicando por analogía los principios que informan el amparo directo contenidos en los artículos 170 y 171, 172 y 173 de la ley de la materia. Por lo tanto, si en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo, las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los artículos que le preceden sólo pueden reclamarse al promoverse éste contra la sentencia definitiva, en iguales términos debe estimarse, por analogía, tratándose de violaciones procesales que preceden de una interlocutoria. En tales condiciones, si como ya se ha visto el acto reclamado lo constituye una resolución que confirmó diversos autos que concedieron diversas prorrogas a los peritos --- y ---, a efecto de que rindan sus respectivos dictámenes periciales, proveídos en el trámite de un incidente de liquidación de gastos y costas en ejecución de sentencia, es indudable que la demanda de garantías sólo procede contra la resolución interlocutoria que llegue a dictarse en el incidente de mérito. Cabe precisar, que el aludido incidente de liquidación de gastos y costas necesariamente culminará con una resolución, la cual puede combatirse en amparo indirecto sólo si se trata de la resolución final, en la que, se reitera, podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en ese procedimiento, en la medida que de tratarse del desechamiento del incidente no cabría su trámite y resolución. Se destaca que conforme al arábigo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en aplicación por analogía de los principios que rigen el juicio de amparo directo, contenido en los numerales 170 y 171, 172 y 173 de la ley en comento, cuando se trata de violaciones al procedimiento dentro de un incidente, el juicio de amparo indirecto está reservado únicamente contra la interlocutoria que resuelva dicha incidencia, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el trámite del incidente que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Con ello el legislador tiende a evitar, de esta manera, la proliferación innecesaria de juicios constitucionales que impidan la continuación del procedimiento incidental. Así las cosas, al constituir el acto reclamado una resolución dictada dentro de un incidente de liquidación o regulación de gastos y costas derivado del juicio ordinario civil ---, sin que ponga fin a dicha incidencia, es innegable que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV (aplicado a contrario sensu), 170, 171, 172 y 173 (aplicados por analogía), todos de la Ley de Amparo. De ahí que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes citada, por lo que con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. En atención a su petición, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copias simples de las constancias que indica, previa razón de recibo que se deje en autos. Hágase saber al promovente que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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