Francisco Velázquez Islas

Expediente 1047/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1047/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • Francisco Velázquez Islas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de treinta de noviembre del año en curso, que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ***; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obran documentos considerados como no originales; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; póngase a disposición de la parte quejosa los documentos exhibidos catalogados como "no originales"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éstos serán destruidos; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del acuerdo general citado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO. AUTO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

  3. Principal

    Dada la cuenta y la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días que se concedió a la parte promovente del amparo para que desahogara el requerimiento contenido en el proveído de cuatro de octubre del año en curso, sin que a la fecha lo haya realizado. Ahora, debe decirse que, en el referido auto, se requirió a la parte inconforme, en los términos siguientes: "[- - -] En caso de que impugne de forma independiente las actuaciones atribuidas al juez y el actuario responsables, deberá precisar 1) la data en que cada una de las actuaciones que impugna se emitió, la forma en que se notificaron o tuvo conocimiento de ellas; 2) expresará de forma clara y precisa el contenido de cada una de dichas actuaciones y 3) señalará si en contra de tales actos hizo valer algún medio de defensa ordinario o extraordinario, de ser el caso, indique ante qué autoridad se tramita y el estado procesal que guarda dicho medio de impugnación Esto es así, pues los numerales 108 y 114, ambos de la legislación de la materia -fracciones IV y IV respectivamente-, estipulan que en la demanda de amparo indirecto se expresará con precisión el acto reclamado, la autoridad responsable y cada hecho u omisión que de ella se reclame, ya que de ello depende la correcta integración de la Litis constitucional. - Indique bajo formal protesta de decir verdad y de ser el caso, cuándo fue la primera y última vez que compareció al asunto de origen, así como el motivo de tal actuación. Se precisa que deberá presentar su escrito aclaratorio de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, con las copias correspondientes para cada una de las partes -autoridades responsables, terceros interesados y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita-, así como las correspondientes para el incidente de suspensión. En la inteligencia que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, podrá ser sujeto a lo dispuesto en el numeral 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que pueden hacerse merecedores la parte quejosa, su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, incurren en las conductas anteriores. Y, es que la finalidad de una prevención es que se satisfagan los requisitos de ley -en amparos de estricto derecho como el de la especie- pues con independencia de la calidad que ostente -parte formal, tercero extraño en estricto sentido o en forma equiparada- no está eximida de cumplirlos, sobre todo porque únicamente con base en su contenido preciso es factible verificar los presupuestos procesales de la acción constitucional y apreciar que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este sentido, las exigencias contenidas en el artículo 108 de la legislación de la materia deben ser colmadas por quien dice agraviado, por lo que este juzgado no puede soslayar que no se satisfagan las formalidades del numeral en comento. Lo anterior, con independencia de que el impetrante señale que el acto reclamado debe considerarse como de imposible reparación, pues los requisitos aludidos en el numeral señalado en el párrafo precedente, tienen como finalidad que el órgano de amparo integre debidamente la relación jurídica procesal y así, estar en posibilidad de pedir a las autoridades responsables los informes respectivos, emplazar a los terceros interesados, dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para exponer lo que a su derecho convenga, de ahí que la falta de prevención respecto de esos puntos, transgrediría las normas fundamentales del procedimiento de amparo. Asimismo, no está demás precisar que por el momento no ha lugar a proveer en relación con la suspensión del acto reclamado, ya que la sola presentación de la demanda no implica que deba concederse dicha medida cautelar, pues como ya se ha establecido en esta determinación, previo a ese pronunciamiento, deben quedar satisfechas las formalidades necesarias e indispensables contenidas en el multicitado artículo 108 de la ley de la materia, ni tampoco que la demanda deba admitirse inmediatamente, porque no se está en los supuestos que alude el arábigo 112, en relación directa con los numerales 15 y 20, todos de la Ley de Amparo, por tratarse este asunto del orden civil y de un acto dictado dentro de procedimiento. Por último, recuérdese a la parte quejosa que la materia de la prevención versa sobre aspectos conformadores de la litis constitucional y exigen declaratoria bajo protesta de decir verdad, lo que implica además que el desahogo de esta prevención debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, o bien, por su representante legal. En ese sentido, el requerimiento que se abstuvo de cumplimentar la parte quejosa, versa directamente sobre los requisitos previstos en artículos 108, fracciones II, IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo. Así las cosas, al tomar en consideración que la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el órgano jurisdiccional esté en posibilidad de admitir la demanda, una vez cumplidos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales sea dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos y que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por lo tanto, como el cumplimiento de la prevención es condición para proveer sobre la admisión de la demanda y en la especie ello no aconteció, dado que se reitera, no se desahogó lo solicitado, con fundamento en el artículo 114, en relación con el numeral 108, ambos de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de octubre del año en curso y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda. Máxime que en la citada determinación, se le hizo saber a la parte solicitante del amparo las consecuencias que legalmente podían derivar de su incumplimiento. Notifíquese por lista a la parte inconforme.

  4. Principal

    Dada la cuenta que antecede y visto el escrito de cuenta mediante el cual el promovente del amparo pretende desahogar la prevención formulada en proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad. Al respecto y toda vez que en la resolución señalada, se requirió a la parte inconforme a efecto de que complementara su demanda con los puntos ahí establecidos; sin embargo, de la revisión del impreso de cuenta y sus copias, se desprende que todos carecen de la signatura autógrafa o electrónica, del quejoso, ******, se provee. En principio, debe decirse que la firma es una formalidad indispensable para que se dé curso a cualquier promoción judicial, ya que ésta sirve para acreditar la voluntad del suscriptor, dar autenticidad a dicho documento y determinar, en su caso, los derechos y obligaciones que adquiera el signante en razón del contenido del ocurso respectivo y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Ahora, recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa o electrónica del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad y valor. Sobre esa base, de la revisión del escrito aclaratorio que se provee y sus copias, se desprende que carecen de la firma autógrafa o electrónica del promovente y por lo tanto, no se advierte la manifestación de su voluntad, ya que como se ha precisado, para la tramitación de la instancia constitucional, se requiere de ésta, que es el signo inequívoco de la expresión del ánimo para realizar el acto procesal correspondiente, lo que conlleva el acreditamiento de la autenticidad del documento suscrito y logra la eficacia prevista en la ley. Así, queda evidenciado que la ausencia de firma se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción del impreso aclaratorio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 235463, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." Del mismo modo, sustenta lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo IX, página cuatrocientos noventa y cuatro, de rubro y contenido siguientes: "PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente." Por lo tanto, una vez que la parte quejosa desahogue la prevención efectuada o transcurra el plazo concedido para tal efecto, se proveerá lo que en derecho corresponda en relación con la procedencia o no del escrito inicial. Notifíquese por lista.

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