Francisco Vega Guerrero

Expediente 977/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
977/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Francisco Vega Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro, además remite copia autorizada de la resolución dictada en el recurso de queja 309/2018, cuyo[s] resolutivo[s] dice[n]: [Ú]NICO. Es infundado el recurso de queja. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual la parte quejosa solicita acceso al expediente electrónico. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, como lo solicita la promovente se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica; asimismo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su demanda.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Jueza de Primera Instancia adscrita al Segundo Partido Judicial del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 16 y 19 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 977/2018-VII. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: Audiencia de formulación de imputación de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Auto de vinculación de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. La suspensión condicional del procedimiento decretada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, todos emitidos en la causa penal II-974/2018. Al respecto debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a este tribunal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ahora bien, en el caso particular respecto a los actos reclamados consistentes en la formulación de imputación y el auto de vinculación a proceso emitidos el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de la voluntad que entrañen ese consentimiento. Artículo 17. [.] Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. El artículo 61 fracción XIII de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En ese sentido, el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sobre el particular, estamos en presencia del consentimiento expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos, por lo que un acto consentido expresamente es aquel respecto del cual no puede admitirse duda o equivocación sobre si se consintió o no; mientras que estaremos en presencia del consentimiento tácito cuando sea el resultado de hechos o actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo y será válido cuando la ley de que se trate no establezca disposición en contrario, que la voluntad en el caso de que se trate deba o no manifestarse expresamente. Y por lo que ve al artículo 17 constitucional este establece los mecanismos que buscan justicia restaurativa, que requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Es así, porque la aceptación del inculpado no es gratuita, ya que a través de la celebración de un mecanismo de solución alterna, el imputado suspende la tramitación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad, así como la consecuente reparación del daño. Por otro lado, la suspensión condicional del proceso se encuentra regulada en los artículos 191 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: [A]rtículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal." Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento." Los anteriores numerales regulan la suspensión condicional del proceso el cual es un mecanismo autocompositivo cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el juez, cuya observancia, genera la extinción de la acción penal en delitos cuya pena media aritmética no exceda de cinco años de prisión. En ese sentido, la solución alterna de mérito requiere como presupuesto el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo alternativo, lo cual implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso y, con ello, evita la posibilidad de se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad Ahora bien, de la demanda se advierte que el día diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, una vez que se desahogó la audiencia de imputación, se decretó auto de vinculación a proceso contra Francisco Vega Guerrero, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 229, en relación al 22, fracción II, 23 fracción I, y 27 Apartado A, fracción I del Código Penal del Estado de Colima; que después de un receso el imputado llegó a un acuerdo con la ofendida y aceptó pagar $80,000.00 (ochenta mil pesos), como reparación de daño, por lo que se decretó la suspensión condicional del procedimiento, que establece el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, si el quejoso aceptó el pago de los daños, fue que se decretó la suspensión condicional del proceso, es inconcuso que en el caso existe consentimiento expreso de la resolución aquí combatida, en razón de que externó su voluntad de someter el conflicto penal incoado en su contra a un mecanismo alternativo de solución de controversias, situación que evidencia la aceptación de los hechos materia de la imputación y, por consiguiente, de las bases jurídicas que sustentan su actual vinculación al proceso o que, al menos, no los cuestione, al obligarse a cumplir las condiciones indicadas por el juez, a cambio de evitar la imposición de la pena. Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, ocasionen una afectación en la esfera patrimonial de la parte quejosa, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, por lo que ve a la suspensión condicional del procedimiento decretada el diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, que también señala como acto reclamado el quejoso, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Dicho numeral y fracción disponen la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Excepto en los supuestos siguientes: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Asimismo, la tesis III.1o.TAux5K, publicada en la página mil quinientos Por su parte, el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: [A]rtículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. Dicho numeral y fracción transcritos establecen que son apelables las resoluciones del Juez de Control que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. Ahora bien, el acto reclamado se hace consistir en la suspensión condicional del proceso decretado en la audiencia inicial de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, correspondiente a la causa penal II-974/2018, en la que se acredita que no se interpuso recurso de apelación contra la referida resolución judicial. En consecuencia, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva del hecho de que no se agoten los recursos que procedan contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas en esta instancia constitucional, como sucedió en el caso a estudio, ya que el acto reclamado por el quejoso es impugnable a través del recurso de apelación que establece el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a que el quejoso no tiene el carácter de persona extraña a la causa penal ni se restringe la libertad personal, pues de la lectura de los puntos dos y tres de los hechos de la demanda de amparo se advierte que tiene el carácter de imputado del delito. Consiguientemente, al ser parte en la referida causa penal y haber tenido conocimiento de la determinación que impugna, su acción de amparo para reclamar la suspensión condicional del juicio decretado en la audiencia inicial en que se le vinculó a proceso el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, quedó supeditada a la regla establecida en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo indirecto al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes. Luego, al no tener el carácter de persona extraña a la causa penal de origen ni ser un acto que afecta la libertad personal, indudable resulta que el juicio de amparo es improcedente, pues contra el auto que decretó la suspensión condicional del proceso de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado por la Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, del Segundo Partido Judicial, en la causa penal II-974/2018, resulta procedente el recurso de apelación que establece el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, previamente a la presentación del juicio de amparo contra el auto reclamado, el quejoso debe de hacer valer el citado medio de defensa previsto en el numeral citado. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por ser notoriamente improcedente, por lo que ve al acto que reclama consistente en la suspensión condicional del proceso.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · 15,493 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano