Francisco Vega Castillo

Expediente 56/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
56/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Francisco Vega Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por el quejoso Francisco Vega Castillo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 56/2021-2, promovido por Francisco Vega Castillo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con: 1. Instrumental de actuaciones; 2. Presuncional legal y humana; 3. Copia con firma autógrafa y sello del acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad responsable ordenadora, en autos del expediente laboral 2218/2016, exhibida por la parte quejosa en su escrito inicial; 4. Informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y 5. La copia certificada del acuerdo de doce de febrero de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente laboral 2218/2016, así como del oficio 186/2021-IBG, de esa misma fecha, que remitió la autoridad responsable ordenadora como anexo a su informe justificado. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con la manifestaciones a manera de alegatos, realizadas mediante escrito signado por Gustavo Ernesto Pulido Pérez, autorizado del quejoso Francisco Vega Castillo. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al autorizado de la parte quejosa, formulando sus alegatos en el presente juicio, sin que las demás partes hicieran uso de este derecho, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 56/2021-2, promovido por Francisco Vega Castillo, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en el buzón judicial el veinte de enero de dos mil veintiuno, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintiuno siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós del mismo mes y año, Francisco Vega Castillo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 2218/2016. 2 Omisión de emitir el exhorto correspondiente para emplazar a la demandada. 3 La falta de emplazamiento a juicio a la parte demandada. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco. 2 Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 Actuario de la Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 56/2021-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable ordenadora tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en autos del expediente 2218/2016, del índice de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco La omisión de emitir el exhorto correspondiente para emplazar a la demandada. La falta de emplazamiento a juicio a la parte demandada. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO A LA PARTE DEMANDADA. Es inexistente el acto reclamado a la Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, así como al actuario de su adscripción, quienes al rendir sus respectivos informes, negaron el acto que se les reclama. Cabe mencionar, que si bien es cierto que de las constancias exhibidas por la autoridad responsable ordenadora, se observa que en acuerdo de doce de febrero de dos mil veintiuno, ordenó regularizar el procedimiento del juicio laboral 2218/2016 y señaló las once horas del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, giró exhorto a través del oficio 186/2021-IBG, a la Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, para que en auxilio y colaboración se sirva notificar y emplazar a juicio a la demandada Marítima de Ecología, sociedad anónima de capital variable; por lo tanto, a ningún fin práctico conduciría presumir cierto el acto que se les reclama a dichas ejecutoras, dado que resulta evidente que el fedatario no se encontraba en aptitud legal para notificar el citado proveído y, por ende, emplazar a la demandada, puesto que al momento de ser presentada la demanda (veinte de enero de dos mil veintiuno), no existía dicho mandamiento. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por ende, en lo tocante procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del citado acto reclamado. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados, por haberlo reconocido el Presidente de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco al rendir su informe justificado; afirmación que se corrobora con la copia certificada del proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, así como del oficio 186/2021-IBG, de esa misma fecha, que adjuntó a su informe con justificación. Documentales públicas, a la cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fue contradicho su contenido. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, del Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. El artículo 61 de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de la constancia remitida por la autoridad responsable ordenadora, al rendir su informe justificado, consistente en copia certificada del proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio laboral 2218/2016, se desprende que ordenó regularizar el procedimiento y señaló las once horas del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, giró exhorto a través del oficio 186/2021-IBG, a la Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, para que en auxilio y colaboración se sirva notificar y emplazar a juicio a la demandada Marítima de Ecología, sociedad anónima de capital variable. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veinte de enero de dos mil veintiuno, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable ordenadora pues no había señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ni ordenado de nueva cuenta notificar y emplazar a juicio a la demandada Marítima de Ecología, sociedad anónima de capital variable, a través de exhorto; sin embargo, a la presente data en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por Gustavo Ernesto Pulido Pérez, autorizado del quejoso Francisco Vega Castillo, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido a Francisco Vega Castillo, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; se agrega a estos autos el escrito de cuenta, signado por Gustavo Ernesto Pulido Pérez, autorizado del quejoso Francisco Vega Castillo, y en relación a su contenido se acuerda: Se tiene a la parte promovente, haciendo diversas manifestaciones a manera de alegatos en relación a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; de las que se harán relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional, como lo dispone el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguense a los autos los telegramas de cuenta, signados respectivamente, por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, y Actuario de dicha adscripción, autoridades señaladas como responsables, mediante los cuales rinden informe justificado, en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como de autos se advierte que por acuerdo de veinticinco de enero del año actual, se reservó proveer respecto de la prueba consistente en los informes justificados que rindieran las autoridades responsables, y en virtud de lo decretado en el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las referidas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo. Notifíquese.

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