Francisco Vargas Sánchez

Expediente 1139/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1139/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Francisco Vargas Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido en exceso según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se desechó la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presente debidamente identificado en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por César Alejandro Luquin Rodríguez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, solicita se requiera a la autoridad el cumplimiento; al respecto y en atención a sus manifestaciones, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en auto de dos de julio de la presente anualidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida por esta autoridad en su fecha, Noel Betanzos Torres, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Magistrados integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia, actuario de su adscripción y Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado y actuario de su adscripción, todos del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, que desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve". SEGUNDO. En siete de agosto de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, la radicó con el número de expediente 487/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó a juicio a la parte tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  La interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil veinte, que desecha el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa contra el acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, que no acuerda favorable la petición de tomar las medidas necesarias para desahogar las convivencias libres entre el quejoso no custodio, con sus menores hijas decretadas en convenio elevado a cosa juzgada, en ejecución de sentencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Magistrados integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia, actuario de su adscripción -adhiere- y Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado y actuario de su adscripción -adhiere-, todos del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado aceptaron el acto reclamado, y remitieron copia certificada del toca civil 1301/2019-4, 161/2014-1; y expediente civil 172/2018-2 y su acumulado 06/2017-2, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Como apoyo a las consideraciones precisadas, es adecuado citar el criterio Jurisprudencial 278 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su antigua integración, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 231, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad." Así como la Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, sobre el particular, la tercero interesada señala que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón a que el quince de septiembre de dos mil veinte, el juez natural proveyó respecto a las convivencias libres decretadas en convenio elevado a cosa juzgada entre el ahora quejoso y sus menores hijas, así como apercibió a los padres en caso de incumplimiento. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: Mediante escrito de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, Noel Betanzos Torres, promovió ejecución forzosa del convenio aprobado elevado a cosa juzgada relativo al punto dieciocho de la cláusula octava del convenio: ". 18.- A partir del día seis de julio de dos mil diecinueve las convivencias de las menores . con Noel Betanzos Torres, serán todos los días sábados y domingos de cada quince días iniciando las convivencias el día sábado a las nueve horas con treinta minutos y terminaran el día domingo a las dieciocho horas, las cuales serán de manera libre y sin supervisión alguna." Y en razón a que no se han podido llevar a cabo solicitó al juez del proceso tomar las medidas necesarias para que se realicen, así como habilitar al actuario de su adscripción de fe de la entrega de las menores en el domicilio donde se encuentran depositadas. Mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, el juez responsable acordó: ". atento a su contenido, dígase al promovente que promovido que sea conforme a derecho se acordará lo conducente, en virtud de que el artículo 614 fracción V del Código Procesal Familiar en vigor, establece que cualquier alteración y modificación de las determinaciones realizadas por el juez que surjan, tratandos (sic) de convivencias, deberá ser tramitada en la vía incidental." Por escrito de trece de diciembre de dos mil diecinueve, el quejoso interpuso recurso de queja contra el acuerdo de seis de diciembre de ese año. En interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil veinte, la Sala responsable en el toca civil 1301/2019-4, resolvió el recurso de queja, declarándolo improcedente; que resulta ser el acto reclamado. Mediante acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte, el A quo, proveyó diverso escrito del quejoso, donde determinó: ". por lo tanto lo conducente es atender a lo determinado en resolución de cinco de febrero de dos mil veinte dictada por Mayoría de los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 1189/2019-18, por lo tanto y tomando en consideración que la dirección del proceso está confiada a la juzgadora, quien la ejercerá de acuerdo a las disposiciones del Código Familiar, encontrándose obligada la suscrita a tomar las medidas que ordene la ley, o que deriven de sus facultades de dirección, para prevenir cualquier actividad u omisión, además, de que la ley me faculta para proceder de oficio corregir cualquier omisión en el proceso, así como para tomar las medidas tendientes a evitar su paralización, atendiendo a lo posible a la igualdad de oportunidad de las partes en el proceso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 fracción VII del Código Procesal Familiar, se ordena subsanar dicha omisión en los siguientes términos: . se autoriza al actuario adscrito a este juzgado certifique y de fe de la entrega de las menores en cuestión en el domicilio ubicado en. los días señalados por el ocursante lo anterior, en cumplimiento de la ejecución forzosa directa respecto de la cláusula octava del convenio aprobado de siete de marzo de dos mil diecinueve elevado a categoría de cosa juzgada, . en la que se establecieron la forma y términos en las que se realizará la convivencia del progenitor con sus menores hijas, sin que ello implique se les obligue a tener esa libre convivencia, pues en dado caso de que persista oposición de las menores referidas de convivir con su progenitor, no custodio, se tomaran las medidas que conforme a derecho procedan a efecto de que puedan restablecer las convivencias entre padre e hijas, manteniendo contacto directo entre ellos de modo regular salvo que esto fuere contrario al interés superior de dichas menores pues en tal caso las menores y ambos progenitores deberán someterse a un tratamiento psicológico que permita el crecimiento espiritual y psicológico de las menores y de ambos progenitores que deben tener hacia sus menores hijas." Así, de la narrativa de antecedentes se desprende que la parte quejosa en el escrito de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, solicitó al juez del proceso proveyera lo conducente a efecto de que las convivencias libres decretadas con sus menores hijas se puedan llevar a cabo en los términos autorizados, así como que el actuario responsable certifique y de fe de la entrega de las menores al ahora quejoso, que motivo el acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, donde se le previno en el sentido que, una vez que promueva conforme a derecho se acordara lo conducente, inconforme con lo proveído interpuso recurso de queja, que la sala responsable en interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil veinte, resolvió improcedente; sin embargo, la tercero interesada señala que el quince de septiembre de dos mil veinte, la juez del proceso acordó lo referente a las convivencias decretadas y autorizó al actuario responsable certificar y dar fe de la entrega de las menores a su progenitor, por el que precisa que ha cesado la omisión de llevar a cabo las convivencias de que se duele la quejosa como fueron decretadas. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí parte quejosa reclama en la instancia constitucional que el juez natural en vía de ejecución forzosa directa de la cláusula octava, numeral dieciocho, provea lo conducente a efecto de que las convivencias libres entre el quejoso con sus menores hijas se lleve a cabo, así como que el actuario responsable certificara y diera fe de la entrega de las menores en el domicilio de depósito y posterior devolución, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, tal acto reclamado quedó superado, esto es así, pues del acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable autorizó que el actuario de su adscripción certificara y diera fe de la entrega de las menores en las datas programadas y posterior devolución, asimismo, en cuanto a las convivencias libres apercibió a los padres que en caso de persistir oposición de las menores de convivir con su progenitor, tanto las menores como sus progenitores deberán someterse a un tratamiento psicológico, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener vigencia, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (tres de agosto de dos mil veinte), el juez natural no se había pronunciado en cuanto a tomar las medidas necesarias a fin de tener las convivencias libres entre el quejoso y sus menores hijas, así como que un actuario de su adscripción certificara y diera fe de la entrega y posterior devolución de las menores, lo que aconteció mediante acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, si al momento de presentación de la demanda no se había subsanado la omisión reclamada y que motivo la interposición del recurso de queja, a las responsables de llevar a cabo las convivencias ordenadas entre el quejoso y sus menores hijas, así como la designación de un actuario que certifique y de fe de la entrega de las menores a su padre y posterior devolución, lo que actualmente está acordado de conformidad mediante proveído de quince de septiembre de dos mil veinte, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciséis de junio de dos mil veintiuno de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Ricardo Tapia Vega, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, en relación a la vista que le fue otorgada el veinticuatro de mayo del presente año; atendiendo a su contenido, téngase por desahogada la vista citada. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que al justiciable le fue concedida la suspensión de plano respecto de los actos reclamados; en tal virtud, y en observancia a las medidas que este órgano jurisdiccional debe adoptar para que dicha suspensión sea debidamente acatada por las responsables; y en atención además a las diversas actuaciones y manifestaciones realizadas por las partes, en relación al efectivo cumplimiento de la misma, se requiere al Director del Hospital Regional "Centenario Revolución Mexicana" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Los Trabajadores del Estado, así como al Jefe o Encargado de la Farmacia de dicho nosocomio, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído realicen lo siguiente: Señalen las fechas en las que el quejoso deberá acudir ante dicho hospital los próximos tres meses (junio, julio y agosto del año en curso) a efecto de que se le brinde consulta médica respecto de la enfermedad que padece, debiendo además expedirle la receta médica que corresponda, así como suministrarle y entregarle en la misma fecha el medicamento "INTERFERÓN ALFA 2b SOLUCIÓN INYECTABLE de 5,000,000 UI", y cualquier otro medicamento que le sea recetado para el cáncer que padece. Se precisa que las fechas que señale para tal efecto, no deberán exceder de quince días entre una y otra, dada la gravedad de la enfermedad que padece el justiciable, pero sobre todo, atendiendo a las notas médicas y demás constancias que las mismas autoridades responsables han remitido en apoyo a sus informes, las cuales obran en autos y se toman en cuenta para los efectos conducentes. En el entendido que no se tendrá por acatada la suspensión de plano únicamente con las manifestaciones que hagan en el sentido de que ya se encuentra a disposición del quejoso el citado fármaco, ni de que cumplieron con el presente requerimiento, sino que deberán remitir a este juzgado las constancias que acrediten que se le está dando la atención medica al justiciable de manera periódica, y conforme a las citas que le programe, es decir, deberán acreditar e informar a este órgano jurisdiccional lo acontecido en cada cita programada, así como el suministro de medicamento continuo. Pues se les reitera a las responsables, que el cumplimiento a la suspensión de plano es de orden público e interés social y su acatamiento debe ser inmediato, y de forma sucesiva dada la naturaleza de los actos que les reclaman y al ser la salud un derecho fundamental de las personas, tal como lo refiere el artículo 4 Constitucional, por tal motivo, no es suficiente con que realicen una actuación para tener por acatada la medida otorgada al quejoso, sino que deben realizarla de manera progresiva, esto es deben dar continuidad a la valoración médica del amparista, debiendo suministrar el medicamento referido o el idóneo para su padecimiento tal como se ha dicho en párrafos que anteceden. Por tanto, se les apercibe a las responsables y se les informa que cuando se omite obedecer algún proveído de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, la ley establece que se le impondrá al servidor público con el carácter de autoridad responsable, una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Además de lo anterior, se les apercibe a las responsables que de no dar debido cumplimiento a lo solicitado en el término otorgado se les impondrá una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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