Francisco Vargas Rosas y Otros.
Expediente 553/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 22/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rigoberto Siqueiros Agüero
- Francisco Vargas Rosas y Otros.
- Francisco Vargas Rosas
- María Venancia Martin Ulibarria y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Estado procesal de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto a la vista que se le otorgó en proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículos 201, fracciones I y II de la Ley de Amparo. Se declara consentida la determinación de fallo. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa por conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables. Se ordena archivo material. Como fue ordenado en auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, y con apoyo en el artículo 214 de la citada Ley, interpretado a contrario sensu, una vez que se encuentre debidamente integrado, se ordena remitir físicamente el presente juicio de amparo, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario y las manifestaciones respectivas. Efectos del fallo protector. En sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a la parte quejosa; lo cual, causó ejecutoria el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, para los siguientes efectos: "a) El Juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada; y, b) En su lugar, emita otra, donde atendiendo lo expuesto en esta sentencia, subsane las deficiencias formales de fundamentación y motivación advertidas y destacadas en el presente fallo, esto es, deberá establecer con qué medios de prueba se acreditada cada uno de los elementos del cuerpo del delito atribuido a los inculpados, y qué se obtiene de cada prueba. c) Hecho lo anterior, igualmente funde, motive y resuelva, lo que conforme a derecho corresponda, respecto a la probable responsabilidad de los inculpados en la comisión del delito imputado, indicando los medios de convicción y su valor jurídico, en que se hubiese apoyado para tenerla por acreditada. d) Lo anterior, con plenitud de jurisdicción, por tanto, el acto que emita en cumplimiento a esta ejecutoria, podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso. (.) Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a la autoridad responsable ejecutora, dado que dichos actos no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia. (.)" Acto realizado por la autoridad responsable tendente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Autoridad sustituta. En auto de seis de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, como autoridad sustituta del Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, en virtud del cambio de radicación de la causa penal de origen; siendo el juzgado mencionado en primer lugar, el que continuó la secuela procesal de dicha causa radicada bajo el número 1761/2017. De las constancias remitidas por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que, al dictar la resolución de término constitucional de veintiocho de marzo del presente año, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada, emitida el once de julio de dos mil dieciséis, en el proceso penal de origen. Se pronunció nuevamente sobre la situación jurídica de los quejosos Francisco Vargas Rosas y María Venancia Martín Ulibarría, haciendo precisión de los elementos que integran el cuerpo del delito de daños culposos (por incendio), que se imputa a los citados agraviados, así como de los medios de convicción con los que, a su juicio, se acredita cada uno de ellos, y qué se obtiene de cada prueba. De igual forma, resolvió lo conducente respecto a la probable responsabilidad de los enjuiciados en la comisión del citado ilícito, y al efecto ponderó e indicó las pruebas con las que se demuestra a título de probable su responsabilidad. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable, atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí, que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Esto es, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, la autoridad ordenadora dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar, emitió una nueva en la que con plenitud de jurisdicción y conforme a sus atribuciones, subsanó las deficiencias formales que le fueron destacadas en el fallo. De ahí que se estime cumplida la ejecutoria de amparo al atender los lineamientos ahí expuestos. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. X. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos en original, que devolver a las partes. XI. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el término de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
En la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a veinticinco de abril de dos mil diecisiete, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, para conocimiento de los quejosos FRANCISCO VARGAS ROSAS Y MARÍA VENANCIA MARTÍN ULIVARRIA, como lo previene el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo vigente. Doy Fe
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