FRANCISCO URBANO BALDERAS y Otros.

Expediente 1304/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1304/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2017

Partes del expediente

  • FRANCISCO URBANO BALDERAS y Otros.
  • Francisco Urbano Balderas

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, donde se tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Urbano Balderas, contra actos del Notario Público Número Tres, con sede en Cosamaloapan, Veracruz. Fórmese expediente y regístrese con el número 1304/2016-VII, en el libro de gobierno respectivo. DESECHAMIENTO. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, así como sus anexos, para estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de éstos, así como la situación jurídica que guarda la parte promovente con respecto de tales actos; y una vez hecho lo anterior, determinar válidamente tanto la competencia del órgano de control constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de amparo. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como como acto reclamado la nulidad de los actos realizados del instrumento público diez mil doscientos noventa y cinco, realizados en la Notaría Número 3 de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz; el cual reclama al titular de la mencionada Notaría Pública. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, la autoridad de amparo tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Bajo las anteriores premisas, este Juzgado de Distrito advierte que respecto al acto reclamado anteriormente precisado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos numerarios 1, fracción I y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal, que en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que suscite: I.- Por normas generales. Actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Conforme a lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que así lo disponga la Ley de la Materia. Por su parte, de la segunda de las disposiciones normativas transcritas se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por actos de autoridad que violen los derechos fundamentales de los particulares. Finalmente, el tercer precepto citado prevé que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Ahora bien, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha evolucionado en la medida en que la actuación de los entes del Estado trasciende a la esfera jurídica de los derechos fundamentales de los gobernados; es decir, en la actualidad ya no solamente se considera autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, como se advierte de la redacción del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, o bien, aquélla que dispone de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho; sino que a través de los criterios de los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación, se ha ido matizando el concepto de autoridad responsable de acuerdo con las circunstancias particulares de cada ente al que se asigna ese carácter, en relación con su proceder que se tilda de inconstitucional. Así las cosas, las notas que en la actualidad distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así las cosas, es evidente, como se indicó, que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 5, fracción II ambos preceptos de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el origen del acto reclamado, según lo expuesto por el quejoso bajo protesta de decir verdad, deriva de un contrato de cesión de derechos a favor de su hija celebrado en condiciones de igualdad entre ambas partes, del cual el notario señalado como autoridad ordenadora únicamente dio fe de su celebración y, por ende, es evidente que este último no puede tener el carácter de autoridad responsable, ya que su intervención en la elaboración de la escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por consiguiente, toda vez que en el caso particular el Notario Público señalado no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, por los motivos ya expuestos, es evidente que el juicio constitucional biinstancial (medio extraordinario de defensa) no es el medio idóneo por el cual la parte quejosa pueda obtener la nulidad del contrato señalado, ya que en materia civil existen previstos medios específicos para ese efecto, sin que, desde luego, se esté en el caso de señalarle concretamente a la quejosa, cuál sería la vía adecuada o medios de defensa ordinarios idóneos a los que deberá acudir a fin de lograr la obtención de lo que reclama, con base en la jurisprudencia 2ª./J.125/2012 (10ª) de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País, registro IUS 2002215, que se publicó en la página 1583, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, Materia (s) Constitucional-Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, siguiente: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor será de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, sin soslayar que lo anterior también dependerá de que el Congreso de la Unión emita la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.

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