Francisco Troncoso Ortiz
Expediente 327/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Troncoso Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio en la que se sobreseyó en el presente asunto; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo en cita; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es DEPURABLE el cuaderno original con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, en razón de que se negó y concedió la suspensión definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. ...
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Juicio de amparo 327/2022 En veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con el estado de los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que no obra constancia que permita acreditar que la autoridad responsable Director General del Centro Penitenciario Federal número 18 "CPS-COAHUILA" haya quedado notificado del oficio 25143/2022, mediante el cual, se le hizo del conocimiento de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, requiérasele para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computados, informe a este juzgado de Distrito, vía telegráfica o al correo oficial 1jdo23cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que recibió dicho comunicado; lo anterior a fin de estar en condiciones de causar ejecutoria en el presente asunto. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy * En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 327/2022, se encuentra en audiencia pública Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, asistido de Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, se da cuenta con la demanda de amparo, con las constancias que integran el presente asunto y con los informes justificados de las autoridades responsables. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las que exhibieron las autoridades responsables director del Centro Regional de Reinserción social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, a través del subdirector; directora de Prevención y Reinserción Social del estado, con sede en esta ciudad y director General del Centro Penitenciario Federal número 18 "CPS-COAHUILA", en sus informes justificados. El Secretario encargado del despacho acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el Secretario da cuenta con que ninguna parte los expresó. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se levanta el acta correspondiente, y se emite la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 327/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós Arturo Rodríguez Hernández y Gerardo de la Rosa Soto en favor de Francisco Troncoso Ortiz, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos descritos en su demanda. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado, se registró con el número de expediente 327/2022 y mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitaron a las autoridades responsables los informes con justificación, se ordenó dar intervención al Agente del Ministerio Público adscrito y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo y ampliación se advierte que el quejoso hizo consistir las autoridades responsables y los actos reclamados en: "III AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Como Ordenadoras. 1. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas; con domicilio conocido en la Capital del Estado de Zacatecas. 2. Director del Centro Regional de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas. 3. Director del CE.FE.RE.SO. de Coahuila". 4.- Juez de Control y tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. b).- Como Ejecutoras.- Policía Estatal del Estado de Zacatecas, Guardia Nacional, Policía de Tránsito del Estado de Zacatecas, Policía Ministerial del Estado de Zacatecas y Policía Metropolitana del Estado de Zacatecas." [.] "Primero.- De las autoridades responsables: A).- DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERSION SOCIAL DEL ESTADO Y DEL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS, ZAC, el inconstitucional e ilegal acto de autorización de traslado de FRANCISCO TRONCOSO ORTIZ, que se hizo en fecha 29 de marzo del año dos mil veintiuno, de ese Centro Regional de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social de Coahuila, lugar en donde actualmente se encuentra el quejoso recluido, por tal motivo es un acto continuado que hasta el día de la fecha afecta sus derechos fundamentales. B).- DEL JUZGADO DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL (ZACATECAS).- La ratificación de la legalidad del traslado ordenado por parte del director de la dirección de prevención y reinserción social del estado y del director del centro penitenciario de la comunidad de Cieneguillas, Zac. C).- DEL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COAHUILA MEXICO, LA RECEPCION E INTERNAMIENTO QUE A LA FECHA SE SIGUE PROLONGANDO EN EL TIEMPO, DE FORMA CONTINUADA, DEL QUEJOSO VIOLANDOLE DERECHOS FUNDAMENTALES. D).- DE LAS CORPORACIONES POLICIACAS.- La ayuda y la ejecución material para el traslado del quejoso a Coahuila, México. Segundo.- De todas las autoridades responsables: El dificultar la readaptación social del quejoso, al permitir alejarlo de su domicilio, de su familia, su abogado defensor con ese traslado injustificado en un Estado de Derecho Democrático, y que a través del tiempo se ha seguido prolongando hasta el día de la fecha, violentando en su perjuicio derechos fundamentales. Tercero.- El estarle privando en la actualidad de su derecho fundamental de estar presente en el lugar en donde se desarrollo el trámite de su juicio, y de privarle de igual manera de solicitar se le concedan los beneficios preliberacionales que la ley señala, sin haberle dado la oportunidad de estar presente en la audiencia en donde se autorizó su traslado ni habérselo notificado, ya que el quejoso no se encuentra en los supuestos que marca la ley para ser un candidato idóneo para ser trasladado a otro centro de reclusión es decir que no se actualizan en este caso temas de DELINCUENCIA ORGANIZADA o RESPECTO DE INTERNOS QUE REQUIERAN MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD 0 QUE SE HAYA PUESTO EN RIESGO POR PARTE DEL INTERNO LA GOBERNABILIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO. El quejoso no tiene dicha calidad de los casos antes mencionados. Cuarto.- De dichas autoridades responsables: El trato desacorde al quejoso al establecer que no pertenece a la delincuencia organizada o a cualquier otro grupo delincuencial, como así se pretende hacer ver. Quinto.- El darle intervención a Juez de control respecto de su persona, para que autorizara el traslado, esto de manera arbitraria y violentando sus derechos fundamentales el juez ratifico su traslado sin el protocolo correspondiente, sin estar debidamente notificado, sin permitir estar presente para manifestar con respecto a ese acto ilegal, ni notificárselo de manera personal a mi abogado defensor de su confianza. Sexto.- La no protección efectiva, amplia y pro persona de los derechos humanos del quejoso, que exige el artículo 1° constitucional." TERCERO. Inexistencia. Las autoridades responsables director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado, encargado del despacho de la Dirección de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la capital, todos con sede en esta ciudad y encargado del despacho de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, director de Policía de Seguridad Vial del estado de Zacatecas a través del encargado del despacho y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos que se le reclaman. Aunado a lo anterior, el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar su negativa; toda vez que la carga de la prueba para demostrar la existencia del acto reclamado le corresponde al quejoso. Acorde a lo expuesto, se advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y El precepto transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) cuando no se probare su existencia. En ese sentido, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Así pues, en el caso concreto las responsables negaron el acto reclamado, por lo que correspondía al justiciable desvirtuar la negativa y acreditar la existencia del acto que reclama a las mencionadas autoridades responsables; al no demostrar su existencia, no puede emitirse determinación alguna respecto de los actos cuya existencia no fue acreditada. Sirve de sustento para lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/308, de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de 1994, página 77: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado respecto a las mencionadas responsables; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, directora de Prevención y Reinserción Social del estado, con sede en esta ciudad y director General del Centro Penitenciario Federal número 18 "CPS-COAHUILA", al rendir sus informes justificados, aceptaron la ejecución de la orden de traslado reclamada. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación aducido por el demandante del amparo, este órgano de control constitucional debe verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la ley de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Del análisis de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa omita señalar como autoridad responsable a quien se le atribuye el acto que se impugna en la vía constitucional. Esto es así pues en tal supuesto el órgano constitucional no puede examinar la constitucionalidad de un acto que emana de una autoridad que no fue llamada a juicio, a quien en su momento le corresponde defender el acto como autoridad. Orienta a lo anterior la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 74, febrero de 1994, página 67, registro digital 213345, de contenido: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." En el caso concreto, es de indicarse que en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se precisó que de las constancias que en apoyo a su informe justificado remitió la directora de Prevención y Reinserción Social del estado, en las que obraba el oficio SSPC/PRS/03070/2021, signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, con residencia en la ciudad de México, por el que se informó que al subsecretario de Prevención y Reinserción Social del estado de Zacatecas, que por oficio SSPC/PRS/03069/2021, se ordenó el traslado e ingreso de cuatrocientas personas privadas de la libertad, recluidas en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; y por tal circunstancia, se dio vista al quejoso para que en el término de quince días manifestara si era su deseo ampliar su demanda de derechos respecto de señalar como autoridad al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, con residencia en la Ciudad de México, en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se continuaría el trámite únicamente por los actos y autoridad señalados en su demanda. Sin embargo, en diverso acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, al haber transcurrido el término concedido, se dio cuenta con la certificación correspondiente y se hizo efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no amplió su demanda; es decir, no señaló al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, con residencia en la Ciudad de México, como autoridad responsable; y en virtud de que dicha dependencia autorizó el traslado a través del oficio SSPC/PRS/03070/2021; tal circunstancia por sí misma, actualiza la causa de improcedencia referida, puesto que como se dijo en líneas precedentes es requisito indispensable que el quejoso señale la autoridad a quien se le atribuye el acto reclamado a efecto de analizar su constitucionalidad, lo cual no aconteció. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, en primer lugar, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, y 63, fracciones V y VI, de la Ley de la Materia; lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Arturo Rodríguez Hernández y Gerardo de la Rosa Soto en favor de Francisco Troncoso Ortiz, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables especificadas en el considerando segundo de esta sentencia; por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, asistido del secretario Jorge Martín Zamora González quien autoriza y da fe. En Zacatecas, Zacatecas a nueve de agosto de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de agosto de dos mil veintiuno, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
Juicio de amparo 327/2022 Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de julio de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta y cinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy Fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Director General del Centro Penitenciario Federal número 18 "CPS-COAHUILA". En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy * En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecinueve de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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