Francisco Torres Cruz

Expediente 811/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
811/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/09/2020

Partes del expediente

  • Francisco Torres Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, transcurrió del tres al nueve de los corrientes, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Francisco Torres Cruz, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido... Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibieron, apercibido que de no hacerlo, se enviará junto con el expediente al Centro de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por *, por su propio derecho; contra actos del Titular del Juzgado Cívico CUH-2 de la Ciudad de México y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 811/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado por la quejosa se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XX, del mismo ordenamiento, que dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Conforme a lo anterior, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es menester agotar en primer término la jurisdicción ordinaria. La quejosa acude a esta sede constitucional a reclamar del Juez Cívico CUH-2 de la Ciudad de México y otra autoridad, la multa impuesta el dos de agosto actual con folio B 901193. En ese sentido, antes de promover este juicio de amparo, el quejoso debió interponer el medio ordinario de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción I, de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que establece: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:--- I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales. [.]" Del precepto en cita, se obtiene que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México es competente para conocer de los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México y Alcaldías, en agravio de personas físicas o morales. Bajo ese contexto a través del juicio contencioso administrativo el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado; además que conforme a las leyes que lo rigen procede la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo. Atento a ello, este juzgado estima que el referido acto de autoridad, previamente a impugnarlo en esta instancia constitucional, debió combatirse a través del juicio contencioso en términos del citado artículo 3, fracción I, de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional, haya advertido de la lectura integral del escrito de demanda, alguna causa de excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y de los criterios que sobre tal aspecto se han pronunciado, que pudieran eximir a la parte quejosa de promover el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio constitucional. Además, de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, no se advierte que el acto reclamado se combata por violaciones directas a la Constitución, sino violaciones que dependen de leyes secundarias, como lo es la Ley de Cultura Cívica, por lo que no la sitúa en la aludida hipótesis de excepción al principio constitucional de definitividad. Se cita en apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Aunado a que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en cuyos artículos 71 a 78 se regula lo relativo a la suspensión de los actos reclamados ante esa instancia, no establece mayores requisitos a los que estatuye la Ley de Amparo, para la suspensión del acto reclamado Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 125/2011 (9a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: Libro II, Noviembre de 2011, consultable en su página: 496, del tenor literal siguiente: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo". Respecto de los restantes argumentos de excepción al principio de definitividad en estudio, se aprecia lo siguiente: Que no se trate de una resolución que importe una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal: requisito que se advierte colmado en tanto que el acto impugnado es de naturaleza administrativa. No se está ante la presencia de un amparo contra leyes; circunstancia que se corrobora a través del capítulo de autoridades responsables y actos reclamados de la demanda de amparo, de donde se sigue que únicamente se trata de un juicio de amparo en el que se controvierte un acto emitido por autoridades administrativas. Que no se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Por otro lado, el requisito de encontrarse previsto en la ley el recurso o medio ordinario de defensa, se aprecia acreditado, en tanto el juicio de nulidad de que se trata se encuentra establecido en una ley formal y materialmente legislativa como lo es la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. No se advierte colmada la causa de excepción consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación dado que éste se fundamentó en el artículo 28 fracción V de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Conclusión. Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Francisco Torres Cruz, por propio derecho, contra actos atribuidos a las autoridades responsables, Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizado. Ténganse por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.

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