Francisco Toral Cuara

Expediente 1222/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1222/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Francisco Toral Cuara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: FRANCISCO TORAL CUARA. Cumplimiento parcial de la prevención. Visto el escrito complementario de Marco Antonio Padilla Pimentel, en cuanto apoderado jurídico del quejoso directo Francisco Toral Cuara y la diligencia de ratificación de firma de dicho escrito levantada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante los cuales el promovente cumple con la prevención efectuada en auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 14 a 17) al exhibir los documentos con los cuales acredita la personalidad con la que se ostenta. ? Declaratoria de incompetencia. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: 1. Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora, en el caso que nos ocupa, del contenido del escrito de demanda de amparo se desprende que Francisco Toral Cuara, por conducto de su apoderado jurídico Marco Antonio Padilla Pimentel, señala como autoridad responsable a la siguiente:  Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Luego, en el apartado de la demanda correspondiente al acto reclamado señala lo siguiente: ACTO RECLAMADO La ejecutoria de nueve de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación civil I-325/2019, que tuvo por efecto ordenar la reposición del juicio ordinario civil 1084/2018 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Uruapan, Michoacán hasta la emisión del auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Asimismo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se tiene que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. Que su poderdante en cuanto representante de la sucesión a bienes de María Guadalupe Toral Cuara y/o Ma. Guadalupe Toral Cuara, promovió juicio ordinario civil sobre nulidad de contratos de compraventa del que correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán el cual lo radicó con el número 1084/2018, en el que seguidos los trámites del juicio el nueve de agosto de dos mil diecinueve dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la acción planteada por su poderdante y, a su vez, declaró improcedente la reconvención interpuesta en contra de la sucesión que su mandante representa. 2. Inconforme con tal determinación, su contraria interpuso recurso de apelación, el que se turnó a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán la cual registró el toca civil número I-325/2019, así como su admisión y conocimiento para el dictado de la sentencia de apelación. 3. Así las cosas, el diez de octubre del presente año, fue notificado de la sentencia de apelación dictada dentro del toca I-325/2019 por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, que tuvo por efecto dejar insubsistente todo lo actuado dentro del juicio de origen hasta el auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, incluyendo el propio fallo final atacado. Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado en sede constitucional. De la anterior relatoría, se tiene que la resolución que constituye el acto reclamado dictada el diez de octubre del presente año dentro del toca I-325/2019 emana del juicio ordinario civil 1084/2018 radicado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Uruapan, Michoacán, en el que el poderdante del promovente resultó vencedor en esa instancia. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto que en esta vía se reclama tiene ejecución material, pues se ordenó al juez primigenio dejar insubsistente todo lo actuado dentro del juicio de origen hasta el auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve; por tanto, es inconcuso que tal acto reclamado tiene ejecución material en la ciudad de Uruapan, Michoacán, en la que este juzgado no ejerce jurisdicción. En ese orden, conforme al contexto del planteamiento formulado por el quejoso, el acto que reclama deberá tener ejecución material únicamente en la ciudad de Uruapan, Michoacán, lugar en donde reside el juez de origen, ciudad que no se ubica dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este tribunal. Ello es así, ya que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, establece: "XI. DÉCIMO PRIMER CIRCUITO: "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Acuitzio, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro". (Lo resaltado es de este juzgado). "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro". Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en virtud de que no se señaló como responsable ninguna autoridad residente en esta jurisdicción, pues atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esa virtud, debe convenirse que atendiendo a que el acto impugnado deberá tener ejecución en el distrito judicial de Uruapan, Michoacán, y como ese municipio está comprendido dentro del territorio donde ejercen jurisdicción los juzgados de distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en la ciudad señalada en último término. Es aplicable sobre el particular la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como, la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Consecuentemente, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, la que deberá remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para los efectos legales correspondientes, con la atenta solicitud del acuse de recibo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, por no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 48 de la Ley de Amparo, que remite a lo establecido en el numeral 15 del mismo ordenamiento legal, es decir, por no tratarse de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: FRANCISCO TORAL CUARA. Agréguese a los autos el escrito signado, aparentemente, por Marco Antonio Padilla Pimentel, mediante el pretende cumplir con la prevención formulada en auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 14 a 17). Sin embargo, toda vez que este órgano de control constitucional advierte que existe discrepancia entre la firma que calza el ocurso de mérito y la que fue plasmada en la demanda de amparo (foja 13). En consecuencia, comisiónese al Actuario Judicial adscrito para que, con copia certificada del escrito aludido, se constituya en el domicilio que la promovente señaló para oír y recibir notificaciones y lo requiera para que, en el caso de que la diligencia se entienda personalmente con él, en ese momento, ratifique el escrito de mérito o, bien, comparezca ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificado con documento oficial vigente para tal efecto, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído. Asimismo, se le apercibe que, de no ratificar el ocurso de mérito, éste se tendrá por no presentado sin ulterior acuerdo. Además, se le hace saber que quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial incurren en los delitos previstos en el capítulo III del título Quinto de la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto, la tesis 202 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

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