Francisco Sotelo Gil
Expediente 1823/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1823/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Sotelo Gil
Actuaciones
- Principal
PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1823/2019-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). [.] Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, que en esencia el acto consiste en: La resolución de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil ***, por la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio de la cual declara improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria de ocho de octubre del año en curso, emitida en el juicio hipotecario civil ***, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en que decretó la improcedencia del incidente de nulidad de notificación planteado por la parte quejosa. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, aplicadas a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto que se combate en esta vía constitucional es un acto llevado a cabo después de concluido el juicio, que no es la última resolución en el procedimiento de ejecución ni tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente de manera inmediata algún derecho sustantivo del quejoso protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Primeramente, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, conforme a la interpretación realizada por nuestro más Alto Tribunal, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. De acuerdo al principio de procedencia del Juicio de Amparo Indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, el amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, la resolución de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil **, por la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio de la cual declara improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria de ocho de octubre del año en curso emitida en el juicio hipotecario civil ***, del índice Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en que decretó la improcedencia del incidente de nulidad de notificación planteado por la parte quejosa, no es la última resolución dentro de la ejecución del juicio hipotecario. En ese sentido, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que las mismas tienen como finalidad lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva. En diverso aspecto, aplicando analógicamente la fracción V al caso en comento, se tiene que de acuerdo al principio de procedencia del Juicio de Amparo Indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las citadas fracciones, el amparo indirecto procede contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por aquellos actos cuyas consecuencias necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Además, en armonía con la diversa fracción IV, es necesario que esos derechos sustantivos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen, esto es, no se encuentren vinculados con el cumplimiento de lo sentenciado; de lo contrario, no operaría la procedencia excepcional en cita. Sobre ese punto, de acuerdo con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de su trascendencia al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el particular, como ya se indicó, es indispensable que esos derechos sustantivos estén enteramente desvinculados con el cumplimiento de lo sentenciado, esto es, que sean ajenos a la cosa juzgada. Bajo esa línea de estimación, la resolución reclamada en la que la autoridad responsable determinó que es improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria de ocho de octubre del año en curso, emitida en el juicio hipotecario civil ***, no resulta ser la última actuación en la ejecución de la sentencia definitiva. Por tanto, será la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, contra la que proceda el juicio de amparo indirecto; asimismo, el quejoso podrá combatir las demás violaciones que considere acaecidas durante el trámite de éste. Máxime que como se expone en la demanda el convenio celebrado entre las partes fue elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada, el cual actualmente se encuentra en la etapa de ejecución forzosa. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que pretende combatir el quejoso en esta instancia constitucional no se encuentran dentro de los presupuestos legales exigidos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que reclama actos que no le producen de manera directa una afectación a algún derecho fundamental ajeno a la cosa juzgada, y no es la última resolución en el procedimiento de ejecución. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda que se acuerda, y por autorizados únicamente para tales efectos a *** y ***, toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. A su vez, se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que designa para tal fin."
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