Francisco Sosa García

Expediente 1106/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1106/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
21/12/2018

Partes del expediente

  • Francisco Sosa García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1106/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Paulo Yair García Meza que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que no obra constancia alguna de notificación realizada a los terceros interesados ADRIANA PÉREZ MARTÍNEZ en su carácter de Directora de Averiguaciones Previas en Procesos Penales de la Fiscalía Zona Oriente, a la Agente del Ministerio Público que interviene en la carpeta JCC/240/2018 MIRYAM MONTERO MONGE y al Agente del Ministerio Público que conoce actualmente del toca penal 102/2018-CO-3 JULIO ERNESTO SILVAR GARCÍA, respecto de la resolución de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho emitida en el presente juicio, por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se ordena notificar por oficio dicha resolución a los citados terceros, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1106/2018-III, promovido por FRANCISCO SOSA GARCÍA, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnada al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito FRANCISCO SOSA GARCÍA, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclama a la Sala del Tercer Circuito Judicial del Estado de Morelos (fojas 2 a 8). SEGUNDO. Por auto de doce de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir de la quejosa, precisa que reclama: El auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por la Sala del Tercer Circuito en el Estado de Morelos, en autos del toca penal 102/2018-CO-3. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto que se reclama a la Sala del Tercer Circuito Judicial del Estado de Morelos, pues así lo manifestó el Magistrado Presidente de la Sala al rendir su informe justificado (foja 118 y 119), lo que se corrobora además con las fotocopias certificadas del toca penal 102/2018-CO-3, que anexó a su informe justificado (fojas 20 a 68), en las que obra el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, así como con el disco compacto que contiene el audio y video de la audiencia de ocho de junio de dos mil dieciocho, que remitió con su informe justificado. Documentales y disco compacto a los que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 202 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones, y el disco compacto remitido por contener la audiencia celebrada el ocho de junio del año en curso. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, este juzgador procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Por una parte son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y por otra inatendibles. En primer lugar se relataran los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, así como de la reproducción de la grabación de audio y video de la audiencia celebrada el ocho de junio de dos mil dieciocho que la autoridad responsable remitió en un disco de almacenamiento de datos. FRANCISCO SOSA GARCÍA, el trece de marzo de dos mil dieciocho, presentó denuncia en contra de ADRIANA PÉREZ MARTÍNEZ, en su carácter de Directora General de Investigaciones y Procesos Penales de la Zona Oriente, así como en contra de JULIO ERNESTO SILVAR GARCÍA, en su carácter de Fiscal Regional Oriente, por la probable comisión del delito de abuso de autoridad y otros; la denuncia fue radicada con el número de carpeta de investigación CT-UEDD/1070/2018 (minuto 4 a minuto 6 con veinte segundo de la grabación de audio y video de la audiencia de ocho de junio de dos mil dieciocho). En la carpeta de investigación antes precisada, el Agente del Ministerio Público, el cinco de abril de dos mil dieciocho, emitió acuerdo en el que determinó abstenerse de investigar en términos de lo previsto en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales (minuto 10 con 20 segundos a minutos 13 de la grabación de audio y video de la audiencia de ocho de junio de dos mil dieciocho). El ocho de junio de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de control judicial prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivada de que el ahora quejoso impugnó el acuerdo citado. Una vez desahogada la audiencia de control judicial, Tomás Mateo Morales, Juez de Control y Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ratificó el acuerdo de abstención de investigación de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación CT/UEDD/1070/2018, además hizo del conocimiento de las partes que quedaban a salvo sus derechos para inconformarse contra lo resuelto, haciendo la aclaración que de acuerdo al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha resolución no podía ser impugnada por apelación, sino que, en su caso por medio del juicio de amparo indirecto (1 hora con 32 minutos a 1 hora con 33 minutos de la grabación de audio y video de la audiencia de ocho de junio de dos mil dieciocho). El trece de junio de dos mil dieciocho, el ahora quejoso, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida en la audiencia de control judicial indicada (fojas 28 a 33). El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, los Magistrados de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, desecharon el recurso de apelación y, dicho acuerdo es el que ahora se combate por medio del juicio de amparo. En vía de conceptos de violación y en atención a la causa de pedir, la parte quejosa esgrimió como conceptos de violación los siguientes: 1.- Que la autoridad responsable antepuso el Código Nacional de Procedimientos Penales a nuestra Carta Magna, pues pasó por alto su derecho a un debido proceso y, derecho a la administración de justicia, violando el artículo 17 de nuestra Carta Magna. 2.- Que la autoridad responsable pasó por alto su derecho a ser tratado con igualdad, violando en consecuencia los artículos 1 y 4 nuestra Carta Magna. 3.- Que se violó en su perjuicio el artículo 20 apartado C, fracciones I y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 4 de la Ley General de Víctimas, pues la responsable no tomó en consideración que en su carácter de victima tiene derecho a una asesoría jurídica adecuada. 1.- Deviene infundado el primer concepto de violación hecho valer por el quejoso, en el que aduce que la autoridad responsable antepuso el Código Nacional de Procedimientos Penales a nuestra Carta Magna, y que pasó por alto su derecho a un debido proceso y derecho a la administración de justicia, violando en consecuencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, en primer lugar se abordara lo relativo a que la autoridad responsable no observó lo previsto en el artículo 17 de Nuestra Carta Magna. El artículo en cita es el siguiente. "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del anterior precepto legal, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el que comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos. Así, la prevención del artículo 17 constitucional ha de interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para establecer límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa. Esto es perfectamente comprensible, según se ha expuesto: como regla general, por razones de seguridad jurídica no puede permitirse que los gobernados tengan la posibilidad de deducir acciones indefinidamente ni que de manera prolongada e injustificada puedan oponerse defensas. Esto no sería benéfico para la vida social. Lo anterior guarda sustento en la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2015591, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página: 151, del siguiente rubro: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN." Asimismo, guarda sustento en la jurisprudencia de la Novena Época, registro 172759, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124, del siguiente rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Precisado lo anterior, de autos se advierte que contario a lo que aduce el quejoso, no se advierte violación alguna a las formalidades del procedimiento, pues se observa que ha contado con el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para acceder ante los tribunales a plantear una pretensión y sobre la cual hubo pronunciamiento por parte de dichas autoridades, como en el caso lo es la audiencia de control verificada el ocho de junio de dos mil dieciocho, así como el proveído de veinticinco de junio del mismo año emitido por la Sala señalada como responsable. Lo anterior es así, pues ya quedo asentado, el ocho de junio de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de control judicial prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivada de que el ahora quejoso impugnó el acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho, en el que el Agente del Ministerio Público, determinó abstenerse de investigar en términos de lo previsto en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalizada la audiencia de control judicial, el Juez de Control y Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ratificó el acuerdo de abstención de investigación de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación CT/UEDD/1070/2018, además hizo del conocimiento de las partes que quedaban a salvo sus derechos para inconformarse contra lo resuelto, haciendo la aclaración que de acuerdo al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha resolución no podía ser impugnada por apelación, sino que, en su caso por medio del juicio de amparo indirecto. No obstante lo anterior, el trece de junio de dos mil dieciocho, el ahora quejoso, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida en la audiencia de control judicial indicada y el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, los Magistrados de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, desecharon el recurso de apelación y en la parte que interesa, la acordaron lo siguiente: " En tales circunstancias la presente resolución no se encuentra prevista en ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 467 del Código Nacional Adjetivo de la materia en vigor, como lo pretende hacer valer el recurrente en su pliego de expresión de agravios, por no ser apelable; en consecuencia, se desecha de plano el recurso de apelación interpuesto por la víctima." Del texto anterior se advierte que la responsable desechó de plano el recurso de apelación incoado por el ahora quejoso, pues estimó que la resolución combatida no se ubica en ninguno de los supuestos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además que dicha resolución no era apelable. Ahora bien, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De conformidad con el precepto mencionado, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, son impugnables por la víctima u ofendido del delito ante el Juez de Control. Asimismo, establece que la resolución emitida en dicha audiencia no admite recurso alguno. Es decir, como ya se mencionó no se advierte de autos que se hayan violado las leyes del procedimiento, pues el ahora quejoso, ha tenido acceso a los tribunales en donde ha hecho valer sus pretensiones y se advierte ha sido asistido por un asesor jurídico, además no por el hecho de que la responsable haya desechado su recurso de apelación, indica que dicho supuesto se haya actualizado, pues como ya quedo apuntado, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales o el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones. Es decir, el hecho de que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera expresa determine que la resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admita recurso alguno, y, por ello, resulta procedente el juicio constitucional, tal y como se lo hizo del conocimiento del Juez de Control a las partes que intervinieron en la audiencia de ocho de junio de dos mil dieciocho, y que por tal motivo le fue desechado su recurso de apelación por parte de la Sala responsable, no viola su derecho a la administración de justicia ni el debido proceso, pues de estimarse lo contrario y considerar que en contra la determinación del Juez de control procede recurso de apelación previsto en el artículo 467, del código referido, sería tanto como crear una tercera instancia que no está reconocida por la ley, pues el propio legislador estimó la irrecurribilidad de esas determinaciones, al ser el Juez de control quien verifica la actuación de la representación social. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de la Décima Época registro 2016197, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1475, del siguiente rubro: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE LO CONFIRMA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ES IRRECURRIBLE Y, POR TANTO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA." Por lo tanto, resulta inconcuso que la autoridad responsable no antepuso del Código Nacional de Procedimientos Penales a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni que se haya violado el debido proceso ni su derecho a la administración de justicia, pues es la autoridad quien efectivamente, se encuentra obligada a respetar las formalidades del procedimiento, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios o en su caso no admitir recursos que no son procedentes. 2.- También es infundado el concepto de violación que hace valer el quejoso por cuanto a que la autoridad responsable pasó por alto su derecho a ser tratado con igualdad. El contenido de los artículos 1°y 4 Constitucionales son los siguientes: "Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (.) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. " "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia." (Lo destacado es propio del suscrito juzgador). Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 24, dispone: "Artículo 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley" Numeral que ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana; asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIX/2013 (10a.), con registro 2003583, visible en el libro XX, mayo de 2013, tomo 1, Décima Época, en cuanto a dicho derecho humano expuso: "IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto referido establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición -Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127. Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No. 184. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 195- y, al respecto, ha sostenido que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. Por tanto, sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y razonable". Ahora bien, las distinciones constituyen diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. En ese tenor, la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1, numeral 1, de la Convención en comento, respecto de los derechos contenidos en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de manera que éstos tienen la obligación de no introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas." Como derecho, se establece en el protocolo, la igualdad constituye una herramienta subjetiva para acceder a la justicia es decir, otorga titularidad a las personas para reclamar, por diversas vías, la realización efectiva de la igualdad en el ejercicio del resto de los derechos. Además, de los artículos 1o, párrafo tercero, y 4o, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la no discriminación consiste en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, tales principios impiden el establecimiento de distinciones o diferencias arbitrarias sobre las condiciones en que las mujeres y los varones prestan sus servicios. En ese contexto, se advierte que el acuerdo emitido por la autoridad responsable el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, por el cual desechó el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso, fue emitido en acatamiento al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en razón que la resolución emitida no es recurrible, aunado a que no se ajusta a ninguno de los supuestos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, no se advierte que se le haya dado un trato desigual al recurrente o que se le haya impuesto un requisito adicional al previsto la ley, de tal manera que contrario a lo que sostiene la quejosa, dicho acuerdo no contraviene la supremacía legal en sus artículos 1 y 4 Constitucional. 3.- Finalmente deviene inatendible el concepto de violación en relación a que se violó en su perjuicio el artículo 20 apartado C, fracciones I y IV, de nuestra Carta Magna, así como el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, pues la responsable no tomó en consideración que en su carácter de victima tiene derecho a una asesoría jurídica adecuada. Lo anterior es así pues se advierte que el quejoso pretende combatir una inadecuada asesoría jurídica que en su caso se llevó a cabo en la audiencia desahogada el ocho de junio de dos mil dieciocho, es decir reprocha actos de su asesor jurídico que lo patrocino en dicha diligencia, pero no las consideraciones de la sala responsable en el acto reclamado; es decir no combatió las consideraciones torales que la responsable tomó como base resolver la resolución combatida, pues no expresó el por qué considera que el auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por la sala responsable no se ajusta al artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco expuso por qué considera que la resolución emitida por el Juez de Control el ocho de junio de dos mil dieciocho, si es apelable, motivo por el cual este juzgado se encuentra impedido para realizar el estudio respectivo, de conformidad con las tesis VII. 1º.C. J/2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo IV, enero de 2016, consultable en la página 2953, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES EN AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE SE EXPRESAN EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA DE SEGUNDA INSTANCIA". En consecuencia al resultar por una parte infundados y por otra inatendibles los motivos de queja, se impone negar el amparo solicitado por FRANCISCO SOSA GARCÍA, en contra del acto reclamado a la Sala del Tercer Circuito Judicial en el Estado de Morelos, residente en Cuautla, sin que se advierta alguna violación que amerite suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a FRANCISCO SOSA GARCÍA, respecto al acto reclamado consistente en el auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por los Magistrados de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy Fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que de las constancias que obran en autos la parte tercero interesada MIRIAM MONTERO MONGE, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE INTERVIENE EN LA CARPETA JCC/240/2018, fue emplazada con fecha diecinueve de septiembre del año en curso, por lo que no existen ocho días de diferencia entre la fecha del emplazamiento y el día de hoy, fecha señalada para la celebración de la audiencia, para que el efecto de que se imponga del contenido del informe con justificación y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estime convenientes para desvirtuarlo como lo refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo, por lo tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 54/2000, del rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XI, Abril de 2000 de la Novena Época, visible en la página 5. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

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