Francisco Sosa Garcia
Expediente 273/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Sosa Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 273/2019-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiuno de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Toda vez que la Magistrada Presidenta de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en caso de que las autoridades responsables, se encuentren gozando del primer periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanuden labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada JULIO ERNESTO SILVAR GARCÍA; ADRIANA PÉREZ MARTÍNEZ; MARÍA ELENA LUENGAS PÁEZ Y REYNA ITALIA RIVERA CESARlO. En mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a JULIO ERNESTO SILVAR GARCÍA y MARÍA ELENA LUENGAS PÁEZ, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, notifíquese a las terceras interesadas REYNA ITALIA RIVERA CESARlO y ADRIANA PÉREZ MARTÍNEZ, por oficio a fin de que tengan conocimiento de la sentencia de veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 273/2019-VI, promovido por FRANCISCO SOSA GARCÍA, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en la misma fecha al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos FRANCISCO SOSA GARCÍA, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclama a la Sala del Tercer Circuito Judicial del Estado de Morelos (fojas 19 a 25). SEGUNDO. Por auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en el Estado registró la demanda bajo el expediente 87/2019 y estimó encontrarse legalmente impedido para conocer del asunto por lo que ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito para la calificación correspondiente. TERCERO. Por ejecutoria de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito calificó fundado el impedimento planteado por el Juez Octavo de Distrito en la entidad y envió la demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos para remitirla al Juzgado de Distrito que por turno correspondiera, con excepción del Juzgado Octavo de Distrito. CUARTO. Por turno correspondió conocer del asunto al suscrito juzgador, por lo que se admitió a trámite la demanda de amparo el cinco de marzo siguiente, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos que es el territorio donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir de la quejosa, precisa que reclama: El auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por la Sala del Tercer Circuito en el Estado de Morelos, en autos del toca penal 132/2018-CO-3, por medio del cual resolvió desechar el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de diez de enero de dos mil dieciocho. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto que se reclama a la Sala del Tercer Circuito Judicial del Estado de Morelos, ya que así lo expresó la Magistrada Presidenta de la Sala al rendir el informe justificado (foja 74 de autos), lo que se corrobora además con las fotocopias certificadas del toca penal 132/2018-CO-3, que anexó como complemento al mismo (fojas 40 a 42 anexo I), dentro de las que se destaca el acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho. Documentales que ameritan pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición del artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, este juzgador procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa sin que en el caso se advierta queja qué suplir a pesar de tratarse de la víctima en el expediente de origen, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Para una mejor comprensión del asunto se estima pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, FRANCISCO SOSA GARCÍA solicitó ante el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones audiencia para controvertir la determinación del no ejercicio de la acción penal emitida por la Agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación UEDD/3661/2017 (fojas 3 a 6, Anexo I). Por auto de veinticuatro de la misma fecha, el Juez Tomás Mateo Morales radicó el escrito del promovente y señaló fecha para la audiencia de queja promovida por FRANCISCO SOSA GARCÍA, ordenó citar al quejoso y representante social y dio intervención al Asesor Jurídico Público a efecto de que representara los intereses de la víctima (foja 7, Anexo I). En la data fijada (diez de julio de dos mil dieciocho) el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones hizo constar la incomparecencia de FRANCISCO SOSA GARCÍA, a pesar de encontrarse debidamente citado y notificado por lo que apoyándose del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales declaró sin materia la queja (foja 9, anexo I). Por escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciocho, FRANCISCO SOSA GARCÍA, interpuso "FORMAL RECURSO DE APELACIÓN." en contra de la determinación de diez de julio de dicho año (fojas 10 a 12, Anexo I). Mediante proveído de doce de julio siguiente, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito judicial tuvo al quejoso interponiendo recurso de apelación en contra de la determinación de diez de julio de dos mil dieciocho y ordenó girar oficio al Magistrado Presidente de la Sala del Tercer Circuito en el Estado de Morelos con la remisión de diversas constancias (foja 13, Anexo I). Al radicar el toca penal 132/2018-CO-3 los Magistrados Integrantes de la Sala del Tercer Circuito en el Estado de Morelos, el once de diciembre de dos mil dieciocho resolvieron de plano desechar el recurso de apelación intentado por el quejoso al estimarlo legalmente inadmisible (fojas 40 a 42 de autos). Esta resolución constituye el acto reclamado. Por su parte, el quejoso en los conceptos de violación expuso lo siguiente: a) Que se trasgredió en su perjuicio la garantía de legalidad que consagra en su beneficio el artículo 1º de la Constitución Federal. b) Que la responsable dejó de observar la obligación impuesta por el artículo 17 Constitucional en su perjuicio. c) Que violó el numeral 20 Constitucional apartado C, fracción IV. d) Que la responsable violó en su perjuicio lo estipulado por la Ley General de Víctimas en el artículo 4º, así como lo preceptuado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, además de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Discriminación. Como se adelantó, son inoperantes los conceptos de violación sintetizados, en los que refiere la quejosa que la autoridad responsable al desechar de plano el recurso de apelación interpuesto trasgredió en su perjuicio los artículos 1, 17 y 20 Constitucional, 4 de le Ley General de Víctimas y 10 y 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros. Lo anterior ya que resulta evidente que no formuló enunciado, exposición ni concepto de violación que controvierta la razón toral establecida por Sala del Tercer Circuito en el Estado de Morelos, en el acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho para desechar de plano el recurso ordinario indicado. Se afirma lo anterior, ya que la Sala responsable, en el acuerdo materia del acto reclamado, desechó el recurso de apelación planteado por el quejoso contra el diverso proveído de diez de julio del mismo año, que dejó sin materia la queja intentada en contra de la determinación del ministerio público sobre el no ejercicio de la acción penal, al no haber comparecido a la audiencia respectiva a pesar de estar debidamente citado, bajo el argumento que el medio de defensa planteado por el quejoso no es admisible de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, como se vio, el quejoso al plantear los conceptos de violación en la demanda, se concretó a ilustrar una serie de preceptos de diversos cuerpos normativos; empero, no controvierte en lo mínimo el motivo que consideró la Sala responsable para desechar el recurso de apelación que intentó. Es decir, el relativo a las causas del desechamiento del recurso de apelación, en la medida que, como se dijo, se limitó a formular conceptos relacionados con aspectos que no constituyen materia del acto reclamado y que, por ende, no guardan relación con el mismo; al margen de referirse a derechos fundamentales que estimó violentados, pues se observa que éstos no fueron materia del acto reclamado. En esa virtud, se llega a la conclusión de que no desvirtúa la consideración que llevó a la Sala responsable a resolver de esa manera, ya que la parte quejosa no formuló razonamiento alguno al respecto, lo cual era indispensable para desvirtuar lo estimado en la determinación cuestionada en esta vía, de ahí que los conceptos de violación planteados se estimen inoperantes, al no controvertir los argumentos de orden procesal en que se sustentó la resolución reclamada. Es aplicable por su contenido y por analogía la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 2,667 del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Sección - Recursos, Novena Época que indica: "AGRAVIOS EN EL RECURSO DE QUEJA. SON INOPERANTES LOS QUE NO CONTROVIERTEN TODOS LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE APOYA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.". Así mismo, sirve de apoyo a lo anterior, por su orientación, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 621 del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.". No es óbice para lo anterior que conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, para que proceda el estudio de los conceptos de violación basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, pues ello de manera alguna implica que la parte quejosa exponga conceptos de violación tendentes a combatir sólo en parte una resolución reclamada, en este caso, la que desechó el recurso de apelación contra el acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho ya que salvo las excepciones establecidas en la ley, a la parte quejosa corresponde exponer de manera total y razonada por qué estima inconstitucional el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61 del Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.". De igual forma, en atención a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de amparo, aunque en el caso proceda la suplencia de la queja a favor del promovente de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de le Nación , visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", en el particular no se observa aspecto alguno que de manera oficiosa deba abordarse, habida cuenta que la resolución combatida no se aprecia violatoria de garantías en su perjuicio al encuadrar en la hipótesis normativa invocada por la responsable acorde a los motivos que expuso para resolver en el sentido que lo hizo. Acorde con lo hasta aquí expuesto y al ser, según se ha visto, inoperantes los conceptos de violación, sin que se advierta queja alguna que suplir, lo que procede en el caso es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Francisco Sosa García, por derecho propio, contra el acto que reclamó de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Conviene señalar que todas aquellas jurisprudencias que se han invocado en esta resolución, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando algunas de ellas se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; ya que el artículo Sexto Transitorio del decreto que expide la mencionada legislación vigente, dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa. Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a FRANCISCO SOSA GARCÍA, respecto del acto reclamado consistente en el auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por los Magistrados de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 273/2019-VI, promovido por FRANCISCO SOSA GARCÍA, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en la misma fecha al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos FRANCISCO SOSA GARCÍA, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclama a la Sala del Tercer Circuito Judicial del Estado de Morelos (fojas 19 a 25). SEGUNDO. Por auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en el Estado registró la demanda bajo el expediente 87/2019 y estimó encontrarse legalmente impedido para conocer del asunto por lo que ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito para la calificación correspondiente. TERCERO. Por ejecutoria de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito calificó fundado el impedimento planteado por el Juez Octavo de Distrito en la entidad y envió la demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos para remitirla al Juzgado de Distrito que por turno correspondiera, con excepción del Juzgado Octavo de Distrito. CUARTO. Por turno correspondió conocer del asunto al suscrito juzgador, por lo que se admitió a trámite la demanda de amparo el cinco de marzo siguiente, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos que es el territorio donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir de la quejosa, precisa que reclama: El auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por la Sala del Tercer Circuito en el Estado de Morelos, en autos del toca penal 132/2018-CO-3, por medio del cual resolvió desechar el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de diez de enero de dos mil dieciocho. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto que se reclama a la Sala del Tercer Circuito Judicial del Estado de Morelos, ya que así lo expresó la Magistrada Presidenta de la Sala al rendir el informe justificado (foja 74 de autos), lo que se corrobora además con las fotocopias certificadas del toca penal 132/2018-CO-3, que anexó como complemento al mismo (fojas 40 a 42 anexo I), dentro de las que se destaca el acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho. Documentales que ameritan pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición del artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, este juzgador procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa sin que en el caso se advierta queja qué suplir a pesar de tratarse de la víctima en el expediente de origen, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Para una mejor comprensión del asunto se estima pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, FRANCISCO SOSA GARCÍA solicitó ante el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones audiencia para controvertir la determinación del no ejercicio de la acción penal emitida por la Agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación UEDD/3661/2017 (fojas 3 a 6, Anexo I). Por auto de veinticuatro de la misma fecha, el Juez Tomás Mateo Morales radicó el escrito del promovente y señaló fecha para la audiencia de queja promovida por FRANCISCO SOSA GARCÍA, ordenó citar al quejoso y representante social y dio intervención al Asesor Jurídico Público a efecto de que representara los intereses de la víctima (foja 7, Anexo I). En la data fijada (diez de julio de dos mil dieciocho) el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones hizo constar la incomparecencia de FRANCISCO SOSA GARCÍA, a pesar de encontrarse debidamente citado y notificado por lo que apoyándose del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales declaró sin materia la queja (foja 9, anexo I). Por escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciocho, FRANCISCO SOSA GARCÍA, interpuso "FORMAL RECURSO DE APELACIÓN." en contra de la determinación de diez de julio de dicho año (fojas 10 a 12, Anexo I). Mediante proveído de doce de julio siguiente, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito judicial tuvo al quejoso interponiendo recurso de apelación en contra de la determinación de diez de julio de dos mil dieciocho y ordenó girar oficio al Magistrado Presidente de la Sala del Tercer Circuito en el Estado de Morelos con la remisión de diversas constancias (foja 13, Anexo I). Al radicar el toca penal 132/2018-CO-3 los Magistrados Integrantes de la Sala del Tercer Circuito en el Estado de Morelos, el once de diciembre de dos mil dieciocho resolvieron de plano desechar el recurso de apelación intentado por el quejoso al estimarlo legalmente inadmisible (fojas 40 a 42 de autos). Esta resolución constituye el acto reclamado. Por su parte, el quejoso en los conceptos de violación expuso lo siguiente: a) Que se trasgredió en su perjuicio la garantía de legalidad que consagra en su beneficio el artículo 1º de la Constitución Federal. b) Que la responsable dejó de observar la obligación impuesta por el artículo 17 Constitucional en su perjuicio. c) Que violó el numeral 20 Constitucional apartado C, fracción IV. d) Que la responsable violó en su perjuicio lo estipulado por la Ley General de Víctimas en el artículo 4º, así como lo preceptuado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, además de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Discriminación. Como se adelantó, son inoperantes los conceptos de violación sintetizados, en los que refiere la quejosa que la autoridad responsable al desechar de plano el recurso de apelación interpuesto trasgredió en su perjuicio los artículos 1, 17 y 20 Constitucional, 4 de le Ley General de Víctimas y 10 y 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros. Lo anterior ya que resulta evidente que no formuló enunciado, exposición ni concepto de violación que controvierta la razón toral establecida por Sala del Tercer Circuito en el Estado de Morelos, en el acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho para desechar de plano el recurso ordinario indicado. Se afirma lo anterior, ya que la Sala responsable, en el acuerdo materia del acto reclamado, desechó el recurso de apelación planteado por el quejoso contra el diverso proveído de diez de julio del mismo año, que dejó sin materia la queja intentada en contra de la determinación del ministerio público sobre el no ejercicio de la acción penal, al no haber comparecido a la audiencia respectiva a pesar de estar debidamente citado, bajo el argumento que el medio de defensa planteado por el quejoso no es admisible de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, como se vio, el quejoso al plantear los conceptos de violación en la demanda, se concretó a ilustrar una serie de preceptos de diversos cuerpos normativos; empero, no controvierte en lo mínimo el motivo que consideró la Sala responsable para desechar el recurso de apelación que intentó. Es decir, el relativo a las causas del desechamiento del recurso de apelación, en la medida que, como se dijo, se limitó a formular conceptos relacionados con aspectos que no constituyen materia del acto reclamado y que, por ende, no guardan relación con el mismo; al margen de referirse a derechos fundamentales que estimó violentados, pues se observa que éstos no fueron materia del acto reclamado. En esa virtud, se llega a la conclusión de que no desvirtúa la consideración que llevó a la Sala responsable a resolver de esa manera, ya que la parte quejosa no formuló razonamiento alguno al respecto, lo cual era indispensable para desvirtuar lo estimado en la determinación cuestionada en esta vía, de ahí que los conceptos de violación planteados se estimen inoperantes, al no controvertir los argumentos de orden procesal en que se sustentó la resolución reclamada. Es aplicable por su contenido y por analogía la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 2,667 del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Sección - Recursos, Novena Época que indica: "AGRAVIOS EN EL RECURSO DE QUEJA. SON INOPERANTES LOS QUE NO CONTROVIERTEN TODOS LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE APOYA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.". Así mismo, sirve de apoyo a lo anterior, por su orientación, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 621 del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.". No es óbice para lo anterior que conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, para que proceda el estudio de los conceptos de violación basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, pues ello de manera alguna implica que la parte quejosa exponga conceptos de violación tendentes a combatir sólo en parte una resolución reclamada, en este caso, la que desechó el recurso de apelación contra el acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho ya que salvo las excepciones establecidas en la ley, a la parte quejosa corresponde exponer de manera total y razonada por qué estima inconstitucional el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61 del Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.". De igual forma, en atención a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de amparo, aunque en el caso proceda la suplencia de la queja a favor del promovente de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de le Nación , visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", en el particular no se observa aspecto alguno que de manera oficiosa deba abordarse, habida cuenta que la resolución combatida no se aprecia violatoria de garantías en su perjuicio al encuadrar en la hipótesis normativa invocada por la responsable acorde a los motivos que expuso para resolver en el sentido que lo hizo. Acorde con lo hasta aquí expuesto y al ser, según se ha visto, inoperantes los conceptos de violación, sin que se advierta queja alguna que suplir, lo que procede en el caso es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Francisco Sosa García, por derecho propio, contra el acto que reclamó de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Conviene señalar que todas aquellas jurisprudencias que se han invocado en esta resolución, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando algunas de ellas se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; ya que el artículo Sexto Transitorio del decreto que expide la mencionada legislación vigente, dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa. Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a FRANCISCO SOSA GARCÍA, respecto del acto reclamado consistente en el auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por los Magistrados de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que derivado del reciente emplazamiento del tercero interesado Julio Ernesto Silvar García al presenten juicio de amparo, se encuentra transcurriendo el plazo que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se impone procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, señalando para que tenga verificativo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.MEAM/NMTG
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