Francisco Sosa Garcia

Expediente 76/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
76/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Francisco Sosa Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad.Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente y téngase a la autoridad oficiante comunicando que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.".Por tanto, se ordena archivar el presente asunto como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veintitrés de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional; comunicación que se tiene por formulada para los fines jurídicos a que haya lugar.

  3. Principal

    Se concede la prórroga a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de ocho días dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido, se le impondrá una multa.

  4. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24, 26, FRACCIÓN III, 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ***, contra actos del Fiscal Regional Oriente del Estado Oriente y otras autoridades. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, como enseguida se expondrá. En el caso, el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Jiutepec, Morelos, lo siguiente a saber: ".LA DENEGACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSITICIA, DERIVADO DEL ACUERDO DE NO EJERCICIO DEE LA ACCIÓN PENAL dictado EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, violentando abusivamente y arbitrariamente mi derecho de administración de justicia y un debido proceso violando abusiva y arbitrariamente nuestra propia carta magna, tratados internacionales y la ley general de víctimas." Sin embargo, tales actos no son susceptibles de combatirse en esta instancia constitucional, ya que previo a su impugnación en esta vía extraordinaria, debe agotarse el recurso que contempla la ley secundaria en observancia al principio de definitividad que rige este procedimiento de amparo. Ello, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, que establece lo siguiente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. --- No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. --- Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En el caso que nos ocupa, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que contra las omisiones y/o abstenciones del Agente del Ministerio Público, para investigar en una carpeta de investigación, son impugnables ante al Juez de control, pues al efecto dicho dispositivo legal establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del artículo transcrito se colige que, contra las decisiones del Ministerio Público sobre las omisiones durante la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas ante el juez de control. Luego entonces, si antes de la promoción de este juicio de amparo la parte quejosa no agotó el citado medio de impugnación que se menciona, a través del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado en la carpeta de investigación ***, por lo cual es dable considerar que dichos actos no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues previamente debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación, pero al no actuar así se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia, se refiere a la indebida tramitación de una carpeta de investigación (****). De modo que, esos actos no encuadran en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime que la parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña al procedimiento ni aún por equiparación, en virtud de que ya ha comparecido a la carpeta de investigación de origen con el objeto de hacer valer sus derechos, y por ello, está obligada a agotar los recursos procedentes, como en el caso del recurso de impugnación ya mencionado. A lo anterior, se suma el hecho de que en el caso, tampoco cobra vigencia la diversa excepción al principio de definitividad contemplada en la fracción XVIII, del numeral 61 de la legislación en consulta, en cuanto establece que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior sin soslayar que en términos de la fracción VII del artículo 107 de la ley de la materia, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, pues dicha norma de procedencia del juicio de amparo, no dispensa la aplicación del principio de definitividad, en caso de que la impugnación en sede judicial sea biinstancial, por lo que, de ser así, debe agotarse la vía jurisdiccional, toda vez que no existe motivo alguno que justifique que el juicio de amparo indirecto suplante al recurso innominado establecido en la legislación general. Debe precisarse, que la jurisprudencia citada en el párrafo inmediato anterior resulta aplicable al presente asunto, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar como se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata.

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