Francisco Sosa Garcia
Expediente 1219/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Sosa Garcia
- Visitaduria General Y Direccion General de Asuntos Internos de la Procuraduria General de la Republica Con Sede En la Ciudad de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio número 191/2019-PI, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al que adjunta testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del recurso de revisión RA(P).- 631/2018; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo 1219/2018 y un anexo. Acúsese recibo. Atento a la ejecutoria de mérito, hágase del conocimiento de las partes, que la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el presente juicio de amparo, fue confirmada por la Superioridad, cuyo único punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida, para quedar como sigue: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***********, contra el acto reclamado a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, con sede en la ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando VI de esta resolución." En virtud de lo anterior, glósese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes, para que obre como corresponda. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable la copia certificada de las constancias que anexó a su informe justificado, con las cuales se formó el anexo I; lo anterior, privilegiando el ahorro y racionalización de los recursos, con el objeto de que los mismos puedan ser reutilizados; sin que exista necesidad de exigir acuse de recibo por escrito, pues basta para ello el sello de su recepción que para tales efectos se asiente en la constancia de notificación respectiva. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6°, de los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de abril de dos mil catorce, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
c. ant. Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio número 9074, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo número 1219/2018; asimismo, informa que se admite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ******************; mismo que quedó registrado con el número de recurso de revisión RA (P).- 631/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso de revisión hecho valer por el quejoso, en contra de la resolución dictada en el presente expediente; agréguese a sus autos copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las restantes entre las partes, por lo que una vez hecha la notificación de este auto y que se encuentre debidamente integrado remítase el expediente junto con el original y copia del escrito de expresión de agravios correspondiente a la Superioridad, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Una vez integrado el presente juicio de amparo; fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Se instruye al actuario que corresponda, que al notificar a las partes y correr traslado, se haga constar que se anexa el escrito de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con diecinueve minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1219/2018, promovido por Francisco Sosa García; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en este asunto, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia; con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que ofreció la parte quejosa, así como la documental remitida por el Director General Adjunto de Investigaciones de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República; las que se tomarán en consideración al momento de resolver este asunto, por lo que se cierra el período. Luego, el Juez declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los ofreció; tampoco la agente del Ministerio Público adscrita presentó intervención ministerial alguna. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida ésta audiencia, y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS para resolver el juicio de amparo número 1219/2018; y, RESULTANDO 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, y turnado el mismo día a este Juzgado, Francisco Sosa García, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto atribuido a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, con sede en ciudad de México, que hizo consistir en: ".LA DENEGACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE FECHA 22 DE JUNIO, SIN ANALIZAR DE FONDO LA OMISIÓN DE DESIGNARME UN ASESOR JURÍDICO POR LOS AGENTES MINISTERIALES DENUNCIADOS." 2. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 1219/2018, misma que mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, en el que se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable. Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede, previo diferimiento; y, CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia administrativa en el que se reclama un acto derivado de hechos suscitados en la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso reclama el dictamen al acuerdo de conclusión de cuatro de junio de dos mil dieciocho, emitido por la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, residente en Ciudad de México, a través del cual se autorizó la propuesta de improcedencia en el expediente de investigación DGAI/1068/MOR/2016, relativo a la queja interpuesta por el hoy quejoso, por supuestas irregularidades en la integración de las averiguaciones previas AP/PGR/MOR/CV/517/II/2014, AP/PRG/MOR/CV/515/V/2014 y AP/PGR/MOR/CV/516/I/2014. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe respectivo, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió, a la que se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, al tratarse de documento público; aseveraciones y documental que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues la quejosa se ostentó sabedor del acto reclamado el trece de julio de dos mil dieciocho -cuando se le notificó el dictamen aquí reclamado-; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del trece de julio al dos de agosto del año en curso. Por tanto, si la demanda de amparo fue recibida el veinticinco de julio pasado, es claro que se presentó oportunamente. Lo anterior únicamente para efectos de la procedencia del juicio de amparo, sin prejuzgar sobre la legalidad del acto reclamado. V. Cuestiones necesarias para resolver. Como cuestión previa, se impone realizar una narración de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, a saber: 1. Mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, se radicó el expediente de investigación DGAI/1068/MOR/2016, relativo a la queja interpuesta por el hoy quejoso, por supuestas irregularidades en la integración de las averiguaciones previas AP/PRG/MOR/CV/515/V/2014 y AP/PGR/MOR/CV/517/II/2014, por lo que se ordenó estudiar los hechos a efecto de practicar las diligencias necesarias para la obtención de indicios y datos de prueba que acrediten los mismos y en su oportunidad emitir la resolución correspondiente. 2. Oficio número 58699 de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, signado por el Primer Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del cual remite a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República el expediente CNDH/1/2017/5561/R, pues el treinta y uno de agosto del citado año, recibió queja de Francisco Sosa García, por supuestas irregularidades en la integración de la averiguación previa AP/PGR/MOR/CV/516/I/2014, a fin de que inicie el procedimiento de investigación respectivo 3. El uno de febrero de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, con el visto bueno del director del área propuso la improcedencia de la investigación en el expediente DGAI/1068/MOR/2016, por lo que ordenó remitir dicho asunto al área correspondiente a fin de que dictamine respecto de la procedencia o no de la propuesta que formuló. 4. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, residente en Ciudad de México, emitió dictamen al acuerdo de conclusión, por el que autorizó la propuesta de improcedencia en el expediente de investigación DGAI/1068/MOR/2016, relativo a la queja interpuesta por el hoy quejoso, por supuestas irregularidades en la integración de las averiguaciones previas AP/PGR/MOR/CV/517/II/2014, AP/PRG/MOR/CV/515/V/2014 y AP/PGR/MOR/CV/516/I/2014, por lo que ordenó remitir dicho expediente y anexos al fiscal investigador a fin de que se practiquen las notificaciones correspondientes y remitir el original del expediente de investigación al archivo de la Dirección General de Asuntos Internos, como concluido. Esta última determinación constituye el acto reclamado. VI. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, por lo que a ello se procede en este apartado. En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo , relativa a la falta de interés jurídico del quejoso. Se afirma lo anterior, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, se advierte que el impetrante es el denunciante en la queja que dio origen al expediente de investigación DGAI/1068/MOR/2016, por supuestas irregularidades en la integración de las averiguaciones previas AP/PGR/MOR/CV/517/II/2014, AP/PRG/MOR/CV/515/V/2014 y AP/PGR/MOR/CV/516/I/2014, asunto en el que se resolvió improcedente la queja. En estas condiciones, al tener ese carácter -denunciante- el quejoso no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a/J.1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1120, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 176129, de rubro y texto: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." Así como la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 619, Volumen 205-216, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, número de registro 248315, que a la letra establece: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, LAS NORMAS QUE COMPONEN EL REGIMEN DE, NO RECONOCEN NI TUTELAN INTERESES PARTICULARES. Y SUS TITULARES CARECEN DE INTERES JURIDICO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE PRODUZCAN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES. Las normas que componen el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores judiciales, no reconocen ni tutelan intereses particulares, pues su único objetivo es garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de la función pública de impartición de justicia. En este sentido, es evidente que tales normas, al no estar dirigidas a la satisfacción de intereses individuales, no conceden a ningún particular la facultad de exigir a los órganos estatales que actúen en una forma determinada, máxime que los propios particulares no forman parte de la relación jurídica que se establece entre la organización judicial, como titular de la potestad disciplinaria en este ámbito, y sus miembros como subordinados a ella. Así sucede en el caso particular, según se advierte con la lectura de los artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal comprendidos en su título décimo segundo, al tenor de los cuales el procedimiento previsto para la determinación de faltas administrativas se desarrolla con intervención exclusiva del tribunal, por conducto del Magistrado visitador, y el Juez acusado, sin que al denunciante se otorgue alguna intervención que se traduzca en la posibilidad de ofrecer pruebas, de alegar o de oponerse a los proveídos y providencias que se adopten en cada caso. En este orden de ideas, si dichas normas no reconocen ni tutelan intereses individuales, ni tampoco conceden a los particulares, ni a un a aquellos que sean partes contendientes en los juicios en donde se produzcan irregularidades, facultad de exigir la imposición de sanciones por faltas disciplinarias, es incuestionable que tales particulares carecen de interés jurídico para impugnar los actos que se produzcan en materia de responsabilidad administrativa de los servidores judiciales, no sólo porque la ley no les confiere derechos subjetivos, sino porque además no sufrirán ningún perjuicio ni obtendrán ninguna ventaja de los actos de aplicación de normas disciplinarias. Así las cosas, aunque cualquier miembro de la colectividad esté interesado en que se apliquen debidamente las normas disciplinarias sobre las personas físicas que encarnan a los órganos encargados de administrar justicia, lo cierto es que tal interés, al carecer del rango de derecho subjetivo por no recibir una protección jurídica directa, persiste únicamente como interés simple, de este modo, el único papel que pueden desempeñar los particulares, en su calidad de contendientes en un juicio cualquiera, es de denunciantes, según lo reconocen el artículo 280 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal. Su labor será la de poner en marcha los mecanismos necesarios para que la organización judicial ejerza su potestad disciplinaria doméstica, haciendo de su conocimiento las irregularidades cometidas por el servidor judicial, cuando a su parecer puedan ser constitutivas de alguna falta administrativa. No podría rebatirse tal conclusión con el argumento de la parte de que ella se beneficiaría particularmente si el Juez fuera declarado responsable porque entonces cesaría su conocimiento del juicio relativo, toda vez que no existiendo regla de derecho que le otorgue el derecho a exigir la imposición de sanciones, sería irrelevante el supuesto beneficio que alega la revisionista, máxime que no existe certeza ni indicio que permita sostener que de continuar el Juez la tramitación del juicio, el fallo le sería desfavorable o que el cambio de Juez traería aparejada necesariamente una resolución favorable a sus intereses." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. VII. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Sosa García, contra el acto reclamado a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, con sede en ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando VI de esta resolución. SEGUNDO. Por las razones vertidas en el último considerando de esta determinación, se ordena la captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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