Francisco Sosa García

Expediente 104/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
104/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Sosa García

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otra parte, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notificación. Sin que resulte necesario notificar de manera personal este proveído, en razón de que no ha dejado de actuarse en el juicio durante más de seis meses, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 104/2020, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintidós de enero del dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado en esa misma fecha, en ella, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por estimar transgredidos los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 6, fracciones I, II, III y IV, 17, 20, Apartado A, fracción I y 133 constitucionales, por los actos de las siguientes autoridades: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS". De quien reclamó: "V.- ACTO RECLAMADO. - LA NEGACIÓN, CORRUPCIÓN Y OBSTRUCCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERIVADO DE LA NEGATIVA DE DAR TRÁMITE A MIS PETICIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE MÁS ADELANTE SE PRECISAN". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Previo desahogo de prevención, mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se ordenó solicitar a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cabe precisar que, dada la naturaleza de los actos reclamados no se advirtió la existencia de persona alguna que le asistiera el carácter de tercero interesado. TERCERO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente dictar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de grado, materia y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracción I y IV, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, pues se reclaman actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, con efectos de ejecución en el ámbito territorial de competencia asignado a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos reclamados, lo que implica analizar no solo el apartado identificado con ese nombre dentro de la demanda, sino la totalidad de ésta, así como sus anexos; lo anterior, con sustento en la Jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", así como la diversa tesis P.VI/2004, del propio órgano colegiado, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por lo expuesto, de un análisis integral de la demanda de amparo, y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se precisan como actos reclamados los siguientes: Las negativas de acceso a la información contenidas en las determinaciones denominadas "improcedencia de solicitud" con números de folios ***********, emitidas el catorce de enero de dos mil veinte, por la Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en atención a las solicitudes formuladas por el quejoso los días seis y catorce de enero del año en curso, respectivamente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos que les atribuyó la parte quejosa, pues sus manifestaciones constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2o, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrare a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos se robustece con las constancias que remitió en apoyo de su informe justificado, relativas a las solicitudes de acceso a la información formuladas por la parte quejosa y sus respectivas determinaciones emitidas en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos (fojas 56 a 170); documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, al no existir prueba en contrario, resultan ciertos los actos reclamados. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atendiendo dicho principio, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la autoridad responsable, se tiene que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 6, Apartado A, fracciones IV y VIII, párrafos primero, segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos, que a continuación se transcriben. De la Ley de Amparo: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos: "6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. [.] Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: [.] IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. [.] VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. [.] El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los Juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable. Empero, si esa causal de improcedencia se actualiza o se acredita una vez iniciado el procedimiento respectivo, esto es, en el curso de la secuela procesal correspondiente, el órgano de control debe abstenerse de dictar sentencia en la que se realice un pronunciamiento de fondo acerca de la validez del acto reclamado, debiendo sobreseer en el juicio respectivo; ello con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que en la especie sucede. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio para la tutela de derechos fundamentales, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre esas causas de improcedencia se encuentra la prevista en la disposición transcrita, en cuya virtud, se colige que el juicio de amparo, no procede cuando lo prevenga alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. A través de esa porción normativa, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio para la protección de derechos fundamentales, resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 6° de la Constitución reconoce el derecho de acceso a la información, el cual se rige por diferentes principios y bases, entre ellos la existencia de: a) Mecanismos de acceso a la información; b) Procedimientos de revisión; y, c) Órganos autónomos especializados e imparciales que serán los responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información. A nivel Estatal, el organismo constitucional autónomo establecido para tal efecto es el Instituto Morelense de Información y Estadística, que se rige por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en la cual, se prevén los procedimientos para el ejercicio del derecho en cuestión. Precisado lo anterior, también es importante destacar que existe una relación de sinergia entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información, ya que se encuentran vinculados y relacionados, pues ambos garantizan que los particulares reciban una respuesta con información completa, veraz y oportuna, de la que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad. Como se desprende la Jurisprudencia I.4o.A. J/95 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lleva por rubro "DERECHO DE PETICIÓN. SU RELACIÓN DE SINERGIA CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN". Asimismo, conviene precisar que en la Jurisprudencia 2a./J. 4/2012 (10a.) , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que el juicio de amparo es procedente cuando se alega una violación al derecho de petición con motivo de la omisión de la autoridad de dar respuesta de una solicitud de acceso a la información pública; criterio que se encuentra titulado en los siguientes términos: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL)". En ese sentido, se tiene que el juicio de amparo es procedente cuando se reclama la omisión de la autoridad responsable de atender una solicitud de acceso a la información; sin embargo, ese medio de control constitucional resulta improcedente cuando se combate la respuesta o determinación que emite la autoridad derivado de dicha solicitud. Dicho en otras palabras, cuando un particular ejerce su derecho de acceso a la información pública a través de las plataformas de transparencia establecidas para ese fin (mecanismos de acceso), y derivado de esa solicitud, la autoridad (sujeto obligado) emite una determinación en la que bien, puede conceder o negar la información requerida, en caso de no estar de acuerdo con esa "respuesta" o "determinación" el gobernado previo a promover el juicio de amparo, debe acudir ante el Instituto Morelense de Información y Estadística, como órgano garante de ese derecho en esta entidad federativa, pues una vez emitida la respuesta o determinación, no se puede alegar autónomamente una vulneración al artículo 8 constitucional analizable en el juicio de amparo. En efecto, si partimos de la premisa de que el Instituto Morelense de Información y Estadística, se creó como un órgano que defiende esa prerrogativa, no puede desconocerse su competencia para analizar las respuestas emitidas en este caso, por la Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, pues de lo contrario, se anularía la finalidad de su creación. Bajo ese contexto, es que se considere que se actualiza la causa de improcedencia aquí analizada. Lo anterior es así, pues de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, es de obtenerse que el quejoso con fechas seis y catorce de enero del año en curso, respectivamente, ejerció su derecho de acceso a la información. En atención a ello, y previó el desahogo de algunas prevenciones, la Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con fecha catorce de enero de dos mil veinte, emitió las determinaciones denominadas "improcedencia de solicitud" con números de folios **********, a través de las cuales consideró negar al aquí impetrante el acceso a la información que le requirió. De ahí que, las respuestas o determinaciones de mérito deben ser analizadas a través del recurso de revisión previsto en los artículos 117 y 118, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, que prevé: "Artículo 117. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, ya sea por escrito o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, el recurso de revisión, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. En lo conducente se aplicará de forma supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos". "Artículo 118. El recurso de revisión procederá en contra de: I. La clasificación de la información; [.] XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; [.]". De las porciones normativas antes transcritas, se puede advertir que los gobernados cuenta con un recurso efectivo para impugnar ante un órgano autónomo garante del derecho de acceso a la información, entre otras determinaciones, la que clasifican la información, así como aquellas que niegan permitir al gobernado la consulta de la información que requiere. En consecuencia, antes de promover el presente Juicio de amparo, el quejoso debió interponer el recurso de revisión ante el Instituto Morelense de Información y Estadística, pero al no haberlo hecho, la presente instancia constitucional resulta notoriamente improcedente. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recurso de revisión ante el órgano garante constituye un instrumento idóneo y efectivo de protección al derecho de acceso a la información, pues en él se valorarán las manifestaciones del recurrente, la resolución de la autoridad, las pruebas aportadas y en su caso, los alegatos de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto: "DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PREVÉ UN RECURSO EFECTIVO PARA COMBATIRLA. De la interpretación conforme y sistemática de los artículos 37, fracciones I y II, 42 a 46, 49, 56 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierte que si un sujeto obligado declara la inexistencia de la información solicitada por un particular, dicha declaratoria puede ser combatida a través del recurso establecido en el artículo 49 de la citada ley, de cuyo análisis es posible concluir que constituye un instrumento idóneo y efectivo de protección al derecho de acceso a la información. En este sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales debe valorar la litis planteada (integrada por las manifestaciones del recurrente, la resolución de la autoridad, las pruebas aportadas y los alegatos de las partes) para determinar en cada caso concreto si la resolución de inexistencia de información es válida. Atento a lo anterior, es inconcuso que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia analizada, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio, al ubicarse en la hipótesis que establece la fracción XXIII del arábigo 61, con relación el diverso 6, Apartado A, fracciones IV y VIII, párrafos primero, segundo y cuarto, Constitucional, en relación con la fracción V del artículo 63, del primer cuerpo normativo mencionado. No es óbice a lo anterior, que en auto de siete de agosto de dos mil veinte, se haya tenido a la autoridad responsable informando que la parte quejosa ha promovido diversos recursos de revisión en contra de las determinaciones denominadas "improcedencia de solicitud" con números de folios ************, los que a su decir, se encuentran pendientes de resolver; sin embargo, este Juzgado se encuentra impedido para otorgar valor probatorio a las documentales que exhibió para acreditar sus manifestaciones, dado que fueron allegadas en copia simple, las que por sí solas carecen de valor probatorio pleno. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, encontrándose la suscrita imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Atento a lo anterior, dado el sentido de este fallo, resulta ocioso el análisis de las diversas causas de improcedencia que hizo valer el tercero interesado tomando en cuenta que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución respecto a los actos reclamados, motivo por el cual no se hace pronunciamiento alguno. Tiene sustento a lo anterior, la tesis I.7o.P.11 K, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA". QUINTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2014, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. Captura de sentencia. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, en los artículos 61, 62, 63 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable que quedó precisada, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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