Francisco Serrano Sánchez
Expediente 416/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Serrano Sánchez
- Juez de Control Y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio Y Oral, Región Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
En veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos se desprende que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada, por lo que resulta innecesaria la retención del disco compacto relativo a la causa penal ********************, remitido por el Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Lázaro Cárdenas, Michoacán; en consecuencia devuélvase el referido disco a su lugar de origen. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
En veinte de septiembre de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos, se desprende que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que resulta innecesaria la retención de los dos discos compactos relativos a la causa penal 41/2020, remitidos por el Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Lázaro Cárdenas, Michoacán; en consecuencia devuélvanse los referidos discos a su lugar de origen. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
En dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo CERTIFICO: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del treinta de agosto al doce de septiembre de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por lista el veintiocho de agosto del mismo año, sin que lo hubiera hecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, toda vez que no fue impugnada por la parte quejosa, la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 88 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, a la parte quejosa, se determina que el cuaderno incidental es conservable, acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo General. TRANSFERENCIA. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse previa anotación correspondiente el cuaderno incidental a la Dirección General de Archivo y Documentación. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en ése, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las doce horas con quince minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 416/2023, señalada para esta fecha. La secretaria da cuenta al Juez con las principales constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: Demanda de amparo, e Informes justificados. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da al Juez con las documentales de la parte quejosa y las autoridades responsables. El Juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las referidas documentales en razón de su naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior El Juez acuerda: Se toma conocimiento; y se cierra esta etapa. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente resolución. S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos del Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, ********************, por conducto de su defensor privado Luis Manzo Macías solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las siguientes autoridades: "III.- Autoridades responsables, ORDENADORA: 1.- Juez de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Lázaro Cárdenas, Michoacán (.) 2.- EJECUTORA. Licenciada ENRIQUETA LÓPEZ LOAEZA, Agente del Ministerio público de Litigación adscrita de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de la Fiscalía General del Estado (.). IV.- Actos reclamados: de la autoridad responsable señalada como ordenadora; La orden de "aprehensión administrativa" dictada contra FRANCISCO SERRANO SÁNCHEZ, con efecto de ser recluido en el Cereso de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de ahí ser reconducido a juicio ante su presencia para reaunudar audiencia; dictada el 14 catorce de junio del año en curso, dentro de la continuación de la audiencia de juicio programada para desahogo de testigos ofertados por el Ministerio Público, por no haber comparecido a la misma, en la causa penal número ********************." El promovente expuso que se violan los derechos fundamentales reconocidos a su representado en los artículos 1°, primer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer y tercer párrafos, y 20, Apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de veinte de junio de dos mil veintitrés-fojas 13 a 15-, se radicó la demanda con el número 416/2023; se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación de las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de siete de julio de dos mil veintitrés, - foja 31- se tuvo por recibido el informe justificado del Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, con el que se ordenó dar vista a las partes para los efectos legales que hubiera lugar; y, se reconoció con el carácter de tercero interesado a Sergio Moreno Ortiz, por lo que se ordenó su emplazamiento por conducto de su Asesora jurídica adscrita a la Unidad Regional de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán. La audiencia constitucional se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que procede, toda vez que la parte quejosa reclama una orden de aprehensión con posible ejecución en el lugar que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que el quejoso ******************** reclama: Del Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo: -La orden de aprehensión de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada contra el quejoso ********************, dentro de la causa penal ********************, seguida en su contra por hechos que la ley señala como delito de lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular, cometido en agravio de ********************. De la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Penal, de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo: -La ejecución de dicha orden. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, correspondiente a abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados del Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; y, de la Agente del Ministerio público adscrita al Juzgado Segundo Penal, de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, consistentes la orden de aprehensión de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada contra el quejoso ********************, dentro de la causa penal ********************; y su ejecución, pues lo aceptaron al rendir su respectivo informe justificado -fojas 29 y 19-. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia de los actos reclamados se acredita con los discos de DVD conteniendo audio y video de la orden de aprehensión reclamada; medio de convicción que tiene valor probatorio de documental pública, en términos de los 129, 130, 197 y 202 del código adjetivo civil federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, atendiendo a su naturaleza de documentales públicas. Es aplicable, la jurisprudencia 43/2013, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 703, del tomo 1, libro XXIII, agosto 2013, de la décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2004362, que señala: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, de oficio, el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada se consumó de manera irreparable. Dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". El numeral recién transcrito señala que, el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, los cuales deben entenderse como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos; es decir, su finalidad se obtuvo en todas sus consecuencias jurídicas. Para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en actos consumados de modo reparable e irreparable. Los primeros son aquéllos que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtener una sentencia de amparo favorable, de ahí que el juicio de amparo procede contra actos consumados de modo reparable. En cambio, los segundos son aquéllos que, al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, por lo cual resulta improcedente el juicio de amparo. Luego, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe atender a los efectos y consecuencias de su ejecución; esto es, si pueden dejarse insubsistentes en virtud de la concesión del amparo, sin que el numeral citado haga distinción alguna si la irreparabilidad debe ser física o jurídica. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpretan, con los numerales 61, fracción XVI y 77 de la ley de la materia en vigor, la tesis 150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que puede verse en la página 325, del tomo XIV, diciembre de 1994, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 209662, que señala: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". En el caso, el quejoso ******************** reclama la orden de aprehensión de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada en su contra, dentro de la causa penal ********************, por los hechos que la ley señala como delito de lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular, cometido en agravio de ********************; y su ejecución. En relación con dicha orden, mediante oficio 1269/2023, el Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, informó a este órgano jurisdiccional, que el doce de julio de dos mil veintitrés, se cumplimentó la orden de aprehensión dictada contra el quejoso, por lo que se reanudó el procedimiento en su etapa de juicio oral, fijándose fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares. Lo anterior se corrobora con el diverso oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Penal, de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, de doce de julio de dos mil veintitrés, en el que informó a este órgano jurisdiccional que siendo las once horas con cuarenta minutos de ese día, se cumplimentó la orden de aprehensión reclamada, por los elementos de la policía de investigación, sección aprehensiones, exhibiendo, a efecto de acreditar sus afirmaciones el oficio sin número suscrito por los Policías de Investigación de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Sección de Seguridad Pública, en el que se describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cumplimentación de la orden. Asimismo, obra en autos el oficio 2088/2023, en el cual el Juez responsable hizo del conocimiento de este Juzgado que el trece de julio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se resolvió fijar al ahora quejoso la diversa medida cautelar establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a: "la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe, por lo que el impetrante de amparo se debe presentar a firmar cada ocho días en sustitución de cada treinta días que se había impuesto por el Juez de Control originalmente, ante la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso y decretándose la libertad del promovente." Al aludido oficio recayó el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo a la autoridad informado lo anterior y se tomó conocimiento para los efectos legales conducentes. Documentales que por su naturaleza de públicas adquieren eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. De conformidad con lo anterior, en atención a que la orden de aprehensión, reclamada ya se cumplimentó e, incluso, el trece de julio de dos mil veintitrés, en audiencia de revisión de medida cautelar, se le fijó al quejoso la medida cautelar consistente en la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designara, decretándose su libertad, se estima que dicho acto reclamado quedó consumado irreparablemente en perjuicio del peticionario de amparo, pues de concederse el amparo no sería posible jurídica y materialmente volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. Es así, pues tomando en consideración que dicho acto ya se realizó en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, pues el aquí quejoso fue detenido y puesto a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal en lugar en que quedó recluido, y a disposición de la autoridad juridicial que conoce de la causa penal seguida en su contra, además de que posteriormente, una vez que se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares, esto es, el trece de julio de dos mil veintitrés, el quejoso fue puesto en libertad, por lo que física y materialmente ya no puede ser restituido al estado que se encontraba antes de las violaciones reclamadas, pues no se podría retrotraerse el tiempo para el efecto de que el quejoso no fuera aprehendido. Lo anterior, con apoyo en la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 16, Volumen Quinto, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación." Y, en la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 14, Volumen 163-168, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de fondo, atento al contenido de la jurisprudencia 58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, del tomo 70, octubre de 1993, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto que se reclama de la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Penal, de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada en contra del quejoso ********************, dentro de la causa penal ********************, por los hechos que la ley señala como delito de lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular, cometido en agravio de ********************, pues no lo reclama por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Ilustra, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 286, volumen 91-96, sexta parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 253622, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de la última consideración de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe. La suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en el que se determinó sobreseer en el juicio de amparo 416/2023, promovido por ********************, contra actos del Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo y de otra autoridad. Conste. El veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria con adscripción en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada y confidencial, por tratarse de: nombres de personas físicas o morales que tienen el carácter de parte dentro del juicio de origen o del expediente de amparo o intervienen dentro del asunto, sin la calidad de autoridad; y, el expediente natural, al ser un dato que hace identificable la identidad de la parte quejosa y de las demás partes involucradas en este sumario, de manera directa o indirecta, a través de cualquier información. Conste.
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