Francisco Serrano Miranda
Expediente 260/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Serrano Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del siete de junio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 260/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 9129, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y hace relación con las constancias de autos, de las que se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; de igual manera se tienen por recibidos los pedimentos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional, de lo que se ordena hacer relación en la etapa respectiva del desarrollo de la presente audiencia. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por el quejoso Francisco Serrano Miranda y por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo en el Estado de Michoacán de la Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las documentales mencionadas en el párrafo anterior. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta con los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional y certifica que las demás partes no los hicieron valer. Con relación a lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O S: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de marzo del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional ************, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Fiscal General del Estado de Michoacán. 2. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo en el Estado de Michoacán, de la Fiscalía General del Estado, en su denominación correcta. Ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ************* Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 260/2023, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidieron los informes justificados a las autoridades responsables, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: ************ Tercera. Existencia del acto reclamado. De las copias auténticas, consistentes en las actuaciones de la carpeta de investigación número ********, expediente *************, remitidas por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo en el Estado de Michoacán, de la Fiscalía General del Estado, en su denominación correcta, ésta informó que el día diez de marzo del año en curso, el quejoso ************, se constituyó en las instalaciones de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía Especializada a Delitos de Alto Impacto, Fiscalía de Robo al Transporte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de solicitar ante dicha autoridad el levantamiento del aseguramiento del inmueble ***********. En virtud a lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía Especializada a Delitos de Alto Impacto General del Estado de Michoacán, se constituyó en compañía del aquí quejoso ************, en el inmueble ubicado en *********** Michoacán, a efecto de que le fuera entregado dicho inmueble, tal y como se advierte del acta de levantamiento de aseguramiento a inmueble de fecha diez de marzo del año en curso [Foja 106]. Lo que se robustece con las documentales referidas, las cuales adquieren valor probatorio pleno respecto de los hechos enumerados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, en razón de su naturaleza de públicas. Cuarta. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia, este Juzgado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe de oficio estudiar si alguna de ellas se actualiza en el presente asunto. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo -seis de marzo del año en curso-, existía el acto reclamado; sin embargo, de las documentales remitidas por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo en el Estado de Michoacán, de la Fiscalía General del Estado, en su denominación correcta, y acordadas mediante auto de veinte de abril del presente año, se tuvo al referido Agente del Ministerio Público, informando que el día diez de marzo del año en curso, el quejoso ******, se constituyó en las instalaciones de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía Especializada a Delitos de Alto Impacto, Fiscalía de Robo al Transporte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de solicitar ante dicha autoridad el levantamiento del aseguramiento del inmueble ubicado en *********, Michoacán, con coordenadas *****, tal y como se advierte de la comparecencia de fecha diez de marzo de la presente anualidad [Foja 105] En virtud a lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía Especializada a Delitos de Alto Impacto General del Estado de Michoacán, se constituyó en compañía del aquí quejoso *************, en el inmueble ubicado en **********, Michoacán, a efecto de que le fuera entregado dicho inmueble, tal y como se advierte del acta de levantamiento de aseguramiento a inmueble de fecha diez de marzo del año en curso [Foja 106]. Lo anterior, permite sostener que al momento de presentar la demanda de amparo tenía vida jurídica el acto reclamado; sin embargo, el mismo dejó de tenerla en el momento en que la autoridad responsable dejó sin efecto el aseguramiento respectivo, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus derechos a la parte quejosa como si se le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, de lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referida en el primer resultando. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público Federal, con éste dese cuenta en la audiencia constitucional. En relación con la solicitud de copia de la resolución que se dicte en el presente asunto, una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que mediante proveído de diez de mayo actual, se requirió a la pate quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, computado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara lo que a sus intereses conviniera en relación a lo informado en auto de veinte de abril del año en curso, por el Agente del Ministerio Publico Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el siguiente sentido: "[.] En cumplimiento a su oficio número *** de fecha ***del año en curso remito a usted las copias debidamente autenticadas relativas al levantamiento del aseguramiento del inmueble ubicado en carretera ***, consistentes en la comparecencia de la persona de nombre ***, Acta de Levantamiento de Aseguramiento [.]." Sin que a la fecha haya transcurrido el término de tres días que se le concedió para ese efecto, toda vez que la parte quejosa fue notificada por citatorio el doce de mayo actual y por lista el día de hoy, ello en virtud de que la quejosa no acudió a notificarse ante este órgano jurisdiccional del citado auto, dentro del plazo de dos días hábiles que prevé la ley de la materia, tal y como se le comunicó en el citatorio referido. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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