Francisco Sepulveda Guerrero

Expediente 208/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
208/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Francisco Sepulveda Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio, se ordena archivo...

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, concretamente el informe justificado rendido por la responsable, en relación con el reclamo constitucional, de lo cual se advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia, lo cual es un asunto de orden público y estudio preferente, lo invoquen o no las partes, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el particular se advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, éste a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos en mención establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del artículo 107, fracción V, citado con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio constitucional respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual al momento de la presentación de la demanda, el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En tal medida, la procedencia del juicio de amparo indirecto procede únicamente respecto de violaciones a derechos sustantivos, y no así por violaciones intraprocesales; en ese sentido, cuando el gobernado se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, como la violación a los términos procesales, aun cuando alegue transgresiones directas a los artículos 8º, 14 y 17, constitucionales, y al momento de la presentación de la demanda no exista una dilación considerable, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; por lo que, el interpuesto contra actos de esta naturaleza, por regla general, es notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Así, el amparo indirecto es improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al biinstancial, salvo que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Ahora bien, en el caso concreto, en la demanda de amparo, el promovente reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: "V.- ACTO RECLAMADO.- La omisión por parte de la Autoridad responsable (H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora) de emitir en término legal el laudo correspondiente al juicio arbitral número 2777/2017 seguido ante dicha autoridad." En el caso, no obstante que el quejoso reclamó una omisión autónoma en el procedimiento de origen, al momento de la presentación de la demanda no se encontró a la responsable materializando actos contrarios a la prosecución en tiempo del procedimiento natural; de lo que se sigue, que es evidente que no existió una abierta dilación del procedimiento laboral o la paralización total del mismo, que pudiera generar al momento de acudir al amparo violación a derechos del impetrante. Se afirma lo anterior, pues así se evidencia de las constancias que en copia certificada remitió a este juzgado la junta responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°., de las cuales se advierte que el auto en el que se decretó el cierre de instrucción del juicio de origen, se emitió el veintisiete de enero de dos mil veintiuno (y se publicó en lista de acuerdos en esa propia data); en tanto que la demanda de amparo se presentó el dos de marzo del año en mención; es decir, veintidós días hábiles previos a la presentación del libelo constitucional. Aquí, es preciso advertir que, conforme al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, al concluir el desahogo de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción (tal como ocurrió en el caso), y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener los requisitos previstos en la normativa laboral en trato. De dicho proyecto de laudo, se entregará una copia a cada uno de los miembros del Tribunal y dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros del Tribunal podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquier diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad (artículo 886). En ese supuesto, la responsable, con citación de las partes, señalará día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Transcurrido el término descrito, el Magistrado Presidente del Tribunal citará a los miembros del mismo, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas (artículo 887). Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal (artículo 889). Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Una vez engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes (artículo 890). De ahí que resulta inconcuso que al momento de la presentación de la demanda de amparo no existió dilación, retardo injustificado, o bien, la demora prolongada de que se duele la parte promovente, pues aún no había transcurrido el número de días, que la ley laboral le otorga para que se lleve a cabo el procedimiento de emisión del laudo que conforme a lo expuesto es de treinta y tres días, sin contar el plazo que tiene la responsable para la notificación de la resolución. Sirve de apoyo la Jurisprudencia por reiteración III.3o.T. J/3(10a)12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." En relatadas condiciones, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no transcurría el plazo legal para el pronunciamiento de la resolución definitiva que alude el artículo 885 da Ley Federal de Trabajo, no es factible considerar que hubiese dilación al procedimiento laboral ? y mucho menos dilación abierta?. En consecuencia, al actualizarse en el asunto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en términos de lo establecido en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita. Por lo anterior, la audiencia constitucional fijada en el presente asunto, no habrá de llevarse a cabo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de abril de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Documentales. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que anexa a su informe, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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