Francisco Segovia Castillo

Expediente 987/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
987/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Francisco Segovia Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    MESA IV. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que el original de este incidente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez trascurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA IV. Vista la certificación, así como el estado de autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de diez de diciembre de dos mil dieciocho, que sobreseyó el presente juicio amparo -fojas 47 a 51-. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.

  3. Principal

    MESA IV.- VISTOS, para resolver, el juicio de amparo 987/2018-IV-A; promovido por la quejosa Francisco Segovia Castillo; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, y remitido por razón de turno el mismo día a este órgano jurisdiccional, Francisco Segovia Castillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados consistentes en: EL ACUERDO DE ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSÉ OJEDA, MANZANA 8, LOTE 19, UNIDAD HABITACIONAL EJÉRCITO DE ORIENTE, 5ª SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 09230, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA. Y SU EJECUCIÓN. Atribuida al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como prerrogativas vulneradas las contenidas en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en auto de treinta y uno de octubre pasado, se registró bajo el número 987/2018-IV-A y se admitió a trámite; se solicitó a las responsables informe justificado; a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención correspondiente; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 28 a 30). En proveído de nueve de noviembre del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Operativa de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que la diversa autoridad Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en representación del Secretario de Seguridad Pública, al rendir su informe justificado, refirió que el aseguramiento del inmueble reclamado en este juicio de amparo, fue con motivo del oficio sin número de seis de agosto del año en curso, signado por el citado Agente del Ministerio Público, sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna, por lo que en diverso de siete de diciembre pasado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se determinó que el presente juicio se seguiría únicamente por la autoridad responsable señalada en su escrito de demanda (fojas 42, 43 y 46). Finalmente, la audiencia constitucional, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto en los dispositivos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal de la República; 37 de la Ley de Amparo y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado es de naturaleza penal y cuya ejecución se está llevando a cabo dentro de la demarcación territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción en términos del punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Por tanto, se tiene como acto reclamado: EL ACUERDO DE ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSÉ OJEDA, MANZANA 8, LOTE 19, UNIDAD HABITACIONAL EJÉRCITO DE ORIENTE, 5ª SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 09230, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA. Y SU EJECUCIÓN. Atribuida al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. TERCERO. Inexistencia de la autoridad y de los actos reclamados. Acorde a la razón actuarial que obra a foja 35, se desprende que la autoridad responsable señalada por el solicitante de amparo como Fiscalía General de la Ciudad de México; no existe con esa denominación; por ende, similar consideración debe tomarse en cuanto al acto que se le reclama. En esa tesitura, ante la inexistencia del acto reclamado por la parte quejosa, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Secretario de Seguridad Pública, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, señalando que en las diversas unidades administrativas de esa dependencia, se localizó el oficio sin número de seis de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Operativa de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, relacionado con la averiguación previa FCIN/AOP/UI-3C/D/00046/07-2018, en el que solicitó se avocaran a la custodia real y de vista permanente del domicilio ubicado en calle Ojeda, Manzana 8, lote 19, esquina Brigada Álvarez, colonia Ejército de Oriente Peñón, código postal 092399, delegación Iztapalapa. Por tal motivo, mediante proveído de nueve de noviembre del año en curso (fojas 42 y 43), se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Operativa de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con el apercibimiento que en caso de no ejercer ese derecho, este controvertido se resolvería conforme a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda, sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna al respecto; por lo que por auto de siete de diciembre pasado (foja 46), se hizo efectivo el apercibimiento decretado. En ese sentido, se advierte que el acuerdo de aseguramiento del inmueble ubicado en calle José Ojeda, Manzana 8, lote 19, Unidad Habitacional Ejército de Oriente, 5ª Sección, código postal 09230, Alcaldía de Iztapalapa, fue ordenado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Operativa de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, autoridad que no fue señalada por el quejoso a pesar de que se le hizo del conocimiento que ésta fue la que emitió el acto reclamado. Por tanto, debe concluirse que en la especie no es dable estudiar el acto que reclama la parte quejosa al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pues ésta únicamente tiene el carácter de ejecutora y fue contundente en informar que el aseguramiento reclamado fue ordenado por agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Operativa de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 205, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuatrocientos sesenta y ocho, Tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable ordenadora al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Operativa de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, no se puede analizar el acto por éste emitido; por lo anterior, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción III, del artículo 108 y fracción II, del artículo 5, todos de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del referido ordenamiento legal procede sobreseer el presente juicio de amparo. , Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la informan, la tesis 650, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y seis, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE SOBRESEERSE EN EL AMPARO CUANDO NO SE SEÑALA COMO TAL A LA QUE EMITIÓ EL ACTO RECLAMADO. De los artículos 11 y 14 y 9o., 12 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, reformados los dos primeramente mencionados por Decreto de 16 de junio de 1975 y los tres restantes por Decreto de 18 de febrero de 1980, se viene en conocimiento que el Tribunal Superior de Justicia funciona en Pleno para los asuntos de carácter administrativo y los de naturaleza judicial que determinan la Constitución del Estado de Tabasco y la propia Ley Orgánica y que en los demás asuntos judiciales dicho Tribunal funcionará en Salas, una civil y otra penal, desde la reforma primeramente mencionada, y una civil y dos penales a partir de la segunda reforma señalada. En tal orden de ideas, es manifiesta la diferencia en cuanto a autoridad responsable para los efectos de su señalamiento en el juicio de amparo entre el Tribunal Superior de Justicia y sus Salas, tomando en cuenta que según los preceptos antes mencionados aquel cuerpo está constituido por más miembros que cada una de éstas y de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, disposición que es determinante para llegar a la conclusión diferencial antes aludida. Ahora bien, si la parte quejosa endereza su acción constitucional de amparo en contra del Tribunal Superior de Justicia y de las constancias de autos aparece que la resolución que reclama emana de una de sus Salas, se impone reconocer que el acto reclamado no es atribuible a dicho Tribunal Superior de Justicia y por lo mismo que no existe en la forma planteada por el peticionario de amparo; lo que determina el sobreseimiento del juicio en los términos previstos por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, que obliga el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado." De igual manera, es aplicable la tesis CXXVII, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE NO LLAMADA A JUICIO. NO PROCEDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS.- Los Jueces de Distrito no están obligados a examinar la constitucionalidad del acto de una autoridad que no fue llamada a juicio, máxime si la parte quejosa estuvo en posibilidad de ampliar su demanda de amparo al conocer por el informe justificado, rendido con anterioridad a la fecha de celebración de la audiencia constitucional, que el acto provenía de otra autoridad." QUINTO. Registro del fallo. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 180, fracción III, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccionales, que determinan el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, se ordena al Secretario supervise que la analista jurídico encargada del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Francisco Segovia Castillo, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto. SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando, se ordena al Secretario supervisar la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que así lo acredite a los presentes autos.

  4. Principal

    MESA IV Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de quince días concedido a la parte quejosa para que desahogara el requerimiento formulado en proveído de nueve de noviembre de este año (fojas 42 a 43), feneció sin que lo hubiese hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha determinación; en consecuencia, el presente asunto se resolverá teniendo como autoridad responsable, únicamente a la señalada en el escrito inicial de demanda.

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