Francisco Saúl Díaz García

Expediente 1529/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1529/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Francisco Saúl Díaz García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se advierte que en acuerdo de cinco de marzo de este año, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó que la parte quejosa no se había presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acreditó con los anexos que acompañó. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que durante dicho plazo hubiera hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que existen en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el siete de septiembre del año próximo pasado, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Francisco Saúl Díaz García, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito." (.) "2. Asimismo, para que la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de doscientos ochenta pesos, respecto de la cantidad de $12,052.08 (doce mil cincuenta y dos pesos 08/100 moneda nacional), que pagó el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (foja 11 a 13), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo." (.) "3.- De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Resolución que causó ejecutoria el veintiocho de septiembre del año inmediato anterior. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado al quejoso el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver al impetrante el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $12,052.08 (doce mil cincuenta y dos pesos 08/100 moneda nacional); monto que debía ser actualizado en términos de la ejecutoria de que se trata. Al respecto, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informó que se había dado cumplimiento al fallo protector, como adujo se desprendía de la impresión del reporte de transferencias SPEI, de la que se advierte que se depositó a la cuenta bancaria proporcionada por la parte quejosa, la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional. No obstante, en virtud de que la cantidad precisada en dicha transacción no se encontraba actualizada, en auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó requerir al recaudador responsable, a fin de que efectuara la actualización correspondiente. En acatamiento a lo anterior, en proveído de cinco de marzo actual, se tuvo al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del director general jurídico de esa dependencia informando que la parte quejosa había sido omisa en presentarse a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acreditó con los anexos que acompañó. Ahora, si tenemos que debía entregarse a la parte quejosa la cantidad de $11,772.08 (once mil setecientos setenta y dos pesos con ocho centavos moneda nacional), por corresponder ésta el excedente de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) respecto del monto de $12,052.08 (doce mil cincuenta y dos pesos con ocho centavos moneda nacional), debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Ahora, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete y en el mes de octubre de ese año, se realizó el depositó a la cuenta bancaria de la parte quejosa, de la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional; por ende, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de septiembre y junio del año inmediato anterior. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año próximo pasado entre el índice para el mes de junio de la propia anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408 y para el mes de septiembre de dicho año de 127.912. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01189. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $11,772.08 (once mil setecientos setenta y dos pesos con ocho centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $11,912.05 (once mil novecientos doce pesos con cinco centavos moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa a reintegrar, esto es, $11,772.08 (once mil setecientos setenta y dos pesos con ocho centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $139.97 (ciento treinta y nueve pesos con noventa y siete centavos moneda nacional). Por tanto, si el recaudador responsable entregó al quejoso vía trasferencia interbancaria el monto de $11,772.08 (once mil setecientos setenta y dos pesos con ocho centavos moneda nacional) y dejó a su disposición un cheque valioso por $410.23 (cuatrocientos diez pesos con veintitrés centavos moneda nacional), es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver por concepto de actualización a la parte quejosa es de $139.97 (ciento treinta y nueve pesos con noventa y siete centavos moneda nacional) y que éste puso a su disposición un cheque por la diversa de $410.23 (cuatrocientos diez pesos con veintitrés centavos moneda nacional), es decir, existe un excedente de $270.26 (doscientos setenta pesos con veintiséis centavos moneda nacional), ya que dicha diferencia no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada su magnitud a nada práctico conduciría reintegrarla. Tampoco es obstáculo que el quejoso no haya recogido el cheque expedido en su favor por concepto de actualización, en virtud de que la responsable ejecutora acreditó que le notificó que se encontraba a su disposición; por lo que únicamente resta que dicha parte acuda ante el ente de que se trata, a fin de que le sea entregado el título nominativo en comento. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado." Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se advierte que en acuerdo de cinco de marzo de este año, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó que la parte quejosa no se había presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acreditó con los anexos que acompañó. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que durante dicho plazo hubiera hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que existen en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el siete de septiembre del año próximo pasado, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Francisco Saúl Díaz García, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito." (.) "2. Asimismo, para que la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de doscientos ochenta pesos, respecto de la cantidad de $12,052.08 (doce mil cincuenta y dos pesos 08/100 moneda nacional), que pagó el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (foja 11 a 13), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo." (.) "3.- De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Resolución que causó ejecutoria el veintiocho de septiembre del año inmediato anterior. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado al quejoso el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver al impetrante el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $12,052.08 (doce mil cincuenta y dos pesos 08/100 moneda nacional); monto que debía ser actualizado en términos de la ejecutoria de que se trata. Al respecto, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informó que se había dado cumplimiento al fallo protector, como adujo se desprendía de la impresión del reporte de transferencias SPEI, de la que se advierte que se depositó a la cuenta bancaria proporcionada por la parte quejosa, la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional. No obstante, en virtud de que la cantidad precisada en dicha transacción no se encontraba actualizada, en auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó requerir al recaudador responsable, a fin de que efectuara la actualización correspondiente. En acatamiento a lo anterior, en proveído de cinco de marzo actual, se tuvo al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del director general jurídico de esa dependencia informando que la parte quejosa había sido omisa en presentarse a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acreditó con los anexos que acompañó. Ahora, si tenemos que debía entregarse a la parte quejosa la cantidad de $11,772.08 (once mil setecientos setenta y dos pesos con ocho centavos moneda nacional), por corresponder ésta el excedente de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) respecto del monto de $12,052.08 (doce mil cincuenta y dos pesos con ocho centavos moneda nacional), debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Ahora, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete y en el mes de octubre de ese año, se realizó el depositó a la cuenta bancaria de la parte quejosa, de la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional; por ende, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de septiembre y junio del año inmediato anterior. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año próximo pasado entre el índice para el mes de junio de la propia anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408 y para el mes de septiembre de dicho año de 127.912. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01189. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $11,772.08 (once mil setecientos setenta y dos pesos con ocho centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $11,912.05 (once mil novecientos doce pesos con cinco centavos moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa a reintegrar, esto es, $11,772.08 (once mil setecientos setenta y dos pesos con ocho centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $139.97 (ciento treinta y nueve pesos con noventa y siete centavos moneda nacional). Por tanto, si el recaudador responsable entregó al quejoso vía trasferencia interbancaria el monto de $11,772.08 (once mil setecientos setenta y dos pesos con ocho centavos moneda nacional) y dejó a su disposición un cheque valioso por $410.23 (cuatrocientos diez pesos con veintitrés centavos moneda nacional), es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver por concepto de actualización a la parte quejosa es de $139.97 (ciento treinta y nueve pesos con noventa y siete centavos moneda nacional) y que éste puso a su disposición un cheque por la diversa de $410.23 (cuatrocientos diez pesos con veintitrés centavos moneda nacional), es decir, existe un excedente de $270.26 (doscientos setenta pesos con veintiséis centavos moneda nacional), ya que dicha diferencia no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada su magnitud a nada práctico conduciría reintegrarla. Tampoco es obstáculo que el quejoso no haya recogido el cheque expedido en su favor por concepto de actualización, en virtud de que la responsable ejecutora acreditó que le notificó que se encontraba a su disposición; por lo que únicamente resta que dicha parte acuda ante el ente de que se trata, a fin de que le sea entregado el título nominativo en comento. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado." Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la parte quejosa no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acredita con los anexos que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta y anexos y requiérasele para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este proveído, comparezca ante las oficinas de la autoridad oficiante a fin de que le haga entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia dictada el siete de septiembre del año inmediato anterior, dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil al en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "..."

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la parte quejosa no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acredita con los anexos que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta y anexos y requiérasele para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este proveído, comparezca ante las oficinas de la autoridad oficiante a fin de que le haga entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia dictada el siete de septiembre del año inmediato anterior, dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil al en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "..."

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