Francisco Sandoval García

Expediente 1245/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1245/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
20/10/2017

Partes del expediente

  • Francisco Sandoval García

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, por medio del cual informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, misma que se registró con el número de expediente ***, de su índice. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente. NOTÍFIQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que se anexa una copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el toca RA- 148/2017, de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo 137/2017, del índice de este juzgado; al respecto, acúsese recibo, y hágase del conocimiento de las partes que la citada superioridad, mediante resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA Y PROTEGE a Luis Manuel García Aguilar, Jorge Eduardo García Aguilar y Mariana García Aguilar, en relación con el artículo vigésimo tercero transitorio del Código Fiscal del Distrito Federal (vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete), específicamente respecto de la Tabla de Valores Unitarios del Suelo de las Colonias Catastrales de la Ciudad de México, por los razonamientos expuestos por el considerando sexto de la resolución recurrida y último de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Luis Manuel García Aguilar, Jorge Eduardo García Aguilar y Mariana García Aguilar, en relación con el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal (vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete), cuya expedición y promulgación se atribuyó a la Asamblea Legislativa y Jefe de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, por los razonamientos y para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia recurrida. NOTIFÍQUESE;." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales a la superioridad, el cual se encuentra formado por ochenta y dos fojas hasta su certificación, y tomando en consideración que se trata de una reproducción de las actuaciones que obran en el juicio principal, se determina que las mismas son susceptibles de destrucción, de ahí que únicamente se glosan las constancias respectivas a partir de la foja ochenta y tres al ser éstas actuaciones originales. Cabe señalar que la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal en los términos y para los efectos siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que para el cálculo del impuesto predial a cargo de los quejosos, sea aplicada la cuota fija de descuento del rango D, establecida en el punto 1, fracción II, del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, para el ejercicio dos mil diecisiete, por ser la última ahí prevista, y les sea devuelta la diferencia que resulte a su favor al aplicarse a dicha mecánica, el descuento señalado en tal rango, respecto de los pagos que hayan realizado, o que tengan que realizar por dicha contribución. Lo anterior, tiene sustento, en la jurisprudencia, 2a./J. 93/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, agosto de 2009, consultable en la página 175, de rubro y texto siguiente: "NORMA FISCAL QUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SIN INCLUIR A OTROS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA SU INEQUIDAD, ES QUE SE INCLUYA AL QUEJOSO EN EL BENEFICIO. En los juicios de amparo en que se combata una norma fiscal que otorga un beneficio a determinados contribuyentes, excluyendo a otros jurídicamente iguales, y se estime fundado el concepto de violación relativo a la inequidad tributaria de la ley reclamada, los efectos de la protección constitucional se traducen en otorgar al quejoso el mismo trato del que gozan los contribuyentes destinatarios de la norma, esto es, hacerle extensivo el beneficio contenido en la ley declarada inconstitucional, porque así se le restituiría en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación." Igualmente se apoya en lo expuesto en la jurisprudencia P./J. 18/2003, del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 17, que establece: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás. (.)" En virtud de lo anterior, toda vez que las autoridades responsables Asamblea Legislativa [1] y Jefe de Gobierno [2], ambos de la Ciudad de México, sólo intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional como autoridades con facultades legislativas; es de concluirse, que no existen actos materiales que se encuentren obligadas a realizar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a CXV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en página 414 del tomo VI, octubre de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS." Ahora bien, en atención a lo resuelto por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 211, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación, supletoria a la Ley de la Materia, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS formule el cálculo y señale la cantidad que considera le debe ser devuelta con motivo de la protección constitucional concedida en la presente instancia, lo cual constituye una condición indispensable para iniciar el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo, para lo cual, deberá exhibir ante este juzgado las documentales con las que cuente y que sirvan de base para cuantificar la cantidad líquida que considera tener derecho, además de proporcionar las operaciones aritméticas relativas que la lleven a determinar la misma. Lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la quejosa, se encuentre en posibilidad de dar vista a las autoridades responsables con la cantidad determinada por la propia peticionaria de amparo, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Resulta aplicable al respecto, por analogía la jurisprudencia número P./J. 46/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y uno, tomo XXX, del mes de julio de dos mil nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA. Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, por ejecución de sentencia debe entenderse la obligación constitucional del juzgador que haya dictado el fallo protector de hacer que éste se cumpla, sin que pueda ordenar el archivo de ningún expediente si no está cumplida la sentencia relativa, es decir, es una cuestión de orden público lo que exige que las decisiones y acciones adoptadas en esta materia no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a este objetivo. De ahí que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia concesoria de la protección constitucional contra el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente del 1o. de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2007, consiste en la falta de precisión de la cantidad que la autoridad responsable debe devolver al quejoso, resulta evidente que corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio precisarla, para lo cual deberá seguir este procedimiento: 1. Una vez que cause ejecutoria la sentencia protectora o que se reciba el testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Amparo conminará a la responsable a comprometerse a no aplicar en el futuro a la quejosa el precepto declarado inconstitucional, lo cual deberá informar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación referida. 2. En relación con la devolución de la cantidad derivada de los actos de aplicación de la norma inconstitucional, requerirá a la quejosa para que con los recibos oficiales correspondientes acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de aquélla, y en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a dicha contribución, formule el cálculo del impuesto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago del impuesto y la que se le debe devolver, en la inteligencia de que no señalará plazo para su desahogo; pero hará saber a la quejosa que éste es una condición indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. Una vez desahogado el requerimiento, el Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia de los elementos aportados por ésta, puesto que él ejerce el control de este procedimiento- dará vista a la autoridad responsable con dicho documento por un plazo de cinco días para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad a devolver precisada por la quejosa, y sobre aquélla se formularán los requerimientos de ejecución de sentencia. Si ambas partes coinciden en el monto a devolver, el Juez Federal sólo deberá requerir a la autoridad responsable su devolución, junto con el que pudiera generarse por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, hasta el momento en que sea devuelto, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia de amparo. 3. De no coincidir, el juzgador de amparo ordenará la devolución del monto que la autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo." En ese sentido, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia anteriormente transcrita, la determinación de las cantidades que corresponde devolver en virtud de la protección constitucional concedida, corre a cargo de las partes en el presente juicio, apercíbase a la parte quejosa de que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al ser ésta la mínima establecida conforme a la tabla siguiente:(...) En ese sentido, resulta menester destacar que el apercibimiento referido en el párrafo que antecede, se efectúa en razón de que el motivo de su aplicación, en su caso y como se dijo, sería la inobservancia de un mandamiento judicial orientado a recabar la información que se estima necesaria para cuantificar ciertas cantidades y así poder iniciar el procedimiento de ejecución de la sentencia emitida en autos, lo cual no significa que se impondrá la multa por no acatar la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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