Francisco Sánchez Luna
Expediente 102/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/05/2021
Partes del expediente
- Francisco Sánchez Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de doce de abril de dos mil veintiuno que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ha delimitado la configuración de la litis mediante las siguientes ejecutorias: De cuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el toca del Amparo en Revisión 29/2015, en que estableció los siguientes lineamientos: ".como la parte quejosa es una comunidad indígena, y el acto reclamado consiste en el permiso o autorización para la explotación de recursos forestales (maderables), en favor de los terceros interesados, cuyo recurso forestal, afirma la quejosa se ubica dentro de la superficie de su propiedad, es claro que en términos de la porción normativa citada, el juez de Distrito estaba obligado a recabar de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a la comunidad indígena quejosa, y acordar las diligencias necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados." Determinó que en autos no obraba constancia de la que se desprendiera fehacientemente: 1. Si el recurso forestal maderable que se autorizó en el acto reclamado, se ubica o no dentro de la superficie de la comunidad indígena quejosa; 2. Si en realidad el árbol talado está o no dentro de la propiedad del núcleo agrario, cuestión indispensable para resolver el juicio de garantías. Por ende, repuso el procedimiento, para el efecto de que se recabaran, de oficio, todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a la comunidad indígena quejosa y acuerde las diligencias que estimen necesarias para: 1. Precisar sus derechos agrarios. 2. La naturaleza y efectos de los actos reclamados, y de manera especial, 3. Ordene el desahogo de la prueba pericial necesaria para determinar si el árbol que fue talado mediante el permiso de aprovechamiento de ese recurso forestal, se encontraba o no dentro del inmueble propiedad de la comunidad quejosa, para lo cual deberá previamente formular el cuestionario respectivo. De veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca del Amparo en Revisión 4/2018, en que precisó que: ".se advierte que no se incluyó ninguna pregunta a los peritos, para que precisaran si la autorización de explotación de recursos maderables de catorce de mayo de dos mil trece, en favor del tercero interesado *********, contenida en el oficio *********(hojas 81 a 83 ídem), se refiere a la superficie propiedad de la Comunidad Indígena quejosa, o a la superficie que dicho tercero afirma tener en posesión -fracción del predio denominado el Tacotal-, como campesino beneficiario del Convenio de Finiquito Agrario de **********, formulado por la Secretaría de la Reforma Agraria, o bien en su caso, de que se trate de la misma superficie. Pues, no obstante que en el cuestionario transcrito, en las preguntas dos, inciso b), y 3, inciso b), se pidió a los diestros que precisaran la superficie que ampara la autorización para el aprovechamiento de recursos forestales maderables contenida en el procedimiento ***********, y que elaboraran el plano respectivo, sin embargo, ese expediente corresponde al Procedimiento Administrativo Tramitado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo que no contiene autorización sobre superficie alguna. Por lo que en todo caso lo que se debió solicitar a los peritos era que dictaminaran la ubicación y elaboraran el plano correspondiente, a la superficie en que se ubica la autorización de explotación maderable de catorce de mayo de dos mil trece, en favor del tercero interesado **********, contenida en el oficio *********(hojas 81 a 83 ídem), para establecer si se refiere a la superficie propiedad de la Comunidad Indígena quejosa, o respecto de la superficie que dicho tercero afirma tener en posesión, así como, si se trata de la misma, cuestión indispensable para resolver el juicio de amparo, ya que por la naturaleza de la comunidad quejosa, es sujeta de la suplencia de la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 y 75 de la Ley de Amparo, lo que no solo implica el perfeccionamiento de los conceptos de violación o agravios, sino que es más extensa, pues abarca el acopio oficioso de todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a la comunidad indígena quejosa, y acordar las diligencias necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados". Consecuentemente, repuso el procedimiento para el efecto concreto siguiente: Desahogue correctamente la prueba pericial en materia de topografía, lo cual implica: a) Que los peritos precisen la ubicación de la superficie a que se refiere la autorización de explotación maderable contenida en el oficio *********** (hojas 81 a 83 ídem), de *******, en favor del tercero interesado *********. b) Que establezcan si se refiere a la superficie propiedad de la Comunidad Indígena quejosa, o respecto de la superficie que dicho tercero afirma tener en posesión. De *********, dictada en el toca del Amparo en Revisión 318/2019, en que advirtió: ".De lo inserto se advierte que, el juzgador de Distrito únicamente requirió al perito oficial para que ampliara el dictamen respectivo en atención a las dos nuevas preguntas formuladas conforme a la ejecutoria que ordenó la reposición del procedimiento. Por lo que dicho juez de Distrito omitió requerir al perito de la parte quejosa para que formulara la complementación de su dictamen pericial, ya que esta prueba pericial en materia de topografía se integró con los dictámenes de los especialistas designados por la parte quejosa, y el nombrado de oficio por el juez a quo. [.] . el desahogo correcto de la prueba pericial en materia de topografía no sólo es necesario para determinar si el árbol que fue talado mediante el permiso de aprovechamiento de ese recurso forestal, se encontraba o no dentro del inmueble propiedad de la comunidad quejosa, sino también para determinar la superficie a que se refiere el permiso de explotación forestal, oficio ******* pues ello es necesario para determinar, tanto la existencia de los actos reclamados, como la actualización o no de la improcedencia decretada por el juzgador, y en su caso, la constitucionalidad o no de dicho oficio de autorización de explotación de recursos forestales, que constituye uno de los actos reclamados. .no debe perderse de vista que, además del correcto desahogo de esa prueba pericial, el juez de Distrito al advertir que se desconoce el destino del aprovechamiento maderable, tenía la obligación, por un lado, de llamar a juicio, como autoridades responsables a quienes corresponda, así como a recabar de oficio las pruebas necesarias, como cuestiones indispensables para resolver el juicio de amparo, ya que, la comunidad indígena quejosa es sujeta de la suplencia de la deficiencia de la queja. lo que no sólo implica el perfeccionamiento de los conceptos de violación o agravios, sino que es más extensa, pues abarca el acopio oficioso de todas aquellas pruebas que puedan beneficiarle, acordar las diligencias necesarias para precisar sus derechos agrarios, e incluso incorporar nuevos actos reclamados lo que no realizó el a quo." En consecuencia, se repuso el procedimiento para los efectos siguientes: Se desahogue correctamente la prueba pericial en materia de topografía, lo cual implica, requerir a la parte quejosa para que conteste las adiciones al cuestionario sobre la prueba pericial en materia de topografía, que ase adicionó en acuerdo de uno de octubre de dos mil diecinueve. Suplir totalmente los conceptos de violación, recabar pruebas de oficio que puedan beneficiar a la comunidad indígena impetrante, y acordar las diligencias necesarias para precisar sus derechos agrarios; y Incorporar nuevos actos reclamados, en su caso, para determinar el destino del aprovechamiento maderable respectivo. En la inteligencia que el tribunal revisor determinó que no puede estimarse que por el hecho de que no se localice la madera de parota talada, se hayan consumado los actos reclamados. En cumplimiento a tales lineamientos, de las constancias que integran los autos se advierte que la prueba pericial en materia de topografía fue adicionada por el perito oficial y el perito de la parte quejosa, como se advierte de los acuerdos de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete y once de noviembre de dos mil veinte. También que en dicha ampliación de las opiniones de los expertos se determinó si el recurso forestal maderable que se autorizó en el acto reclamado se ubica o no dentro de la superficie de la comunidad indígena quejosa; y si en realidad el árbol talado estaba o no dentro de la propiedad del núcleo agrario. Además, los expertos precisaron en sus opiniones si la autorización de explotación de recursos maderables de **********, en favor del tercero interesado, **********, contenida en el oficio ***********, se refiere a la superficie propiedad de la Comunidad Indígena quejosa, o a la superficie que dicho tercero afirmó tener en posesión -fracción del predio denominado el Tacotal-, como campesino beneficiario del Convenio de Finiquito Agrario de catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, formulado por la Secretaría de la Reforma Agraria; o bien, si se trate de la misma superficie. Sin embargo, de los efectos citados y sintetizados aún está pendiente: 1. Precisar los derechos agrarios de la quejosa. 2. Determinar la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 3. El conocimiento del destino del aprovechamiento maderable. En tales circunstancias, dado que las autoridades incumplieron la obligación que les impone el artículo 117 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, de acompañar al informe justificado copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Por tanto, en términos del artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, a fin de contar con todos los elementos que permitan resolver el asunto, se requiere al Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Jalisco y al Subdelegado de Inspección de Recursos Naturales, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, remitan copia certificada, legible, completa y ordenada: 1. De la totalidad de las constancias por medio de las cuales se dio cumplimiento a la resolución ************de **********, dictada en el procedimiento administrativo identificado como: ********, particularmente, de las que dejaron sin efectos la medida de seguridad consistente en el aseguramiento precautorio de 6.15 metros cúbicos de madera parota labrada con motosierra. 2. De la totalidad de las constancias que integran el expediente de denuncia ********, con posterioridad al *************; del cual, además, deberán informar el estado procesal que guarda. 3. Del acta de inspección ***********, de quince de octubre de dos mil trece, y de las fotografías tomadas dentro del recorrido del predio, tomadas por los inspectores con la cámara "Sony" modelo DCR-SR47. Apercibidos que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que les asista para ello, se les impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la ley de la materia, así como con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. También se les previene que, en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor de la unidad de medida y actualización; destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, al rendir informe con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. (Lo resaltado es propio) Este requerimiento tiene lugar, porque dichas documentales son necesarias para resolver el asunto y tienen trascendencia en el resultado del fallo; pues sólo con ellas se atendería a cabalidad la pretensión de la quejosa al promover el juicio de amparo. Por otra parte, toda vez que en proveído de catorce de dieciséis de mayo de dos mil catorce, se dio vista a la parte quejosa para que manifieste si amplia la demanda de amparo respecto del oficio **********, de *******, sin que a la fecha haya emitido pronunciamiento alguno; y toda vez que dicho oficio pudiera tener por efecto privar a la comunidad indígena quejosa de sus derechos agrarios, en términos de los artículos 17, fracción III, y 111, fracción I, de la Ley de Amparo; se le requiere nuevamente para que haga el pronuncimiento correspondiente, a fin de que se integre a la litis constitucional, además de señalar como autoridad responsable de su emisión al Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Jalisco. Cabe precisar que, para ejercer tal derecho, debe estar dentro del plazo comprendido en los numerales referidos. En diverso aspecto, tomando en consideración que la parte tercero interesada, J. Isabel Chavarín Bernal, manifestó, mediante escrito recibido el cinco de febrero de dos mil catorce, con registro de correspondencia 2290 (folio 296 de tomo I d actuaciones) que presentó denuncia penal, registrada con el número de averiguación previa ******, respecto del paradero de la madera incautada; se le requiere para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione los datos de identificación completos de la indagatoria, a fin de allegar esas constancias al juicio. Apercibida que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que les asista para ello, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la ley de la materia, así como con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. También se le previene que, en términos del artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, puede imponerse pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor de la unidad de medida y actualización, a ella, a su abogado o a ambos si presentan al juicio documentos falsos. Para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y a la tercero interesada *****,
- Principal
Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por interpuesto el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida por este Juzgado de Distrito, ordenándose las notificaciones respectivas a los terceros interesados, sin que estas se hubieran realizado. En consecuencia, ante la imposibilidad de celebrar la audiencia incidental prevista en el artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo, programada para el día de hoy, se difiere y se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, se ordenó girar el exhorto 1/2021-1 al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para que en auxilio y por comisión de este juzgado de Distrito, notificara al tercero interesado *******, en los términos requeridos en el proveído de referencia, conociendo de dicha comunicación el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato,; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se solicita al Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, si las labores de órgano que dirige, lo permiten, informe el tratamiento dado al exhorto de referencia. Notifíquese.
- Principal
Visto el oficio de cuenta de la autoridad responsable, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y exhibe constancia de ello; al respecto, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, sin mayor acuerdo en lo sustancial, en razón de que en proveído de nueve de marzo pasado, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del presente asunto por estar concluido. Notifíquese.
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