Francisco Sánchez Lezama
Expediente 746/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Sánchez Lezama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación CAUSÓ EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió legajos de constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 746/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 746/2021, promovido por ..., contra actos del Juez Trigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y Titular del Poder Ejecutivo y de su Consejería Jurídica, de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, y del Diario Oficial de la Federación; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El diez de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, previo desahogo, se admitió la demanda; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirieron los informes justificados; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: La inconstitucionalidad de los artículos 1177 y 1179 del Código de Comercio. Su primer acto de aplicación, a saber: el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en las medidas precautorias prejudiciales 404/2021, del índice del Juzgado Trigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México donde se negó la petición de la moral quejosa de tener acceso a las actuaciones del expediente. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, el juzgador responsable aceptó los actos reclamados, lo cual se corrobora con la copia certificada de las actuaciones remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. De igual modo, debe tenerse por cierta la existencia de los actos legislativos reclamados, dado que las normas generales no son objeto de prueba. Apoya lo expuesto, la tesis aislada V.2o.214 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Octava Época, de registro 209107, que dice: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." La Cámara de Diputados fue omisa en rendir su informe justificado, sin embargo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto que de dicha autoridad se reclama. En mérito de lo anterior, es infundada la causa de sobreseimiento que hace valer la Consejería Jurídica, Cámara de Senadores y Diario Oficial de la Federación, consistente en que no existe el acto reclamado que se le atribuye, pues la existencia de las disposiciones está relevado de prueba. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, Unifin Financiera, sociedad anónima bursátil de capital variable, promovió providencias precautorias contra ... y ...; procedimiento que se admitió, previo desahogo, el tres de agosto de dos mil veintiuno, y se ordenó la retención de bienes hasta por la cantidad de $12´968,087.34 (doce millones novecientos sesenta y ocho mil ochenta y siete pesos 34/100 moneda nacional). II. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó girar diversos oficios con la finalidad de que cumpliera con lo determinado el tres de ese mes y año; asimismo en diverso auto de la misma fecha tuvo por exhibida la póliza de fianza que ampara la cantidad que se solicitó para conceder la providencia. III. El trece de agosto de la anualidad pasada, la demandada Reaco, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante, solicitó se le permitiera tener acceso al expediente de origen, a lo que le recayó el auto de diecisiete de ese mes y año, en los términos siguientes: "Agréguese a los autos el escrito de Francisco Sánchez Lezama. Vistas sus manifestaciones y tomando en consideración que las presentes providencias precautorias se promovieron como actos prejudiciales con fundamento en el artículo 1177 del Código de Comercio, no ha lugar a permitir al promovente el acceso a las actuaciones hasta en tanto se encuentren totalmente ejecutadas las providencias precautorias, con fundamento en el artículo 1179 del Código de Comercio. NOTIFÍQUESE." Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación dirigidos a combatir los artículos 1177 y 1179 del Código de Comercio. En atención a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes, el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse al que concierne a su acto de aplicación, de manera que por cuestión de orden y método, se atiende preferentemente la cuestión de inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo, ya que en el caso a estudio es procedente en cuanto a su acto de aplicación. En apoyo a lo dicho, se invoca la tesis de jurisprudencia 348 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 1005146, Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 2, Amparo Contra Leyes Primera Parte - SCJN, Sexta Sección - Sentencias en Amparo Contra Leyes y sus Efectos, Materia Constitucional, Novena Época, Página: 4034: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En esencia, la parte quejosa aduce que los artículos que combate del Código de Comercio violentan los preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque no permite ser citado para conocer el contenido de las medidas precautorias, sin pretender impugnarlas. Además, señala que impiden un acceso a la jurisdicción y que tiene una diferenciación discriminatoria. No asiste la razón a la parte quejosa. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Entre los diversos derechos humanos que integran la seguridad jurídica que reconoce el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia y debido proceso. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Lo anterior se apoya en el criterio 1a./J. 11/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época, Registro: 2005716. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, página: 396, que cuyo rubro es: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." En suma, el aludido imperativo constitucional consagra los lineamientos mínimos a observarse para que el acto de autoridad trascienda en la esfera jurídica de los gobernados, como un acto privativo de derecho. Por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho, aunque no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante la afectación que producen. Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." Así, existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en definitiva al titular de su goce, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no tal privación. Esto es un acto de molestia. Por lo que, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que el menoscabo tengan carácter definitivo. Esto es, si la privación de un bien es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, sólo tiende a la restricción provisional como medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia, regulado por el 16 de la Constitución. Esta distinción constitucional de los actos de autoridad fue explicada y desarrollada por el Máximo Tribunal del País, en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96 de la Novena Época, con registro: 200080. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, en Materia(s): Común, Página: 5, cuyo contenido es: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN." En el caso, la parte quejosa plantea que los artículos 1177 y 1179 del Código de Comercio contravienen a la Constitución ya que regulan un sistema de providencias en que no se da participación al afectado hasta la ejecución de las medidas. Sin embargo, dada la naturaleza del acto jurisdiccional que regula dichas disposiciones, no es dable considerar que sean contrarias a la Ley Suprema. Lo anterior es así, ya que los preceptos reclamados regulan providencias precautorias, y como tales representan actos de molestia, de modo que dispensan la audiencia previa, porque no consiste en una privación definitiva de los bienes retenidos; y es que para decidir enteramente respecto de un derecho se requiere la consumación total de las etapas que integran el juicio. Sirve de apoyo, el criterio jurisprudencial P./J. 21/98 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 196727. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, Materia(s): Constitucional, Común, Página: 18, que dispone: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Atento a la naturaleza de las providencias precautorias, como acto de molestia, es claro que no las rige el derecho fundamental de audiencia previa, pues no es una privación definitiva de aquello que se asegura, sino un acto de molestia que persiste hasta en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer en lo principal. Y es que su objetivo no es la fijación concluyente de una situación jurídica concreta, sino de manera transitoria para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción, para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la anticipación de ciertos efectos provisorios del fallo, a fin de evitar la afectación que podría causar la dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o la inutilidad del proceso mismo. Al efecto se cita la tesis I.4o.C.4 K (10a.) de la Décima Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, en Materia(s): Común, Página: 2653, cuyo contenido es: "MEDIDAS CAUTELARES. CONCEPTO, PRESUPUESTOS, MODALIDADES, EXTENSIÓN, COMPLEJIDAD Y AGILIDAD PROCESAL. La doctrina y el funcionamiento de las medidas cautelares en el sistema jurídico nacional, revelan la inmensidad de situaciones que se pueden presentar en los procesos en los que se ventilan, que hace difícil, si no es que imposible, que la previsión humana, inclusive de los legisladores más expertos y sabios, pueda prever y darles solución mediante reglas consignadas en preceptos legales, si se toma en cuenta además, la dinámica de la vida y de la diaria realidad en la que están inmersas estas cuestiones, de manera que resultan un campo fértil para el cultivo de las facultades discrecionales, incluso las de gran amplitud, ya que sin ellas se entorpecería, sin lugar a duda, la misión del Juez y la satisfacción de los fines perseguidos en estas materias, con la impartición de justicia. Efectivamente, las medidas cautelares son mecanismos autorizados por la ley para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción, mediante la salvaguarda de una situación de hecho, el apartamiento de bienes, cosas o personas para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la anticipación de ciertos efectos provisorios de la sentencia de mérito, a fin de evitar la afectación que podría causar la dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o la inutilidad del proceso mismo. Son de extensa variedad, en la que encuentra diferencias específicas que exigen la adaptación, conforme a su flexibilidad, la potestad judicial expresa y discrecional, de sus alcances, duración, efectos, así como de la fase procesal en la que se adoptan, ya sea de plano o incidentalmente, dentro de un proceso cautelar sumario o sumarísimo, transformable para la eficacia de la medida, según sus características, utilidad práctica y finalidad, en donde es admisible una resolución interina de cautela, de carácter ultra sumario, sujeta a modificación, revocación o al cese de sus efectos, conforme a pruebas supervenientes, medios de impugnación, la contracautela; y una definitiva con duración máxima a la conclusión del proceso principal en curso o inminente del que es instrumental. Pueden pedirse o decretarse de oficio, una vez satisfechos sus presupuestos esenciales de la buena apariencia de un derecho (fumus boni iuris) y el peligro de que este derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora) y tramitarse sólo con la intervención de quien las solicita o con la necesaria e indispensable intervención de la parte contra quien se dirigen, según el examen valorativo racional del Juez. Existen medidas que no pueden esperar hasta la satisfacción del derecho de contradicción del sujeto afectado con ellas, ya sea porque esto conllevaría a la evasión de la medida, o a la inocuidad de ella, de manera que habrá casos en los que ese derecho tendrá que aplazarse, pero sólo el tiempo estrictamente necesario para impedir la frustración de los fines perseguidos con la medida solicitada, conforme a su naturaleza." También se invoca, por sus consideraciones, la tesis I.9o.C.27 C (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, en Materia(s): Constitucional, Civil, Página: 3392, que dispone: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DECISIÓN DE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN LA RADICACIÓN DE PERSONA SOLICITADA EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, SIN AUDIENCIA DE ÉSTA, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL NO ACTUALIZARSE LA SALVEDAD A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 1178 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. El citado precepto legal dispone: "Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este código.". La interpretación sistemática y funcional de este enunciado revela en qué caso debe citarse a la persona contra quien se solicita una providencia precautoria de las que establece el propio código, pues si bien en su primera parte señala que para dictar dicha providencia no se le citará, con posterioridad hace una salvedad al disponer de manera implícita que sí se le citará cuando la medida se solicite ya iniciado el juicio. En ese sentido, la hipótesis de salvedad a que se refiere dicho precepto opera cuando la relación jurídico procesal se constituyó por virtud del emplazamiento, pues el demandado o la persona contra quien se dicte la medida precautoria, ya conoce del juicio principal y, al no haber ya posibilidad de que se le emplace de nueva cuenta, resulta necesario que se le dé a conocer la medida para que ejerza su derecho de audiencia respecto de este preciso aspecto, siendo la salvedad a la que se contrae el artículo en estudio. De ahí que, de otorgarse previa audiencia al interesado con la imposición de la medida precautoria pedida en el escrito inicial de demanda, perjudicaría el propósito de la medida cautelar, pues anticiparía, incluso, antes del emplazamiento, su conocimiento al afectado con aquélla, así como el conocimiento de la propia demanda, lo que haría inútil la medida y fácilmente evadible. Atento a lo anterior, la resolución que confirma la decisión de conceder la medida cautelar consistente en la radicación de persona solicitada en el escrito inicial de demanda, sin audiencia de ésta, no viola los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no actualizarse la salvedad a que alude el artículo 1178 citado." Tampoco asiste la razón al quejoso en torno a la violación al acceso a la jurisdicción que alega, pues dichas disposiciones no vedan que puede acudir a los órganos jurisdiccionales, pues claramente definen que podrá hacerlo una vez que concreten los aseguramientos, lo cual es afín a la figura de las providencias precautorias como lo han reconocido los Tribunales de la Federación, en sus precedentes. Orienta lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C. J/94 C (10a.) de los Plenos de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2979, registro digital 2020903, Décima Época, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SON INHERENTES AL DERECHO A LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE LA LIMITACIÓN DE SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y CONFORME DEL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 17 CONSTITUCIONALES. En los juicios mercantiles se pueden decretar medidas cautelares o providencias precautorias para mantener una situación preexistente, en virtud de que este tipo de instrumentos son inherentes al derecho a la jurisdicción, al tener la finalidad de hacer eficaces las sentencias de los Jueces tal como está previsto en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Así la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014 a los artículos 1168 y 1171 del Código de Comercio, no tuvo la intención de impedir que en los juicios mercantiles se decreten las medidas o providencias cautelares necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias, ya que su propósito se concretó a la interpretación de reglas claras y precisas que permitan a los acreedores obtener el cobro efectivo de sus créditos insolutos, mediante la radicación de personas o la retención de bienes. De esta manera, el texto reformado del artículo 1168, primer párrafo, invocado, que establece: "En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en este Código y que son las siguientes: (...)", no debe interpretarse con un criterio de simple literalidad, pues resultaría ser prohibitivo frente al deber del Juez ordinario de conservar subsistente la materia del juicio, lo que, desde luego, vulneraría los derechos fundamentales reconocidos por los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con su artículo 1o.; no obstante, una interpretación funcional y conforme de aquel numeral da la pauta para advertir que se trata de una norma taxativa al prever dos supuestos aplicables a determinada situación de hecho, lo cual, sin embargo, no restringe la posibilidad del juzgador de que en cumplimiento de su función en relación con el otorgamiento y procedencia de las diferentes medidas cautelares, deben adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada caso, pues estas medidas deben ser flexibles incluso con posibilidad de modificación según se necesite en el procedimiento en que se emitan; además, al otorgarlas, debe fundarlas y motivarlas debidamente, así como en cuanto a las garantías que se exijan, a fin de evitar abusos de las partes que las soliciten. En tal virtud, tal interpretación es acorde con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de acceso a la impartición de justicia reconocidos tanto por el artículo constitucional en comento, como por el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Sin que ello, descanse en una situación discriminatoria o por dar un privilegio, al contrario, sino porque se estimaron colmados los requisitos legales para proceder una medida cautelar, como instrumento procesal para hacer efectiva una futura acción, por lo que no hay arbitrariedad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 9/2016 (10a.) Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, página 112 Registro digital: 2012594 Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta." Estos son los razonamientos por los cuales, los artículos 1177 y 1179 del Código de Comercio no son contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada respecto de dichos numerales. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación, respecto del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Sobre el auto emitido por la autoridad judicial en que se aplicaron las disposiciones cuya inconstitucionalidad se desestimó (acto de aplicación), la parte quejosa expone los siguientes motivos de inconformidad: a) Es violatorio el que no se permita acceder al proceso para conocer el contenido de las medidas precautorias, sin pretender impugnarlas. b) Es una diferenciación que se materializa en la norma al permitir al promovente ser escuchado en el procedimiento precautorio y contra quien se instaron no. Los conceptos de violación son infundados, ya que la respuesta de la autoridad se apega al principio de legalidad, en tanto que refirió al quejoso la causa concreta por la cual no podía imponerse de los autos e invocó numerales aplicables para sustentar su postura. Sirve de sustento, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, registro digital 176546, Novena Época, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." El Código de Comercio dispone un sistema de medidas cautelares o providencias precautorias, en el que únicamente contempla como tales: la radicación de persona y la retención de bienes, en la forma y términos que establecen los artículos 1168 a 1183. De conformidad con dicho sistema, esas medidas cautelares o providencias precautorias pueden decretarse como actos prejudiciales o una vez iniciado el juicio mercantil (artículo 1177); y una vez ordenada y ejecutada, la persona contra la cual se decreta (el posible demandado) tiene la oportunidad de consignar el valor u objeto, otorgar fianza o garantizar con bienes suficientes el valor de lo reclamado, a fin de que la medida quede sin efectos (artículo 1179); asimismo, en el caso en que ésta se haya decretado antes de la promoción de la demanda del juicio mercantil respectivo, la medida quedará sin efectos si el actor no promueve el juicio dentro del plazo que para el caso le otorga la ley, declaración que deberá hacerse por el Juez incluso oficiosamente (artículos 1181 y 1182); también se prevé la posibilidad de que el demandado solicite la modificación o revocación de la medida cuando ocurra un hecho superveniente que faculte para ello, siempre que no exista sentencia ejecutoria en el juicio (artículo 1183). En el caso, en el juicio ejecutivo mercantil de origen se advierte que el tres de agosto de dos mil veintiuno, el juez decretó como providencias precautorias la retención de bienes hasta por la cantidad de $12´968,087.34 (doce millones novecientos sesenta y ocho mil ochenta y siete pesos 34/100 moneda nacional). Y, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó girar diversos oficios con la finalidad de que cumpliera con lo determinado el tres de ese mes y año; asimismo en diverso auto de la misma fecha tuvo por exhibida la póliza de fianza que ampara la cantidad que se solicitó para conceder la providencia. Finalmente, en el acto reclamado, se determinó que conforme los artículos 1177 y 1179 del Código de Comercio no era procedente que la parte quejosa accediera a las providencias precautorias porque aún no se habían ejecutado totalmente, como lo manifestó en juez en su informe justificado con registro 13476. Lo determinado en el auto que se combate, se advierte es apegado a la Constitución, en razón de que aún no se encuentra ejecutada la retención de bienes ordenada, pues lo último actuado es la presentación de la garantía que se fijó para conceder las providencias, de modo que debe permitirse la plena materialización de la medida para que se actualice el supuesto que prevé el artículo 1179 del Código de Comercio, a fin de que no se defrauden los derechos posibles del contrario y exista un aseguramiento que permita una futura ejecución. Partiendo de que no está completamente ejecutada la medida, es que debe aplicarse el precepto 1179 de la legislación mercantil, pues éste contiene el momento en que se dará intervención al posible demandado, cuando se promuevan providencias precautorias, y éste ocurre, una vez que se practique la retención de bienes ordenada. Lo anterior tiene lógica, pues la finalidad de este tipo de procedimientos es que los posibles demandados no dispongan, oculten, dilapiden o enajenen sus bienes, lo cual obedece a la necesidad de materializar el aseguramiento. Orienta lo expuesto, por sus consideraciones, la tesis P. IX/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, página 115, registro digital 199503, Novena Época, que dice: "MEDIDA PRECAUTORIA. SU DECRETAMIENTO O LEVANTAMIENTO NO REQUIERE DE AUDIENCIA PREVIA. El artículo 1180 del Código de Comercio contempla el derecho del demandado para que se levante la medida precautoria decretada en su contra correlativa de la obligación del Juez de hacer pronunciamiento en ese sentido, cuando se surtan los supuestos siguientes: a) Que se consigne por el deudor, solicitante del levantamiento de la medida precautoria, el valor y objeto reclamado; b) Que se dé fianza bastante a juicio del Juez; y, c) Que se acredite que tiene bienes raíces suficientes para responder del éxito de la demanda. Así, puede concluirse que para decretar una medida precautoria el ordenamiento legal en análisis no impone al Juez la obligación de oír previamente al afectado, dado que su naturaleza y finalidad de asegurar el éxito de la demanda, arraigando a la persona o secuestrando sus bienes, no se cumpliría si hubiera dilación derivada de la intervención previa del deudor, o bien no se lograría el secuestro porque el deudor podría ocultar, dilapidar o enajenar sus bienes antes de que la medida se ejecutara. Por otra parte, aunque el actor o solicitante de la medida tampoco tiene intervención previa al dictado de la resolución que levanta la medida precautoria, ello no es violatorio de garantías porque de cualquier modo queda asegurado que el actor podrá hacer efectivo su crédito, toda vez que en el caso de la consignación, el valor u objeto reclamado es puesto a disposición del Juez; en el supuesto de que se otorgue fianza suficiente, esta forma de garantizar lo reclamado sustituye a la providencia precautoria y es un medio eficaz de responder con seguridad, del éxito de la demanda; y finalmente, si el deudor acredita que tiene bienes raíces suficientes para responder de las prestaciones que se le reclaman, con ello desaparece o se desvirtúa el supuesto de procedencia de la medida precautoria, consistente en que, cuando la acción sea personal, el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. De ahí que en todos los supuestos, con el levantamiento de la medida precautoria no se deja al acreedor sin la seguridad de que cuando se pronuncie sentencia ejecutoria a su favor, pueda hacer el cobro de su crédito." De ahí que, no obstante que se decrete lo relativo a la providencia, debe de estar ejecutada en su totalidad la medida para que se le dé la intervención a la accionante de amparo, como debidamente lo estableció la autoridad responsable. Sin que ello obedezca, como ya se dijo en el considerando anterior, a una cuestión discriminatoria, sino de la satisfacción de los requisitos legales para dictar una medida cautelar, los cuales son ajenos al fomento de tratos diferenciados, arbitrarios o de falsas superioridades. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado, sin que se proceda a suplir la deficiencia de la queja, por no encontrarse en ninguna de las hipótesis establecidas en el precepto 79 de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Titular del Poder Ejecutivo y de su Consejería Jurídica, de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, y del Diario Oficial de la Federación, así como del Juez Trigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por los motivos precisados en los considerandos penúltimo y último. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4790/2021, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del Titular de la adscripción; asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy diecisiete de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las diez horas del cuatro de enero de dos mil veintidós, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
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