Francisco Salinas Sanchez
Expediente 25/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 26 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Salinas Sanchez
- Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y autoridades terceras interesadas mediante auto de dieciocho de agosto de año en curso, sin que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector, por parte de la autoridad responsable. Consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa para que la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, cumpliera con lo siguiente: "Consecuentemente, lo que procede es conceder al quejoso Francisco Salinas Sánchez, la protección constitucional solicitada respecto del acto reclamado a la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, consistente en la sentencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 121/2021-5-OP, quien deberá dejar insubsistente la resolución reclamada y dictar otra en su lugar, la que podrá ser en el mismo sentido pero purgando los vicios formales precisados en el cuerpo de esta determinación o en sentido diverso. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla y al actuario judicial de la referida Sala, al no ser reclamados por vicios propios." Para cual, se transcriben los puntos dictados en la sentencia, que la autoridad tuvo que tomar en consideración al momento emitir la resolución correspondiente en el procedimiento penal de origen: "Lo antes expuesto evidencia lo carente de fundamentación y dogmático de la sentencia reclamada, pues la Sala responsable no expuso cuáles preceptos del Código Penal para el Estado de Morelos, prevén los delitos que se imputan al quejoso para estar en condiciones de determinar si los elementos típicos precisados corresponden con su previsión legal, lo que deja en estado de indefensión al quejoso, al desconocer las normas que describen las conductas delictivas que se le imputan en la sentencia reclamada. Por otro lado, la autoridad responsable no expuso cuáles datos de prueba y qué parte de ellos acreditan cada uno de los elementos típicos que enlistó, al tiempo que tampoco describe cual es la conducta delictiva que se desprende de ellas, para estar en condiciones de determinar si encuadran en las normas que describen los hechos que la ley considera como delitos de Peculado, Ejercicio abusivo de funciones y Ejercicio ilícito de servicio público, pues no expuso razonadamente las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que el aquí quejoso desplegó todas esas conductas típicas en términos de los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sólo así se puede analizar su afirmación al dar respuesta a los agravios atinente a que la Juez recurrida sí realizó un estudio correcto de los datos de prueba para emitir la vinculación a proceso. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica, como sucede en la especie. Requisitos constitucionales que son indispensables, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que el hecho fáctico posiblemente se relaciona con la realización por parte del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, de la obra denominada Construcción del Drenaje en Calle Plan de Ayala y Calle del Canal Segunda Etapa, en la colonia 10 de abril de esa municipalidad, que no se construyó, pero fue pagado, sin que la Alzada responsable haya expuesto razonadamente cómo lo expuesto por la fiscalía encuadra en las hipótesis que describen los hechos delictivos relativos a Peculado, Ejercicio abusivo de funciones y Ejercicio ilícito de servicio público o de ser el caso, si existe concurso real o ideal. (.) En ese orden de ideas, las carencias de la sentencia reclamada que se han destacado ponen de manifiesto que la sentencia combatida no reúne las últimas dos de las mencionadas exigencias, en virtud de que carece de la debida fundamentación y motivación, en el entendido de que lo primero es la cita precisa de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y, lo segundo, la expresión de las razones o causas que se hubieren tenido en consideración para el pronunciamiento del acto combatido pero, además, debe existir congruencia entre los motivos expuestos y los preceptos aplicados." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintitrés de junio de dos mil veintidós, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acatamiento a lo anterior, la responsable realizó lo siguiente: - Mediante oficio recibido el siete de julio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, remitió copia certificada del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que dejó sin efectos la resolución de dictada en el toca penal 121/2021-5-OP el diez de diciembre de dos mil veintiuno. - Posteriormente, por oficio recibido el diecisiete de agosto del año en curso, remitió copias certificadas de la nueva resolución emitida el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dentro de los autos del toca penal de origen, respecto del recurso de apelación interpuesto por el impetrante de amparo, en la que a lo aquí interesa determinó lo siguiente: ".Este Tribunal de apelación es respetuoso del estilo que la A quo utilizó en la estructura de su resolución emitida en forma oral, no obstante evidencia vicios formales con la omisión de un análisis exhaustivo y apegado a lo establecido por los preceptos legales que señalan los requisitos que cada uno de los datos de prueba deben cumplir, específicamente los concernientes a la acreditación del hecho delictuoso. Esto así lo expuesto no necesariamente conduce a resolver en la forma pretendida por el recurrente, por el contrario este órgano colegiado, concuerda con el sentido en que se pronunció la Juez de Control de Vincular a proceso al imputado Francisco Salinas Sánchez. (.) El agente del Ministerio Público le atribuye al señor Francisco Salinas Sánchez, los hechos que la ley califica como los delitos de EJERCICIO ILÍCITO DE SERVICIO PÚBLICO, EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES Y PECULADO (AGRAVADO), previstos y sancionados respectivamente por los artículos 271 fracción IV, 276 fracción IV y 279 fracción I del Código Penal vigente para el estado de Morelos, todos relacionados con los numerales 268 y 269 TER del mismo ordenamiento, en agravio del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZACATEPEC MORELOS, los cuales disponen: ARTÍCULO 268.- Para los efectos de este Título es servidor público del Estado toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública centralizada o descentralizada del Estado, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a aquéllas, fideicomisos públicos, organismos públicos descentralizados, organismos públicos autónomos creados o reconocidos con tal carácter en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como aquellos que a los que les otorgue autonomía dicho ordenamiento, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Morelos, en cualquier otro órgano jurisdiccional que no pertenezca al Poder Judicial, en la administración municipal, o que manejen recursos públicos federales, estatales o municipales. Se impondrán las mismas sanciones aplicables al delito de que se trata, a cualquier persona que participe en la perpetración de los delitos previstos por este Título o el subsecuente, salvo que la ley prevenga otra cosa. Para los efectos de este capítulo se entenderá por recursos públicos todos aquellos que formen parte de su patrimonio o del erario en términos de la ley, y en especial los provenientes de aportaciones de la Federación para entidades y municipios, que se encuentren destinados o etiquetados para fines u obras específicas, o participaciones federales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. ARTÍCULO 269 TER.- Los delitos contemplados en los artículos 270, 271, 276, 277, 278, 279 y 280, de este Código, que sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento sea constitucionalmente realizado por el Congreso del Estado, o esté sujeto a ratificación por el mismo, las penas previstas serán aumentadas hasta en una tercera parte. ARTÍCULO 271.- Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que: IV. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que puedan resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la Administración pública, centralizada, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a estas y fideicomisos públicos, organismos públicos autónomos creados o reconocidos con tal carácter en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como aquellos que a los que les otorgue autonomía dicho ordenamiento, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Morelos, en cualquier otro órgano jurisdiccional que no pertenezca al Poder Judicial, en la administración municipal, o que manejen recursos públicos estatales o municipales, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades; Al responsable de las conductas previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VIII, IX y X se le impondrán de tres a ocho años de prisión, y multa de treinta a trescientas veces el importe del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito." El análisis de tal precepto, permite advertir que los elementos que configuran su estructura y para el caso específico que nos ocupa de EJERCICIO ILÍCITO DE SERVICIO PÚBLICO, son los siguientes: Una referencia específica al sujeto activo, en orden a que sólo puede cometerlo un servidor público. Un presupuesto técnico de la conducta, constituida por el conocimiento que tenga el sujeto activo por razón de su cargo de que pueda resultar gravemente afectado el patrimonio de la administración municipal, por cualquier acto y no lo evite si está dentro de sus facultades. ARTÍCULO *276.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que: IV. Indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos; Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a sabiendas de la ilicitud del acto y en perjuicio del patrimonio o el servicio público o de otra persona participe, solicite o promueva la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este artículo. Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito. Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo, exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito se impondrán de dos a doce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito. De la descripción típica que hace el mencionado precepto legal para la actualización del delito de ejercicio abusivo de Funciones se obtienen los siguientes elementos: Un sujeto activo con calidad específica de servidor público; Que individualmente contrate obras públicas con recursos públicos. ARTÍCULO *279.- Comete el delito de peculado: I. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias o entidades a que se refiere el artículo 268 de este Código, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa; Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando el monto de lo distraído o de los fondos públicos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de cometerse el delito, o sea invaluable, se impondrá de ocho meses a tres años de prisión y de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de cometerse el delito. Cuando el monto de lo sustraído o de los fondos públicos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces hasta setecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de cometerse el delito, se impondrá de tres a catorce años de prisión, de trescientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito. La comisión de este delito será considerada como grave cuando el valor de lo distraído o de los fondos públicos utilizados indebidamente exceda de setecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito. Para los efectos de este artículo, se entiende por distracción cualquier acción de traspaso, transferencia o aplicación, a través de cualquier movimiento bancario, contable o financiero, sin que importe la utilización de cheques, cheques de caja, dispositivos electrónicos, banca electrónica o digital, de fondos públicos, sean participaciones o aportaciones federales o de recursos propios del estado o municipios, que prive en todo o en parte de su aplicación para los cuales se encuentran destinados, aun cuando esa distracción se enderece o dirija los recursos públicos mencionados, a cuentas del mismo titular, de rubros o denominaciones distintas. De lo que se tienen como elementos típicos del PECULADO, para el caso en particular, los siguientes: Que el sujeto activo tenga carácter de servidor público; La distracción de su objeto para uso propio o ajeno, es decir, de otro, del dinero perteneciente a la administración municipal; y que por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa. AGRAVANTE Que el valor de los fondos públicos indebidamente exceda de setecientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el ilícito. En el presente asunto, debe considerarse que en la conducta desplegada por el sujeto activo, como lo sostuvo el Fiscal con sus argumentaciones en la audiencia inicial, existió el concurso ideal, previsto en el artículo 22, párrafo primero del Código Penal en vigor, toda vez que con una sola conducta cometió tres ilícitos, ya que éstos fueron ejecutados de manera simultánea, cuando en su calidad de Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, durante el periodo 2016-2018, no llevó a cabo la obra pública "construcción del drenaje en calle Plan de Ayala y calle del canal", correspondiente a la segunda etapa, ello en la colonia 10 de Abril de ese municipio, con el recurso federal etiquetado, el cual el trece de octubre de dos mil diecisiete, autorizó en la sede del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, parte de esa cantidad a favor de otro. Lo que tuvo lugar en un solo momento y lugar; y de esta forma se lesionó el mismo bien jurídico protegido por ley, tres veces, como lo es la "función pública", en perjuicio de un mismo ofendido el Ayuntamiento Municipal de Zacatepec, Morelos. Acreditación de disposiciones comunes de los delitos por hechos de corrupción. Ahora bien, para que emerjan al mundo fenoménico delictual los antisociales catalogados como ejercicio ilícito de servicio público, ejercicio abusivo de funciones y peculado, deben tenerse en cuenta conforme al numeral 268 y 269 TER del Código Penal en vigor y por acreditada: La calidad del sujeto activo, como servidor público, específicamente en la administración municipal. Que maneje recursos públicos federales o municipales. Que el recurso público forme parte del patrimonio del municipio, que sea proveniente de aportaciones de la federación destinado o etiquetado para fines u obras específicas. AGRAVANTE Que se trate de un servidor público electo popularmente. En ese orden de ideas, en relación a la condición especifica del agente activo, como servidos público en la administración municipal, se encuentra debidamente acreditada primordialmente con la documental pública que fue incorporada por el Agente del Ministerio Público, adjunta al informe suscrito por JUAN ANTONIO VALDÉS RODRÍGUEZ, en su carácter de encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), consistente en la copia certificada de la constancia de mayoría por la cual fue electo FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ, como Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, durante el periodo 2016-2018 Calidad de servidos público que como se ha venido diciendo, se corrobora con las documentales públicas como son las copias certificadas de las actas de cabildo de fechas primero de enero de dos mil dieciséis y siete de febrero del año dos mil diecisiete, en las que figura como Presidente Municipal FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ, (.) y en sus resolutivos determinó lo siguiente: R E S U E L V E: PRIMEO. Se reitera que deja insubsistente la resolución de fecha 10 diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente Toca Penal 121/2021-5-OP, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 25/2022, promovido por FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ. SEGUNDO. Se confirma el auto que resuelve la vinculación a proceso, dictado en la audiencia inicial, el 21 veintiuno de octubre de 2021 dos mil veintiuno, dentro de la causa penal JCJ/596/2020, que se instruye en contra de FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ, por los hechos que la Ley califica como lo delitos de PECULADO, EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES y EJERCICIO ILÍCITO DE SERVICIO PÚBLICO, cometidos en agravio del Ayuntamiento Municipal de Zacatepec, Morelos. TERCERO. Remítase copia autorizada de la presente sentencia al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, para los efectos legales a que haya lugar. CUARTO. Con testimonio de esta resolución hágase del conocimiento del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos, el sentido de la misma para los efectos legales pertinentes, y en su oportunidad archívese el presente Toca Penal Oral, como asunto total y definitivamente concluido. (.) Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dejara insubsistente la resolución reclamada; es decir la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno dictada en el Toca 121/2021-5-OP y, en su lugar, emitiera otra debidamente fundamentada y motiva, por la que subsanara las deficiencias señaladas, lo que efectivamente llevó a cabo. En consecuencia, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo, pues la responsable en la nueva resolución dictada, expuso cuales preceptos del Código Penal para el Estado de Morelos, prevén los delitos imputados al quejoso; y así estuvo en condiciones de determinar si los elementos típicos precisados correspondía con su previsión legal. Así mismo, de la lectura de la resolución emitida el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se desprende que la responsable resolutora expuso cuales datos de prueba y que parte de las mismos acreditaban cada uno de los elementos típicos que enlistó y describió cuales son las conductas delictivas desprendidas de ellas, y así estuvo en condiciones de determinar si encuadraban en las normas que describen los hechos que la ley adjetiva considera como delitos de peculado, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público. Se ordena archivo. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Del incidente de suspensión. Por otra parte, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración del cuaderno original relativo al incidente de suspensión. Asimismo, se hace constar que el original del incidente de suspensión relativo se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a), del acuerdo general citado; por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase del conocimiento de las partes que podrán inconformarse de la presente determinación, conforme a lo establecido en los preceptos normativos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Devolución de discos compactos. Finalmente, hágase la devolución de los discos compactos remitidos por las autoridades responsables Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, relativo al TP/121/2021-5-0P y al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, respecto al procedimiento JCJ/596/2022, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades terceras interesadas y señaladas como responsables, con la devolución de discos compactos ordenada. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no se encuentran notificadas las autoridades tercero interesadas de la vista ordenada en proveído de dieciocho de agosto del año en curso. Se instruye notificar a los terceros interesados autoridad la vista ordenada en autos. En consecuencia, se instruye al actuario de la adscripción a efecto de que mediante misiva que derive del presente acuerdo, notifique el contenido de dicha determinación a las autoridades terceras interesadas Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, que conoce de la causa penal **** a fin de que éste juzgado se encuentre en condiciones de proveer sobre el cumplimiento dado o no a la ejecutoria de amparo dictada Notifíquese; y por oficio a las autoridades terceros interesadas con el anexo correspondiente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial de mérito, suscrita por el actuario de la adscripción; a través de la cual manifiesta los motivos de imposibilidad con los que se encontró al momento de notificar el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por lo que, en cumplimiento al acuerdo seis de enero de dos mil veintidós, y en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procedió a notificar por lista a la parte quejosa, el auto de referencia. Lo anterior, es tomado del conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa actuaciones en cumplimiento a la ejecutoria de amparo Intégrese a los autos el oficio firmado por la Magistrada Presidente de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia certificada del auto de once de agosto de dos mil veintidós, en el que deja insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, y el disco compacto formato DVD que contiene la audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, celebrada dentro del toca penal **** Atento a su contenido, se tiene por hecha la comunicación de la responsable para que sea considerada al momento de realizar el estudio al cumplimiento de los efectos del amparo, en razón de que, mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa respecto de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable. Notifíquese.
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