Francisco Salazar Mateos
Expediente 160/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Salazar Mateos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 160/2022-VI R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto promovido por , por inexistencia de los actos reclamados de las autoridades responsables, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el cuarto punto considerativo. TERCERO. Se dispuso una vía especial de notificación por la situación actual de contingencia sanitaria en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 160/2022-VI. R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva al quejoso , por inexistencia de los actos reclamados de las autoridades responsables, en términos de los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria, conforme a los razonamientos expuestos en este último. SEGUNDO. Se dispuso una forma especial de notificación en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 160/2022-VI. Puebla, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente, los oficios de cuenta del Juez de Control de la Región Judicial Centro y del Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en donde rinden sus informes justificados y niegan los actos reclamados. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, y será relacionado con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional.6 Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se tienen por señalados el correo electrónico y número de teléfonos que indica el Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, para ser considerados en caso de que las circunstancias así lo requieran. Sin embargo, las notificaciones que se le ordenen, se harán en términos de lo previsto en la ley de la materia. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 160/2022-VI. Puebla, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por **, por propio derecho, contra actos de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Desechamiento parcial. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. de la demanda de amparo se advierte que se señalan como actos reclamados en el capítulo correspondiente y de manera destacada la orden de aprehensión, presentación, búsqueda y detención o de cualquier auto que atente contra la libertad del quejoso, atribuida a los jueces de control y otras autoridades que señaló como responsables. Sin embargo, debe precisarse que es parcialmente improcedente el presente juicio de amparo por los actos antes precisados acorde con lo que se expone a continuación: Improcedencia de la orden de presentación atribuida a los jueces de control. Esa hipótesis normativa (el desechamiento) cobra vigencia frente al acto que se reclama sólo de los jueces de control o de oralidad penal y ejecución del sistema acusatorio adversarial, señalados como responsables, consistente en la orden de presentación, y su ejecución, al actualizarse una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, con los artículos 14, 16, 19 y el primer párrafo del artículo 20, aplicado a contrario sensu, de la constitución federal. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de orden de presentación, como la que reclama el quejoso, no puede ser emitida por autoridades judiciales que operan en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, como las que señala en la demanda de amparo (los jueces de control o de oralidad penal y ejecución del sistema acusatorio adversarial) en su carácter de ordenadoras, porque éstas no tiene facultades jurídicas en el mencionado nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión y detención (también reclamadas) de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados en mención. Habida cuenta que dichas autoridades judiciales (como la señalada en la demanda de cuenta como jueces de control o de oralidad penal y ejecución del sistema acusatorio adversarial) carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de presentación contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Por su parte, es menester precisar que la actuación consistente en la orden de presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal; empero, las autoridades judiciales no librarían como tal una orden de presentación, sino una diversa (con distinta denominación) como las que refiere el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad judicial, el gobernado (verbigracia mediante un acto diverso, no mediante una orden de presentación) puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con motivo de ello lejos de coartarle algún derecho, la autoridad satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que la parte peticionaria del amparo (en su caso) se apersone, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituyen un acto restrictivo de la libertad personal. Máxime que, como se dijo, tales órdenes ni siquiera están previstas como tales (orden de presentación) en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes mencionado es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que resulte improcedente este juicio de amparo respecto de la orden de presentación reclamada de los jueces de control señalados como responsables. Desechamiento parcial respecto a la orden de aprehensión, presentación, búsqueda y detención o de cualquier auto que atente contra la libertad del quejoso, y su ejecución, atribuidos a los agentes del ministerio público que señaló como autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras. En efecto, respecto de la orden de aprehensión, presentación, búsqueda, detención o diverso auto que atente contra su libertad atribuidos a los agentes del ministerio público señalados como autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 16 constitucional. Se explica: En el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: .....Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a los agentes del ministerio público señalados como autoridades responsables, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar aprehensión, presentación o detención de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1413 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la aquí quejosa lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, el quejoso sólo menciona que policías ministeriales se presentaron en su domicilio para detenerlo en ejecución de una orden de aprehensión. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente, aunado a que no se reclama así como acto. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implicaría necesariamente que el representante social ordenara aprehenderla o presentarla. Ahora, aún si el representante legal la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del ministerio público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. En adición, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque en virtud de la orden de citación solamente se pide a la parte inculpada comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistada, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, la persona en cuestión puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del ministerio público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del ministerio público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del juez de control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí lo improcedencia apuntada contra las ordenes de captura combatidas y que se atribuyen a los representantes sociales. Lo mismo ocurre respecto de la ejecución de la orden de aprehensión, presentación, búsqueda y detención o de cualquier auto que atente contra la libertad del quejoso, atribuidos a los agentes del ministerio público señalados como responsables con carácter de ejecutoras. Al respecto, basta decir que como un hecho notorio derivado de otros asuntos similares al presente, se desprende que los agentes del ministerio público o fiscales (como lo señalados como responsables) sólo comunican (en su caso) los mandamientos judiciales de molestia, como lo es (verbigracia) una orden de aprehensión librada por una autoridad jurisdiccional. De ahí que en tales asuntos dichas autoridades niegan la existencia de la ejecución de esa orden de captura. Luego, en el presente caso, no se estaría en aptitud jurídica y fáctica de materializar o concretar la captura y detención del quejoso por parte de esas autoridades (fiscales en mención), porque su ejecución sólo corresponde a las diversas autoridades policiacas o aprehensoras o de seguridad pública, que cuentan con otras funciones y facultades para ello (como el Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla que también señalado como autoridad responsable ejecutora). Se afirma lo anterior, porque los fiscales y titulares de fiscalías de las entidades referidas con antelación no son - propiamente- autoridades ejecutoras de órdenes de captura, pues la naturaleza jurídica de su función es la de investigación y prosecución de los delitos, como se puede desprender de la literalidad del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en su caso, los agentes del ministerio público adscritos a órganos jurisdiccionales o encargados de los mandamientos judiciales se limitan a recibirlos y comunicárselos a las autoridades policiacas, de seguridad pública, militares o de seguridad pública, para su ejecución o materialización -de la orden de captura-. Así, en el supuesto de llegarse a ejecutar contra un gobernado una orden como la reclamada, los agentes policiales tendrán la obligación de efectuar la respectiva puesta a disposición del detenido ante el agente del ministerio público que corresponda, quien -a su vez- lo hará ante la autoridad judicial respectiva, para solicitarle la celebración de la audiencia inicial para la formulación de imputación; pero no será alguno de los agentes del ministerio públicos los que den cumplimiento material a esa orden. Todo ello, tal como se desprende del artículo 145, párrafos primero, segundo y tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé: "Artículo 145. (.)". Cobra aplicación al caso, "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL EJECUTARLA, LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR, SIN DILACIÓN, A LA PERSONA APREHENDIDA ANTE EL JUEZ QUE LA ORDENA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008)4." Por lo tanto, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de presentación atribuida a los jueces de control, y en cuanto a la orden de aprehensión, presentación, búsqueda y detención o de cualquier auto que atente contra la libertad del quejoso, y su ejecución, atribuidos a los agentes del ministerio público que señaló como autoridades responsables en calidad de ordenadoras y ejecutoras. Resulta aplicable la tesis de rubro siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES." Admisión parcial. se admite parcialmente a trámite la demanda de amparo, por los actos siguientes: ? La orden de aprehensión, búsqueda y detención librada contra el quejoso o de un auto que atente su libertad; ? Su ejecución. Precisión de las autoridades responsables que habrán de emplazarse (respecto a los jueces de control de la región judicial centro). El quejoso señaló como autoridades ordenadoras (con nombres y apellidos a diversos jueces de control adscritos al mismo Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Sin embargo, debe indicarse que . De ahí que la citada jueza hubiera rendido en forma individual, los informes previo y justificado que se requirieron a los jueces de control de la Región Judicial Centro, en el juicio de amparo e incidente de suspensión 544/2020 de este órgano jurisdiccional -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo-. Entonces, al haberse señalado por el quejoso a los jueces de oralidad ubicados en la región judicial Centro, sólo puede tenerse como autoridad ordenadora a la siguiente: ? Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Por otra parte, la parte quejosa también designa como autoridades ejecutoras a diversos "comodante (sic) de la Policía Ministerial y/o los elementos" a cargo de varios Agentes del Ministerio Público. Sin embargo, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, numerosos juicios de amparo tramitados en este juzgado de distrito, donde resultaron inexistentes dichas autoridades responsables por no estar en el organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Además, que el superior jerárquico de los diversos comandantes que existen en dicha institución, lo es el Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. De manera que sólo habrá de involucrar en el presente juicio de amparo al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y, por ende, se emplazará como ejecutora únicamente a dicha autoridad. se ordena tramitar por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; Notifíquese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación6. En este, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legibles de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado. señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 1/2022), la audiencia constitucional se celebrará, de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de éstas. Autorizada en términos amplios, y listas para oír y recibir notificaciones. Téngase como autorizada a Alma Elizabeth Ortiz Lara, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera se tiene como domicilio para recibir y oír notificaciones las listas de este juzgado de distrito, porque así lo señaló de manera expresa.Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (por lista), y cúmplase.
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