Francisco Ruvirosa Sánchez
Expediente 599/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Francisco Ruvirosa Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por --------------, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En ese orden, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ------------, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México con residencia en Coacalco de Berriozábal y otra autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 599/2021-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, de la lectura que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: El auto emitido el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el incidente de liquidación de pensiones vencidas 468/2013, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México con residencia en Coacalco de Berriozábal, a través del que inadmite el recurso de apelación interpuesto contra el diverso auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en el cual inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de diecisiete de mayo de la anualidad en curso, en el cual el Juez responsable inadmitió pruebas supervenientes ofertadas por el aquí quejoso. Ahora bien, del contenido de la demanda que nos ocupa, así como de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se advierte que el día veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el desahogo de pruebas confesionales y testimoniales, ofertadas por las partes contendientes en el incidente de liquidación de pensiones vencidas 468/2013, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México con residencia en Coacalco de Berriozábal. Derivado de lo ahí ocurrido, el aquí quejoso Francisco Ruvirosa Sánchez, presentó un escrito en el que ofrecía pruebas supervenientes (con la finalidad en dicho del quejoso de esclarecer las dudas y limitaciones del Juez señalado como responsable), en respuesta la autoridad emite el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: Inconforme con ello, el demandado -ahora quejoso- presentó recurso de revocación, escrito al cual le recayó el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, de cuyo contenido se desprende: Nuevamente inconforme con ello, el quejoso ------------, interpuso recurso de apelación contra el citado auto de veintiuno de mayo de la anualidad en curso, mismo que no fue admitido por la responsable, por las consideraciones vertidas en el diverso de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, las cuales se insertan a continuación y que constituye el acto aquí reclamado. Precisado lo anterior, tenemos que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo de improcedencia se debe desechar de plano. Así, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Luego entonces, en el presente asunto se reclama la resolución emitida por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México con residencia en Coacalco de Berriozábal, en la que inadmitió el recurso de apelación intentado contra el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en el cual, de igual modo inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra la inadmisión de pruebas supervenientes ofrecidas por el quejoso; no obstante dicho reclamo no constituye un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así, pues, el acto reclamado, no quebranta en perjuicio del quejoso, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación, toda vez que, en el caso, el reclamo en esencia radica en que no se admitió a trámite un recurso planteado con la finalidad de revocar uno diverso que no admitió a trámite las pruebas que el quejoso consideró supervenientes. Asimismo, podemos establecer que el acto reclamado, tampoco participa de una afectación, que deba ser analizada mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar el dictado de la sentencia definitiva, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso la resolución combatida podrá constituir una violación dentro del procedimiento, reclamable en amparo directo, para el supuesto de que la sentencia definitiva que llegue a dictarse le sea desfavorable. En efecto, el acto reclamado ningún perjuicio irreparable irroga al justiciable, ya que sólo pueden considerarse como violaciones al procedimiento, encuadrables en el artículo 172 de la Ley de Amparo. Por todo lo anteriormente expuesto, quien ahora resuelve arriba a la conclusión de que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, Constitucional, en correspondencia con el numeral 107, fracción V, de la citada legislación de la materia. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por ------------, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México con residencia en Coacalco de Berriozábal y otra autoridad. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el inmueble ubicado en avenida --------------, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53050, por así haberlo indicado en el ocurso que nos ocupa. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al fedatario de la adscripción días y horas inhábiles, a efecto de que lleve a cabo la diligencia que se encomienda. Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que menciona en el escrito inicial de amparo; en complemento, téngase el correo electrónico marcomtzg1@hotmail.com y el número telefónico 558151-3867, para estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional, sin que esto implique que dicho medio se tenga para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada el Secretario encargado del asunto, Óscar Durán Valdés, a saber: 5553870500, extensión 1391, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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