Francisco Ruiz Torres

Expediente 712/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
712/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Francisco Ruiz Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud que de la certificación que antecede se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el desechamiento de ocho de agosto de dos mil diecinueve. Conforme lo disponen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la ley de amparo, en relación 356, fracción II, del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. Por tanto, Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo, el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como mandatario judicial de ***, por medio de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Salvatierra, Guanajuato. Por violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 712/2019-II.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. TESIS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE AMPARO. Como cuestión previa cabe hacer mención que las tesis que se invoquen en el presente proveído son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada ley, el cual establece: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. ANÁLISIS DE DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se advierte la obligación de este juzgado de distrito de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII2oJ/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien el promovente señala como actos reclamados los siguientes: ACTO RECLAMADO. Resolución de fecha 31 de julio del 2019, dictada en el expediente 797/2017, al resolverse el recurso de revocación en contra del auto de fecha 4 de julio del 2019, que ordena y autoriza la ejecución de sentencia. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En ese orden, este juzgador federal advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, toda vez que dichos numerales señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que ***, comparece a solicitar la protección Constitucional, ostentándose mandatario judicial de Francisco Ruiz Torres, personalidad que pretende acreditar con las copias certificadas del juicio sumario civil número C0797/2017 sobre arrendamiento inmobiliario, promovido por ***, en contra del ***, dado que tenía reconocida dicha calidad en el juicio en mención. Sin embargo, de las documentales citadas se pone de manifiesto que efectivamente, ***, fue mandatario de ***, dentro del juicio sumario civil número C0797/2017 del índice del juzgado de Partido único del Ramo Civil, con sede en Salvatierra, Guanajuato, sin embargo, en la determinación de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, la cual se identifica como el acto reclamado), la citada autoridad determinó que el promovente carecía de legitimación en dicho proceso para interponer el recurso de revocación intentado. Ello de conformidad con los artículos 2108 y 2114 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, los cuales establecen: Artículo 2108. El mandato termina: III. Por muerte del mandante o del mandatario. Artículo 2114. Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en su gestión, entre tanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio. La gestión del mandatario en el supuesto del párrafo anterior, no podrá exceder de seis meses, contados a partir de la muerte del mandante. Se cuenta pues con que, de manera expresa, el artículo 2114 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, dispone que después de la muerte del mandante, el mandatario debe continuar en su gestión; sin embargo tal circunstancia no podrá exceder de seis meses, contados a partir de la muerte del mandante. Ahora, el deceso de ***, ocurrió el seis de diciembre de dos mil dieciocho, según se advierte de la resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve pronunciado en el juicio de origen. Luego, si la muerte del mandatario ocurrió el seis de diciembre de dos mil dieciocho, las facultades para promover a su nombre por parte del licenciado ***, terminaron el seis de junio de dos mil diecinueve, de ahí que no se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo que intenta a favor del finado ***, debido a que sus facultades para hacerlo cesaron después de los seis meses del fallecimiento de este último, conforme lo establece el ordinal 2114 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Por tanto, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, atendiendo a que no tiene legitimación para promoverla. Lo anterior es así, pues, para formular la demanda de amparo, esta debe presentarse por quien es titular de la acción Constitucional o de quien conforme a la Ley pueda representarlo legalmente, dicho de otra forma, por quien resienta la lesión a sus derechos humanos conforme al principio de instancia de parte agraviada, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción I, y 6° de la nueva Ley de Amparo; o por su representante legal o apoderado con facultades para ello, lo cual no ocurre en el caso, según se dejó establecido en supralíneas; ni mucho menos podría acreditarse en un futuro. Los dispositivos en cita establecen: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo 112 individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De la Ley de Amparo: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. En consecuencia, de conformidad con lo que dispone el diverso numeral 113, de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, de dicha ley, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la misma, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia, atendiendo a que el promovente ***, NO TIENE LEGITIMACIÓN para instaurar el juicio constitucional en favor de su mandante ***. Es aplicable a lo anterior la tesis: XVII.2o.16 K, Época: Novena Época, Registro: 201452, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 673 del Tomo IV, Septiembre de 1996, Materia(s): Común, del contenido siguiente: MANDATARIO. NO ESTA LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN REPRESENTACION DE SU MANDANTE, SI ESTE FALLECIO CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA. Si al momento de fallecer el poderdante, no se había promovido el juicio de garantías, es decir, no existía negocio pendiente del cual los herederos tuvieran que proveer, y obligaran al apoderado a continuar en su encargo a efecto de no causar perjuicios a la sucesión a bienes del de cujus, sino que la demanda de garantías se promovió posteriormente al fallecimiento del poderdante, en este caso, se actualizó la hipótesis a que se refiere el artículo 2494, fracción III, del código sustantivo de la materia, o sea el apoderado dejó de tener el encargo que se le confirió a partir de la muerte del quejoso, pues en aquel tiempo aún no se había promovido juicio de garantías alguno, o algún otro acto que impidiera que el poder no concluyera y, por tanto, no se dio la excepción a que se refiere el artículo 2499 del Código Civil vigente en el Estado, por ello, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de garantías, con fundamento, en el artículo 74, fracción III, del precitado ordenamiento jurídico. También es aplicable por analogía, la tesis publicada en la página 355 del Tomo VII, Junio de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Civil, Época: Octava Época, Registro: 222611, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del contenido siguiente: PODER. SU EXTINCION POR MUERTE DEL MANDANTE. Una sana interpretación del artículo 2600 del Código Civil para el Distrito Federal, es en el sentido de que tal dispositivo representa un caso de excepción a la extinción del mandato por muerte del mandante, consignada y estatuida para casos de extrema necesidad, que por la importancia y urgencia que represente, se puedan causar daños a los herederos o a la sucesión, cuando no estén legalmente designados los órganos de ésta (albacea o interventor); pero eso no implica que no exista plazo o término para la extinción del mandato por fallecimiento del mandante, ya que, en oposición al más elemental principio de seguridad jurídica, podría llegarse al exceso de no denunciarse la sucesión y, por ende, ante la falta de existencia y representación legal de la misma, el mandatario continuaría actuando, sin ninguna limitación temporal, contraviniendo con ello, la naturaleza jurídica del contrato de mandato. (Lo resaltado se hace nuestro). De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. AUTORIZACIÓN DE LAS PARTES PARA LA REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO, QUIENES PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización. Es aplicable a lo anterior la tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común, bajo el rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. DOMICILIO PROCESAL. Tomando en consideración que el promovente señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que estos no constituyen un domicilio propiamente dicho, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo, lo anterior hasta en tanto haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, de la citada ley. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado por parte del quejoso a la licenciada ***, en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, toda vez que no obra registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostentó como mandatario judicial de ***, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.

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