Francisco Ruiz Cuen

Expediente 699/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
699/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Juez de Control Especializado en ejecución de penas del Poder Judicial del Estado de Baja California
  • Francisco Ruiz Cuen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Juicio de amparo 699/2020-F El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede, y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que el quejoso no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, por lo que con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. En el presente asunto, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Francisco Ruiz Cuen, para los siguientes efectos: "[.] para el efecto de que la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, proceda a celebrar la audiencia de derecho y a dictar la resolución correspondiente en el procedimiento de ejecución 1987/2019, en el entendido de que si quedan pruebas o diligencias pendientes de desahogo, deberá hacer lo conducente a efecto de procurar el estricto cumplimiento del fallo protector de manera pronta." Se requirió a la autoridad vinculada para que diera cumplimiento con el fallo protector, quien comunicó lo conducente y remitió copia autentificada del registro de audio y vídeo con la que adujo acreditar su aserto, a lo que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Informes y constancia con los que se acreditó que la autoridad responsable cumplió con la sentencia de amparo, pues procedió a celebrar la audiencia de derecho y resolvió el procedimiento ordinario de ejecución 1987/2019, en la que declaró procedente el cómputo de tiempo de prisión preventiva solicitado por el aquí quejoso; por otro lado, declaró improcedente otorgarle el beneficio de remisión parcial de la pena previsto por la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Baja California; razones anteriores por las que resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, ni documentos originales que devolver, téngase este asunto como totalmente concluido, ordenándose el archivo definitivo del mismo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al capítulo quinto del referido Acuerdo General Conjunto, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio de amparo es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del mismo, por haberse otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal; estableciéndose como fecha probable para tal efecto el tres de junio de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente, el tres de junio de dos mil veinticuatro. Finalmente, en cumplimiento al último párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento, se requiere a las partes, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndoles que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese personalmente. hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, emitido en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Principal

    Juicio de amparo 699/2020-F El quince de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, quince de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el doce de marzo de dos mil veintiuno; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso en los términos siguientes: "[.] lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal peticionados por Francisco Ruiz Cuen, para el efecto de que la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, proceda a celebrar la audiencia de derecho y a dictar la resolución correspondiente en el procedimiento de ejecución 1987/2019, en el entendido de que si quedan pruebas o diligencias pendientes de desahogo, deberá hacer lo conducente a efecto de procurar el estricto cumplimiento del fallo protector de manera pronta." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de quince días, legalmente computado, dé cumplimiento con el fallo protector. Cabe precisar que la temporalidad fijada resulta razonable, tomando en consideración la naturaleza del asunto y la complejidad para acatar lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la ley de la materia, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra el término concedido a la autoridad vinculada, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo e informe justificado. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Continuando con la audiencia, se declara abierto el periodo de pruebas, en el que el secretario hace constar que el quejoso ofreció la documental; asimismo, la autoridad responsable allegó a juicio las constancias relativas a la materia de reclamo. A lo que el juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas en mención, las que se tomarán en consideración al dictar sentencia; sin más pruebas que relacionar, se cierra el periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se cierra dicha etapa y se procede a dictar la siguiente:Sentencia Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 699/2020, promovido por Francisco Ruiz Cuen, contra un acto de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por estimar vulnerado en su perjuicio el derecho humano consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Resultando Primero. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Francisco Ruiz Cuen solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: se reclama de la responsable la omisión o falta de contestación a los escritos de fecha 29 de julio de 2020 y 19 de octubre de 2020." Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número 699/2020; mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la misma; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previa suspensión y reanudación del procedimiento debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, Considerando Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que se reclama un acto de omisión a una autoridad residente en la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, así como de las constancias obrantes en autos, se precisa que el acto reclamado destacado es la omisión de la autoridad responsable de resolver la solicitud de abono del tiempo de prisión preventiva y cómputo de pena de prisión presentada por el quejoso en el cuaderno de ejecución 1987/2019 a su cargo. Tercero. Debe tenerse por cierta la materia de reclamo atribuida a la autoridad responsable, no obstante la negativa depuesta en su informe justificado, pues se advierte que realiza manifestaciones tendentes a defender la conducta que se le reprocha; lo que además se corrobora con las constancias allegadas a juicio, relativas al cuaderno de ejecución primigenio. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. Toda vez que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna de ellas, resulta procedente pronunciarse en relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión reprochada, acorde con lo argumentado en la demanda de amparo. Quinto. El impetrante esgrimió el concepto de violación que estimó pertinente, el cual se tiene por reproducido en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el precepto 74 de la ley de la materia. Sexto. Es fundado lo alegado por el peticionario, aunque para ello se supla la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por las consideraciones que enseguida se exponen. El quejoso argumenta que la autoridad vulnera, entre otros, los derechos consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no resolver la solicitud de abono del tiempo de prisión preventiva y cómputo de pena de prisión que le presentó en el cuaderno de ejecución 1987/2019 a su cargo, en el plazo y términos establecidos para ello. Al respecto, el referido dispositivo constitucional establece lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El normativo parcialmente transcrito pone de manifiesto que la administración de justicia deberá impartirse dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. En el caso a estudio, se advierte que en el procedimiento de ejecución 1987/2019, la juez de control responsable transgredió, en perjuicio del aquí quejoso, el derecho humano de acceso a la impartición de justicia pronta. Para corroborar tal afirmación, es menester señalar que los numerales 122 a 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; [.] El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado [.]." "Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. [.] Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. [.] En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia." "Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código." "Artículo 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: [.] VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia." "Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final." De la intelección de los preceptos legales antes transcritos, se pone en relieve que al presentarse una solicitud relativa al estado de una pena ante la administración del juzgado de ejecución, el juez del conocimiento -de oficio- puede ordenar el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; asimismo, contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto de admisión, prevención o desechamiento de la solicitud que examina. En caso de ser admitida, se notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan medios de prueba; además se requerirá a la autoridad penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda; rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días; en la fecha fijada se llevará a cabo la audiencia, en la que el juez de ejecución emitirá su resolución y la explicará, teniendo cinco días para redactarla por escrito y notificarla a las partes. Bajo las reglas del procedimiento de ejecución antes expuestas, resulta patente que la autoridad responsable violentó en perjuicio del impetrante lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues si bien mediante acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, dictado en el cuaderno de ejecución 1987/2019, entre otras cosas, se tuvo por recibida la solicitud de mérito ?presentada desde el veintinueve de julio del mismo año? y se requirió a diversas autoridades la remisión de sendas documentales necesarias para fijar fecha y hora a fin de precisar sobre el quantum de prisión preventiva y resolver sobre alguna concesión de beneficio, lo cierto es que a la data del dictado del presente fallo, no obra constancia de que se hayan agotado los medios necesarios a efecto de allegarse de la información que fue requerida y continuar así con la debida sustanciación del procedimiento de origen para conducirlo hasta su conclusión, esto es, la celebración de la audiencia respectiva y la emisión de la resolución final. En consecuencia, toda vez que quedó de manifiesto que la jurisdiccional responsable vulneró en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional, pues no ha respetado los términos establecidos para la resolución de la solicitud planteada de conformidad con los artículos 122 a 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que trajo como consecuencia el retraso en la impartición de justicia en demérito del impetrante, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal peticionados por Francisco Ruiz Cuen, para el efecto de que la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, proceda a celebrar la audiencia de derecho y a dictar la resolución correspondiente en el procedimiento de ejecución 1987/2019, en el entendido de que si quedan pruebas o diligencias pendientes de desahogo, deberá hacer lo conducente a efecto de procurar el estricto cumplimiento del fallo protector de manera pronta. Séptimo. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción II, 79, fracción III, inciso a), y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Ruiz Cuen, contra la omisión que reclamó de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, destacada en el segundo punto considerativo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    hago constar que se notifica por medio de lista a a la parte quejosa, la determinación de doce de marzo de dos mil veintiuno, emitido en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

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