Francisco Ruiz Barrera

Expediente 816/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
816/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Francisco Ruiz Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Primer Circuito, al que anexa con firma criptográfica la resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, del conflicto de competencia civil 7/2023, en la que resolvió: "PRIMERO. Es legalmente competente la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para conocer de la demanda presentada por Francisco Ruíz Barrera, por derecho propio. SEGUNDO. Remítanse las constancias que fueron exhibidas en este conflicto competencial a la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para que continúe con el trámite del juicio. TERCERO. Remítase testimonio de esta resolución al Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para su conocimiento." Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente cuaderno de antecedentes es destruible en el plazo de seis meses, ya que este órgano federal no aceptó la competencia planteada, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial denunciado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cual se registró con el número 7/2023; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio al que se anexó el juicio de amparo número 714/2023-VI de su índice, por el cual se informa que este órgano federal no aceptó la competencia planteada; asimismo, comunica que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, para que resuelva el conflicto competencial que denunció, de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Séptimo Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual remite el expediente del juicio de amparo 714/2023 de su índice, y comunica la determinación de veintidós de junio de la presente anualidad, en que declinó la competencia a favor de éste órgano jurisdiccional, por cuestión de territorio, para conocer de la demanda promovida por Francisco Ruiz Barrera, por propio derecho. Acúsese el recibo. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Francisco Ruiz Barrera; fórmese el expediente relativo con el número 816/2023-VIII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, declaró carecer de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, debido a que consideró que el acto reclamado (desposeimiento o desalojo del bien materia de la Litis) va a tener ejecución en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, territorio que no está comprendido dentro de su jurisdicción, sino en la de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, en respetuoso disenso, el suscrito no comparte dicho criterio, por las razones que se expondrán enseguida. Primeramente, es indispensable precisar que de una intelección de la demanda de amparo se advierten los siguientes datos relevantes: 1. Rafael Cabañas Jauregui, instauró un juicio especial hipotecario en contra del quejoso, del cual tocó conocer a Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, quien lo radicó con el número de expediente 255/2008. 2. En consecuencia, de lo resuelto en aquel proceso jurisdiccional, y, toda vez que el domicilio del demandado -aquí quejoso-, se encuentra fuera de la jurisdicción del Juez natural, dicho órgano jurisdiccional, libró exhorto al Juzgado Primero Civil de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, quien radicó dicha comunicación con el número de exhorto 885/2023, para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento del bien inmueble materia de la Litis, que reclama el impetrante de amparo en su domicilio ubicado en calle José Cecilio del Valle, número 8, manzana 11, lote 4, colonia las Américas (Condominio Porto Seguro), código postal 55070, Municipio de Ecatepec, Estado de México. 3. De lo anterior, la parte quejosa en su carácter de tercera extraña por equiparación reclama el emplazamiento, todo lo actuado y la diligencia de ejecución, en el juicio especial hipotecario con número de expediente 255/2008, del índice del Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México. Ahora bien, debe decirse que conforme al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia por razón de territorio recae en los Juzgados de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Así, el legislador contempló en la Ley de Amparo tres reglas diferentes para determinar dicha competencia, como se advierte del numeral 37 de la normatividad de la materia. 1. La primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. La segunda indica que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en otro, será competente cualquiera de dichos jueces, a prevención, esto es, ante el que primero se haya presentado la demanda. 3. La tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese tenor, se estima que el Juzgado de Distrito declinante es quien debe conocer del presente asunto, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, para fijar la competencia debe atenderse a que el peticionario del amparo no sólo reclamó la ejecución de la condena decretada en el juicio de origen, por el contrario, se duele todo lo actuado en el juicio natural; lo anterior es así, pues incluso, la propia sustanciación de una sumario civil instaurado en su contra le genera una afectación a su esfera jurídica, por ser parte demandada. Por tanto, si bien, la ejecución de lo condenado tendrá verificativo en el Estado de México, lo cierto es que, la tramitación del juicio natural se desarrolló en la Ciudad de México; por lo que se insiste, el acto destacado en el asunto que nos ocupa es el emplazamiento y como consecuencia, todo lo actuado el juicio especial hipotecario 255/2008 del índice del Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, el cual es consecuencia del primero, en la inteligencia de que el citado quejoso es parte de dicho procedimiento, pues es parte demandada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. II/92, sustentando por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, página 94, con número de registro 206167, que a la letra dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. En ese sentido, se tiene que los actos hoy reclamados iniciaron con motivo del citado procedimiento civil radicado en la Ciudad de México, y continuaron con la ejecución material de la condena que tendrá verificativo en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Por tanto, en el caso se actualiza la hipótesis contenida en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y no lo dispuesto en el primer párrafo (como lo sostiene el Juzgado Federal declinante), pues como se explicó, la parte quejosa no se constriñe a cuestionar únicamente la ejecución de lo resuelto en el proceso de origen, sino que reclama una pluralidad de actos que han tenido y tendrán ejecución en más de un Distrito, como lo es todo lo actuado el juicio especial hipotecario 255/2008 del índice del Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, la cual se tramita en la Ciudad de México. En consecuencia, la competencia para conocer de este asunto se surte a favor de cualquiera de los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en ambos territorios; por lo que corresponderá conocer de éste, a prevención; esto es, aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, siendo tal, el residente en la Ciudad de México. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en cuanto al tema, que es posible que en un mismo amparo coexistan las dos reglas de competencia, es decir, la de los actos que sí requieren ejecución material y la diversa de aquellos que no requieren ejecución, pero que ante la falta de regulación expresa para definir a cuál de los dos jueces que resultan competentes por la concurrencia de dichas reglas, debe atenderse, entre otras cosas, a privilegiar la facilitación del acceso a la justicia del quejoso. Criterio que se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 22/2013, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, la página 293, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." No se inadvierte que el procedimiento -mercantilsobre el cual versa dicha jurisprudencia es de naturaleza diversa al que nos ocupa -hipotecario-, sin embargo, tal criterio sirve de referencia para dilucidar el tema aquí controvertido, esto es, la actualización de dos reglas de competencia en un mismo asunto. En esas condiciones, el suscrito estima que en la especie debe prevalecer la regla contemplada en el segundo párrafo del citado artículo 37, es decir, la que establece que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado primero la demanda. Lo anterior, sin que soslaye la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.) -invocada por el homólogo declinante-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, con número de registro 2024553, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, en dicha jurisprudencia, el Máximo Tribunal del País, consideró que la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, al tener ejecución material; sin embargo, tal supuesto no se actualiza en el presente asunto, donde no se reclama una omisión, toda vez que se reclaman actos que tienen y tuvieron ejecución en más de un Distrito, el emplazamiento -verificado en este Distrito-; y como consecuencia todo lo actuado en el juicio natural -proceso que es sustanciado en el territorio donde ejerce su jurisdicción el homólogo declinante-; esto es, se trata de actos positivos ejecutados en diferentes circuitos, cuya regla para definir la incompetencia, es a prevención. Por los motivos expuestos, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada, por tanto, devuélvase el expediente y anexos al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a efecto de que acuerde lo que en derecho proceda. Por último, fórmese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario ********************; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En la inteligencia de que únicamente se realizarán las notificaciones vía electrónica, toda vez que la Ley de Amparo no autoriza la duplicidad de notificaciones, es decir, electrónicas y personales, salvo aquellas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso K) de la citada normatividad, deban practicarse de manera personal. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3o de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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