Francisco Rudametkin Colmeneros
Expediente 58/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/06/2015
Partes del expediente
- Francisco Rudametkin Colmeneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de catorce de abril de dos mil quince (fojas 61 y 62), se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que aún no se proveyó respecto de las constancias remitidas por la 1. Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, constancias en copia certificada del juicio laboral xxxxxx en un tomo; en términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la citada autoridad, las constancias remitidas solicitando el acuse respectivo.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la 1. Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al proveído de cinco de marzo de dos mil quince, con el cual remite copia certificada de las notificaciones realizadas a las partes de la resolución interlocutoria de liquidación de veintiséis de febrero de dos mil quince, dentro del expediente laboral 332/2008. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la citada autoridad, las documentales mencionadas y para un mejor control y manejo del expediente, agréguense las constancias de mérito en el tomo de pruebas ya existente. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado de autos y las constancias que remitió la Presidente de la 1. Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que el análisis íntegro de la demanda revela que el quejoso acudió a este juicio de garantías señalando como acto reclamado la negativa de la autoridad de dictar interlocutoria en el incidente de liquidación de prestaciones promovido por el quejoso y otros, el cual se recibió con número de folio setecientos sesenta y siete, así como, la omisión y negativa de continuar con los demás actos procesales de ejecución de laudo. Ahora bien, del oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, además de las copias certificadas que se acompañaron al oficio de cuenta; las cuales gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que el veintiséis de febrero de dos mil quince, la responsable dictó resolución interlocutoria dentro del expediente laboral 332/2008, relativo al incidente de liquidación promovido por el aquí quejoso Francisco Rudametkin Colmeneros, misma que fue notificada al aquí quejoso, en nueve de marzo de dos mil quince. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto materia de la litis constitucional, pues al haber pronunciado la autoridad responsable la resolución interlocutoria dentro del incidente de liquidación, en el juicio laboral 332/2008, después de la presentación de la demanda de amparo (nueve de febrero de dos mil quince), según se observa de la fecha en que se dictó la resolución (veintiséis de febrero del actual), misma que se hizo del conocimiento del aquí quejoso el nueve de marzo de dos mil quince; por lo que como se dijo al inicio de este acuerdo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse emitido dicho acto durante la tramitación del juicio de amparo, hace que los efectos del acto que en principio se reclamó desaparezcan, ya que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con dos minutos del catorce de abril de dos mil quince. Sin que obste a lo anterior, que también se hubieran señalado como actos reclamados: 1. "La omisión y/o negativa de la autoridad señalada como responsable para continuar con los demás actos procesales de ejecución de laudo de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, dentro del expediente número 332/2008"; 2. "La omisión y/o negativa de dichas autoridades, para cumplir con la obligación de impartirle justicia", 3. "Los efectos y consecuencias de los actos reclamados". Ello es así, tomando en consideración que el análisis de los actos reclamados en sede constitucional debe delimitarse a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, que en el caso se hizo consistir en la omisión de dictar la interlocutoria relativa al incidente de liquidación de prestaciones. Sobre esa base, las subsecuentes actuaciones u omisiones atribuidas a la autoridad responsable, no pueden ser materia de estudio del presente juicio constitucional, ya que no es necesario verificar que todas las actuaciones procesales se hayan realizado dentro de los plazos previstos en la ley, debido a que las nuevas violaciones procesales, como las que alude el quejoso, serían impugnables a través de diverso medio de impugnación, por tener la calidad de actos futuros, inciertos e indeterminados. Es ilustrativa la Tesis IX.1o.17 L (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, recopilada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, página 835, registro 2008134 de la voz: OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en acuerdo de cinco de marzo de dos mil quince, se dio vista a las partes con las constancias enviadas por el Presidente de la 1. Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y se le requirió constancias relativas a la notificación de la resolución interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil quince, del expediente laboral 332/2008, de su índice, y considerando que no han transcurrido los ocho días que señala el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; ni el plazo otorgado a la citada autoridad a fin de que remita las copias certificadas solicitadas, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, señalando como nueva fecha para su celebración las nueve horas con dos minutos del catorce de abril de dos mil quince.
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