Francisco Rosales González
Expediente 943/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2021
Partes del expediente
- Francisco Rosales González
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no se ordenó la notificación a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nayarit, con residencia, en Tepic, del proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo a Javier Eduardo Carrillo Sandoval, en su carácter de autorizado legal de la parte tercera interesada interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, se ordena girar oficio a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nayarit, con residencia, en Tepic, a efecto de que quede legalmente notificado del citado proveído. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada dentro del presente juicio de amparo; luego, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia a este expediente, las restantes distribúyanse entre las demás partes y, en el momento procesal oportuno, remítanse los presentes autos y por separado el escrito original de expresión de agravios y copias del mismo a la Superioridad, para que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Sin que haya lugar a ordenar la apertura de un cuaderno de antecedentes del presente juicio de garantías, toda vez que mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se proveyó lo conducente con motivo del diverso recurso de revisión interpuesto en autos
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por FRANCISCO ROSALES GONZÁLEZ, contra actos del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 943/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Bien de la lectura integra de la demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: "Reclamo la publicación y entrada en vigor del acuerdo identificado como DIELAG-ACUSEMADET- 064-2021, (https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/peri odicooficial.jalisco.gob.mx/files/07-31-21-xi.pdf) de treinta y uno de julio del 2021, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, SE HACE UNA MODIFICACIÓN AL "ACUERDO DEL CIUDADANO ACU-SEMADET-063-2021 SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL QUE EMITE EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA DEL ESTADO DE JALISCO, DENOMINADO VERIFICACIÓN RESPONSABLE" específicamente el apartado 17.5 PASE DE ESTANCIA TEMPORAL en el que se establece que todo usuario que requiera transitar dentro de los límites del estado de Jalisco y que cuente con placas foráneas con el fin de evitar sanciones o retiro de vehículo al no contar con el distintivo correspondiente a la Verificación Responsable" Acto que les atribuye a las autoridades que señala como responsables: ? SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL ESTADO DE JALISCO (ORDENADORA). ? SECRETARIO DE SEGURIDAD POBLICA DEL ESTADO DE JALISCO (EJECUTORA). ? DIRECTOR DE PUBLICACIONES Y DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO (ORDENADORA). ? SECRETARIO DEL TRANSPORTE DEL ESTAD DE JALISCO (EJECUTORA). ? COMISARIO DE LA POLICIA VIAL DEL ESTADO DE JALISCO (EJECUTORA). ? GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO. Todos con residencia en Guadalajara, Jalisco. A efecto de proveer lo conducente sobre la demanda, se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los juzgados de amparo previo a resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis constitucional, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Bien, la Ley de Amparo establece como reglas de competencia las siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis aislada 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Exacto, la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo. Ahora bien, sobre el tema de la competencia para conocer de los juicios de amparo, el artículo 37 de la Ley de la materia dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto antes transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que el acto impugnado tenga ejecución material. b) La segunda regla deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo cualquiera de los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en los lugares en donde tiene ejecución el acto, a prevención. c) La tercera regla se refiere al supuesto en que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado. Así, cuando se reclama en un juicio de amparo la constitucionalidad de una ley, un reglamento o bien una norma de carácter federal -autoaplicativa o heteroaplicativa- para los efectos de la competencia, debe atenderse a la naturaleza del acto donde se realizó la aplicación o tendrá lugar la misma, para determinar el órgano jurisdiccional al que deba corresponder el conocimiento del juicio de amparo; de modo tal que cuando se reclama una norma por su sola entrada en vigor, la competencia para conocer de esa reclamación corresponde a la autoridad de amparo que ejerza jurisdicción en el territorio donde tendrá ejecución o aplicación la norma combatida. En el caso, el quejoso como se adelantó reclama como acto destacado la publicación y entrada en vigor del acuerdo identificado como DIELAG-ACUSEMADET- 064-2021, (https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial. jalisco.gob.mx/files/07-31-21-xi.pdf) de treinta y uno de julio del 2021, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, SE HACE UNA MODIFICACIÓN AL "ACUERDO DEL CIUDADANO ACU-SEMADET-063-2021 SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL QUE EMITE EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA DEL ESTADO DE JALISCO, DENOMINADO VERIFICACIÓN RESPONSABLE" específicamente el apartado 17.5 PASE DE ESTANCIA TEMPORAL, al referir en su demanda, en lo conducente, lo siguiente: " a).- DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES RECLAMO: MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que es el caso QUE EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2021 ME ENTERE DEL ACTO RECLAMADO esto al consultar el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el acto de molestia que consiste en la publicación y entrada en vigor del acuerdo identificado como ACU-SEMADET-064/2021, publicado el día 31 de Julio del 2021, en el Peri6dico Oficial del Estado de Jalisco, que en su encabezado dice "ACUERDO DEL CIUDADANO SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL QUE EMITE PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA DEL ESTADO DE JALISCO, DENOMINADO VERIFICACIÓN RESPONSABLE" específicamente el apartado: "XXXIV. Vehículos de Estancia Temporal: Los vehículos con placas foráneas que circulen en el Estado de Jalisco en plazos que, en conjunto, no excedan de treinta días naturales por cada semestre, que de manera excepcional podrían circular en Jalisco sin cumplir con el Programa siempre que cuenten con el Pase de Estancia Temporal:" En el que establece que todo usuario que requiera transitar dentro de los límites del Estado de Jalisco y que cuente con places foráneas y que establece que deberá de contar con documento para poder circular en el Estado de Jalisco, y que solo será válido para los vehículos que circulen en el Estado de Jalisco en plazos que en conjunto NO DEBEN EXCEDER DE TREINTA DIAS NATURALES POR CADA SEMESTRE, siendo que es de explorado derecho que toda persona tiene derecho para entrar en la Republica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia SIN NECESIDAD DE CARTA DE SEGURIDAD, PASAPORTE, SALVOCONDUCTO U OTROS REQUISITOS SEMEJANTES. ASÍ COMO GRAVAR EL TRÁNSITO DE PERSONAS O COSAS QUE ATRAVIESAN SU TERRITORIO. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad Judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país; además de no tener facultades tal y como lo establece el artículo 115 fracción III inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito. ASI COMO GRAVAR EL TIRANSITO DE PERSONAS O COSAS QUE ATRAVIESAN SU TERRITORIO.. Además debo de mencionar que he consultado en la página oficial del Congreso del Estado de Jalisco, si existen convenios entre el Gobierno del Estado y los ciento veinticinco Municipios que lo conforman, vigentes, en materia de tránsito sin obtener información al respecto, siendo que como lo establece el artículo 115 fracción III inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS el regular la seguridad publica en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, por lo que en el caso que nos ocupa, el SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO, carece de facultades para exigir a los gobernados que son propietarios o poseedores de vehículos con placas de otros estados del país, un documento para poder circular en el Estado de Jalisco, y que además solo será válido para los vehículos que circulen en el Estado de Jalisco en plazos que en conjunto NO DEBEN EXCEDER DE TREINTA DIAS NATURALES POR CADA SEMESTRE." En efecto, de la vista que se tiene en la página electrónica https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicoo ficial.jalisco.gob.mx/files/07-31-21-xi.pdf, se advierte efectivamente el acuerdo reclamado, publicado en el Periódico oficial del Estado de Jalisco el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, el cual fue emitido por autoridades de esa entidad federativa, y en el que refiere: ".Con la finalidad de controlar las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan en el Estado de Jalisco, en un plano de igualdad para todas las personas que utilicen sus vehículos para circular en este territorio, a su vez evitar afectaciones a los sectores productivos en el estado de Jalisco, resulta necesario ampliar el periodo de circulación sin cumplir con el programa para los vehículos de estancia temporal; además de exentar a aquellos vehículos que no se encuentran contemplados en la competencia del Estado. Con la finalidad de garantizar el respeto al derecho que tiene toda persona de vivir en un ambiente sano para su desarrollo y bienestar individual de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y por ello, el Estado de Jalisco pretende salvaguardar este derecho fundamental mediante la coordinación de entidades federativas con la suscripción de instrumentos jurídicos que se crearán con el objeto de concertar una organización de acciones administrativas conjuntas y encaminadas a contribuir con la disminución de la contaminación y el mejoramiento de la calidad ambiental con la finalidad de otorgar una mejor calidad de vida dentro del Estado, de conformidad con el artículo 1 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Ordenamiento normativo que tiene aplicación en el Estado de Jalisco, al establecer, tratándose de vehículos de estancia temporal, que aquellos -vehículos- con placas foráneas que circulen en el Estado de Jalisco en plazos que, en conjunto, no excedan de treinta días naturales por cada semestre, que de manera excepcional podrían circular en Jalisco sin cumplir con el Programa siempre que cuenten con el Pase de Estancia Temporal. Queda de relieve también que el reclamo del ordenamiento en cita, no deriva de un acto de aplicación, sino que se tilda de inconstitucional, por su sola vigencia. Luego, si se toma en cuenta que una ley autoaplicativa tiene como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Se cita por identidad jurídica, la tesis 2a. 11, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 19-21, Julio- Septiembre de 1989, Octava Época, bajo la voz: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." En ese contexto, es de concluir que este Juzgado de Distrito con residencia en el Estado de Nayarit, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, pues el ordenamiento reclamado tiene vigencia y aplicación en el Estado de Jalisco. Por tanto, lo procedente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, es remitir el presente juicio de amparo indirecto 943/2021 y sus anexos al Juez Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, a quien se le declina la competencia en términos del artículo 37, párrafo primero, de la invocada ley, lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, a efectos de que se sirva comunicar si acepta o no la competencia declinada para conocer del amparo en cuestión. Asimismo, solicítese atentamente al Juzgado que corresponda conocer del asunto, el acuse de recibo respectivo. Fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con la totalidad de las constancias y háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno. Como lo solicita el peticionario de amparo, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y señalando como autorizado en términos amplios de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sergio Arturo León Robles, y en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de referencia, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, al esto de personas que señala en su escrito, por así solicitarlo por así haberlo solicitarlo. Luego, con fundamento en el artículo 35 del acuerdo general 12/2020 del pleno del consejo de la judicatura federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta vía electrónica del juicio de amparo indirecto en que se actúa, con el nombre de usuario "Abogado1Juridico6", para la consulta del expediente en esa vía, sujetándose a los términos previstos en el numeral 58 del Acuerdo General de mérito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. ROSA MARÍA
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