Francisco Rogerio de la Selva Ostos
Expediente 947/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Francisco Rogerio de la Selva Ostos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito remitiendo los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y una copia certificada del testimonio de la resolución de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión 71/2023, en el que revocó y sobreseyó, acúsese recibo vía interconexión. Háganse las anotaciones respectivas e intégrense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, mismo que registro con el número 71/2023; se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Téngase a ********** en su carácter de defensora del quejoso **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia, dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, el escrito que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítansele las constancias que integran el original del juicio de amparo en que se actúa, un disco en formato (DVD), así como el escrito de expresión de agravios presentado vía electrónica, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al Oficial Judicial "A" de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese y vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 947/2022-IV, promovido por *********** en su carácter de defensora del quejoso Francisco Rogerio de la Selva Ostos, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguno los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 947/2022-IV; y, R E S U L T A N D O: I. *********** en su carácter de defensora del quejoso Francisco Rogerio de la Selva Ostos, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Magistrados Integrantes del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. II. En proveído del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número 947/2022-IV, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados devienen de un proceso en materia penal radicado ante una autoridad que radica en el territorio sobre el que este Juzgado de Distrito tiene jurisdicción. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: El proveído del nueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el toca de apelación 373/2022, por el que el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dio contestación a la petición formulada por la defensa del quejoso, en el sentido de que la no vinculación a proceso dictada a favor de Ángel Carmona Álvarez, le beneficiara a Francisco Rogerio de la Selva Ostos. Tercero. Se tiene por cierto el acto reclamado al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, puesto que así se advierte de su informe justificado. Aunado a que así se desprende de las constancias que remitió en apoyo al mismo. Cuarto. Previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas, debe precisarse que este órgano jurisdiccional advierte que no se surten los supuestos que dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el último párrafo del citado precepto; por tanto, procede estudiar su constitucionalidad. Quinto. La parte quejosa aduce la violación a los numerales 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello puesto que la defensora del quejoso señala que el escrito que dio lugar al acto reclamado se promovió en uso de su derecho de petición, por lo que dio cumplimiento a los requisitos que la ley establece (escrito, pacífica y respetuosa), sin que la respuesta fuera favorable. Lo que así, puesto que señala que la respuesta recibida es evasiva, incongruente e incompleta, puesto que de las propias consideraciones vertidas se advierte que es jurídicamente procedente la solicitud del quejoso. En suma con lo anterior, de acuerdo con el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se deben atender diversos elementos como lo son: 1. Que existan diversos imputados. 2. Por el mismo hecho delictivo. 3. Se interpusiera recurso contra la resolución. 4. Una decisión favorable. 5. Que pueda ser aprovechada por alguien más. Por lo que no se cumple con el quinto elemento del referido numeral en la respuesta dada, puesto que la autoridad responsable adujo que las consideraciones vertidas son exclusivamente personales del recurrente Ángel Carmona Álvarez. Se colige la contradicción de la respuesta, puesto que los argumentos relativos al inacreditamiento de los elementos del hecho delictivo de fraude, de forma genérica también se atendieron cuestiones personales. Asimismo, fue omiso en pronunciarse respecto de los argumentos esgrimidos en el escrito, limitándose a transcribir preceptos legales. Los motivos de disenso son infundados. En principio, debe decirse que el análisis de los conceptos de violación se hará desde el punto de vista del derecho de petición y la legalidad de la determinación combatida. Ahora, a fin de dar contestación a los conceptos de violación propuestos, es conveniente referir que el contenido del artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por imperativo constitucional, el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formule el gobernado y así atender el mandato que de la ley fundamental deriva, pero ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales enseguida se reseñan: a) Toda petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito y se debe formular de manera pacífica y respetuosa. b) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito, congruente con lo pedido. c) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. En esas condiciones, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Ley Fundamental al dictar un acuerdo congruente, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. La obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, también requiere que lo haga en breve término y que se lo dé a conocer al peticionario, lo que implica que la notificación del acuerdo que recaiga a la solicitud respectiva, es uno de los elementos constitutivos del derecho público subjetivo que se estudia. Además, debe recordarse que no existe obligación a cargo de la autoridad a la que se eleva la petición de resolver en determinado sentido; esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea necesariamente de conformidad a lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; empero, esa respuesta tendrá que ser congruente con la petición y, además, deberá estar fundada y motivada en adminiculación con los numerales 14 y 16 constitucionales. En ese sentido, es incuestionable que la autoridad ante la que se presente un escrito de petición, en términos del artículo 8° constitucional, se encuentra obligada a emitir una respuesta congruente con lo pedido, pero no -por regla general- a fundar y motivar dicha respuesta. Luego, con base en las consideraciones expuestas previamente en esta sentencia, se colige que no existe violación al principio de legalidad, ni al derecho de petición. Ello es así, puesto que la defensora del quejoso Francisco Rogerio de la Selva Ostos, promovió en el toca de apelación 373/2022, mismo que corresponde únicamente al recurso interpuesto por Ángel Carmona Álvarez, contra el auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dentro de la carpeta administrativa 683/2022, por lo que de inicio, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, dicho medio de impugnación solo podría revocar, modificar o confirmar la resolución, en este caso del auto de vinculación a proceso de quien lo interpuso. Ahora, como afirmó la sala, atendiendo a los argumentos hechos en el escrito de la parte quejosa, con base en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de Alzada, en su actuar revisionista, sólo puede pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o extra limitantes del recurso, ello puesto que deja en indefensión a las demás partes, atendiendo a su vez al principio de inmediación. Así las cosas, en atención a la solicitud formulada, la sala argumentó que la resolución puede ser favorable, para beneficiar al diverso imputado a menos que los fundamentos de la misma fueren exclusivamente personales del recurrente. En ese sentido, consideró en lo relativo, que el inacreditamiento de los elementos del hecho delictivo de fraude previsto y sancionado por los artículos 306 fracción XVI, 307 fracción V, en relación a los artículos 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I, inciso d), del Código Penal vigente en el Estado de México aplicable, las deficiencias de la investigación y demás aspectos que lo llevaron a dictar un auto de no vinculación a proceso; fue atendiendo a los aspectos personales del recurrente, sin que ello implicara el estudio de la situación personal del diverso imputado aquí quejoso. Por lo que, al enfocarse al estudio únicamente del hecho delictivo alrededor del recurrente, claramente está expuesto que el último requisito que expone el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no está cubierto, aunado en que la resolución del quince de julio de dos mil veintidós, en la que se dictó auto de no vinculación a proceso, no se ventiló un estudio sobre las consideraciones que conectan a Francisco Rogerio de la Selva Ostos con la probable comisión del delito. Máxime, que el quejoso no interpuso medio de impugnación contra la resolución del veintitrés de mayo de este año, en la que se le dictó auto de vinculación a proceso, pues a juicio de este juzgador, ello resultaba el momento procesal para estudiar y decidir sobre la situación jurídica del mismo. Por lo que, contrario a lo que afirmó la defensa del quejoso, la autoridad responsable no vulneró en su perjuicio los artículos 8, 14 y 16 constitucionales con la emisión del acuerdo que constituye el acto reclamado, y queda desvirtuada que la respuesta de la Sala responsable, haya sido, incompleta, evasiva o incongruente, pues atendió a los aspectos hechos valer por la defensora del quejoso aun cuando la respuesta no haya sido favorable, pues el derecho de petición no obliga a la autoridad atender favorablemente la solicitud que se formule y conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica la resolución estuvo debidamente fundada y motivada por lo que no se considera que se ha vulnerado derecho fundamental alguno. Por tanto, al no advertirse algún derecho fundamental transgredido lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Finalmente, debe decirse que en este juicio de amparo no existe tercero interesado, toda vez que el quejoso no es parte en el toca de apelación 373/2022, ya que dicho recurso fue promovido por diversa persona Ángel Carmona Álvarez, lo cual no vulnera derechos de ningún tercero interesado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ************, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese vía electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.
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