Francisco Rodríguez Palestino

Expediente 1602/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1602/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Francisco Rodríguez Palestino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de seis de septiembre de la presente anualidad, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó fuera de audiencia, en el entendido que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    Intégrese a los autos el escrito de Marco Antonio Sánchez Hernández, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso,visto su contenido, agréguese para que obre como legalmente corresponda, atento a lo acordado por auto de seis de septiembre del año en curso.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al auto de treinta de agosto reciente y, remite copias certificadas de los acuerdos dictados el veintinueve de junio y el tres de julio, ambos de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 3107/2011, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, las documentales que como justificación a su informe, así como las que en cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal, remitió la autoridad responsable, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, se aprecia que FRANCISCO RODRÍGUEZ PALESTINO, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, la omisión de acordar sus escritos presentados el veintiuno y veintinueve de junio del año en curso, así como el dictar auto de execuendo (sic) dentro del expediente laboral 3107/2011. Precisado lo anterior, debe indicarse que la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, pero no en la forma en que lo expresa el quejoso (foja 18). Para corroborar su dicho y en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado federal, remitió copias certificadas de los autos dictados el veintiuno y veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 3107/2011, donde se advierte que entre otras cuestiones, que tanto en el primero como en el segundo, agregó los escritos de Marco Antonio Sánchez Hernández (autorizado del aquí quejoso FRANCISCO RODRÍGUEZ PALESTINO), acordando que dentro del juicio de origen se advertía que la interlocutoria de liquidación de treinta de mayo del año en curso, fue notificada a la parte demandada, el siete de junio siguiente, por lo que estaba transcurriendo el plazo concedido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para que interpusieran juicio de amparo, y que una vez transcurrido dicho plazo, se acordaría lo procedente (fojas 19 y 20). Con la presente data, la junta responsable remite copia certificada del acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 3107/2011, donde después de haber hecho la certificación correspondiente, asentó que se encuentra dictado el auto de ejecución contra el demandado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, por lo que comisionó al Actuario para que diera cumplimiento al auto de ejecución de siete de octubre de dos mil dieciséis, debiendo requerir al Instituto demandado la cantidad establecida en la interlocutoria de liquidación emitida el treinta de mayo del año en curso, quedando subsistentes los apercibimientos decretados (fojas 30 a 31). Documentales a las que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. Bajo ese contexto, este juzgado federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. De lo anterior, se desprende que procede el sobreseimiento cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existen los actos reclamados. Se sostiene dicha aseveración, pues la demanda de amparo fue presentada el tres de agosto del año en curso y la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dentro del expediente laboral 3107/2011, desde el veintiuno y veintinueve de junio, así como el tres de julio, todos de dos mil dieciocho, acordó los escritos de Marco Antonio Sánchez Hernández (autorizado del aquí quejoso FRANCISCO RODRÍGUEZ PALESTINO) y comisionó al Actuario de su adscripción, para que diera cumplimiento al auto de ejecución de siete de octubre de dos mil dieciséis, para que a su vez requiera al Instituto demandado la cantidad establecida en la interlocutoria de liquidación emitida el treinta de mayo del año en curso (fojas 19, 20 y 30 a 31). Por lo que al momento de presentación de la demanda de garantías (03/agosto/20108), no existían los actos reclamados por FRANCISCO RODRÍGUEZ PALESTINO. Así entonces, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA dentro del presente juicio de garantías; por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintitrés minutos del siete de septiembre del año en curso, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones correspondientes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, sin perjuicio de hacer relación de su contenido en la audiencia constitucional. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la junta responsable remitiendo copia certificada de los autos dictados el veintiuno y veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 3107/2011, donde se advierte que entre otras cuestiones, que tanto en el primero como en el segundo, agregó los escritos de Marco Antonio Sánchez Hernández (autorizado del aquí quejoso FRANCISCO RODRÍGUEZ PALESTINO), acordando que dentro del juicio de origen se advertía que la interlocutoria de liquidación de treinta de mayo del año en curso, fue notificada a la parte demandada, el siete de junio siguiente, por lo que estaba transcurriendo el plazo concedido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para que interpusieran juicio de amparo, y que una vez transcurrido dicho plazo, se acordaría lo procedente; sin embargo, tomando en consideración que desde el veintinueve de junio del año en curso, ha transcurrido en exceso el término aludido por la autoridad responsable, sin que informara qué es lo que acordó al respecto. En consecuencia, para estar en condiciones de resolver lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del este acuerdo, remita copias certificadas, legibles y completas, de las actuaciones que haya emitido con posterioridad al veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 3107/2011, es decir, de las relativas a la interlocutoria de liquidación de treinta de mayo del año en curso. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE.

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