Francisco Rodríguez Castañeda

Expediente 791/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
791/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
24/07/2018

Partes del expediente

  • Francisco Rodríguez Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 791/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cinco de julio de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el secretario Adolfo Jiménez Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 791/2018-I promovido por Francisco Rodríguez Castañeda, por conducto de su defensora pública federal Lourdes Sinaí Navarrete Larios; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Francisco Rodríguez Castañeda, por conducto de su defensora pública federal Lourdes Sinaí Navarrete Larios solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto reclamado al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic. SEGUNDO. Mediante auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por el referido quejoso. TERCERO. Admisión y trámite. El dieciocho de mayo pasado, mediante oficio 23451 la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad turnó la demanda a este Juzgado Federal, y en auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se radicó como juicio de amparo 791/2018-I, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, así como al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, en su carácter de tercero interesado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificado al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. SEGUNDO. Fijación de la litis. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic. ? El proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 129/2009-VII, a través del cual se rechazó de plano el incidente de libertad anticipada, promovido por la defensora pública federal del aquí quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic al rendir el informe justificado (foja 40). Lo que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal 129/2009-VII, relativas al incidente de libertad anticipada promovido por la defensora pública del quejoso; constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar de oficio si se actualiza alguna. En el caso, este Juzgado Federal estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 fracción VIII, en sentido contrario de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2009721 de rubro: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 107, fracción I, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Por su parte, los numerales 61, fracción XIII y 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.] En relación a la última norma antes descrita el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) interpretó el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. En este contexto, en sentido contrario, conforme a dicha jurisprudencia debe entenderse que cuando el acto reclamado no es definitivo, el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia referida, que fijó el alcance del supuesto de procedencia mencionado en el artículo 107, fracción VIII citado. Ahora bien, atento a la naturaleza de la resolución reclamada de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 129/2009-VII, en la cual el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic rechazó de plano el incidente de libertad anticipada promovido por la defensora pública federal del quejoso, toda vez que consideró que la autoridad facultada para conocer de dicha incidencia es un Juez de Ejecución, debe decirse que el suscrito juzgador estima que dicha determinación produce los efectos jurídicos de declinar la competencia, entendiéndose esta última como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Es decir, la competencia es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio, consagrado en el artículo 16 Constitucional, por lo que se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un asunto y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente; de ahí que, atento a los efectos que produce la determinación combatida, en el particular, el acto por esta vía reclamado debe considerarse como el pronunciamiento de una autoridad jurisdiccional que en ejercicio de sus facultades estimó carecer de competencia legal para conocer y resolver un asunto planteado ante su jurisdicción, y por ello resolvió quien, a su criterio, era el competente para ello. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014 sostuvo que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, no obstante que la intención del legislador haya sido que los actos de autoridad que determinen inhibir y declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sean impugnables en amparo indirecto; dicha norma no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá, indefectiblemente, cuando se reclamen ese tipo de actos de autoridad, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. En tal virtud, para que proceda el juicio de amparo indirecto en su contra, es decir, contra actos en los que una autoridad estima carecer de competencia para conocer de un asunto, como se dijo, se requiere que dichos actos sean definitivos, por lo que, su impugnación debe hacerse a partir de la decisión de la autoridad que acepta o rechaza la competencia declinada o inhibida; pues acorde con lo estatuido en el artículo 107 constitucional, los actos susceptibles de impugnarse a través de la vía bi-instancial, ya sean legislativos, administrativos o jurisdiccionales, suscitados dentro o fuera de juicio, en un procedimiento o en uno seguido en forma de juicio o fuera de él, provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo o distintos de ellos, deben: causar perjuicio al quejoso, ser de imposible reparación y tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo o de aquella que le ponga fin por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, pero siempre que por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, lo que no se satisface en la especie. Asimismo, debe señalarse que no obstante, si bien por regla general, para que exista un conflicto competencial entre diversos órganos jurisdiccionales, es menester que uno de ellos se niegue a declinar la competencia que por inhibitoria se le promueve, o bien, se niegue a aceptar la que le fue planteada por declinatoria, ya que en el caso en concreto si bien no existe formalmente una controversia entre el Juez responsable y el juez especializado que a criterio del primero de los señalados es el competente para resolver el incidente de libertad anticipada planteada por la parte quejosa, ya que en el particular la responsable no ordenó remitirle la incidencia para que se abocara a su conocimiento, pues solo se limitó a determinar que ésta debía formularse ante dicho juez especializado. Sin embargo, debe estimarse que como se dijo, en el particular surge un conflicto competencial, pues de manera excepcional éste también se genera cuando por una parte presenta una solicitud ante un Juez y éste se niega a admitirla aduciendo que el competente lo es otro juzgador, como acontece en el caso, puesto que la responsable fincó competencia para ello a favor del órgano jurisdiccional que consideró facultado para conocer de la solicitud planteada, pues será éste quien en su caso, podrá determinar con plenitud de jurisdicción si se avoca o no al conocimiento del asunto, generando así la contienda competencial necesaria para que un Tribunal de Alzada lo dirima en definitiva y resuelva a favor del cual se finque, para que a su vez emita una resolución bajo la premisa de ser constitucionalmente facultado para ello; lo que en el particular no acontece y, hasta en tanto ello se genere no existirá el atributo legal y constitucional indispensable para estimar que existe un acto de autoridad que pueda ser reclamado en amparo indirecto, en términos de la fracción I del artículo 107 Constitucional. Lo anterior, tiene sustento por analogía la tesis XII.5o.1 K, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, novena época, página 1123, de rubro siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL. SURGE AUN CUANDO NO EXISTA CONTROVERSIA FORMAL ENTRE DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LOS CUALES SE PRESENTÓ INDISTINTAMENTE LA DEMANDA." En efecto, el acto reclamado lo constituye el proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 129/2009-VII, a través del cual el juez responsable rechazó de plano el incidente de libertad anticipada solicitado por la defensora pública federal del aquí quejoso, en términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, resolviendo dicho acuerdo en el sentido que el Juez de Ejecución Penal era el competente para conocer de ello; de ahí que el acto combatido no constituye la última determinación dictada en la que se defina la incompetencia planteada para conocer de dicha incidencia, pues sin soslayar que no resolvió de manera favorable a la petición del quejoso, no puede pasarse por alto que en dicha determinación no se abordó estudio alguno en relación al fondo de la incidencia intentada, dado que solamente se limitó a declarar que carecía de competencia para ello; de ahí que debe considerarse a la misma, como una declaratoria tacita de incompetencia a favor de un tercero. Lo anterior es así, pues como se observa en dicha determinación, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic señaló que en atención a lo resuelto por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con sede en la Ciudad referida, al resolver el conflicto competencial 4/2017 el trece de febrero de dos mil dieciocho, los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales no deben resolver situaciones concernientes con la Ley Nacional de Ejecución Penal, sobre la base que el artículo 141 de la referida legislación expresamente establece que el beneficio de libertad anticipada se debe de tramitar ante un Juez de Ejecución, por lo que, con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo del código adjetivo de su materia y fuero, al no estar facultado para conocer de la petición que nos ocupa, rechazó de plano la incidencia planteada, dejando expedito el derecho del quejoso para hacerlo valer ante la instancia correspondiente (fojas 57 a 59). En ese sentido la determinación reclamada en la cual el juez responsable estimó carecer de facultades para conocer de la incidencia planteada, no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal en perjuicio del quejoso; sino que se trata de una cuestión procesal que sólo puede ser reclamada, en su caso, contra la resolución definitiva en la que se dirima que autoridad es la competente para conocer del incidente promovido por el quejoso. Se arriba a la anterior conclusión, en la medida que la resolución combatida constituye un planteamiento de incompetencia para conocer respecto a la incidencia planteada por la defensa del quejoso, por los efectos que ésta produce, sin que ello constituya un impedimento para que el justiciable eleve su pretensión ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, esto es, el Juez de Ejecución, tal y como lo determinó el juez responsable; por ende resulta indudable que tal determinación es un acto que, por su naturaleza, no afecta de manera personal y directa los derechos subjetivos del quejoso, pues al margen que éste puede promover el incidente que dio origen a la determinación aquí reclamada ante el juez especializado de referencia, quien a consideración del juez responsable, es el competente para atender dicha solicitud, la declaratoria tácita de incompetencia aún no es definitiva en torno a la definición de la autoridad competente para ello. Máxime que en el caso de que la parte quejosa promueva el incidente de libertad anticipada ante el órgano jurisdiccional especializado que a consideración del juez responsable es quien debe conocer, éste determinara si acepta o no conocer de la referida incidencia; lo que, en su caso, generará un conflicto competencial, el cual sería resuelto por la autoridad correspondiente, produciendo así que la autoridad que se resuelva competente se pronuncie en torno a la procedencia o no de la incidencia planteada; de ahí que el fallo de la responsable aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo, tal y como lo interpretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la validez del artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia. Bajo este contexto, se sigue que la determinación reclamada consistente en la declaratoria tácita de incompetencia del juez responsable no es un acto de imposible reparación, atento al sentido y efectos que ésta produjo, pues el rechazo que esgrimió se vinculó a virtud de estimarse incompetente para conocer y resolver lo solicitado, y no así en aspectos de fondo de la incidencia de que se trata, por lo que al no establecerse aún, cuál es la autoridad que deberá conocer del asunto, pues será hasta que el quejoso presente su solicitud ante el juez especializado referido en la determinación reclamada y que éste asuma la competencia, la decline, o bien se resuelva, en su caso, el conflicto competencial, que se podrá determinar si existe o no afectación de derechos sustantivos, aspecto que podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo, por lo que, se concluye que la sola determinación emitida por el juez responsable no vulnera los derechos fundamentales del gobernado. En consecuencia, si el acto reclamado, tal y como se precisó, no es definitivo, pues el juez responsable rechazó el incidente promovido por el quejoso, toda vez que no se consideraba la autoridad facultada para resolverlo, y además le hizo del conocimiento quien deberá conocer de dicha incidencia, resulta inconcuso que la determinación reclamada no altera las cuestiones que dieron origen a la petición planteada por el quejoso, y mucho menos deja sin defensa a las partes respecto del mismo, pues la responsable dejó expedito su derecho para hacerlo valer por la vía correspondiente, lo que permite concluir que no irroga ningún perjuicio al quejoso pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno, de ahí que se actualice el motivo de improcedencia examinado. En ese sentido, queda de manifiesto que en el caso no se actualiza el supuesto de procedencia prevista en el fracción VIII del artículo 107 de Ley de Amparo, pues al margen que la autoridad responsable únicamente sostuvo que no estaba facultado para conocer del asunto planteado por el quejoso, pues tal competencia la tiene el Juez Especializado de Ejecución Penal, en el caso, dicho acto no resuelve en definitiva la competencia de alguno de ellos para así poder ser reclamado en amparo indirecto como lo dispone el invocado numeral. Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del libro 21, agosto de 2015, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por tanto, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 fracción VIII, en sentido contrario de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2009721; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Francisco Rodríguez Castañeda, por conducto de su defensora pública federal, contra el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 129/2009-VII, por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, por los motivos expuestos en el último razonamiento de esta sentencia. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de julio de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido de la secretaria Samantha Espinosa Lobo que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual forma, se tiene por recibida la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público que tuvo conocimiento de los hechos materia del proceso de origen, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, toda vez que de las constancias que remite el Juez responsable se desprende la personalidad de Lourdes Sinaí Navarrete Larios, Defensora Pública Federal del directo quejoso Francisco Rodríguez Castañeda, se tiene por cumplido lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe. ISA*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica que contiene la firma electrónica de Lourdes Sinaí Navarrete Larios, Defensora Pública Federal del quejoso, mediante el cual solicita se autorice la consulta vía internet del expediente en que se actúa y al efecto proporciona su nombre de usuario; el que se agrega a los autos para que obre como corresponde. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se faculta a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que de autorice a la promovente la consulta del Expediente Electrónico del juicio de garantías en que se actúa en línea del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

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