Francisco Rocha Rocha

Expediente 936/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
936/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Francisco Rocha Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho que en resumen dice: "Visto el estado de autos, se desprende que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en que se desechó la demanda de amparo, por tanto, se declara que ha causado estado. Archívese el expediente como asunto concluido. Se estima que es susceptible de destrucción".

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se desprende que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en que se desechó la demanda de amparo, por tanto, se declara que ha causado estado. Archívese el expediente como asunto concluido. Se estima que es susceptible de destrucción.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *****, contra actos del Juzgado Quinto Civil de Partido Judicial de León, Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el normativo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: El numeral en cita prevé como excepciones al principio de definitividad: a) Si el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) El recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. El quejoso acude a esta instancia bajo el argumento de que la resolución indicada en último término no le fue notificada y tuvo conocimiento de la misma hasta el treinta y uno de octubre del año en curso. Ahora, los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establecen: ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ARTÍCULO 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. ARTÍCULO 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día. ARTÍCULO 235. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso. De los preceptos reproducidos se obtiene que el Código establece las determinaciones que son impugnables a través del recurso de apelación, así como las formalidades que debe reunir el escrito mediante el cual se haga valer. Que dicho recurso debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación. Por su parte, los numerales 243 a 245, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establecen: ARTÍCULO 243. Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los Jueces de Partido como por los Menores. ARTÍCULO 244. Las sentencias que fueran apelables conforme al artículo anterior lo será en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. ARTÍCULO 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos. De los citados artículos se advierte que las sentencias dictadas en primera instancia, tanto por los Jueces de Partido como por los Menores son apelables, éstas lo serán en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. También serán apelables los autos que decidan un incidente o lo disponga el código de referencia, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos En el caso concreto, el acto tildado de inconstitucional se trata de la determinación en que se decidió un incidente, por lo que el recurso que tiene al alcance el peticionario es el de apelación. Ahora, el quejoso aduce que no fue notificado de dicha interlocutoria; sin embargo, el diverso artículo 328 del referido Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece: ARTÍCULO 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto. De lo anterior se desprende que en contra de las notificaciones que se estimen indebidamente efectuadas u omitidas, procede el incidente de nulidad. Medios de defensa (recurso de apelación e incidente de nulidad de actuaciones) que no fueron interpuestos por la parte quejosa. Máxime que el peticionario no comparece como tercero extraño a la contienda de origen, pues como quedó precisado en los antecedentes, forma parte del juicio, ya que fue emplazado, celebró y ratificó un contrato; posteriormente también compareció al incidente de incumplimiento de contrato promovido en su contra. Bajo este contexto, si contra la interlocutoria emitida en el juicio de origen resulta eficaz dicho recurso, se estima que en términos de lo establecido por los artículos reproducidos, para lograr que tuviese el carácter de una determinación definitiva, el quejoso debía interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé la legislación en cita; o bien, promover el incidente de nulidad de actuaciones respecto a la notificación de la aludida resolución; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta que el peticionario no ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Sin que, entonces, sea posible relevarlo de la obligación de agotar el principio de definitividad, conforme con el cual debió combatir oportunamente a la resolución reclamada y la notificación en cuestión a través del recurso de apelación y del incidente de nulidad de actuaciones, respectivamente. Consecuentemente, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuya esencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se hubiesen agotado ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación para que ésta, o su superior jerárquico, tengan oportunidad de subsanar la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así, es factible promover el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia a estudio, acorde a lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo.

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